Colombia: Amenazas de muerte contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos

El Observatorio ha recibido información del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), organización miembro de la OMCT, y del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), organización miembro de la OMCT y la FIDH, sobre amenazas de muerte contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia, incluido Juan David Rivera, miembro del CSPP, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS) y el CAJAR.

El 2 de diciembre de 2021, Juan David Rivera advirtió que un individuo en bicicleta le seguía mientras paseaba por la calle en Bogotá junto con su mascota, por lo que intentó alejarse. Sin embargo, el individuo lo interceptó y le preguntó información sobre un parque cercano. Posteriormente, el individuo se levantó la camiseta y le mostró un arma, indicando que era “de limpieza social” y preguntó al defensor de derechos humanos sobre su trabajo. Juan David Rivera se alejó del individuo; sin embargo, éste lo interceptó de nuevo y le ordenó que hablara y que le diera su cédula de identidad. El individuo se levantó la camiseta de nuevo y preguntó a Juan David Rivera si no temía por su vida, y añadió “usted quiere que le meta un pepazo en la cabeza”, refiriéndose a un disparo. Juan David Rivera no llevaba encima su cédula de identidad, por lo que le fue requerido que entregara su teléfono móvil y mostrara “los dos últimos números para ver que no es el número del comité ese de presos”. A continuación, el individuo sacó su arma, apunto a Juan David Rivera a la cabeza y amenazó “le estalla la cabeza y el Comité de Presos no lo va a venir a salvar. Esos hijueputas [sic] izquierdosos no lo van a venir a ayudar”. El individuo se alejó en bicicleta con el teléfono móvil de Juan David Rivera cuando percibió que había otras personas presentes en la calle.

El Observatorio expresa su más alta preocupación por las amenazas de muerte contra Juan David Rivera y el CSPP y recuerda que en reiteradas ocasiones esta organización y sus miembros han sido víctimas de actos de intimidación, múltiples ataques y amenazas de muerte por su legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos. En los últimos meses, estas amenazas han incrementado de manera preocupante. Así, de acuerdo con el CSPP, el 18 de noviembre de 2021, Walter Agredo, coordinador de la seccional Valle del CSPP recibió amenazas de muerte mediante un panfleto firmado por el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Días antes, el 13 de noviembre, Adriana Lizarazo, su familia y la seccional Santander del CSPP fueron asimismo amenazados por una persona que se identificó como perteneciente a las AGC. El 23 de septiembre de 2021, el abogado de la seccional Atlántico del CSPP Deivi Flores recibió amenazas de muerte a través de una llamada telefónica. Posteriormente, María Cedeño, coordinadora de la seccional Atlántico y Secretaria General del CSPP, recibió llamadas desde el mismo número de teléfono usado para amenazar al Sr. Flores. Finalmente, el 22 de septiembre de 2021, Flor Múnera, coordinadora de la seccional Tolima del CSPP recibió un panfleto con amenazas de muerte firmado por Águilas Negras – Bloque Capital.

Asimismo, el 4 de diciembre de 2021, se conoció a través de la cuenta Twitter de Reynaldo Villalba, Vicepresidente de la FIDH y Presidente del CAJAR, un panfleto firmado por Águilas Negras – Bloque Capital en el que se profieren amenazas contra numerosas personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, incluido el MOVICE, ANDAS y el CAJAR.

En el documento se lee:

“Es hora de que los terroristas y narcotraficantes disfrazados de corbata o con capuchas, igual que los periodistas al servicio de la guerra sucia y militantes activos sepan que ha llegado su hora y que no vamos a tolerar que uno más de los asesinos de nuestros campesinos lleguen a ocupar cargos públicos, eso lo tuvieron con el traidor de Juan Manuel Santos, pero ya no habrá en Colombia otro presidente pusilánime que entregue la patria a la narco guerrilla.” Allí se señala que además de las organizaciones mencionadas y a otras personas representantes de partidos políticos, “y todos los militantes de las primeras líneas que tenemos identificados, serán las primeras cabezas que rodaran [sic] como ejemplo para el resto de malparidos que crean que estamos jugando”.

El Observatorio reitera su preocupación por el contexto de violencia en el que operan las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, habiéndose contabilizado 152 agresiones contra líderes y lideresas sociales y personas defensoras desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2021, de acuerdo con las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 se han asesinado a 831 personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales, según la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Por todo ello, el Observatorio urge a las autoridades colombianas a tomar de manera inmediata las medidas necesarias para asegurar la seguridad y la integridad física y psicológica de la membresía del CSPP, del CAJAR, de MOVICE, de ANDAS y sus familias, y a llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a las amenazas de muerte arriba mencionadas.

Es deber del Estado colombiano tomar todas las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de violaciones graves de derechos humanos. El Estado debe comprometerse públicamente con la implementación integral del Acuerdo de Paz, asumiendo su carácter de compromiso de Estado, y particularmente en lo relativo a las garantías de seguridad para comunidades, organizaciones y liderazgos sociales.