Guatemala: Sin garantías de retorno para personas defensoras y operadores de justicia en exilio

Ginebra-París-Ciudad de Guatemala, 22 de julio de 2024 – Se estima que desde 2021 alrededor de 80 personas guatemaltecas están en el exilio a causa de su labor de defensa y lucha anticorrupción, ya que el Estado guatemalteco no ha promovido un plan de retorno que garantice su seguridad. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH), la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) urgen la adopción de una política integral para el retorno de las personas exiliadas que están siendo criminalizadas y perseguidas por el sistema de justicia por defender los derechos humanos.

A seis meses de la llegada al poder del Presidente Bernardo Arévalo en Guatemala, la captura del sistema de justicia por parte de grupos del poder político, económico y criminal continúa, poniendo en riesgo la labor de las personas defensoras de derechos humanos, abogadas, operadoras de justicia y periodistas independientes.

En los últimos años, la judicialización de la persecución ha supuesto un sinfín de actos de arbitrariedad donde, haciendo un uso indebido del derecho penal y de las instituciones de justicia, se ha buscado silenciar y reprimir las voces que reclaman justicia, exigen la rendición de cuentas y defienden los derechos humanos. Este clima de hostilidad y acoso judicial fue promovido abiertamente desde el gobierno del entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y con apoyo de la Fiscal General actual en el cargo, Consuelo Porras, reelecta en 2022.

Los actos de criminalización se han dirigido principalmente contra operadores de justicia anticorrupción y abogados independientes, los cuales se enfrentan a juicios sin garantías y donde el debido proceso no está garantizando. Tal ha sido el caso de la ex Fiscal contra la impunidad, Virginia Laparra, que fue detenida arbitrariamente el 23 de febrero de 2022, recientemente condenada a cinco años de prisión conmutable y exiliada ante este contexto de persecución el 17 de julio de 2024; o la criminalización de Claudia González, ex mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien fue detenida arbitrariamente el 28 de agosto de 2023. Ante este contexto de impunidad y arbitrariedad, otros procuradores de justicia que también fueron perseguidos, tales como el Sr. Juan Francisco Sandoval, ex titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), se vieron obligados a salir del exilio para resguardar su integridad personal y sus derechos.

La persecución por parte del sistema de justicia también se ha dirigido ampliamente en contra de las personas defensoras de derechos humanos, como ha sido el proceso judicial iniciado en noviembre del 2023 en contra de 27 personas defensoras, a las cuales se les dirigieron órdenes de captura por su labor de defensa de la libertad académica y la autonomía de la Universidad Estatal de San Carlos (USAC), y entre las cuales se encuentra el reconocido abogado Ramón Cadena Rámila.

La Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) estima que tan sólo en los primeros seis meses del 2024, 20 personas defensoras se han enfrentado a procesos de detención arbitraria y/o criminalización por su labor. Asimismo, en 2023, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró al menos 71 casos de ataques y represalias contra operadores de justicia que investigaban casos de corrupción grave y graves violaciones a derechos humanos, con un incremento del 69% con respecto a los datos del 2022. A pesar de la gravedad que implican estos datos, y en el caso particular de las personas en exilio, aún no existen garantías ni acciones promovidas desde el Estado guatemalteco para asegurar su retorno en condiciones de seguridad.

Ante este contexto de represión generalizada, personas defensoras se han visto obligadas a salir de Guatemala estos últimos años. Actualmente, alrededor de 80 personas defensoras se encuentran en exilio desde el 2021. Las personas que se han visto forzadas a salir del país lo hicieron porque ya tenían una orden de captura y un proceso de criminalización en su contra, o dado el temor a sufrir represalias por su labor. Algunas de estas personas que salieron exiliadas sin orden de detención, ni procedimientos penales preexistentes contra ellas, fueron objeto de una órden de captura una vez en el exilio.

Por lo tanto, el exilio se ha convertido en otra forma de represión para impedir la defensa de los derechos humanos. Al salir de su país de origen, las personas defensoras se han enfrentado no sólo al proceso de criminalización dirigido por las autoridades guatemaltecas con un impacto directo en su integridad y el ejercicio de sus derechos, sino que, también son víctimas de campañas de desprestigio y estigmatización en su contra. Además de enfrentarse a condiciones migratorias en los países de acogida que no contemplan integralmente la realidad de las personas defensoras, ni están diseñadas para atender la problemática de la persecución política y su judicialización.

Asimismo, en algunos de los casos, el Estado guatemalteco ha buscado promover acciones de represión trasnacional, intentando utilizar el sistema de notificaciones rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), para pedir la detención y posterior extradición de las personas defensoras en exilio; la INTERPOL ha tomado algunas medidas para evitar el uso de este sistema con fines políticos, tal cual lo marca el Artículo 3 de su estatuto; sin embargo, las autoridades en Guatemala siguen abusando del sistema de notificaciones rojas para continuar con la política de criminalización.

El riesgo del retorno es elevado, principalmente para las personas exilias con órdenes de captura y procesos de criminalización en su contra, dada la falta de protección por parte del Estado guatemalteco, y más para las personas defensoras que podrían llegar a enfrentarse a una detención arbitraria o un juicio sin las debidas garantías. En los últimos años se ha identificado que, de manera sistemática cuando los procuradores de justicia, periodistas independientes y personas defensoras se enfrentan al sistema de justicia, sus derechos humanos son violados, particularmente el derecho al debido proceso y la garantía de tener un juicio libre, imparcial y justo, así como a ser juzgados ante un tribunal o juez independiente, imparcial y competente.

La captura del sistema de justicia y la situación de las personas defensoras de derechos humanos, abogadas, operadoras de justicia y periodistas independientes también ha sido señalada por organismos e instituciones internacionales, tales como la OACNUDH, relatorías y mecanismos especiales de la Organización de las Naciones Unidas; y en resoluciones del Parlamento Europeo 2019/2618(RSP) y 2023/2831(RSP).

Por todo ello, el Observatorio, la UDEFEGUA y el CALDH hacen un llamado al Organismo Ejecutivo del Gobierno de Guatemala, encabezado por el Presidente, Bernardo Arévalo, y la Vicepresidenta, Karin Herrera, así como a las autoridades competentes en Guatemala, a adoptar una política integral para el retorno de las personas en exilio que están siendo criminalizadas y perseguidas por el sistema de justicia y que son víctimas de la judicialización de la persecución; garantizando condiciones para su regreso de manera segura y con garantías de protección.

Igualmente, el Observatorio, la UDEFEGUA y la CALDH hacen un llamado al sistema de justicia guatemalteco para poner fin a la política de persecución y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, abogadas, operadoras de justicia y periodistas independientes en Guatemala, garantizando el respeto integral de su labor y asegurando su integridad física y psicológica.

El Observatorio, la UDEFEGUA y la CALDH recuerdan al Estado guatemalteco que según el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio”, además de “nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”. Además, el Estado guatemalteco tiene la obligación de cumplir con sus responsabilidades internacionales en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; poniendo particular atención a las resoluciones 18 y 40 del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en lo que respecta a la repatriación voluntaria.