Ginebra-París-Managua, 3 de noviembre de 2021 – En vísperas de las elecciones generales del 7 de noviembre, el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denuncian el repertorio de leyes creado para reprimir a las personas defensoras de derechos humanos y a los opositores políticos.
Son más de 150 personas detenidas en el contexto de la represión en Nicaragua. Mediante un marco normativo represivo que busca asfixiar a la sociedad civil nicaragüense, desde mayo de 2021, han sido detenidas 39 personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos, incluyendo 7 pre-candidatos presidenciales. Igualmente, desde 2018, se han cerrado 50 organizaciones no gubernamentales.
Las organizaciones publican hoy el Informe “Las nuevas leyes de la represión” que detalla la nueva etapa iniciada el 20 de octubre de 2020 en la escalada de represión en Nicaragua. Esta etapa está caracterizada por la promulgación de leyes restrictivas que controlan abusivamente las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Además, ponen bajo sospecha su financiamiento internacional, asumiendo que es un instrumento de intervención extranjera o un mecanismo del crimen organizado y del terrorismo, convirtiendo el derecho a asociarse para defender derechos humanos y el ejercicio de derechos civiles y políticos en delitos o ciberdelitos que pueden terminar llevando a las personas a la cadena perpetua, por presuntamente promover el odio nacional.
Son las leyes sobre “Agentes Extranjeros”, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Ley sobre Ciberdelitos y la Reforma Constitucional al artículo 37, las cuales se suman a la Ley contra el Lavado de Activos y a la Ley 1060, que, entre otros, expande el término de detención de 48 horas a 90 días, sin las mínimas garantías del debido proceso.
El gobierno ha pretendido instalar un discurso oficial que construye como enemigo interno a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositoras, lo que claramente representa un intento de disuadir a la gente de defender los derechos humanos, atemorizar a quienes lo critican y someterlos al silencio.
Bajo este contexto, ad portas de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, sin oposición democrática y con el trabajo y las voces de quienes defienden los derechos humanos acalladas, Nicaragua afianza un régimen totalitario .
El Observatorio y el CENIDH urgen a las autoridades nicaragüenses y a la comunidad internacional a tomar todas las medidas necesarias para reinstaurar el Estado de Derecho en Nicaragua y garantizar las libertades de expresión y asociación en el país. El aparato judicial nicaragüense debe rescatar y dar primacía al principio de independencia de la justicia. Asimismo, las organizaciones exigen la liberación inmediata de las más de 150 personas detenidas en el marco de la represión y el fin de su criminalización y a la derogación de toda la normativa represiva.
