Honorables autoridades guatemaltecas,
Reciban un cordial saludo desde el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio), un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).
Nos dirigimos respetuosamente a ustedes para renovar nuestro llamado a cesar los procesos de criminalización y persecución judicial que, desde el Poder Judicial del Estado guatemalteco, se han emprendido contra la defensora de derechos humanos la Sra. Claudia González Orellana.
Claudia González Orellana es una abogada con una trayectoria de 26 años dedicada a la defensa de los derechos humanos en Guatemala, así como a la lucha contra la impunidad y la corrupción. Su labor ha sido reconocida internacionalmente con el premio Lawyers for Lawyers 2023. Además de trabajar en diversas organizaciones de la sociedad civil, fue mandataria de la ahora disuelta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La CICIG fue un órgano independiente de apoyo al Ministerio Público, creado para fortalecer la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala. Tras su disolución, sus ex-miembros han sido objeto de acciones de estigmatización y persecución coordinada, en represalia por haber cuestionado laindependencia y la falta de transparencia de estructuras de poder vinculadas al sistema judicial y político del país.
En Guatemala, el espacio cívico se ha reducido debido a la persecución judicial y el uso abusivo del código penal contra defensores de derechos humanos. En este contexto, la abogada Claudia González asumió la defensa legal de excompañeros de la CICIG como Leily Santizo y Anibal Arguello Mayen y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), entre ellos Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra, Paola Escobar, Carlos Vides y Eva Siomara Sosa.
El lunes 28 de agosto de 2023, como denunciamos en el llamado urgente del 30 de agosto de 2023 y en la declaración conjunta del 5 de septiembre de 2023, la Sra. Claudia González fue objeto de una orden de allanamiento, tras la cual fue detenida arbitrariamente y trasladada al Centro de Detención Preventiva de Hombres y Mujeres Mariscal Zavala, en el área de aislamiento de mujeres. Allí permaneció 82 días en prisión preventiva, en aislamiento, en condiciones inhumanas que constituyen malos tratos, en una celda de muy pequeña dimensión donde solo podía dar ocho pasos y donde debía permanecer 23 horas del día.
Desde la detención de la Sra. Claudia González, el proceso judicial ha estado plagado de irregularidades, entre ellas la dilación deliberada e injustificada de los plazos judiciales, con constantes cancelaciones y postergaciones de audiencias. El recurso recurrente a estas prácticas viola el derecho al debido proceso, tal como lo establecen los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Guatemala es Estado Parte.
Durante el proceso de criminalización, el poder judicial ha ordenado el cierre de las salas de audiencias, negando el acceso a la prensa y a observadores internacionales de derechos humanos. A esta situación, se suma el agravante de que, por el contexto arriba mencionado, se trata de un juicio de interés público. Este juicio tiene implicaciones no sólo para la Sra. Claudia González, sino también para las personas que se han dedicado a la defensa de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción en Guatemala.
Según el derecho internacional, la naturaleza pública de las audiencias solo puede ser restringida en circunstancias excepcionales, y cualquier limitación debe estar estrictamente fundamentada. Dichas peticiones por parte del juez vulneran el derecho a la libertad de prensa y el acceso a la información que recoge el artículo 35 de la Constitución de la República de Guatemala sobre la libertad de emisión de pensamiento “por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa” y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sobre el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, derecho a investigar, recibir y difundirlas sin limitación.
Directamente relacionado con las postergaciones de audiencias, se denuncia también el abuso de la figura de la prisión preventiva como regla generalizada, y su uso para mantener a la Sra. Claudia González en condiciones de detención arbitraria y de malos tratos por tiempo prolongado, sin que se presentaran pruebas o que recibiera una sentencia.
Paralelamente al proceso judicial, se denuncian también las campañas de estigmatización en los medios de comunicación y en las redes sociales, que buscan influir negativamente en la opinión pública con respecto a la labor de las personas defensoras de derechos humanos, como la Sra. Claudia González. Entre el 18 de enero de 2022 y el 22 de diciembre de 2023 se han identificado por lo menos 261 publicaciones en la red social X (antes Twitter) en contra de Claudia González Orellana. El día de ladetención arbitraria de la Sra. Claudia González se registraron por lo menos 90 publicaciones en X en su contra.
El 10 de noviembre de 2023, la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal ordenó la libertad condicional de la abogada Claudia González, con medidas sustitutivas de arresto domiciliario y la prohibición de salir del país sin autorización del juez contralor del proceso. Cabe mencionar que el proceso judicial sigue activo, lo que genera una situación de incertidumbre permanente, resultando en afectaciones a su bienestar psicosocial.
El Ministerio Publico acusa a la Sra. Claudia González de haber incurrido en el delito de abuso de autoridad, en cuanto mandataria de la CICIG. No obstante, la defensa argumenta que, de acuerdo con el Código Penal de Guatemala, este delito solo puede ser imputado a funcionarios o empleados públicos - calidad a la cual los integrantes de la CICIG no correspondían. Bajo esa acusación la Sra. Claudia Gonzaléz podría ser condenada a la pena de tres a seis años de prisión e inhabilitación especial.
El juez que lleva el caso de la la Sra. Claudia González es el Sr. Jimi Bremer Ramírez, del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal B, quien está incluido en la Lista Engel de Estados Unidos de actores conectados a la corrupción y actos antidemocráticos. La acusación del Ministerio Público tiene como querellante adhesiva la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Sra. Blanca Aída Stalling Dávila, quien tiene un historial de abuso de poder judicial y quien fue detenida por tráfico de influencias en 2017, cuando Claudia era mandataria de la CICIG. Finalmente, cabe denunciar la responsabilidad de la fiscal general la Sra. Consuelo Porras en esta política de persecución judicial contra las personas defensoras de derechos humanos en el país.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos condena enérgicamente la criminalización persistente y la persecución contra defensores de derechos humanos en Guatemala, así como las violaciones intencionales al derecho al debido proceso, como ha sido en el caso de la Sra. Claudia González Orellana.
El Observatorio denuncia que estos procesos contra personas defensoras en Guatemala corresponden a una política deliberada y sistemática de persecución judicial y criminalización con el objetivo de intimidar, detener y cesar la labor de quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos y al combate a la corrupción.
El Observatorio urge a que estas audiencias se realicen de manera pública y abierta a la prensa y a observadores internacionales, garantizando la imparcialidad e independencia del sistema judicial y la libertad de expresión.
En vista de los hechos presentados, el Observatorio les solicita:
- Poner fin de manera inmediata a la política de persecución, criminalización en contra de las personas defensoras de derechos humanos de Guatemala;
- Garantizar que todas las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala puedan llevar a cabo sus actividades profesionales legítimas sin temor a represalias y libres de toda restricción indebida, incluido el acoso judicial, la detención arbitraria, la privación de la libertad u otras sanciones arbitrarias;
- Impulsar una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos que están siendo criminalizadas, acosadas o han sido detenidas arbitrariamente por el Poder Judicial del Estado de Guatemala, que incluya componentes de protección, prevención, lucha contra la impunidad, reparaciones integrales, así como medidas de compensación y rehabilitación
- Garantizar los derechos al debido proceso, a la defensa legal y el acceso a la justicia en un plazo razonable en el caso de la Sra. Claudia González y de las otras personas defensoras de derechos humanos y anticorrupción que están siendo criminalizadas y acosadas judicialmente, asegurando que cuenten con todas las garantías procesales y respetando los tiempos y plazos jurídicos que señala la Constitución Política de la República de Guatemala;
Confiando en su compromiso con los derechos humanos, la protección de las personas defensoras de derechos humanos y agradeciendo su atención a la presente, quedamos a su disposición para proporcionarles cualquier información adicional que les fuera necesaria.
Atentamente,
