Ginebra- París, 28 de febrero de 2024 – El Movimiento Vinotinto y sus integrantes sufren un aumento de actos de intimidación y represalias al cumplirse una década de su labor en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) denuncia estos actos y exige a las autoridades venezolanas a garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de las personas defensoras de derechos humanos que integran el Movimiento Vinotinto.
El 7 de febrero de 2024, el Movimiento Vinotinto celebró una década del inicio de su labor por la defensa de los derechos humanos. En 2014, en el marco de las protestas y movilizaciones que tuvieron lugar en Venezuela, el abogado y defensor de derechos humanos el Sr. Manuel Virgüez constituyó esta Asociación Civil con el objetivo de apoyar las demandas sociales y solidarizarse con la sociedad venezolana.
Desde su fundación, el Movimiento Vinotinto se ha caracterizado por promover la participación ciudadana, la formación y la incidencia en los asuntos públicos y el acompañamiento a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Actualmente, realiza trabajo en varios estados del país como Táchira, Yaracuy, Distrito Capital, Miranda, Lara, Bolívar y Trujillo, en donde se ha constituido como una de las principales voces en la denuncia de violaciones a derechos humanos, particularmente en materia de derechos laborales, acompañando a líderes sindicales.
Debido a la labor que ha realizado el Movimiento Vinotinto en la última década, sus integrantes han sido víctimas de actos de intimidación y represalias por parte de las autoridades. Esta situación se ha agudizado durante los últimos meses y ha puesto en riesgo su labor de defensa.
El 19 de agosto de 2023, integrantes del Movimiento Vinotinto, reportaron presuntos actos de vigilancia y hostigamiento en contra del coordinador del Movimiento Vinotinto en el estado de Táchira, el Sr. Edward Vergara. Posteriormente, el 14 de octubre de 2023 el Sr. Vergara reportó que hombres motorizados estaban preguntando por él en su vivienda.
El 24 de octubre de 2023, el Sr. Emanuel Paradas, abogado del Movimiento Vinotinto, fue sujeto de intimidación y amenazas en medio del desarrollo de una audiencia, por parte de una juez de los juzgados de la Ciudad de Barquisimeto, estado de Lara. Después, la misma juez denunció el 1 de diciembre de 2023 al Sr. Paradas ante el Colegio de Abogados, solicitando la suspensión de su licencia como abogado por supuestamente haber faltado a la ética y las buenas costumbres de la profesión. En este mismo contexto, otros dos abogados del Movimiento Vinotinto, los Sres. Alexis Ramon y Henderson Maldonado también fueron amenazados de manera verbal por la misma juez, con solicitar la suspensión de sus licencias, al intentar adherirse a la causa que estaba promoviendo el Sr. Paradas. Por el momento, las licencias de los Sres. Ramon, Maldonado y Paradas no han sido suspendidas.
El 24 de noviembre de 2023, en medio de un foro de derechos humanos de los trabajadores, actividad realizada en alianza con la organización PROVEA, en la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) intentaron ingresar a la sede de la casa sindical de la ciudad, preguntando por defensores de derechos humanos, entre los cuales mencionaron al Sr. Charles Newbury, coordinador general de proyectos a nivel nacional del Movimiento Vinotinto y coordinador de la organización en el estado Yaracuy; y al Sr. Eduardo Torres, quien fue investigador y abogado durante un proyecto implementado por la organización entre agosto de 2022 y enero de 2023. Cuando se cuestionó a los funcionarios por su presencia, mencionaron que ellos siempre daban seguimiento a este tipos de actividades.
El Movimiento Vinotinto ha denunciado que estos hechos no son aislados, sino que se enmarcan en un patrón de intimidación y represalias, no sólo contra las personas integrantes de la organización, sino en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones en Venezuela.
El Observatorio recuerda que el pasado 12 de enero de 2024, volvió a ponerse a discusión la aprobación del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, el cual representa una enorme amenaza para el trabajo que realizan las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Situación que ha sido denunciada por las relatorías especiales de la Organización de las Naciones Unidas.
Además, el 15 de febrero de 2024, el gobierno venezolano anunció que suspendería las actividades de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, lo que supone una preocupante escalada de los intentos del gobierno venezolano de eludir el escrutinio internacional y que pone en una situación de mayor vulnerabilidad a las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos.
El Observatorio expresa su profunda preocupación por los actos de intimidación y represalias en contra de las personas integrantes del Movimiento Vinotinto , y urge a las autoridades venezolanas a llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva, pronta e imparcial en torno a estos hechos para identificar y sancionar a todas las personas responsables materiales e intelectuales, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
De igual manera, el Observatorio se solidariza y reconoce la labor que el Movimiento Vinotinto ha llevado a cabo a lo largo de esta última década a favor de los derechos humanos en Venezuela, y urge a las autoridades venezolanas a garantizar la protección e integridad física y psicológica de las personas integrantes del Movimiento Vinotinto, y a poner fin a todo tipo de ataques, actos de intimidación y represalias en contra de sus integrantes y del conjunto de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela.
El Observatorio hace igualmente un llamado a la comunidad internacional a solidarizarse con las personas integrantes del Movimiento Vinotinto, y con todas las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, denunciando las violaciones a derechos humanos a las que están siendo sujetas.
