Guatemala: Detención de la abogada y defensora de derechos humanos Claudia González

El Observatorio ha recibido información sobre la detención arbitraria de Claudia González Orellana, abogada defensora de derechos humanos, ex mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y representante legal en el caso de abogados y ex fiscales criminalizados por parte de las autoridades judiciales guatemaltecas, como es el caso de la Sra. Virginia Laparra.

En la mañana del lunes 28 de agosto de 2023, agentes del Ministerio Público allanaron la casa de la Sra. González Orellana presentando una orden de allanamiento, inspección y registro que no especificaba el tipo penal del cual se le acusaba. Una vez terminada la inspección, se le presentó a la abogada una orden de aprehensión que señalaba únicamente el delito de abuso de autoridad. Los agentes del Ministerio Público tomaron de manera ilegal su computadora, su celular y un dispositivo USB. En el mismo operativo agentes del Ministerio Público también allanaron las viviendas de los ex fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Eva Siomara Sosa Pérez y Juan Francisco Sandoval Alfaro.

La Sra. González Orellana fue detenida y trasladada al Centro de Detención Preventiva “Mariscal Zavala”. Su primera audiencia de declaración fue fijada para el 6 de septiembre de 2023; hecho que fue apelado durante la comparecencia al momento de su arresto, dado que la fecha fijada para obtener la audiencia de declaración de los cargos excede el plazo de 24 horas fijado en el Artículo 9 de la Constitución guatemalteca.

Durante el proceso de detención de la Sra. González Orellana se presentaron distintas irregularidades, por ejemplo, que el juez había argumentado no tener tiempo para poder atenderla lo cual retrasó el proceso de reconocimiento de los hechos, así como la dilación en los plazos judiciales, violando los derechos a la libertad y seguridad personales, así como al debido proceso constituidos en los Artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Guatemala es Estado Parte. Además, cuando el Juez Jimmi Bremer, quien autorizó el operativo de allanamiento y la detención de la Sra. González Orellana, decidió finalmente atender a la abogada para notificarle los cargos en su contra, las autoridades del Ministerio Público no se presentaron incumpliendo lo que el procedimiento interno demanda.

El Ministerio Público en un comunicado público con fecha del 28 de agosto de 2023 argumentó que esta detención se daba con base en el artículo 418 del Código Penal relativo al delito de “Abuso de Autoridad” y en cumplimiento de la competencia legal que le otorga el artículo 30, numeral 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Tanto la Sra. González Orellana como el Sr. Sandoval Alfaro mencionaron que estos actos eran represalias a su labor en las investigaciones que desarrollaron para revelar los actos de abuso de poder cometidos por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Aída Stalling Dávila, en beneficio de su hijo el cual era procesado por el caso IGSS-Pisa Chiquimula[1].

Además, al momento de su detención, la Sra. González Orellana declaró a la agencia de noticias Prensa Comunitaria Kilómetro 169, que desde el año pasado sabía de la existencia de varias órdenes de allanamiento y casos promovidos en su contra dada su labor de defensa y de acompañamiento jurídico a otros abogados y ex fiscales. También argumentó que el tipo de abuso de autoridad que se le imputa es muy específico, ya que está vinculado al actuar de los funcionarios públicos, y que en su caso al ser parte de la CICIG no estaba cumpliendo este rol, sino el de mandataria de una organización internacional reconocida por el Estado guatemalteco.

A inicios de este año, la Sra. González Orellana fue reconocida como una de las abogadas más sobresalientes de Guatemala dada su labor en contra de la corrupción, la impunidad en el país, y la defensa de los derechos humanos, por lo que recibió el reconocido galardón internacional Lawyers for Lawyers. Por lo que su detención, no sólo debilita los acompañamientos jurídicos que está realizando a otros abogados y ex fiscales criminalizados y detenidos, sino que vuelve a dejar en evidencia que la política de persecución en contra de ex procuradores de justicia independientes, abogadas y abogados, personas defensoras de derechos humanos y periodistas continúa.

El Observatorio exhorta a las autoridades guatemaltecas a liberar inmediatamente a la abogada Claudia González Orellana, y garantizarle medidas de reparación integral por estos actos de intimidación, detención arbitraria, así como por la criminalización y la violación del debido proceso al que está siendo sujeta. El Observatorio hace un llamado a poner fin a esta política de persecución y hostigamiento sistemática y dirigida desde las autoridades judiciales guatemaltecas en contra de las y los operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y abogadas, y a tomar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar su seguridad e integridad física y psicológica.