Ginebra-París-Ciudad de Guatemala, 11 de abril de 2022 – Las detenciones arbitrarias y el uso del derecho penal indebidamente para castigar a operadoras y operadores de justicia por su trabajo independiente, han desembocado en el desmantelamiento del Estado de Derecho en Guatemala, denunciaron el Observatorio (OMCT-FIDH) y la UDEFEGUA. Las autoridades guatemaltecas deben garantizar la seguridad y el trabajo de la totalidad de operadoras y operadores de justicia independientes y revertir la cultura de corrupción y la estructura de impunidad que persiste en el país.
La Sra. Virgina Laparra Rivas, recientemente destituida como Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quezaltenango, fue detenida arbitrariamente el 23 de febrero de 2022 en la zona siete de la ciudad de Quetzaltenango a solicitud del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal de Guatemala por la presunta comisión de los “delitos de falso testimonio”, “abuso de autoridad” y “usurpación de funciones”. El caso se origina en varias denuncias administrativas que, en el ejercicio de su labor como Fiscal, y en el marco del juicio contra los responsables de varias estructuras de corrupción en la Municipalidad de Quetzaltenango, Virginia Laparra presentó contra el entonces juez Lesther Castellanos con jurisdicción en Quetzaltenango, por divulgar información de expedientes que se encontraban bajo reserva. La ex Fiscal Laparra fue detenida bajo la tesis espuria de que solo la Fiscal General podía presentar denuncia contra un juez y que debió haberla presentado en Guatemala. La detención arbitraria y criminalización de la Sra. Laparra están, por tanto, relacionados con su trabajo independiente como Fiscal de la FECI.
Tras su arresto, el juzgado de turno de Quetzaltenango ordenó el traslado de Virginia Laparra a Ciudad de Guatemala, el cual se llevó a cabo de madrugada en una patrulla de la Policía Nacional Civil. Durante el trayecto, que duró unas siete horas, la Sra. Laparra fue privada de agua y comida. Además, sufrió gravemente debido a la angustia psicológica ante la posibilidad de agresiones y atentados contra su vida durante el trayecto. La Fiscal ingresó en el Edificio de Tribunales de Ciudad de Guatemala en horas de la mañana, donde permaneció detenida 15 horas sin que se llevara a cabo la audiencia de primera declaración y en un ambiente altamente hostil para las y los funcionarios judiciales, quienes han sufrido agresiones violentas en estas instalaciones.
El 24 de febrero de 2022, a medianoche, la Fiscal Virginia Laparra fue trasladada a la Unidad Militar de Mariscal Zavala, donde permanece detenida de manera arbitraria en el momento de publicación de este Pronunciamiento. Después de que la audiencia de primera declaración se cancelara hasta seis veces, el 3 de marzo de 2022, el juez séptimo penal de Guatemala imputó la Sra. Laparra y ordenó su prisión preventiva.
El Observatorio y la UDEFEGUA muestran preocupación ante las condiciones de detención en las que se encuentra la Fiscal Virginia Laparra. Está detenida en una celda de aislamiento de aproximadamente 15 metros cuadrados, con baño interno, sin ventanas y con una reja de entrada de aire. La puerta de acceso a su celda permanece cerrada 23 horas al día, solo le es permitida una hora de luz solar y las visitas carcelarias se realizan en la misma celda. Según la información recibida, la decisión del Sistema Penitenciario respecto a la celda de aislamiento tiene como objeto la protección de la detenida dado el alto número de casos que ha investigado y que terminaron en condenas por corrupción de altos funcionarios, algunos de los cuales están cumpliendo condena en el mismo lugar. Sin embargo, el Observatorio y la UDEFEGUA muestran su preocupación por el hecho que, pese a que no está en celda de aislamiento como medida sancionadora, sí se le aplican las restricciones propias del aislamiento, es decir, el cierre de la puerta durante su estancia en la misma, lo que, dadas las condiciones de la celda, supone un trato cruel, inhumano o degradante, sino tortura.
El Gobierno de Alejandro Giammattei ha establecido un clima hostil contra las operadoras y operades de justicia que velan por un sistema de justicia independiente y contra la impunidad. En este marco, miembros de la FECI y ex-miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han sido detenidas y detenidos arbitrariamente y criminalizadas y criminalizados, incluyendo la ex Fiscal de la FECI Siomara Sosa y la exmandataria de la CICIG Leily Santizo. Además, desde abril de 2021, al menos 23 operadoras y operadores de justicia independientes se han visto obligadas y obligados a salir del país para proteger su integridad y la de sus familias. Es el caso del ex Fiscal de la FECI Juan Francisco Sandoval y de Erika Aifán, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Mayor Riesgo “D”.
El Observatorio y la UDEFEGUA condenan energéticamente la detención arbitraria, la criminalización y las condiciones de detención de la ex Fiscal Virginia Laparra y reiteran que, el propósito de este proceso penal es en sí mismo una represalia por ejercer su trabajo de manera objetiva, independiente e imparcial contra estructuras de crimen organizado y corrupción en Guatemala que involucran a altos funcionarios del Estado.
El Observatorio y la UDEFEGUA urgen a las autoridades guatemaltecas a liberar inmediatamente a la ex Fiscal Virginia Laparra y a poner fin al hostigamiento judicial en su contra y contra el conjunto de operadoras y operadores de justicia criminalizados. Ambas organizaciones reiteran su llamado a las autoridades a tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica y la seguridad de la ex Fiscal Virginia Laparra y así como las del conjunto de operadoras y operadores que luchan contra la impunidad en Guatemala.
Signatories
La Unidad de Protección a Defensores yDefensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) es una organizaciónque proporciona servicios a defensoras y defensores de derechos humanos enGuatemala y en países de la región Centroamericana desde el año 2000, para lageneración de capacidades individuales y colectivas la autogestión de riesgos. La UDEFEGUA es una organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT.
