Honduras: ante cabildo abierto nuevas amenazas contra las y los defensores de Tocoa

El Observatorio ha recibido información del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos sobre las recientes amenazas y el aumento de la inseguridad que enfrentan las y los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de la comunidad de Tocoa (Comité Municipal) y sus familias, ante la celebración de un cabildo abierto previsto para el día 9 de diciembre de 2023 con relación a la instalación de un proyecto de energía termoeléctrica de coque de petróleo -una de las fuentes de energía más contaminantes en el mundo-, como parte de un megaproyecto impulsado por el grupo EMCO Holding Inc; a través de la empresa Ecotek.

Desde el momento en que se anunció el cabildo, se comenzaron a registrar nuevos actos de intimidación y amenaza contra las y los integrantes del Comité Municipal y sus familias, tales como campañas de estigmatización en línea; la difusión de información por mensajería digital en la que se criminaliza a las personas defensoras; mensajes del Secretario de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) el Sr. Lucky Medina que han abonado al contexto de estigmatización contra las y los defensores; señalamientos en medios de comunicación públicos, siendo el caso de la representante de la Cámara de Comercio y su presidenta la Sra. Eggla Sosa, que señaló que “los opositores ambientales” estaban financiados por organizaciones internacionales para oponerse al proyecto. De igual manera, integrantes del Comité Municipal de Tocoa han denunciado actos de intimidación en sus viviendas y bienes personales.

Por otro lado, se han señalado actos de clientelismo que buscan influenciar el voto de la población de Tocoa, ya que en la misma semana que se planea realizar el cabildo abierto, el alcalde de Tocoa el Sr. Adán Fuentes anunció a nombre del Gobierno Central la entrega de un “Bono Solidario” el cual habría sido entregado de manera discrecional, ya que los representantes de la alcaldía habrían dicho a las y los ciudadanos que no recibirían el bono a menos que estuvieran a favor del alcalde y del grupo EMCO.

El 10 de noviembre de 2023, el alcalde de Tocoa el Sr. Adán Fuentes, quien fue nombrado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en tribunales estadounidenses por supuestos actos de corrupción y por supuestamente haber facilitado protección a grupos narcotraficantes, convocó a una sesión ordinaria de la corporación municipal de Tocoa para celebrarse el 14 de noviembre en la cual se aprobó la celebración de un cabildo abierto para impulsar la instalación de la planta termoeléctrica de la empresa Ecotek, sin informar y difundir ampliamente los posibles impactos sociales, sanitarios y ambientales de este proyecto. Asimismo, la iniciativa cuenta con el respaldo de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), a pesar de que la empresa aún no tiene la licencia para realizar este proyecto.

El 27 de noviembre de 2023 la corporación municipal extendió una invitación a la comunidad de Tocoa para participar en el cabildo con el fin de socializar y aprobar el proyecto energético el cual se ha presentado como la solución a los problemas energéticos que se viven en la región. Sin embargo, según el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa a la SERNA con registro EXP.SLAS-0000076-20, la electricidad que se generará será para su propio consumo y no para la población.

El Observatorio expresa preocupación por la manera en la que se está llevando a cabo este proceso de consulta, el cual no está considerando factores de transparencia y acceso a la información, inclusión y diálogo. De igual manera, con la prontitud que se ha convocado al cabildo abierto, no se ha dado tiempo suficiente para que la información llegue a todas las comunidades afectadas, se incorporen otras perspectivas a la discusión y/o el planteamiento de inquietudes sobre el proyecto por parte de la comunidad.

El Observatorio recuerda que el Comité Municipal ha presentado denuncias penales contra el grupo EMCO Holding Inc; por daños al medio ambiente, falsificación de registros, además de denuncias administrativas, las cuales no han sido atendidas por las autoridades competentes. Estos hechos han puesto en un contexto de grave riesgo y amenaza a las y los integrantes del Comité desde hace varios años, siendo de los hechos más graves el asesinato de tres defensores de los derechos humanos, Aly Domínguez y Jairo Bonilla el 7 de enero de 2023 y Oquelí Dominguez el 15 de junio de 2023, así como múltiples amenazas y hostigamientos que han recibido las y los miembros del Comité Municipal por su labor de defensa, en particular el Sr. Reynaldo Domínguez, hermano de dos de los defensores de derechos humanos asesinados, y su familia.

El Observatorio recuerda que el 5 de octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 30 personas integrantes del Comité Municipal y sus representantes legales el Bufete Justicia para los Pueblos, dada su urgente e inminente situación de riesgo. El Observatorio señala que a pesar de la responsabilidad que tiene el Estado hondureño en la implementación de estas medidas, a más de dos meses de que fueron otorgadas al Comité Municipal, las personas beneficiarías señalan que no se ha adoptado ninguna acción de manera consensuada para garantizar su seguridad física e integridad.

Por lo contrario, las autoridades hondureñas al respaldar actos como el cabildo abierto han abonado al contexto de inseguridad en la comunidad, al mismo tiempo que no se han pronunciado o denunciado los actos de estigmatización y amenazas públicas difundidas en medios digitales contra las personas defensoras integrantes del Comité Municipal y beneficiarias de las medidas cautelares.

Finalmente, el Observatorio urge a las autoridades de Honduras a cancelar el proceso de cabildo abierto hasta garantizar la protección de las y los defensores de derechos humanos integrantes del Comité Municipal, y sus familias, y en caso de realizarlo, asegurar que sea una consulta libre, previa e informada y que cuente con la participación de personas expertas independientes que puedan exponer los impactos sanitarios, medioambientales y comunitarios del proyecto.