Ginebra-París, 21 de agosto de 2023 - Durante trece años, el Estado mexicano ha violado los derechos humanos de Pablo López Alavez, indígena zapoteco y defensor de la tierra, el territorio y el bosque, quien fue detenido arbitrariamente en agosto de 2010. El Observatorio (OMCT-FIDH) exige al Gobierno Federal, y de manera particular al Gobierno del Estado de Oaxaca, su liberación inmediata y la reparación integral del daño cometido en su contra.
El 15 de agosto de 2010, Pablo López Alavez se encontraba con su familia cuando un grupo de aproximadamente 15 hombres encapuchados y armados lo detuvieron de forma arbitraria, violentaron a su familia y lo secuestraron hasta entregarlo a la policía estatal y trasladarlo al Centro de Reinserción Social de Villa de Etla, Oaxaca, acusándolo sin fundamento de homicidio. Trece años después, el Sr. López Alavez sigue injustamente privado de su libertad.
Desde el inicio, el proceso penal de Pablo López Alavez estuvo marcado por irregularidades: nunca se le enseñó una orden de arresto, se le negó el acceso a representación legal profesional, así como la ausencia de interpretación en las audiencias, entre otras violaciones. El 25 de abril de 2017, en su opinión núm. 23/2017, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Naciones Unidas (GTDA) calificó esta detención de arbitraria, y reconoció los derechos humanos que se violaron, señalando que “el verdadero motivo de la detención y enjuiciamiento del Sr. López Alavez es su actividad como defensor de los derechos humanos en su comunidad”. En consecuencia, el Grupo de Trabajo recomendó su liberación inmediata.
Durante más de dos décadas, Pablo López Alavez se dedicó a la labor de defensa de su comunidad de San Isidro Aloápam, defendiendo el derecho a un medio ambiente seguro y el acceso a los recursos naturales, además de realizar labores de sensibilización frente a la tala ilegal de árboles y la protección de los bosques y el territorio. Su trabajo llevó a actores estatales y del sector privado a criminalizarlo y perseguirlo a él y a su familia.
Tras siete años de detención sin juicio, en septiembre de 2017, el Juzgado Penal de Etla emitió una sentencia de 30 años de cárcel contra el Sr. López Alavez, la cual fue confirmada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca en octubre de 2018. En febrero de 2020, el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, otorgó el amparo indirecto al Sr. López Alavez y ordenó la reposición del procedimiento por las múltiples violaciones a su derecho al debido proceso. En octubre de 2020, el Juez Penal de Villa de Etla emitió auto formal de prisión para el defensor. Actualmente, el proceso del Sr. López Alavez se encuentra de nueva cuenta en “etapa de instrucción en el sistema penal tradicional” por lo cual está a la espera de una nueva decisión judicial que pueda otorgarle su libertad.
En México, la defensa de la tierra y el territorio por parte de las comunidades y pueblos indígenas es una labor de alto riesgo: tan sólo desde el 2019, la Oficina en México del Alto Comisionado para las Naciones Unidas ha reportado al menos 46 casos de personas defensoras indígenas que fueron asesinadas o desaparecidas por un posible vínculo con su labor de defensa. Por lo que el caso de Pablo López Alavez no es una situación aislada sino es el resultado de una política sistemática por parte del Estado mexicano que no ha garantizado la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y al contrario ha generado las condiciones para su persecución sistemática.
Por todo ello, en este aniversario número 13 de la injusta detención de Pablo López Alavez, el Observatorio reitera una vez más su llamado al Gobierno Federal, y de manera particular al Gobierno del Estado de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz para otorgar la libertad inmediata al defensor indígena, seguir las recomendaciones del GTDA y poner fin a todo tipo de criminalización en su contra, garantizando el cumplimiento del debido proceso, así como la reparación integral correspondiente para él y sus familiares. El Observatorio también pide a las autoridades mexicanas que aseguren y garanticen la integridad del conjunto de personas defensoras de los derechos humanos en Oaxaca y del resto del territorio mexicano.
