Venezuela: Detención arbitraria del sindicalista y trabajador humanitario Gabriel Blanco

El Observatorio ha recibido información del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y de COFAVIC sobre la detención arbitraria del Sr. Gabriel Blanco, sindicalista y trabajador humanitario, enfocado en temas como la migración forzada y casos de violencia basada en género en comunidades vulnerables y que en el pasado se desempeñó como sindicalista en la Asamblea Nacional siendo parte de la Alianza Sindical Independiente (ASI).

El 6 de julio de 2022, a las 19:30 horas aproximadamente, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), vestidos de civil y sin identificación ni credenciales visibles, interceptaron a Gabriel Blanco en las afueras de su vivienda ubicada en la urbanización Carlos Delgado Chalbaud, en la parroquia Coche, al suroeste de Caracas. Los funcionarios le insistieron en que el Sr. Gabriel les acompañara a la sede central del organismo para una supuesta “entrevista”. En ausencia de una orden judicial emitida por un tribunal competente, el Sr. Blanco se negó acompañarlos. Sin embargo, los funcionarios de la DGCIM alegaron que la referida orden se estaba tramitando e iba “en camino” y despojaron al Sr. Gabriel Blanco de su celular y de su cédula de identidad. La situación se prolongó por un período de casi seis horas, durante la cuales unos 50 agentes de la DGCIM y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) rodearon las adyacencias de la urbanización Carlos Delgado Chalbaud.

El 7 de julio de 2022, sobre la 1 de la madrugada, funcionarios de la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la PNB llegaron a la residencia del Sr. Gabriel Blanco, con una orden de aprehensión firmada por el Juzgado Cuarto con competencia en terrorismo de Caracas, en la que se le imputan los delitos de “conspiración” y “asociación para delinquir”, previstos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT), en contra de Gabriel Blanco. El Sr. Blanco fue trasladado en una patrulla de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), a la sede de la PNB ubicada en La Quebradita, al oeste de Caracas, a pesar de que la orden de aprehensión estaba comisionada para ser llevada a cabo por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

El 9 de julio de 2022, el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia con competencia en terrorismo, en la audiencia de presentación, declaró con lugar la solicitud del Ministerio Público y ratificó la medida de privación de libertad del Sr. Gabriel Blanco, la cual puede mantenerse en vigor hasta que se realice la audiencia preliminar. El Tribunal cambió los cargos que aparecían en la orden de aprehensión e imputado al Sr. Blanco por los delitos de “terrorismo” y “asociación para delinquir”. A pesar de que el sitio de reclusión indicado por el tribunal es la cárcel común El Rodeo II, al momento de la publicación de este Llamado Urgente, el Sr. Blanco se encuentra detenido en la Comisaría de La Yaguara.

El Observatorio subraya que Gabriel Blanco es esposo de la también defensora de derechos humanos Diannet Milagros Blanco, quien estuvo detenida arbitrariamente durante más de un año desde el 20 de mayo de 2017 y estuvo sometida injustamente a jurisdicción militar. Además, denunció ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y ante la Misión Independiente e Internacional de Determinación de los Hechos (MII) que durante su detención fue sometida a actos que pueden ser considerados como tortura.

De acuerdo con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, entre mayo de 2021 y abril de 2022, se documentaron 166 restricciones indebidas del espacio democrático y cívico en Venezuela, incluida la estigmatización, criminalización y amenazas contra voces disidentes. Asimismo, en su informe de septiembre de 2021, la MII subrayó el incremento de la persecución de individuos y organizaciones que documentan, denuncian o intentan abordar problemas de derechos humanos, y problemas sociales y económicos en el país, así como individuos que interfieren o se percibe que interfieren en los intereses políticos, económicos o criminales de ciertos actores del Gobierno.

Según las cifras documentadas por COFAVIC, durante 2021, se registraron un total de 215 casos de ataques a personas y organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, muchos de ellos con la justificación doctrinal del enemigo desestabilizador del Estado. Las autoridades venezolanas siguen implementando una estructura de persecución que ha contribuido a restringir el espacio de trabajo para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Observatorio señala que la detención arbitraria del Sr. Gabriel Blanco forma parte de una reciente ola de represión y de detenciones arbitrarias en contra de sindicalistas, activistas y opositores políticos en un contexto de protestas sociales en el país. Según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, las protestas aumentaron de 30% en el primer cuatrimestre de 2022 en comparación con el mismo período de 2021; 38% de las 2.677 manifestaciones registradas estuvieron enmarcadas en la exigencia de derechos laborales, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

El Observatorio rechaza contundentemente la detención arbitraria del Sr. Gabriel Blanco, que parece obedecer a un acto de represalia por su legítima labor en defensa de los derechos humanos en Venezuela.

El Observatorio insta a las autoridades venezolanas a liberar de manera inmediata al Sr. Gabriel Blanco y a poner fin a todo tipo de actos de hostigamiento y criminalización en su contra, así como en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos en el país.