Honduras: Investigación penal contra manifestantes que exigían justicia

El Observatorio ha recibido información sobre la investigación penal iniciada por el Ministerio Público de Honduras contra la Sra. Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), y contra el Sr. Edy Tábora, abogado de derechos humanos y miembro y cofundador del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos, e integrante de la mesa jurídica del Comité de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA) y abogado de la OFRANEH.

El 9 de agosto de 2022, el Fiscal General adjunto de Honduras, el Sr. Daniel Arturo Sibrián Bueso, informó en redes sociales que la Dirección Policial de Investigación (DPI) iniciaría una investigación contra las personas que participaron ese mismo día en una protesta pacífica llevada a cabo en el exterior y en el interior de la sede del Ministerio Público en Tegucigalpa.

La protesta, encabezada por la OFRANEH, y acompañado por más de 300 personas garífunas e integrantes de esta organización y de SUNLA, por organizaciones nacionales e internacional territoriales y de derechos humanos, así como por el abogado Edy Tábora y el Ministro de Ciencia y Tecnología Luther Castillo, inició en la avenida La Paz, en Tegucigalpa, y posteriormente se trasladó a la sede del Ministerio Público. El objetivo era exigir al Fiscal General de Honduras verdad y justicia por la desaparición forzada de los integrantes de OFRANEH Alberth Sneider Centeno, Suami Aparicio Mejía García, Joel Martínez Álvarez y Gerardo Misael Tróchez en la comunidad garífuna de El Triunfo de la Cruz el 18 de julio de 2020. La protesta se llevó a cabo de manera pacífica. Sin embargo, ningún funcionario del Ministerio Público, incluyendo el Sr. Chinchilla, accedieron a reunirse con las y los representantes de OFRANEH.

El 17 de agosto, según informaron la OFRANEH, SUNLA, la Red Nacional de Defensoras de Honduras, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras y el Bufete Jurídico Justicia para los Pueblo, la Fiscalía Contra Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público confirmaron la abertura de una investigación penal contra Miriam Miranda y Edy Tábora, así como contra el Ministro de Ciencia y Tecnología de Honduras, por los delitos de “privación ilegal de libertad y “perturbación del orden” (Artículos 235 y 574 del Decreto 130-2017, que sanciona el Código Penal de Honduras, respectivamente). Estos delitos acarrean penas de entre cinco a siete años, y uno a tres años, respectivamente.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Honduras, el 10 de agosto de 2022, un día después de la protesta, expresó su respaldo en la petición de justicia para los cuatro defensores garífunas desaparecidos.

Alberth Sneider Centeno, Suami Aparicio Mejía García, Joel Martínez Álvarez y Gerardo Misael Tróchez fueron desaparecidos el 18 de julio de 2020 por un grupo de 30 hombres fuertemente armados que vestían chalecos antibalas y uniformes con las siglas de la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Honduras, quienes irrumpieron en sus viviendas, los subieron a bordo de tres vehículos y se los llevaron hacia una localización desconocida. Desde entonces se encuentran desaparecidos, y el Estado de Honduras no ha hecho ningún avance en las investigaciones para determinar su paradero, ni establecer los responsables de su desaparición, a pesar de las evidencias que señalan hacia el presunto involucramiento de las fuerzas de seguridad del Estado. Las autoridades siguen incumpliendo la resolución de septiembre de 2020 de la Corte IDH, que ordena al Estado investigar y encontrar a los cuatro defensores.

Ante la impunidad y falta de investigaciones en torno a la desaparición de los cuatro defensores garífunas, familiares de los defensores garífunas desaparecidos y un grupo multidisciplinario de profesionales de distintas áreas, incluyendo Edy Tábora, crearon el Comité de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA) en febrero de 2021 para acompañar y observar todo proceso de investigación que el Estado de Honduras pueda llevar a cabo y para emprender, asimismo, una investigación independiente e imparcial. El Estado de Honduras no reconoce ni legitima este ente y tampoco ha permitido la incorporación de SUNLA en las investigaciones.

El Observatorio expresa preocupación por la criminalización de Miriam Miranda y Edy Tábora por su exigencia de justicia por la desaparición de Alberth Sneider Centeno, Suami Aparicio Mejía García, Joel Martínez Álvarez y Gerardo Misael Tróchez, así como por la impunidad y ausencia de investigaciones en torno a este caso.

Este acto de criminalización no se trata de un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de judicialización contra las comunidades garífunas y contra quienes legítimamente defienden sus derechos, en un contexto de alta conflictividad por el uso y posesión de las tierras garífunas.

El Observatorio hace un llamado a las autoridades hondureñas a poner fin a la criminalización contra Miriam Miranda y Edy Tábora, y contra el conjunto de personas defensoras de los derechos del pueblo garífuna, y a determinar el paradero de los cuatro defensores desaparecidos. El Observatorio urge a las autoridades a llevar a cabo una investigación independiente con la participación de las y los familiares de los cuatro desaparecidos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la Ley.

Finalmente, el Observatorio reitera su llamado a implementar una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos y comunicadores sociales, así como a dotar de los recursos necesarios al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia, con el fin de garantizar su efectivo funcionamiento.