Nicaragua: Nuevos actos de represión contra organizaciones de la sociedad civil

El Observatorio ha recibido información sobre la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de 25 organizaciones sin fines de lucro y fundaciones nicaragüenses¹.

El 20 de abril de 2022, la Asamblea Nacional de Nicaragua de mayoría afín al régimen Ortega-Murillo, aprobó la Iniciativa de Decreto Legislativo de Cancelación de Personalidad Jurídica de 25 organizaciones sin fines de lucro, presentada ante la Asamblea Nacional el 6 de abril de 2022 por Filiberto Rodríguez, diputado del partido del Presidente Daniel Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El Sr. Rodríguez es presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional.

Esta Iniciativa fue presentada ante la Asamblea Nacional a solicitud del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, argumentando que, supuestamente, las 25 organizaciones no cumplen con sus obligaciones legales. En particular, la Iniciativa señala que, desde hace varios años, las 25 organizaciones no habrían presentado sus informes financieros, no habrían rendido cuentas de los recursos que han recibido del extranjero y, por lo tanto, no han cumplido con su deber de registrarse como “Agentes Extranjeros”. La Iniciativa señala, además, que sus Juntas Directivas no habrían sido actualizadas. El documento señala que las organizaciones habrían violado, así, varias leyes, entre ellas la Ley 977 Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, porque con sus acciones promoverían la falta de transparencia en la administración de los fondos, y la Ley 147 sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro.

Entre las organizaciones señaladas se encuentra la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) que es la última organización generalista de defensa derechos humanos que pierde su personalidad jurídica en Nicaragua.

Públicamente habían manifestado que el Ministerio de Gobernación desde 2018 se ha negado a recibirles el informe financiero que como organización no gubernamental está obligada a presentar.

El Observatorio recuerda que el 17 de marzo de 2022, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Iniciativa de Decreto Legislativo de Cancelación de Personalidad Jurídica de otras 25 organizaciones nicaragüenses sin fines de lucro y cuatro organizaciones internacionales no gubernamentales.

El Observatorio subraya que estas decisiones se enmarcan en un contexto de represión sistemática ejercida desde 2018 contra las personas y organizaciones que defienden y exigen el respeto de los derechos humanos en Nicaragua, incrementada en los meses anteriores a las elecciones de noviembre de 2021 con el objetivo de eliminar toda voz disidente y oposición política y así asegurar la reelección de Daniel Ortega como Presidente de Nicaragua.

Como destacó el Observatorio en su informe “Las nuevas leyes de la represión en Nicaragua”, publicado el 3 de noviembre de 2021, desde octubre de 2020, el Estado ha adoptado una serie de leyes restrictivas aplicadas de manera arbitraria para restringir el espacio democrático en el que operan las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos, entre ellas la Ley 977 contra el Lavado de activos y la 1040 de Agentes Extranjeros, cuyas normas son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos

Desde diciembre de 2018, el régimen de Ortega, a través de su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, ha ilegalizado de manera arbitraria al menos 153 ONG nicaragüenses. Asimismo, la ilegalización de organizaciones en muchos casos ha ido acompañada de la expropiación ilegal de sus bienes, como es el caso del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), organización miembro de la FIDH y de la OMCT. Esto tiene graves impactos en la lucha contra la impunidad, pues se consolida la estrategia de extinción de las organizaciones capaces de monitorear las violaciones de los derechos humanos, atender a las víctimas, así como participar en el desarrollo de mecanismos que garanticen el respeto y la protección de los derechos.

El Observatorio rechaza contundentemente la cancelación de la personalidad jurídica de las 25 organizaciones arriba mencionadas, dado que vulnera el derecho a la libertad de asociación en Nicaragua y confirma la intención del Régimen Ortega-Murillo de aniquilar la ya debilitada sociedad civil independiente en Nicaragua. El Observatorio condena asimismo el hostigamiento y los ataques sistemáticos contra las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos en el país.

El Observatorio urge a las autoridades nicaragüenses a revocar la decisión de cancelar la personalidad jurídica a las 25 organizaciones arriba mencionadas, y a garantizar, en todas circunstancias, el derecho a la libertad de asociación, consagrado en la Constitución nicaragüense, así como en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, incluido en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.