Ginebra-París-Guatemala, 8 de abril de 2022 – El desmantelamiento del Estado de Derecho en Guatemala y la cooptación de los poderes del Estado con una agenda política y económica corrupta en contra de los derechos humanos se recrudece y está teniendo efectos devastadores en las personas defensoras de derechos humanos, observan con preocupación la UDEFEGUA, CALDH, CCPR y el Observatorio (OMCT-FIDH), tras su visita al país.
Guatemala vive un contexto alarmante de captura y control de la institucionalidad pública por las élites económicas y políticas, hecho que ha incrementado la violencia y represión para la ciudadanía urbana y rural. Se han cerrado los espacios para la participación de la sociedad civil que no considera legítimo el proceso de elección de la Fiscalía General del Ministerio Público y que observa con preocupación nombramiento del próximo Procurador o Procuradora de Derechos Humanos ante la salida de Jordán Rodas Andrade, que hasta el momento se mantiene como la última instancia de protección de derechos.
Tres aspectos preocupan particularmente a la Misión Internacional realizada por el CCPR y el Observatorio entre el 28 de marzo y el 4 de abril en el país: i) la persecución y criminalización de personas operadoras de justicia anti corrupción, ii) la represión y criminalización racista contra líderes, lideresas y comunidades indígenas en defensa del territorio y los recursos naturales y iii) una serie de acciones legislativas, políticas y judiciales que han ido cerrando el espacio cívico y consolidando un régimen autoritario.
Las diferentes formas de hostigamiento contra quienes actúan dentro de un marco de derechos ya habían sido identificada en el informe “Una deuda sin saldar” publicado por el Observatorio y la UDEFEGUA en enero de 2021. La inexistencia de un sistema judicial garante del debido proceso y el derecho a la defensa ha generado: i) la instrumentalización del derecho penal para construir casos sin base legal ni pruebas, frente a los cuáles es imposible defenderse conforme a derecho, que además se ven agravados por la captura y control de las altas cortes ii) la obstaculización y mora en procesos penales con el objetivo de castigar y humillar a las personas perseguidas, que en el caso de personas indígenas monolingües se agrava por la carga de discriminación y, iii) dificultades de la defensa técnica penal de personas defensoras de derechos humanos para hacer positivo el derecho de defensa garantizada en la legislación nacional y estándares internacionales.
Este contexto ha forzado el continuado exilio de operadores judiciales y personas defensoras, así como un aumento generalizado de la migración. Al menos 23 miembros de la judicatura y la fiscalía, reconocidos por su labor independiente, se han visto forzados a salir del país desde abril de 2021, y por lo menos 10 Fiscales están siendo actualmente perseguidos penalmente.
“Es remarcable el ensañamiento particular hacia las mujeres. Hemos identificado un profundo carácter misógino y discriminatorio en los hostigamientos a las defensoras que lideran la lucha contra la impunidad y los derechos. Es el caso de los ataques en contra de la jueza Érika Aifán, la exmandataria de la CICIG, Leyli Santizo y las exfiscales de la FECI, Xiomara Sosa, Paola Escobar, Aliss Morán y Virginia Laparra” explicó Teresa Fernández Paredes, asesora de derechos humanos de la OMCT y parte la delegación internacional que visitó Guatemala.
La Fiscal Virginia Laparra se encuentra privada de libertad por un caso construido sin base legal y en preocupantes condiciones de detención, especialmente en lo relativo a la iluminación, la ventilación, la climatización, el saneamiento y el acceso al aire libre y el ejercicio físico, infringengiendo los estándares internacionales en el tratamiento de personas privadas de libertad, como, por ejemplo, las Reglas 12 a 23 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela), así como las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres (Reglas de Bangkok), y constitutivas de malos tratos.
En el interior del país, líderes indígenas y personas campesinas han sido criminalizadas por defender el agua, el territorio y los recursos naturales. La Misión observa con preocupación que el Ministerio Público es utilizado por empresas privadas para eliminar la legitima protección de los recursos que ejercen las comunidades. Es el caso de Marcelino Xol Cucul y Jorge Coc Coc, líderes campesinos del Comité Campesino del Altiplano CCDA de las Verapaces condenados a 35 años de cárcel por un delito que no cometieron. Su Comité sigue enfrentando ataques constantes: 1,000 órdenes de captura contra personas campesinas integrantes de la CCDA han sido emitidas en más de 42 de las 150 comunidades Q´eqchi´s que acompañan. En comunidades como Río Cristalino, conformada por 50 familias indígenas, se han girado 59 órdenes de captura; en otras como Nueva Libertad, conformada por 32 familias, se han girado 78 órdenes de captura. El 30 de marzo de 2022, 21 miembros de la comunidad de Chicoyogüito detenidos por manifestarse de manera pacífica exigiendo restitución de sus tierras que les fueron arrebatadas ilegalmente en el marco del conflicto armado interno, fueron enviados a juicio y se enfrentarán a un proceso penal que puede derivar en importantes penas de cárcel.
Frente a este contexto, Guatemala sigue sin dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales: han pasado 2.776 días desde la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de agosto de 2014, que ordenó al Estado de Guatemala impulsar de forma participativa una Política de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, y que aún no se ha cumplido.
“Estamos viviendo un retroceso que nos recuerda a la situación previa al conflicto armado interno. Si no cambia pronto esta tendencia podremos decir sin temor a equivocarnos que Guatemala se ha convertido en un estado totalitario donde todo aquél que cree en la democracia y los derechos humanos pasará a ser objetivo del Estado”, expresó Jorge Santos de la UDEFEGUA.
En el mismo sentido se han pronunciado los Comités de la ONU. El Comité de Derechos Humanos recalcó, en sus recientes observaciones de marzo de 2022, su profunda preocupación por la situación que enfrentan en el país las personas defensoras de derechos humanos, los operadores judiciales y los pueblos indígenas. El Comité contra la Tortura en su último informe de diciembre de 2018 ya pedía medidas concretas para erradicar la corrupción en el sistema judicial, penitenciario y policial, que favorecían la comisión de actos de tortura.
La ciudadanía guatemalteca se declara pues en resistencia ante un Estado que tortura, criminaliza y atenta contra la vida. Es un asunto de todas las personas hacer valer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas, todos y todes.
Para más información, por favor, contacten con:
OMCT: Iolanda Jaquemet: + 41 22 809 49 39
FIDH: José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650
UDEFEGUA: Jorge Santos: +502 4297 0094
CCPR: Mariel Merayo: +41 22 332 25 55
Signatories
La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) es una organizaciónque proporciona servicios a defensoras y defensores de derechos humanos enGuatemala y en países de la región Centroamericana desde el año 2000, para lageneración de capacidades individuales y colectivas la autogestión de riesgos.La UDEFEGUA es una organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT.
El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) es una organización de Derechos Humanos que ejerce la acción política autónoma valorando, construyendo e integrando los saberes, luchas y memorias de los pueblos y comunidades mayas, mujeres, juventudes y en alianza impulsa y acompaña procesos de rebeldías y resistencias por la emancipación de las opresiones racistas, clasistas y patriarcales, por la justicia histórica, la recuperación de la memoria, la resignificación de la historia y la defensa del cuerpo-tierra-territorio construyendo vidas libres de violencias.
El Centro para los Derechos Civiles y Políticos (Centro-CCPR) es una organización independiente y no gubernamental con misión de contribuir a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en todo el mundo. El Centro lo hace apoyando a la sociedad civil, así como conectando y comprometiendo a los actores clave en la aplicación de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU. El Centro se creó en Ginebra en 2008 y tiene oficinas regionales en Asia Central, Asia Pacífico, África y América Latina.
