Señor Alto Representante Borrell,
EN EL CONSEJO CONJUNTO, LA UNIÓN EUROPEA DEBE RESPONDER A LA MAGNITUD DE LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN CUBA
En vísperas del próximo Consejo Conjunto entre la Unión Europea (UE) y Cuba del 26 de mayo, nuestras organizaciones le escriben para instarle a garantizar que la UE y Cuba otorgan a los derechos humanos un papel central en sus relaciones, en un momento crucial para los defensores y defensoras de los derechos humanos en el país.
Nuestras organizaciones siguen documentando [1] la continua vulneración por las autoridades cubanas de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación en el país, sofocando las voces disidentes y atacando a los defensores y defensoras de los derechos humanos que sufren hostigamiento y represión por parte de las autoridades cubanas y permanecen excluidos de los espacios en los que actores internacionales y el gobierno cubano toman decisiones que afectan su trabajo y a la situación general de los derechos humanos en el país.
El enfoque del gobierno cubano se ha caracterizado por las leyes restrictivas, la censura y las tácticas de intimidación, con una maquinaria cada vez más robusta para controlar los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, mientras que las personas que defienden los derechos humanos se enfrentan a juicios injustos y detenciones arbitrarias. Esta tendencia se ha acentuado con los ataques contra manifestantes desde las protestas sociales del 11 y 12 de julio de 2021, momento en el que miles de personas salieron a las calles en toda la isla para exigir un cambio en las condiciones de vida en Cuba, como no se había visto en décadas.
Las autoridades cubanas se han negado a permitir que diplomáticos de la UE y sus estados miembros, medios de comunicación internacionales u organizaciones de derechos humanos acudan como observadores a los juicios de las personas detenidas durante las protestas del 11 de julio. Estas instituciones y sus familiares denuncian diversas violaciones de las garantías procesales, mientras que artistas, intelectuales y otras personas con ideas alternativas están sometidas a niveles alarmantes de vigilancia y restricciones a la libertad de circulación. Según informes, se han reprimido protestas pacíficas tan recientes como las de septiembre y octubre de 2022 con despliegues policiales y militares. Cuba ha ampliado el acceso a Internet, pero, como parte de una política gubernamental para silenciar continuamente la disidencia, las autoridades controlan e interrumpen el acceso a la red en momentos políticamente sensibles, bloqueando regularmente las aplicaciones de mensajería, en contravención del derecho internacional de los derechos humanos.
Tres destacados activistas, Luis Manuel Otero Alcántara [2] , Maykel “Osorbo” Castillo Pérez y Jose Daniel Ferrer García [3] , permanecen encarcelados en Cuba hasta mayo de 2023 únicamente por sus convicciones y por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Justicia 11J, un grupo formado en respuesta a la represión de las manifestaciones en julio de 2021 ha registrado la detención de 1.812 personas desde el inicio de las protestas, de las que 768 permanecen en prisión a 11 de mayo de 2023.
Antes del Consejo Conjunto, la sociedad civil cubana también ha planteado muchos de estos motivos de preocupación, entre ellos la situación de la sociedad civil independiente, los presos de conciencia y las personas detenidas por motivos políticos, el respeto de los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y circulación, así como la participación política en Cuba y la participación de la sociedad civil independiente en las relaciones entre la UE y Cuba.
En marzo de 2022, la UE respondió a las “condenas desproporcionadas” impuestas a los manifestantes de julio de 2021 pidiendo a las autoridades cubanas que garantizaran y protegieran el derecho a disentir y a manifestarse. La declaración de la UE en el primer aniversario de las protestas también expresa su preocupación por el debido proceso y las penas desproporcionadas en respuesta a las protestas, e insta a las autoridades cubanas a liberar a todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos y a dialogar con el pueblo cubano sobre sus legítimas reivindicaciones, tanto por el deterioro de las condiciones de vida como por sus derechos humanos.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) de noviembre de 2022, la UE reiteró este llamado, instando a Cuba a garantizar a su ciudadanía todos los derechos, a ratificar los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU, a cursar una invitación permanente a todos los procedimientos especiales de la ONU y a abrir espacios para un diálogo constructivo e integrador, sin condiciones previas, con todo el espectro de actores de la sociedad civil de la isla.
Según el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) de 2016 entre la UE y Cuba, el Consejo Conjunto trabaja para “supervisar el cumplimiento de los objetivos del presente Acuerdo y la aplicación del mismo”, incluido “el respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y sus protocolos facultativos que sean aplicables a la Partes, y el respeto del Estado de Derecho”, que constituyen un elemento esencial del Acuerdo. La violación de los derechos humanos en Cuba, y en particular los ataques contra manifestantes y defensores y defensoras de los derechos humanos desde julio de 2021, contradice claramente estos compromisos declarados.
La magnitud de la crisis de derechos humanos en Cuba debe ir acompañada de una respuesta proporcional de la UE y sus estados miembros para abordar el alcance y la gravedad de la situación y establecer parámetros de referencia concretos en materia de derechos humanos en sus relaciones con Cuba.
En el Consejo Conjunto, le exhortamos a que lidere a la UE y a sus estados miembros para que se comprometan firmemente con las autoridades cubanas a:
• Liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos, incluidos sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La UE y sus estados miembros deben plantear los casos de José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel “Osorbo” Castillo Pérez, Aymara Nieto, Sissi Abascal Zamora, Donaida Pérez Paseiro y los artistas disidentes Richard Zamora Brito “El Radikal”, María Cristina Garrido Rodríguez y Randy Arteaga-Rivera.
• Poner fin a la vigilancia y las detenciones arbitrarias continuas de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas, incluido el uso del arresto domiciliario contra voces disidentes.
• Poner fin al uso excesivo de la fuerza y a las detenciones arbitrarias durante las protestas, y abstenerse de realizar interrupciones de internet que obstaculicen el derecho de reunión pacífica, la libertad de expresión y el acceso a la información. Las autoridades deben facilitar activamente las reuniones pacíficas, proteger las protestas pacíficas, poner fin a todo uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y garantizar su seguridad.
• Establecer un marco legislativo nacional para salvaguardar el derecho a la protesta; paralelamente, derogar y reformar los delitos represivos o redactados de manera imprecisa del nuevo Código Penal, así como las leyes que se han utilizado indebidamente contra defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, manifestantes y miembros de la sociedad civil independiente.
• Prevenir y combatir la discriminación de cualquier tipo y promover el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de todas las personas, incluidas las mujeres, la población afrodescendiente y la comunidad LGBTIQ+.
• Aprobar con prontitud una ley integral sobre violencia de género que defina protocolos para prevenir y abordar el creciente problema de los feminicidios y la violencia contra mujeres y niñas en Cuba, incluido un mecanismo institucional de protección y seguridad para las supervivientes que sea eficaz, público y transparente.
• Garantizar el acceso a las organizaciones independientes de derechos humanos para que supervisen la situación de los derechos humanos e informen al respecto, y cursar asimismo invitaciones permanentes a los relatores y relatoras especiales de la ONU, en particular a los que se centran en la libertad de opinión y de expresión, de reunión pacífica y de asociación, y en la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, facilitando sus visitas al país lo antes posible.
• Atender la necesidad de la población de un mayor acceso a alimentos y medicinas, y actuar para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de la población - preocupaciones en materia de derechos humanos en torno a las que han girado las protestas recientes y actuales. La UE y sus estados miembros deben pedir a las autoridades cubanas que redoblen sus esfuerzos para garantizar estos derechos y apoyar las iniciativas genuinas en este sentido.
• Ratificar el PIDCP, el PIDESC y la Convención Interamericana de Derechos Humanos lo antes posible, aprovechando el próximo Examen Periódico Universal (EPU) del historial de derechos humanos del país como una oportunidad para reafirmar los compromisos de Cuba con todos los derechos.
• Aprovechar la próxima cumbre UE-CELAC de julio para intensificar el compromiso en materia de derechos humanos con Cuba y con toda América Latina y el Caribe, en consonancia con el llamado de la sociedad civil de la región y de la UE.
• Asegurar que se consulta plenamente a las organizaciones independientes cubanas y europeas de derechos humanos y de la sociedad civil y se facilita proactivamente su participación en todas las tomas de decisiones que les afecten, incluidos los eventos de la sociedad civil relacionados con el diálogo UE-Cuba sobre derechos humanos, la cooperación bilateral y la implementación del ADPC.
• Utilizar plenamente los mecanismos definidos en el ADPC para garantizar que el gobierno cubano cumpla sus compromisos de respeto de los derechos humanos.
Le agradecemos de antemano su acción para garantizar el respeto y el cumplimiento de todos los derechos humanos para todas las personas en Cuba en este momento crucial.
