Ecuador: Justicia y responsabilidad corporativa en el caso de esclavitud moderna contra Furukawa C.A.

9 de abril de 2024 - Las organizaciones internacionales de derechos humanos abajo firmantes, incluidas la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización mundial contra la tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, condenamos en los términos más enérgicos las condiciones inhumanas que se han impuesto a las comunidades afectadas por Furukawa Plantaciones S.A. y sus directivos durante generaciones, y expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los defensores de los derechos humanos trabajadores de Furukawa Plantaciones S.A.

El grupo de organizaciones internacionales de derechos humanos que ha estado acompañando y pidiendo justicia en el caso de esclavitud moderna contra Furukawa Plantaciones S.A. en Ecuador celebra que la Corte Constitucional de Ecuador vaya a tratar el caso en los próximos días. La audiencia tendrá lugar el 9 de abril, dando impulso a un proceso que tiene el potencial de sentar un precedente histórico en la lucha contra la esclavitud contemporánea no sólo en Ecuador, sino en toda la región. Además, el 18 de abril empezará otro caso relacionado en el Tribunal Penal de Santo Domingo, en el que tres directivos de Furukawa S.A. y la propia empresa se enfrentan a cargos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

Cientos de familias han trabajado para Furukawa Plantaciones S. A. en las zonas de Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo durante más de 60 años, viviendo en campamentos dentro de las plantaciones de la empresa durante generaciones, soportando condiciones irregulares de salario, explotación, falta de acceso a servicios básicos adecuados, educación, salud, saneamiento y otras violaciones de sus derechos. Miembros de la comunidad, incluidos niños, tienen problemas crónicos de salud, en parte debido al polvo que desprende la fibra de abacá al secarse, que penetra en sus vías respiratorias y pulmones. Durante años, no tuvieron electricidad ni agua potable.

Las dos próximas audiencias son ante todo un reflejo de la valentía y resistencia de las comunidades de abacaleros de las zonas de Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo en su búsqueda de justicia con el apoyo del Comité de Solidaridad Furawaka Nunca Más conformado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Centro de Derechos Económicos y Sociales, Coordinadora Nacional Campesina, Afrocomunicaciones y Observatorio Social de Derechos. Durante años, las y los abacaleros han intentado reclamar sus derechos y denunciar sus condiciones de trabajo y de vida ante diferentes autoridades locales y nacionales sin un seguimiento adecuado y enfrentándose a represalias, intimidaciones e intentos de criminalización por parte de la empresa. En ese contexto, la lucha permanente de los defensores de derechos humanos da lugar a que el Estado ecuatoriano reconozca el importante rol de los defensores de derechos humanos en la búsqueda y garantía de los derechos humanos.

El caso ahora ante la Corte Constitucional ha pasado por un largo proceso judicial, con varias incursiones de la empresa para intentar disuadirlo. El 15 de enero de 2021, el tribunal ecuatoriano de primera instancia reconoció por primera vez que las condiciones de los trabajadores de Furukawa Plantaciones S.A. constituían una violación del derecho a la igualdad, la no discriminación, la prohibición de la servidumbre de la gleba, el derecho a la salud, la vivienda, la educación y la identidad. El 15 de octubre 2021, la corte de apelación ratificó el fallo de primera instancia, y claras medidas de reparación fueron establecidas. En apelación presentada por la empresa, la Corte Provincial de Justicia de la región de Santo Domingo de los Tsáchilas confirmó la responsabilidad de la empresa, pero exoneró de responsabilidad al Estado ecuatoriano. La decisión no revocó las medidas de reparación a favor de los trabajadores. Desde entonces, las comunidades de abacaleros afectados esperan que se cumpla el fallo judicial y se haga justicia, en una situación de total precariedad económica que los dejó vulnerables a los intentos de acoso y criminalización llevados a cabo por Furukawa Plantaciones S.A. para silenciarlos.

El 9 de abril, la Corte Constitucional de Ecuador determinará si confirma la responsabilidad de Furukawa Plantaciones S.A., la responsabilidad por omisión del Estado de Ecuador y se pronunciará en materia de reparaciones. Según el sistema judicial ecuatoriano, la sentencia de la Corte Provincial de Justicia en apelación es firme y debe ser ejecutada, por lo que Furukawa Plantaciones S.A. ya debería haber cumplido con su obligación legal de reparar a los trabajadores. La Corte Constitucional debe dejar claro que este retraso en cumplir el fallo judicial por parte de Furukawa Plantaciones S.A. va en contra del Estado de Derecho y no será tolerada por más tiempo.

En la causa penal, el Juzgado Penal de Santo Domingo empezará a juzgar la responsabilidad de Furukawa Plantaciones S.A. y tres de sus directivos por trata de personas con fines de explotación laboral. Si se les declara culpables, los directivos podrían enfrentarse a penas de prisión y podrá ser determinada la disolución de Furukawa Plantaciones S.A en el país.

Furukawa Plantaciones S.A. ha buscado dilatar ambos procesos judiciales durante años, con estrategias procesales que buscaron impedir que la justicia del Estado ecuatoriano siga su curso, además de presionar e intimidar directamente a los trabajadores y ex trabajadores para que abandonen el caso. Recientemente, el jueves 4 de abril, la gerencia de Furukawa Plantaciones S.A., flanqueada por personal de los Ministerios de Trabajo y Salud Pública y de las fuerzas de seguridad, visitó los campamentos donde vive parte de los abacaleros en un intento de intimidarlos y hacerlos desistir del caso. Esto en flagrante violación a las medidas de protección establecidas por el juez de garantías penales de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En las próximas semanas, Ecuador tendrá una oportunidad histórica para corregir los errores cometidos contra estas comunidades y dar un paso decisivo en la lucha contra la esclavitud moderna y la responsabilización de las empresas. El Estado ecuatoriano debe presentar garantías claras de que esta situación no se repetirá, poniendo en marcha políticas públicas de lucha contra la esclavitud y la trata de personas, y estableciendo una estricta supervisión estatal de las empresas. La decisión judicial también sienta un precedente optimista para los defensores de los derechos humanos que buscan justicia en el país.

Las organizaciones internacionales de derechos humanos abajo firmantes condenamos en los términos más enérgicos las condiciones inhumanas que se han impuesto a las comunidades afectadas por Furukawa Plantaciones S.A. y sus directivos durante generaciones, y expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los defensores de los derechos humanos trabajadores de Furukawa Plantaciones S.A. Por esta razón, las organizaciones abajo firmantes:

Llamamos a la Corte Constitucional de Ecuador :

• que haga justicia confirmando la responsabilidad de Furukawa Plantaciones S.A. y su obligación de cumplir con sus responsabilidades hacia las y los abacaleros implementando las reparaciones establecidas por los tribunales;
• que restablezca la responsabilidad del Estado ecuatoriano por omisión, tal y como se estableció en la sentencia original.

Llamamos a la Corte Penal de Santo Domingo :

• a que responsabilice a la dirección de Furukawa Plantaciones S.A. de los cargos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, y poner fin al ciclo de impunidad que ha durado generaciones.

Hacemos un llamado al Estado ecuatoriano :

• a desarrollar políticas públicas de protección para luchar contra la esclavitud contemporánea y la trata de personas con fines de explotación laboral en el país. Este proceso debe ser participativo y transparente, con la participación directa de los defensores de derechos humanos y la sociedad civil;
• para que desarrolle políticas públicas e iniciativas concretas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos que sufren diferentes tipos de violaciones, ataques, procesos de criminalización e intimidación en sus luchas por derechos en todo el país;
• desarrollar políticas públicas y legislación acordes con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, y establecer una estricta supervisión estatal de las prácticas empresariales para evitar situaciones similares en el futuro.