Colombia: Ataques y hostigamiento contra el abogado del CAJAR Santiago Salinas Miranda y Erika Isabel Prieto Jaime

El Observatorio ha recibido información sobre hechos de ataque y hostigamientos contra el abogado Santiago Salinas Miranda miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), organización miembro de la FIDH y de la OMCT.

El 8 de enero de 2024, Santiago Salinas se encontraba con su esposa, Erika Isabel Prieto Jaime, también defensora de derechos humanos, en el supermercado Colsubsidio de la Calle 26 con carrera 34 en Bogotá, aledaño a su vivienda, a las 3:10 p.m, cuando se percataron de la presencia de dos mujeres que hablaban de ellos y los señalaban. El abogado reconoció a las mujeres y recordó que habían hecho presencia en distintos espacios institucionales del CAJAR, generando escándalos y actos de saboteo. El abogado y su esposa procedieron a grabarlas con el teléfono a lo que las mujeres reaccionaron violentamente, gritando, manifestando informaciones sobre que sabían quién era él, mencionando el lugar donde trabajó la esposa y otros datos precisos de otros integrantes del CAJAR. Luego la señora de más edad arrojó al Sr. Salinas el café caliente que llevaba en la mano que le habría ocasionado quemaduras en el pecho. Durante los hechos las mujeres habrían realizado afirmaciones como que próximamente iba a estallar una bomba, sin aclarar a qué se refería y señalando los lugares donde otra de las abogadas del Colectivo y también defensora de derechos humanos, Diana Marcela Otavo, había trabajado, lo que indicaría un perfilamiento detallado.

Después de los hechos, las dos mujeres trataron de huir, acción que fue impedida por la seguridad del supermercado, requerida por Erika Prieto para que se aguardara la presencia policial. El cuadrante de Policía condujo a las agresoras al Comando de Atención Inmediata de la Policía - CAI de Teusaquillo para registrar sus datos y luego a la Unidad de Respuesta Inmediata - URI de Puente Aranda, donde Santiago Salinas Miranda denunció lo sucedido e informó a las autoridades que había visto con anterioridad a su agresora en una Audiencia Pública en el Congreso de la República sobre empresas y derechos humanos.

Los y las integrantes del CAJAR que han venido siendo hostigados por estas personas son parte del equipo de profesionales que hacen seguimiento a las prácticas de interferencia y a los impactos de algunas empresas de la industria de ultra procesados y bebidas endulzadas en el marco de la campaña “Dulce Veneno – el antídoto es la verdad”, así como a procesos de impactos socio - ambientales en los territorios por parte de empresas transnacionales.

El CAJAR denuncia que estas dos mujeres han hecho presencia de forma intimidatoria en al menos cuatro oportunidades hostigando o intimidando a miembros del CAJAR.

El Observatorio recuerda que integrantes del CAJAR han sufrido distintos ataques desde la fundación de la organización, incluida la intrusión ilegal en el domicilio de la abogada y vicepresidenta de la organización Soraya Gutiérrez Argüello en abril de 2023. Por esta razón, en 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas cautelares a su favor. Además, desde 2020, se adelanta un caso judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por los ataques que han sufrido el CAJAR y sus integrantes.

El Observatorio expresa su profunda preocupación por los ataques sufridos por el abogado Santiago Salinas Miranda, su esposa Erika Isabel Prieto Jaime y las y los otros integrantes del CAJAR, los cuales no sólo afectan directamente su vida e integridad física y psicológica, sino que impactan negativamente en el ejercicio de defensa de derechos humanos que realiza el CAJAR.

Por esto, les solicita a las autoridades colombianas que garanticen la protección de Santiago Salinas Miranda, su esposa Erika Isabel Prieto Jaime y la de todas las personas integrantes del CAJAR y de sus familias y emprendan una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial sobre los hechos de ataque y hostigamientos por parte de las dos mujeres ya identificadas y denunciadas, se identifiquen plenamente a todos los responsables materiales e intelectuales, sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y reciban las sanciones penales y de otra naturaleza judicial previstas en la normativa interna.