Honorables autoridades guatemaltecas,
Reciban un cordial saludo desde el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio), un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).
Nos dirigimos a ustedes con el objetivo de renovar nuestro llamado para que se cesen los procesos de criminalización, persecución y represión transnacional desde el Poder Judicial del Estado Guatemalteco a varias personas defensoras de derechos humanos.
Durante los últimos años, el Observatorio ha denunciado la persecución sistemática que el Ministerio Público ha ejercido en contra de personas defensoras de derechos humanos. Destacamos en particular los casos de los estudiantes, personal académico, investigadores y otras personas vinculadas a la comunidad académica que han participado en la lucha por la libertad y la autonomía académica, así como en la ocupación pacífica de la Universidad Estatal de San Carlos de Guatemala (USAC) en 2022.
Como se mencionó en un comunicado del 23 de noviembre de 2023 sobre la persecución penal contra personas defensoras de la libertad académica y la autonomía de la USAC, y en una carta abierta del 2 de julio de 2024 sobre el caso del abogado de derechos humanos Sr. Ramón Cadena, numerosas de estas personas defensoras han enfrentado procesos de represión y criminalización, sufriendo órdenes de allanamiento y de aprehensión y sido víctimas de detención arbitraria.
El Observatorio recuerda que el proceso de persecución judicial y de criminalización en contra de personas vinculadas a la comunidad académica que participaron de la ocupación pacífica de la USAC en 2022 viola los principios interamericanos sobre la libertad académica y la autonomía universitaria. Esta represión sistemática constituye una violación a los derechos a la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, reconocidos y subscritos por el mismo Estado guatemalteco.
El Observatorio condena enérgicamente la criminalización y la persecución persistente contra defensores de derechos humanos en Guatemala. Desde 2021, alrededor de 80 personas guatemaltecas se vieron forzadas al exilio a causa de su labor de defensa de derechos humanos y lucha anticorrupción. Sin embargo, los procesos de criminalización siguen acompañándolos más allá de las fronteras del país. El Observatorio denuncia la tendencia creciente de las autoridades judiciales guatemaltecas en recurrir a la represión transnacional como método de criminalización y persecución judicial, bajo la cual varias personas defensoras han sido objeto de solicitudes de alertas rojas para su detención internacional ante la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
Asimismo, el Observatorio señala que el uso abusivo del sistema de alertas rojas de mandatos de captura internacional de INTERPOL para fines de persecución política constituye una violación flagrante del artículo 3 del Estatuto de la INTERPOL. Denunciamos concretamente que el Ministerio Público de la Fiscal General Consuelo Porras haya solicitado a la INTERPOL una alerta roja para la detención del Sr. Ramón Cadena y otras personas defensoras.
El Observatorio recuerda el proceso de criminalización al Sr. Ramón Cadena viola sus derechos fundamentales, tal como están reconocidos en instrumentos internacionales y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el derecho a la libertad y seguridad personal; el derecho a la defensa de los derechos humanos, y el derecho a un juicio justo, a comparecer ante un juez independiente e imparcial, con un proceso garantizado por las normas del debido proceso.
El Observatorio da la bienvenida a la decisión de INTERPOL de rechazar emitir esta orden de captura internacional bajo los términos del artículo 3 de su Estatuto. Este rechazo constituye un reconocimiento crucial de la naturaleza persecutoria de los cargos imputados a estas personas defensoras de derechos humanos, sino que compromete seriamente la reputación del Estado de Guatemala, que queda cada vez más marcado en la esfera internacional por una alarmante acumulación de violaciones de derechos humanos.
El Observatorio insta al Estado guatemalteco que promueva un plan integral de retorno seguro y voluntario con garantías de protección para las personas defensoras que se encuentran en el exilio, en coordinación con organismos internacionales como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Sin un plan de estas características, las personas defensoras no podrán regresar al país sin temor a enfrentar detenciones arbitrarias o juicios que incumplen con las debidas garantías procesales.
En vista de los hechos presentados, el Observatorio les solicita:
- Poner fin de manera inmediata a la política de persecución, criminalización y represión transnacional en contra de las personas defensoras de derechos humanos de Guatemala;
- Anular todas las órdenes de captura, a nivel nacional y las solicitudes de captura a nivel internacional, en contra de las personas criminalizadas por su labor de defensa de derechos humanos de Guatemala;
- Garantizar que todas las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala puedan llevar a cabo sus actividades profesionales legítimas sin temor a represalias y libres de toda restricción indebida, incluido el acoso judicial, la detención arbitraria, la privación de la libertad u otras sanciones arbitrarias;
- Impulsar una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos que están siendo criminalizadas y acosadas por el Poder Judicial del Estado de Guatemala, que incluya componentes de protección, prevención, lucha contra la impunidad, reparaciones integrales, incluyendo compensación, rehabilitación, y retorno seguro;
- Garantizar los derechos al debido proceso, a la defensa legal y el acceso a la justicia en el caso del Sr. Ramón Cadena y de las otras personas defensoras de derechos humanos asegurando que cuenten con todas las garantías procesales y respetando los tiempos y plazos jurídicos que señala la Constitución Política de la República de Guatemala;
- Cumplir con el derecho al retorno voluntario y seguro de todas las personas defensoras de derechos humanos que se vieron forzadas a salir del país debido a procesos de persecución judicial y de criminalización. Este retorno debe realizarse en coordinación con el ACNUR, asegurando medidas de protección integral y garantías de no repetición.
Confiando en su compromiso con los derechos humanos, la protección de las personas defensoras de derechos humanos y agradeciendo su atención a la presente, quedamos a su disposición para proporcionarles cualquier información adicional que les fuera necesaria.
Atentamente,
