Nicaragua: Revocación arbitraria de la nacionalidad a la presidenta del CENIDH Vilma Núñez

El Observatorio ha recibido con preocupación información del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH) sobre la condena y revocación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense a la Sra. Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, así como sobre los inminentes riesgos de seguridad que enfrentan todas y todos los miembros de la organización. El CENIDH es una organización de promoción y protección de los derechos humanos, miembro de la OMCT y de la FIDH.

El 15 de febrero de 2023, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, el Sr. Ernesto Rodríguez, declaró a la Sra. Vilma Núñez y a otras 93 personas de nacionalidad nicaragüense como “traidores de la patria” y “prófugos de la justicia”. Rompiendo toda lógica procesal, las 94 personas habrían sido acusadas y condenadas sin que se les hubiera realizado un juicio previo. El presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó para todas ellas y ellos la inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como cargos de elección popular. Anunció asimismo la pérdida de sus derechos de ciudadanía de forma perpetua, la revocación de la nacionalidad nicaragüense y la incautación de todos sus bienes y sociedades. Entre las personas afectadas por esta decisión arbitraria se encuentran periodistas, así como el también defensor de derechos humanos Amaru Ruiz Alemán, la escritora Gioconda Belli y el escritor Sergio Ramírez, éstos tres actualmente en el exilio. La mayoría de las personas afectadas se encuentran en el exilio forzado para salvaguardar su integridad. Vilma Nuñez se encuentra en Nicaragua y el Observatorio hace un llamado para que su integridad física y psicológica sea preservados, así como la de su equipo, dado que se encuentran en grave riesgo de arresto y expulsión del país.

La revocación arbitraria de la nacionalidad de Vilma Núñez y las otras 93 personas nicaragüenses se ordenó apenas seis días después de que 222 presos y presas políticas nicaragüenses fueran excarceladas y expulsadas de Nicaragua y se les revocara de manera arbitraria la nacionalidad, tras declararlas como “traidores de la patria” e inhabilitarlas de forma perpetua para ejercer la función pública.

Para ello, el mismo día de la expulsión, el 9 de febrero de 2023, el régimen de Ortega-Murillo hizo una serie de reformas jurídicas y constitucionales sin base legal consistentes en la modificación del artículo 21 de la Constitución, al que se le añadió el siguiente párrafo: “la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacionalidad nicaragüense”. Inmediatamente después, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense, la cual establece que todas aquellas personas consideradas “traidores de la patria” bajo la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, perderán la nacionalidad nicaragüense. Estos cambios constitucionales y legales se adoptaron en clara violación del artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, que Nicaragua ratificó sin reservas en 2013.

El Observatorio condena de manera vehemente la revocación de la nacionalidad nicaragüense de Vilma Núñez y de las otras 93 personas afectadas por esta decisión, así como la nueva y esperpéntica medida de represión adoptada por la dictadura de Ortega-Murillo tras cinco años de represión sistemática contra quienes defienden los derechos humanos y se oponen a la dictadura. Desde 2018, el régimen ha desarrollado una brutal maquinaria represiva consistente en violencia física; la detención arbitraria y el exilio forzoso de todas las voces críticas; la aprobación de leyes restrictivas que controlan abusivamente las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y ponen bajo sospecha su financiamiento internacional; la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica y la ilegalización de más de 3000 organizaciones de la sociedad civil; así como la eliminación de la libertad de prensa y represión de medios y periodistas independientes.

El Observatorio reitera su condena al hostigamiento y los ataques sistemáticos contra las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos en el país, inclusive las graves violaciones a su derecho a la nacionalidad y libertad personal.

El Observatorio urge a las autoridades nicaragüenses a anular la decisión de revocar la nacionalidad a Vilma Núñez y a las otras 93 personas afectadas, a garantizar su seguridad e integridad física y psicológica, así como la de todas y todos los miembros del CENIDH, y asegurar el cumplimiento y respeto pleno de los derechos a la libertad de expresión y de asociación en el país.

El Observatorio se suma al llamado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y urge al Estado de Nicaragua a poner en libertad a todas las personas defensoras y opositoras detenidas de manera arbitraria, restituir los derechos de quienes han sido y son víctimas de represión en el país y en el exilio, y a retornar a la democracia, al estado de derecho y al respeto de los derechos humanos del conjunto de la población, inclusive las personas defensoras de los derechos humanos.