Ginebra-París, 26 de agosto de 2022 – La crisis en la que está sumida el país y la falta de voluntad política para garantizar la implementación de los mecanismos estatales e internacionales de protección a personas defensoras ponen en grave riesgo la vida de quienes defienden los derechos humanos, alertó el Observatorio (OMCT-FIDH). Urge tomar medidas para poner fin a la violencia en su contra.
En un país donde al menos 19 personas defensoras de la tierra y de los derechos de los pueblos indígenas han sido asesinadas desde marzo de 2020, la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado les brindaría la protección necesaria para seguir llevando a cabo su trabajo sin miedo a represalias.
Sin embargo, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú decidió, en julio de 2022, no ratificar dicho acuerdo. El 13 de agosto, el Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Macay, corroboró este posicionamiento del Estado en una entrevista en la que afirmó que “el Acuerdo de Escazú en estos momentos se encuentra archivado y allí debe estar”, supuestamente por atentar contra la soberanía nacional. Estas declaraciones abren las puertas a más asesinatos de personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas a manos de mafias vinculadas a la minería, a la tala ilegal y al tráfico de sus tierras.
Asimismo, las autoridades peruanas desoyen de manera sistemática las exigencias de la sociedad civil peruana para que se implementen medidas efectivas de protección a la totalidad de personas defensoras de los derechos humanos. La Mesa de Personas Defensoras, un espacio coordinado por el Ministerio de Justicia para asegurar la participación de la sociedad civil en la elaboración de las políticas estatales de protección, lleva inactiva 238 días. El Ministerio de Justicia no ha dado ninguna explicación oficial que justifique dicha paralización.
Por su parte, el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, creado en abril de 2021, no está dotado de recursos suficientes para garantizar de manera integral la protección de las personas defensoras de derechos humanos en riesgo. El Mecanismo incumple los plazos de intervención acordados para la implementación de medidas de protección, y tampoco ha abordado hasta la fecha las causas estructurales que subyacen a la violencia contra las personas defensoras, como el narcotráfico o la ausencia de titulación de las tierras indígenas.
Al mismo tiempo, el cese y las dimisiones constantes de ministras y ministros y de otros funcionarios estatales deja a las organizaciones de la sociedad civil peruana sin interlocutores políticos estables con los que negociar y discutir la elaboración e implementación de medidas de prevención y protección individuales y comunitarias para quienes defienden los derechos humanos.
El Observatorio expresa grave preocupación por las negligencias del Estado peruano en la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, y urge a las autoridades competentes a ratificar de manera inmediata el Acuerdo de Escazú, así como a dotar de financiamiento y recursos adecuados al Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Las autoridades deben elaborar e implementar de manera efectiva una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos, en concertación con la sociedad civil peruana.
