Ginebra-París, 21 de mayo de 2026 - El Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) expresa su profunda preocupación ante la audiencia de casación programada para el viernes 22 de mayo de 2026, dentro del proceso penal contra la Sra. Virginia Laparra, abogada y exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) de Quetzaltenango.
En diciembre de 2022, la Sra. Laparra fue condenada por el delito de “abuso de autoridad continuada” tras denunciar posibles actos irregulares atribuibles al entonces juez Lesther Castellanos Rodas. El Tribunal Octavo de Primera Instancia Penal de Guatemala la condenó a cuatro años de prisión conmutables, ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y al pago de una reparación económica exigida por la Procuraduría General de la Nación, que actualmente continúa reclamando una suma cercana a un cuarto de millón de quetzales (alrededor de 32 mil dólares).
La sentencia fue confirmada en 2023 por una sala de apelaciones. Desde entonces, la audiencia de casación ha sido reprogramada reiteradamente, postergándose año tras año, y aunque inicialmente estaba prevista para celebrarse en septiembre de 2026, fue adelantada al próximo 22 de mayo.
El proceso de criminalización y la persecución de la Sra. Laparra, que incluyó una detención arbitraria de dos años, ha sido ampliamente señalado por organismos internacionales, expertos independientes y organizaciones de derechos humanos como un ejemplo de criminalización contra personas operadoras de justicia que combaten la corrupción y la impunidad en Guatemala.
Tal como ha sido documentado, la Sra. Laparra ejerció sus funciones en calidad de fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en el marco de su mandato institucional, al poner en conocimiento hechos que consideró incompatibles con los principios de imparcialidad y debida conducta judicial.
No obstante, en lugar de se garantizar la debida protección a una persona que habría denunciado posibles irregularidades en el ejercicio de la función pública, el sistema de justicia se utilizó para iniciar acciones de persecución judicial y sanción en su contra y con graves violaciones al debido proceso.
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) manifestó desde 2023 su preocupación por las irregularidades observadas en el proceso, las violaciones al debido proceso y el impacto que este caso tiene sobre la independencia judicial y fiscal en el país.
El Observatorio manifiesta preocupación de que la eventual confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia pueda implicar consecuencias significativas para la Sra. Laparra, además de transmitir un mensaje de preocupación a las personas funcionarias judiciales y fiscales que desempeñan su labor en la lucha contra la corrupción. En la práctica, dicha decisión podría contribuir a la consolidación de una condena calificada de arbitraria y que habría tenido como consecuencia el exilio de la Sra. Laparra, al tiempo que podría profundizar el clima de incertidumbre que enfrentan quienes ejercen la defensa de la legalidad y del Estado de derecho en Guatemala.
En vista de los hechos presentados llamamos a:
- Exhortar a la Corte Suprema de Justicia a conocer el recurso de casación con independencia, imparcialidad y estricto apego a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
- Llamar al Ministerio Público a revisar las actuaciones promovidas durante la gestión de la Fiscal General Consuelo Porras, las cuales han sido señaladas como vinculadas a procesos de criminalización contra fiscales, jueces, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Asimismo, se alienta a las nuevas autoridades del sistema de justicia a adoptar medidas orientadas a evitar el uso indebido del derecho penal como mecanismo de represalia o restricción indebida del ejercicio de funciones públicas y de la libertad de expresión.
Reafirmamos que el combate a la corrupción no debe dar lugar a persecución penal y se subraya la importancia de fortalecer las instituciones de justicia que garanticen el Estado de derecho, en lugar de prácticas que puedan contribuir a la generación de temor, al desplazamiento o a la impunidad.
Reiteramos nuestra solidaridad con Virginia Laparra y con otras personas operadoras de justicia que han sido objeto de procesos judiciales en el contexto del ejercicio de sus funciones.
