Chile: Hostigamiento político y mediático contra el juez Daniel Urrutia Laubreaux

CHL 02/ 0726 / OBS 035

Hostigamiento / Represalias / Estigmatización
Chile
20 de julio 2026

El Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención urgente en la siguiente situación en Chile.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido información preocupante sobre la escalada de acciones de hostigamiento, represalias institucionales y presiones políticas contra el magistrado Daniel Urrutia Laubreaux, titular del 7° Juzgado de Garantía de Santiago y presidente regional de la Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ).

En junio de 2026, el pleno de la Corte Suprema ordenó la reapertura de un proceso disciplinario de remoción en contra del Sr. Urrutia, motivado por haber realizado viajes al extranjero mientras se encontraba con licencia médica psiquiátrica por estrés laboral. Uno de estos desplazamientos correspondió a un tratamiento médico en Ecuador y el otro a su participación en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, en el marco del caso Urrutia Laubreaux vs. Chile, que culminó con una sentencia en contra del Estado chileno en 2020. En dicha sentencia, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado de Chile por vulnerar los derechos de Urrutia a la libertad de expresión, la protección judicial y el principio de legalidad, al sancionarlo disciplinariamente por un trabajo académico crítico sobre actuaciones de la Corte Suprema durante el régimen militar, señalando que las opiniones académicas de los jueces no pueden ser restringidas arbitrariamente.

La reapertura del procedimiento disciplinario se produjo de manera arbitraria, una vez que el 15 de mayo de 2026 la Corte de Apelaciones de Santiago había decretado el sobreseimiento definitivo y la absolución del magistrado por haber considerado prescrita la acción disciplinaria. Asimismo, estas acciones desconocen el principio non bis in idem, que significa que ninguna persona puede ser procesada ni sancionada más de una vez por el mismo delito una vez que se haya dictado una sentencia firme.

Paralelamente, entre mayo y junio de 2026, parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), con el apoyo de Renovación Nacional (RN), Evópoli y el Partido Nacional Libertario (PNL), iniciaron una campaña pública solicitando en dos ocasiones al Presidente de la República, José Antonio Kast, que ejerciera la facultad prevista en el artículo 80 de la Constitución para requerir ante la Corte Suprema la remoción del magistrado. Según la información recibida, esta ofensiva política utilizó como fundamento el procedimiento administrativo relativo a las licencias médicas y habría constituido una represalia por la resolución mediante la cual el juez decretó la prisión preventiva del diputado Joaquín Lavín León.

Asimismo, documentos e intercambios de mensajería incorporados al denominado "Caso Audios" revelarían que esta campaña formaría parte de una estrategia previamente coordinada por el abogado Luis Hermosilla, junto con ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministros de la Corte Suprema y el exministro del Interior Andrés Chadwick. De acuerdo con dicha información, los involucrados habrían acordado "hacerle el mayor daño posible", "purgar el Poder Judicial" y coordinar indebidamente resoluciones judiciales destinadas a apartar al magistrado de causas relacionadas con derechos humanos.

Actualmente, el magistrado Daniel Urrutia continúa ejerciendo sus funciones; sin embargo, permanece en una situación de vulnerabilidad debido a la persistencia del hostigamiento judicial, político y mediático. Esta situación resulta especialmente preocupante considerando que el juez goza de fuero sindical en su calidad de presidente regional de la Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ), garantía de protección reconocida por el derecho interno y el derecho internacional que, según la información recibida, estaría siendo ignorada por el pleno de la Corte Suprema al tramitar su eventual remoción.

Estos hechos se inscriben en un patrón más amplio de hostigamiento y criminalización contra jueces que ejercen un control sobre los actos del Estado y garantizan los derechos fundamentales, denunciado previamente por el Observatorio.

Entre los hechos que han precedido la actual ofensiva en su contra, en noviembre de 2019 el magistrado declaró admisibles querellas criminales por responsabilidad de mando contra altas autoridades del poder ejecutivo, incluyendo al expresidente Sebastián Piñera y al exministro del Interior Andrés Chadwick, por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social. Ese mismo mes, se habría producido una coordinación entre el abogado Luis Hermosilla, el abogado Gabriel Zaliasnik y el entonces ministro del Interior Andrés Chadwick con el objetivo de obstaculizar la labor del magistrado y promover acciones en su contra.

En marzo de 2020, en el ejercicio regular de sus funciones, el juez Sr. Urrutia sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario para trece jóvenes imputados en el contexto de las manifestaciones sociales, considerando las garantías procesales y las medidas adoptadas durante la pandemia de COVID-19. Ese mismo mes, el juez fue suspendido de sus funciones y trasladado de manera forzosa. Dicha medida fue posteriormente declarada ilegal y revocada en junio de 2021.

Entre agosto y septiembre de 2021, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, habría impulsado procedimientos disciplinarios contra el magistrado y filtrado información confidencial sobre deliberaciones internas y votaciones reservadas al abogado Luis Hermosilla. Durante el mismo periodo, la jueza Isabel Zúñiga habría coordinado con Hermosilla la presentación de denuncias ante el Tribunal de Honor de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados con el objetivo de promover sanciones contra el juez.

Posteriormente, en abril de 2022, la ministra Verónica Sabaj habría intervenido en la tramitación de la recusación relacionada con el caso Piñera, lo que culminó con la inhabilitación del magistrado mediante una decisión cuya elaboración habría contado con influencia externa.

En febrero de 2024, el Sr. Urrutia autorizó videollamadas para personas privadas de libertad recluidas en unidades de alta seguridad, con el objetivo de garantizar su derecho a mantener comunicación con sus familiares – decisión que tampoco habrá sido bien recibida.

En medios de comunicación y redes sociales, el magistrado ha sido calificado como “antijuez” y “activista”, e incluso vinculado sin fundamento con organizaciones criminales transnacionales durante la controversia REPAS en 2024, en un intento de debilitar su legitimidad y obstaculizar el ejercicio independiente de sus funciones.

Asimismo, entre 2024 y 2026, en su calidad de dirigente sindical, denunció presuntos hechos de corrupción relacionados con superiores jerárquicos del Poder Judicial. Más recientemente, en mayo de 2026, decretó la prisión preventiva del exdiputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Joaquín Lavín León, en el marco de una investigación por fraude al fisco y tráfico de influencias.

Estos hechos se enmarcan en una operación coordinada de acoso institucional, interferencia judicial y persecución política, como represalia por el ejercicio de sus funciones, en cumplimiento de los principios de independencia judicial, y de los estándares nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos.

El Observatorio expresa su profunda preocupación por la situación de vulnerabilidad institucional y personal del magistrado Daniel Urrutia Laubreaux, así como por las amenazas a su independencia judicial y al ejercicio legítimo de sus funciones.

El Observatorio considera que estos hechos constituyen una grave represalia contra el ejercicio legítimo de la función judicial y una amenaza al principio de independencia judicial y al respeto de los derechos humanos.

El Observatorio condena en los términos más enérgicos las acciones de hostigamiento institucional, las presiones políticas y las campañas de estigmatización dirigidas contra el magistrado, y exhorta a las autoridades chilenas a garantizar el respeto de su independencia judicial, así como a llevar a cabo una investigación independiente e imparcial sobre los hechos denunciados.