Honduras: Defensores de Guapinol vuelven a enfrentar criminalización

El Observatorio ha recibido información sobre los nuevos actos de criminalización contra Juan Antonio López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramos, José Adaly Cedillo y Eugenio Esquivel. Todos ellos son reconocidos defensores de los ríos Guapinol y San Pedro y del Parque Nacional Montaña de Botaderos y miembros activos del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT).

El 7 de febrero de 2023, la defensa legal de los defensores de derechos humanos arriba mencionados recibió una notificación sobre la apelación interpuesta en diciembre de 2022 por el Fiscal Héctor Daniel Velásquez, del Ministerio Público de Tocoa, contra el sobreseimiento definitivo de la causa contra los Sres. López, George, Domínguez, Ramos y Cedillo por todos los delitos que se les imputaban: “robo”, “incendio agravado” y “privación injusta de libertad” contra el Sr. Santos Corea, jefe de la empresa de seguridad contratada por la empresa minera Inversiones Los Pinares; “incendio agravado” contra Inversiones Los Pinares; y “asociación ilícita” contra el Estado de Honduras.

Este sobreseimiento definitivo fue emitido por el Juzgado de Letras de Tocoa el 22 de octubre de 2022 a raíz de la resolución, el 3 de junio de 2022, de un recurso de amparo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor de estos defensores de derechos humanos. El Juzgado de Letras de Tocoa señaló también que todos ellos debían recibir cartas de libertad definitiva, que nunca les fueron entregadas. Eugenio Esquivel, quien también fue inicialmente criminalizado en la misma causa, no formaba parte de este grupo, ya que su sobreseimiento definitivo fue ratificado en 2020.

Los defensores de derechos humanos recibieron la notificación de la resolución del Juzgado de Letras de Tocoa el 28 de noviembre de 2022 y unos días después, el Ministerio Público de Tocoa apeló la decisión, incluyendo de manera injustificada al Sr. Esquivel en el escrito. El Ministerio Público de Tocoa alega que el caso no debería haber sido sobreseído y archivado, sino que debería ser trasladado a una jurisdicción diferente para ser juzgado de nuevo.

Los cargos pesaban en contra de los defensores de derechos humanos arriba mencionados desde febrero 2019 a raíz de denuncias penales presentadas por Inversiones Los Pinares y el Sr. Santos Corea. Estas denuncias resultaron en un requerimiento fiscal del Ministerio Público de Tocoa por los delitos de “incendio agravado”, “privación injusta de libertad”, “robo” y “asociación ilícita” contra un grupo de 31 defensores del medioambiente como represalia por la instalación del Campamento “Por el Agua y la Vida” en la comunidad de Guapinol en 2018. Este grupo de defensores, entre los que se encontraban Antonio López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramos, José Adaly Cedillo y Eugenio Esquivel, permaneció detenido de manera arbitraria desde el 21 de febrero hasta el 5 de marzo de 2019, cuando fueron liberados más de 36 horas después de que un juez de jurisdicción nacional dictara sobreseimiento definitivo para todos los delitos.

Sin embargo, el 3 de marzo de 2020, la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán revocó arbitrariamente el sobreseimiento definitivo por los delitos de “incendio agravado” y “privación injusta de libertad” para Juan Antonio López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramos y José Adaly Cedillo. No se revocó el sobreseimiento definitivo del cargo de “asociación ilícita”, por lo que no se impuso prisión preventiva a los acusados. En el mismo fallo, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo para Eugenio Esquivel por todos los delitos.

Los representantes legales de los defensores apelaron la decisión de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán a través de un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2020, y el caso permaneció abierto hasta el fallo de junio de 2022, cuando la Sala arriba mencionada resolvió que no existían pruebas suficientes para revocar el sobreseimiento definitivo a los defensores, y que la falta de individualización de los cargos hacía injustificable el proceso judicial en contra de los defensores. La sentencia de la Sala también dictaminó que el caso se estaba instruyendo en la jurisdicción equivocada.

El Observatorio condena este nuevo acto de criminalización contra Juan Antonio López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramos, José Adaly Cedillo y Eugenio Esquivel iniciado por el Ministerio Público de Tocoa, ente que desde 2019 ha hecho un mal uso deliberado del sistema penal para castigar a las personas defensoras de la comunidad de Guapinol y Sector San Pedro.

El intento del Ministerio Público de Tocoa de reabrir el caso contra los defensores de derechos humanos arriba mencionados se enmarca en una nueva oleada de ataques, amenazas de muerte, intimidación y estigmatización contra el conjunto de personas defensoras de derechos humanos de la comunidad de Guapinol y Sector San Pedro. A pesar de la emisión de alertas tempranas por parte de la comunidad, así como por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, Aly Domínguez, que estaba en el grupo de los 31 defensores criminalizados en este caso desde febrero de 2019, y Jairo Bonilla fueron asesinados el 7 de enero de 2023, sin que hasta la fecha el Estado de Honduras haya iniciado una investigación independiente.

El recrudecimiento de la violencia contra estas defensoras y defensores medioambientalistas parece responder, en forma de represalia, a sus exigencias legales y pacíficas para que el Estado de Honduras cancele los contratos de minería a cielo abierto suscritos entre el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) y la empresa minera Inversiones Los Pinares.

El Observatorio urge a las autoridades hondureñas a poner fin a todo acto de criminalización contra Juan Antonio López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramos, José Adaly Cedillo y Eugenio Esquivel. El Observatorio reitera su llamado a las autoridades competentes, particularmente a la Secretaría de Derechos Humanos, a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica del conjunto de personas defensoras de la comunidad de Guapinol y Sector San Pedro.

El Observatorio urge a las autoridades a investigar de manera exhaustiva, independiente e imparcial todos los actos de estigmatización, amenazas y violencia contra las y los defensores de Guapinol y Sector San Pedro, inclusive los asesinatos de Aly Domínguez y Jairo Bonilla, priorizando la hipótesis de que todo ello son represalias por su labor en defensa de los derechos humanos.