Ginebra-París, 13 de enero de 2023 – En un esperpéntico ejercicio de parcialidad judicial durante una nueva audiencia contra Virginia Laparra, una jueza declaró la reserva de un segundo caso infundado contra la exfiscal, ordenó que la prensa y una de sus abogadas se retiraran de la sala y la imputó por los mismos hechos por los que ya había sido condenada, denunciaron el Observatorio (OMCT-FIDH) y la UDEFEGUA. El sistema judicial se ensaña contra Virginia Laparra, añadieron.
El 3 de enero de 2023, la ex Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, fue trasladada al Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango desde la cárcel Matamoros, para lo que debería haber sido una audiencia corta y rutinaria. A solicitud de la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango, ese día la jueza Carmen Lucía Acú debía resolver de manera correcta un expediente de recusación que la defensa de la Sra. Laparra había presentado en su contra en octubre de 2022. De acuerdo con las y los representantes legales de la exfiscal, la jueza Acú no gozaba de la imparcialidad necesaria para conocer el segundo caso penal infundado contra la Sra. Laparra, dados los vínculos académicos de la jueza con el denunciante, el exjuez Lesther Castellanos.
A la espera de una resolución sobre su recusación y sometida a presiones por parte de la organización de extrema derecha Fundación Contra el Terrorismo, del abogado Omar Barrios, y del propio exjuez Lesther Castellanos, la jueza Acú aceptó todos ellos como querellantes adhesivos en el proceso, y anunció que, al no haber una razón fundamentada para que ella no conociera el caso, proseguiría con la audiencia de primera declaración, que duró 15 horas.
Virginia Laparra solicitó que se reprogramara la audiencia para preparar su defensa, lo cual fue desestimado. Además, a solicitud de la fiscalía, la jueza ordenó la reserva del caso y la expulsión de los medios de comunicación presentes en la sala, así como la de la abogada defensora Wendy López, y miembros de UDEFEGUA que observaban la audiencia, sin fundamentar su decisión. Fue el propio querellante Omar Barrios quien cerró la puerta de la sala tras su expulsión. Finalmente, la jueza Acú acabó imputando a Virginia Laparra por el supuesto delito de “revelación de información reservada”, y ordenó que se la mantuviera en prisión preventiva a la espera de la audiencia de fase intermedia, programada para el 21 de abril de 2023. La exfiscal Laparra permanece detenida en la cárcel Matamoros.
Los recursos que presentó la defensa de la Sra. Laparra contra todas las decisiones de la jueza Acú fueron denegados de manera sistemática. Éstas, además, podrían quedar anuladas si la Sala Quinta de Apelaciones resolviera positivamente la recusación presentada por la representación legal de Laparra, por lo que un nuevo juez o jueza debería conocer los mismos procedimientos judiciales desde el inicio.
Detenida desde febrero de 2022, la exfiscal Laparra fue condenada a cuatro años de cárcel conmutables el 16 de diciembre de 2022 por “abuso de autoridad en forma continuada” contra la administración pública. Este proceso penal se inició como represalia por varias denuncias administrativas que Virginia Laparra interpuso en 2018 contra Lesther Castellanos, entonces juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, por divulgar información de expedientes que se encontraban bajo reserva en una investigación a cargo de la Sra. Laparra como fiscal de la FECI sobre estructuras de corrupción en la municipalidad de Quetzaltenango. La reciente imputación de la Sra. Laparra está relacionada con los mismos hechos por los que ya ha sido sentenciada, por lo que no parece ser más que una estrategia para mantenerla en la cárcel.
El Observatorio y la UDEFEGUA condenan las numerosas violaciones al debido proceso y a un juicio justo cometidos contra Virginia Laparra por parte del sistema judicial guatemalteco, y urgen a las autoridades competentes a anular la sentencia condenatoria y a poner fin a todo acoso judicial en su contra, así como a liberarla de manera inmediata.
El Estado guatemalteco debe otorgar medidas de reparación integral a Virginia Laparra por los 11 meses de detención arbitraria a los que ha estado sujeta, así como poner fin a todo tipo de hostigamiento contra las y los operadores de justicia independientes en Guatemala y garantizar el correcto funcionamiento del sistema judicial y el Estado de derecho en el país.
Signatories
UDEFEGUA
