París-Ginebra, 2 de junio de 2022– El espacio para la sociedad civil en Nicaragua sigue reduciéndose con la cancelación arbitraria, en menos de un mes, de la personalidad jurídica de otras 177 organizaciones sin fines de lucro y fundaciones nicaragüenses, entre ellas varias organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) denuncia este nuevo ataque a la sociedad civil y urge a las autoridades nicaragüenses a revocar esta decisión y a garantizar, en todas circunstancias, el derecho a la libertad de asociación.
Entre el 4 y el 31 de mayo de 2022, la Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría afín al régimen Ortega-Murillo, aprobó cuatro Iniciativas de Decreto Legislativo. Las tres primeras prevén la Cancelación de Personalidad Jurídica de 94 organizaciones sin fines de lucro y fundaciones y la última de 83, por considerar que las citadas organizaciones no cumplen con sus obligaciones legales.
Estas cuatro iniciativas fueron presentadas ante la Asamblea Nacional por Filiberto Rodríguez, diputado del partido del Presidente Daniel Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y a solicitud del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación. El Sr. Rodríguez es asimismo presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Ayer 1 de junio, presentó una nueva iniciativa para cancelar la personalidad jurídica de nuevas 96 organizaciones.
En cuanto a las obligaciones legales supuestamente violadas por las organizaciones mencionadas, de forma general y abstracta las iniciativas señalan que incumplieron su inscripción en el registro como Agentes Extranjeros; que, desde hace varios años, las organizaciones no habrían presentado sus informes financieros detallados; no habrían rendido cuentas de los recursos que han recibido del extranjero y, además, que sus Juntas Directivas no habrían sido actualizadas. Las organizaciones habrían violado, así, varias leyes, entre ellas la Ley 977 Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su Decreto Ejecutivo, porque con sus acciones promoverían la falta de transparencia en la administración de los fondos; y la Ley 147 sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro.
Cabe resaltar que la Asamblea Nacional de Nicaragua ya había aprobado dos decretos similares el 17 de marzo y el 20 de abril de 2022, cancelando la personalidad jurídica de 24 y 25 organizaciones, respectivamente. Desde diciembre de 2018, las autoridades nicaragüenses han ilegalizado al menos 336 ONG, de las cuales 253 han sido arbitrariamente cerradas en lo que va de 2022. Si se suman las 96 anunciadas, serán 432 organizaciones de la sociedad civil anuladas en Nicaragua.
Estas cancelaciones tienen por objetivo eliminar toda posible visión social y política que difiera a la establecida por el régimen. Este acoso sistemático, característico de un Estado totalitario, no atañe solamente a organizaciones políticas o de defensa de derechos humanos, sino que organizaciones artísticas, periodísticas, educativas, científicas, medioambientales y sociales son también víctimas de la persecución. El objetivo final es eliminar toda posibilidad de una sociedad civil independiente en el país..
El régimen no se ha conformado solo con la cancelación, en muchos casos ha ido acompañada de la usurpación y apropiación ilegal de sus bienes, como ocurrió con el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), organización miembro de la FIDH y de la OMCT, llegando incluso a la usurpación de las oficinas de la Organización de Estados Americanos, violando la inmunidad internacional que protege este tipo de bienes.
Estas decisiones se enmarcan en un contexto de represión sistemática ejercida desde 2018 contra las personas y organizaciones que defienden y exigen el respeto de los derechos humanos en Nicaragua. La persecución incrementó en los meses anteriores a las elecciones de noviembre de 2021 con el objetivo de eliminar toda voz disidente y oposición política e imponer una sola forma de organización social controlada por el régimen. Además, desde octubre de 2020, el Estado ha adoptado una serie de leyes restrictivas aplicadas de manera arbitraria para restringir el espacio democrático en el que operan las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos, entre ellas la Ley 977 contra el Lavado de activos y la 1040 de Agentes Extranjeros, cuyas normas son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos.
El Observatorio rechaza contundentemente la cancelación de la personalidad jurídica de las 336 organizaciones no gubernamentales y urge a las autoridades nicaragüenses a revocar de inmediato estas decisiones arbitrarias, y a garantizar, en todas circunstancias, el derecho a la libertad de asociación, consagrado en la Constitución nicaragüense, así como en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, incluido en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
