Venezuela: Desaparición forzada y detención arbitraria de Rocío San Miguel

El Observatorio ha recibido información del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y del Comité de Familiares Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) sobre la desaparición forzada y detención arbitraria de la Sra. Rocío San Miguel, abogada, activista y directora de la ONG Control Ciudadano, y de cinco de sus familiares. Control Ciudadano es una asociación civil sin fines de lucro independiente que promueve y ejerce la contraloría ciudadana sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional, bajo cinco principios: el respeto de los derechos humanos, la transparencia, la democracia, la participación y el Estado de Derecho.

El 9 de febrero de 2024, Rocío San Miguel fue abordada por funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) con la solicitud de verificar su estatus migratorio en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en Caracas, cuando se dirigía a Estados Unidos por motivos personales, la llevaron a sus oficinas y luego fue detenida por agentes de seguridad venezolanos y trasladada a un lugar desconocido. Su hija, que viajaba con ella, y cuatro otros familiares de la Sra. San Miguel también fueron detenidos. En el momento de la publicación de este Llamado Urgente, el paradero de la Sra. San Miguel y de sus familiares siguen siendo desconocidos.

La Sra. San Miguel habría sido detenida por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un organismo de seguridad adscrito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que ha sido señalado por varios mecanismos de protección de las Naciones Unidas como un cuerpo de inteligencia militar que tiene patrones de detenciones arbitrarias, donde se practican procesos de desaparición forzada tanto temporal como permanente y contra el cual hay las más graves denuncias de torturas en el último periodo en Venezuela.

Por la tarde del 11 de febrero de 2024, el Ministerio Público confirmó, a través de la cuenta X (ex-Twitter) del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, la detención de la Sra. San Miguel, citando “una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada ‘Brazalete Blanco’ ”. El objetivo de este plan era presuntamente atentar contra la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios, así como atacar varias unidades militares del país. El fiscal general añadió que “las investigaciones continúan su curso recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país”, sin ofrecer detalles del paradero y estado de la defensora de derechos humanos.

El 12 de febrero de 2024, nuevamente a través de la cuenta X (ex-Twitter) del Fiscal General informó que se había llevado a cabo audiencia de presentación de la Sra. San Miguel ante tribunales con competencia en terrorismo, imputándole los delitos de “traición a la patria”, “conspiración”, “terrorismo” y “asociación para delinquir”, entre otros. Adicional a esto, el Fiscal General informó que solicitaron medida privativa de libertad en contra de la Sra. San Miguel mientras prosigue el proceso en su contra.

Según la información aportada por los abogados de confianza de la Sra. San Miguel, no han podido tener contacto ni con ella, ni con sus familiares. Sus abogados se trasladaron ante varias sedes de funcionarios policiales y militares, incluidos Helicoide, Municipio Libertador, Distrito Capital, así como la sede del SEBIN y la sede de la DGCIM en Boleita Norte, Municipio Sucre, Estado Miranda, pero se les negó en ambas sedes que se encontrara la Sra. San Miguel y sus familiares detenidos allí. Por ello, el Observatorio considera que la defensora se encuentra en situación de desaparición forzada, porque las autoridades siguen ocultando su paradero exacto así como las condiciones en las que se encuentra.

El Observatorio recuerda que Rocío San Miguel es beneficiaria de medidas de protección aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en enero de 2012, debido a los constantes ataques que ha padecido por ejercer su labor como defensora de derechos humanos. Además, en 2018, la Sra. San Miguel obtuvo una sentencia a su favor por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en contra del Estado Venezolano en el caso San Miguel Sosa y otras vs. Venezuela.

El Observatorio también recuerda que la desaparición forzada de Rocío San Miguel se produce en un contexto de aumento de las restricciones a la sociedad civil venezolana, en particular con el reciente avance en la aprobación del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines en la Asamblea Nacional. Este proyecto representa una enorme amenaza para el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Venezuela, y que hace parte de una serie de disposiciones sistemáticas que el gobierno venezolano ha adoptado en la última década para restringir el ejercicio de sus derechos, que además de marcos normativos de carácter restrictivo, también se ha caracterizado por el hostigamiento; acoso judicial y campañas de difamación contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, para impedir que lleven a cabo sus actividades legítimas. Además, la detención de vecinos y familiares vinculados a las personas que la fiscalía está imputando es una práctica común en Venezuela, que ya ha sido documentada por la Misión de Determinación de Hechos en el pasado.

El Observatorio condena la desaparición forzada de Rocío San Miguel y de sus familiares, que parece tener como único objetivo sancionarla por sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, y expresa su profunda preocupación por los riesgos para su salud, incluido el mayor riesgo de que sean sometidos a tratos inhumanos o degradantes o a actos de tortura.

El Observatorio insta a las autoridades venezolanas a garantizar la seguridad, la integridad física, y el bienestar psicológico de Rocío San Miguel y la de sus familiares, a revelar su suerte y paradero y a liberarlos inmediata e incondicionalmente.

El Observatorio también urge a las autoridades de Venezuela a cumplir con sus obligaciones internacionales y regionales para garantizar los derechos humanos, y en particular en virtud de la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas.