Ginebra-París, 4 de octubre de 2024 – Tras la celebración de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela han enfrentado una escala represiva en su contra y han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) exige a las autoridades venezolanas que garanticen la seguridad e integridad de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, y a la comunidad internacional que siga denunciando las graves violaciones de derechos humanos que están sucediendo en Venezuela.
Posterior a los comicios electorales, la situación en Venezuela ha empeorado drásticamente y el escenario actual no muestra señales de mejora a corto plazo. Mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y organizaciones nacionales e internacionales han denunciado esta crisis y el propio Estado venezolano ha reconocido la detención de más de 2.400 personas, quienes ejercían sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión en el marco de las protestas postelectorales, y entre las que se encuentran personas defensoras de derechos humanos.
La reducción del espacio cívico, las violaciones a la libertad de asociación y al derecho a defender derechos humanos están bajo asedio desde hace varios años. Sin embargo, de 2018 a julio de 2024, la situación se ha agudizado y se han documentado alrededor de 2.707 amenazasen contra de las personas defensoras. Según información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) y de la sociedad civil, en el primer semestre del año 2024, hubo 592 ataques contra las personas defensoras; y tan solo en el mes de julio de 2024 hubo 56 ataques contra ellas.
De igual manera, las personas defensoras se han enfrentado a detenciones arbitrarias por acompañar o representar a víctimas tras los actos de represión postelectoral, además de ser señaladas como opositoras al régimen por ejercer su labor de defensa. En este sentido, a través de la conocida “Operación Tun Tun”, las autoridades venezolanas están privando del ejercicio de sus derechos a cualquier persona que el Estado identifique como crítica al gobierno, exponiéndola a graves violaciones de derechos humanos, como la desaparición forzada o tortura. Estos hechos demuestran que en Venezuela se ha instaurado un estado de excepción de facto, en el que las libertades fundamentales y el derecho a defender derechos humanos están en riesgo latente.
Por otro lado, se ha identificado la anulación selectiva y discrecional de pasaporte en contra de personas defensoras y/o señaladas como opositoras, como mecanismo de represión o intimidación para impedirles salir del país y/o cooperar con los mecanismos de protección internacional, violando por lo tanto sus derechos a la identidad, al libre tránsito y a la movilidad. En algunos casos, las personas fueron notificadas antes de abordar el vuelo, detenidas e incomunicadas; y en otros casos, se dieron cuenta tras verificar el estatus de su pasaporte con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). Hasta la fechaDesde el 28 de julio de 2024 hasta la fecha, se han documentado al menos 63 casos de anulación arbitraria de pasaportes, entre ellos 11 casos de personas defensoras, 40 de personas que desarrollaron observación electoral y 12 de periodistas.
En este contexto, el 15 de agosto de 2024, el Parlamento venezolano aprobó la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y a fines” la cual, desde su presentación en 2022, amenazaba, en conjunto con otros marcos normativos vigentes en el país, la independencia y libertad de las organizaciones de la sociedad civil. A pesar de que la ley no ha entrado en vigor hasta el momento de la publicación de esta declaración, representa una amenaza directa contra la libertad de asociación, el derecho a defender derechos humanos y constituyey constituye un atentado contra la existencia misma de las organizaciones.
El 19 de septiembre de 2024 el Parlamento Europeo aprobó la resolución 2024/2810 sobre la situación en Venezuela, en la que se condenan los asesinatos, las violaciones de derechos humanos y la persecución perpetrada contra la sociedad civil venezolana, como parte de la política de represión generalizada del régimen de Nicolás Maduro.
El 20 de septiembre de 2024, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó su informe anual en el 57° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. En dicho informe, calificó la situación actual como una de las crisis de derechos humanos más agudas en la historia reciente del país, que tras las protestas postelectorales ha dejado por lo menos 25 personas fallecidas y centenares de personas heridas y/o detenidas. Sobre las personas y organizaciones, la misión señaló graves restricciones al espacio cívico y democrático, caracterizadas por la detención de personas defensoras, la aprobación de marcos normativos restrictivos que buscan limitar la labor de defensa y el aumento de violaciones a derechos humanos en su contra.
Por todo lo anterior, el Observatorio exige a las autoridades venezolanas poner fin de inmediato a todo acto de intimidación y de hostigamiento, incluido a nivel judicial y administrativo, así como a la represión generalizada, en contra de todas las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela.
Además, el Observatorio urge a las autoridades venezolanas poner en libertad inmediata e incondicionalmente a las personas defensoras de derechos humanos que han sido detenidas arbitrariamente, garantizando su derecho al debido proceso y respetando sus garantías procesales.
Adicionalmente, el Observatorio hace un llamado a la comunidad internacional para seguir vigilando y denunciando las graves violaciones de derechos humanos que están sucediendo en Venezuela, promoviendo acciones que permitan a las personas defensoras de derechos humanos salvaguardar su derecho a la vida.
Finalmente, el Observatorio llama a la comunidad internacional a que presione las autoridades venezolanas a cumplir con los derechos de las personas defensoras y de las y los miembros de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo los derechos a la protesta, la libertad de reunión y de asociación y la libertad de expresión.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
