París-Ginebra, 25 de mayo de 2022 – En el marco de las elecciones presidenciales, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) llama al futuro gobierno de Colombia a asumir desde el primer día de su mandato, un compromiso tangible en la protección a personas defensoras de derechos humanos.
El deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, así como la consolidación y expansión de grupos armados de diverso tipo a lo largo de los cinco años de vigencia del Acuerdo de Paz, ponen de manifiesto que la falta de implementación del mismo ha contribuido a una reconfiguración de la violencia en los territorios. Esto ha puesto en alto riesgo a comunidades, procesos organizativos, personas en proceso de reincorporación y a las personas defensoras de derechos humanos. Todas ellas están viendo diariamente cómo sus derechos son vulnerados y cómo se restringe el espacio cívico donde ejercerlos de manera libre y segura.
El Observatorio recuerda que el mandato de Iván Duque ha estado marcado por un recrudecimiento de la violencia y un debilitamiento de los Acuerdos de Paz. En diciembre de 2021, la FIDH, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), organización miembro de la FIDH, de la Red SOS tortura de la OMCT, así como el programa Somos Defensores, denunciaron en el informe “Colombia: Muertes Anunciadas”, la ausencia de políticas efectivas de protección y prevención estatal que detengan los homicidios contra las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Desde 2018, año del inicio del Gobierno del Presidente Iván Duque, hasta junio de 2021, ocurrieron 572 homicidios de lideres sociales y personas defensoras de derechos humanos, 254 homicidios de excombatientes de las extintas FARC-EP y 184 masacres.
El panorama electoral es una nueva oportunidad para el Estado de Colombia de comprometerse realmente con la protección a personas defensoras, de poner fin a todo tipo de amenazas, atentados y actos de hostigamiento, y también de ofrecer garantías para el ejercicio de los derechos humanos en Colombia. Es por ello que el Observatorio llama al nuevo gobierno colombiano a:
Comprometerse públicamente con la implementación integral del Acuerdo de Paz, asumiendo su carácter de compromiso de estado, de manera general y particularmente en lo relativo a las garantías de seguridad.
Adoptar una política pública de garantías para las personas defensoras de derechos humanos y población en situación de vulnerabilidad, que tome en cuenta los dispositivos creados por el Acuerdo de Paz y las propuestas de las redes de derechos humanos, garantizando su debida participación y adoptando un enfoque de seguridad humana alejado de la visión militarista que sigue siendo dominante.
Implementar de forma ágil, fortalecer y ampliar el Programa Integral de Seguridad para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, garantizando igualmente la plena participación de los interesados en el diseño, ejecución y evaluación de los mismos.
Desarrollar una campaña permanente de respaldo a labor de defensa de los derechos humanos en Colombia.
