El Observatorio para la Protecciónde los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la OrganizaciónMundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgenteante la siguiente situación en Brasil.
Descripciónde la situación:
El Observatorio ha recibido conprofunda preocupación información de fuentes fidedignas sobre el desalojoforzoso y el destrozo de la comunidad Quilombo Campo Grande del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)[1],situada en el municipio de Campo do Meio, en Minas Gerais, al sureste de Brasil[2].
Según la información recibida, el 12de agosto de 2020, por la mañana, 150 miembros de la Policía Militar del Estadode Minas Gerais, acompañados de 20 vehículos policiales y varios helicópteros,iniciaron el desalojo violento de la comunidad Quilombo Campo Grande, al que seopusieron de forma pacífica los miembros de la comunidad durante 56 horas.
El 13 de agosto, en horas de lamañana, la policía desalojó un almacén de productos y herramientas agrícolas,así como la escuela para niños, jóvenes y adultos de la comunidad, conocidacomo Escuela Popular Eduardo Galeano, la cual fue derribada posteriormente conun tractor. Ese mismo día, por la tarde, personas desconocidas prendieron fuegoa los campos de cultivo de la comunidad.
El 14 de agosto, los agentes de laPolicía Militar prosiguieron con el desalojo, haciendo uso de gaseslacrimógenos y vuelos bajos de los helicópteros como acto intimidatorio contralas personas de la comunidad.
A lo largo de los tres días, untotal de catorce familias fueron desalojadas, las cuales han sido acogidas por las familias de la comunidad Quilombo CampoGrande que no fueron desalojadas.
El desalojo de Quilombo Campo Grandese llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial de reintegración depropiedad[3]dictaminada por la Sala Agraria del Tribunal de Justicia de Minas Gerais(TJ-MG) en febrero de 2020, por la que se ordena la reintegración de un totalde 52 hectáreas del terreno en el que se encuentra la comunidad.[4].
Sin embargo, según las mismasinformaciones, la Policía Militar procedió al desalojo violento de familias queresidían en terrenos que no estaban incluidos en la orden de reintegración depropiedad. De la misma manera, el derribo de bienes materiales, incluyendo la Escuela Popular Eduardo Galeano y los terrenos de cultivo delasentamiento del MST, tampoco formaba parte de la orden del TJ-MG.
El Observatorio destaca que el 11 deagosto de 2020, ante la inminencia del desalojo, la Comisión de DerechosHumanos de la Orden de Abogados de Brasil (OAB)[5],el Consejo Estadual de Derechos Humanos de Minas Gerais (CONEDH)[6]y la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara deDiputados del Brasil (CDHM), presentaron una solicitud de suspensión deldesalojo ante el TJ-MG con motivo a la grave situación de vulnerabilidad a laque expondría a las familias del MST afectadas por el desalojo en el actualcontexto de crisis sanitaria. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada.
El Observatorio expresa su gravepreocupación frente al desalojo forzoso y violento de las familias defensorasde la tierra y los derechos campesinos de la comunidad Quilombo Campo Grande,dado que la pérdida de vivienda y de sus medios de subsistencia las expone a unalto nivel de vulnerabilidad y riesgo de contagio en el actual contexto decrisis sanitaria.
Por todo lo anterior, elObservatorio urge a las autoridades de Minas Gerais y de Brasil a adoptar demanera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridadfísica y psicológica de las familias que integran la comunidad Quilombo CampoGrande y a abstenerse de ejecutar cualquier proceso de desalojo de comunidadesdefensoras de los derechos campesinos y de la tierra mientras se mantengavigente el estado de calamidad pública en Brasil, decretado el 20 de marzo de2020.
