Ginebra-París, 23 de agosto de 2021 - El Estado mexicano lleva once años violando los derechos humanos de Pablo López Alavez, indígena zapoteco y defensor de la tierra, el territorio y el bosque, detenido arbitrariamente desde agosto de 2010. El Observatorio (OMCT-FIDH) exige su liberación inmediata y la reparación integral del daño cometido en su contra.
Pablo López Alavez, indígena zapoteco originario de la comunidad San Isidro Aloapam, ubicada en la Sierra Norte de Ixtlán, en Oaxaca, lleva 11 años detenido de manera injusta y arbitraria bajo cargos falsos como represalia a sus más de 20 años de compromiso con la defensa de los bosques de San Isidro Aloapam y de los manantiales que abastecían de agua su comunidad.
Así, el 15 de agosto de 2010, Pablo López Alavez fue detenido de modo violento en las cercanías del Río Virgen, en su comunidad, por un grupo de aproximadamente 15 hombres encapuchados y fuertemente armados, quienes amenazaron a su familia, lo forzaron a bajar de la camioneta donde viajaban, lo golpearon y lo subieron a otro vehículo, donde permaneció incomunicado durante horas sin que los captores se identificaran ni mostraran ninguna orden de aprehensión. Horas más tarde, fue entregado a la policía estatal y trasladado al Penal Reclusorio de la Villa de Etla, Oaxaca, acusado sin fundamento de homicidio.
Desde entonces, se han cometido numerosas y graves violaciones a sus derechos humanos, incluida la negación de acceso a representación legal profesional, la falta de interpretación en las audiencias, irregularidades probatorias, dilaciones injustificadas en la fase de instrucción, falta de participación de peritos, incongruencia en la recolección de evidencia, entre otras violaciones a su derecho al debido proceso.
Tras siete años de detención sin juicio, en septiembre de 2017, el Juzgado Penal de Etla emitió una sentencia de 30 años de cárcel contra el defensor, confirmada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca en octubre de 2018, usando los mismos argumentos y cometiendo en su sentencia los mismos errores ortográficos que el tribunal de primera instancia. En febrero de 2020, el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito, con Sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, otorgó el amparo directo a Pablo López Alavez y ordenó la reposición del procedimiento contra el defensor por las numerosas violaciones a su derecho al debido proceso. En octubre de 2020, el Juez Penal de la Villa de Etla emitió auto formal de prisión para el defensor, en los mismos términos que la primera sentencia. Ante esta decisión, la defensa de Pablo López Alavez presentó un recurso de apelación que se encuentra en trámite ante la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. La audiencia relativa a esta apelación se celebrará en las próximas semanas.
La labor de Pablo López Alavez en tanto que defensor de los derechos humanos y líder comunitario lleva 11 años siendo objeto de represión y criminalización por parte del Estado mexicano. Las autoridades han sistemáticamente desoído la Opinión emitida el 25 de abril de 2017 por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, la cual establece que la detención de Pablo López Alavez es arbitraria y la enmarca en un patrón de violaciones a los derechos humanos contra las personas defensoras de los derechos humanos en Oaxaca.
Por todo ello, el Observatorio reitera una vez más su llamado a las autoridades oaxaqueñas y mexicanas a liberar de manera inmediata a Pablo López Alavez, a poner fin a todo tipo de criminalización en su contra, a adoptar sin dilaciones las medidas necesarias para asegurar la reparación integral del daño cometido contra el defensor, garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenasy poner fin a la criminalización del conjunto de personas defensoras de los derechos humanos en Oaxaca y en el resto del territorio mexicano.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
