Ginebra- París, 26 de enero de 2024 – A un año del asesinato de los Sres. Aly Domínguez y Jairo Bonilla, ambos miembros de la comunidad de Guapinol, y defensores de los ríos de Guapinol y San Pedro y del Parque Nacional Montaña de Botaderos, el caso sigue en absoluta impunidad. El Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos (OMCT-FIDH) condena la falta de avances en los procedimientos ante estos asesinatos, y urge a las autoridades de Honduras a llevar a cabo una investigación para determinar los hechos, identificar, procesar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes.
El 7 de enero de 2023, por la tarde, individuos armados asesinaron con armas de fuego a Aly Domínguez y Jairo Bonilla mientras viajaban en motocicleta desde la aldea La Concepción hasta la comunidad de Guapinol, ambos emplazamientos ubicados en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
El 8 de enero de 2023, la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras había solicitado a la Fiscalía del Estado llevar a cabo una investigación inmediata entorno al asesinato de los defensores, señalando el contexto de amenaza contra las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente en la región.
Sin embargo, el 10 de enero de 2023, la Policía Nacional de Honduras, en declaraciones a medios de comunicación, señaló que el móvil del doble asesinato habría sido un robo, descartando la hipótesis de que el homicidio de los Sres. Domínguez y Bonilla fuera una represalia por su labor en defensa de los derechos humanos. Dicha versión fue descartada por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), dado que el Comité argumento que las víctimas se encontraron con dinero que posteriormente fue entregado al propietario de la empresa en que trabajaban.
El Observatorio señala que la situación de violencia que viven las personas defensoras del medio ambiente de la comunidad de Guapinol y Sector San Pedro, y las y los miembros del CMDBCPT, no es nueva y que han sido objeto de criminalización, amenazas y estigmatización desde hace al menos cinco años. En 2019, ocho defensores de Guapinol fueron encarcelados de manera arbitraria y permanecieron privados de su libertad durante más de 900 días. Por otro lado, las personas defensoras de la comunidad y sus familias han tenido que desplazarse forzosamente debido a la violencia que han enfrentado, entre los cuales 40 personas de la familia Domínguez se han visto forzadas a huir de la comunidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la comunidad el 5 de octubre de 2023, reconociendo la situación de gravedad y urgencia en la que se encuentran las y los integrantes de la comunidad.
El Observatorio recuerda que el 15 de junio de 2023, el Sr. Óscar Oquelí, hermano de Aly Domínguez y del defensor Reynaldo Domínguez, también fue asesinado en su domicilio delante de múltiples testigos presenciales de su familia, inclusive resultado herida de bala su madre, sin que hasta la fecha el Ministerio Publico haya presentado el requerimiento fiscal.
Tras más de un año de cometidos los asesinatos, no se ha presentado información sobre los avances en la investigación, ni se han detenido a los autores materiales e intelectuales de los hechos. Una de las mayores dificultades en la investigación es la falta de actuación de la Fiscalía Regional del Bajo Aguán, al no brindar información sobre los avances de la investigación, y por estar involucrada en los procesos de criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos de Guapinol.
Por esta situación, se ha solicitado en distintas ocasiones a la Fiscalía General trasladar la investigación a la Fiscalía de Delitos contra la Vida de Tegucigalpa, sin embargo, dicha solicitud no ha sido considerada por las autoridades.
Por todo ello, el Observatorio requiere al Gobierno y autoridades judiciales de Honduras de:
- Trasladar la investigación de la Fiscalía Regional del Bajo Aguán a la Fiscalía de Delitos contra la Vida de Tegucigalpa;
- Cumplir con el desarrollo de una investigación independiente, exhaustiva, pronta e imparcial que permita determinar lo ocurrido con los dos defensores de derechos humanos asesinados; identificar, procesar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de estos; y brindar medidas de reparación para las víctimas y sus familiares;
- Poner fin a todo tipo de ataques, amenazas, actos de hostigamiento y estigmatización en contra de las personas defensoras del medioambiente de la comunidad de Guapinol, así como del conjunto de personas defensoras de los derechos humanos en Honduras;
- Garantizar la integridad física y psicológica de todas las personas defensoras en Honduras, en particular las personas defensoras del medio ambiente de la comunidad de Guapinol y sus familias, incluyendo a las y los miembros del CMDBCPT.
