Ginebra-París, 3 de marzo de 2025 – En una declaración conjunta, siete organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Observatorio (OMCT-FIDH), piden la liberación inmediata del defensor de derechos humanos Pablo López Alavéz, en vísperas de la audiencia de sentencia programada para el 6 de marzo.
El próximo 6 de marzo de 2025, el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca llevará a cabo la audiencia de sentencia sobre el emblemático caso del defensor de derechos humanos Pablo López Alavéz. El defensor indígena zapoteco lleva más de catorce años injustamente privado de la libertad en el Reclusorio Regional de Villa de Etla, Oaxaca en espera de una sentencia.
Antes de su detención, Pablo López Alavéz ejercía diversas funciones de liderazgo comunitario, informaba sobre la tala ilegal de árboles y sensibilizaba sobre la protección del medio ambiente y la sostenibilidad en su comunidad indígena San Isidro Aloápam en Oaxaca, en represalia se ganó poderosos enemigos entre los madereros ilegales que operaban en la zona y se enfrentó a numerosas acusaciones penales.
El 15 de agosto de 2010, Pablo López Alavéz fue detenido arbitrariamente por sujetos no identificados que cubrían sus rostros y portaban armas largas. El defensor fue obligado a entrar al vehículo en el que llegaron sin recibir explicaciones. Al día siguiente, el defensor fue acusado injustamente de participar en el asesinato de una persona ocurrido en junio de 2007, cuando él no se encontraba en el lugar de los hechos. Desde entonces, el defensor se ha enfrentado a un proceso criminal en su contra caracterizado por irregularidades que afectaron su derecho al debido proceso y libertad denunciadas a nivel nacional e internacional.
El 2 de octubre de 2015, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la recomendación n.º 11/2015, en la cual realizó un análisis de la situación jurídica y procesal de López Alavéz, y concluyó que han ocurrido importantes violaciones al debido proceso durante el juicio en contra del defensor.
El 25 de abril de 2017, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) emitió la opinión nº 23/2017, calificando de arbitraria la privación de libertad de Pablo López Alavez, y reconociendo como motivo de su detención su legítima actividad en defensa de los derechos de la tierra, los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas, y su liderazgo de 20 años en la defensa de los bosques de San Miguel y San Isidro Aloapam, Oaxaca, contra las acciones de deforestación. El GTDA recomendó su liberación inmediata.
Front Line Defenders junto a otras organizaciones de derechos humanos ha expresado reiteradamente preocupación ante la criminalización, detención arbitraria, prisión preventiva prolongada e imposición de penas excesivas por cargos fabricados e infundados contra personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en México que se ha vuelto una tendencia alarmante que muestra un patrón de racismo y violencia desproporcionada por parte del Estado mexicano.
Asimismo, se reiteró el llamado a su liberación, señalando que la detención arbitraria de larga duración genera impactos particularmente graves que lastiman el tejido social y afectan no solo a la persona defensora criminalizada sino a su familia, comunidad y al proceso de defensa de derechos humanos. El 18 de septiembre de 2024, la organización Consorcio Oaxaca compartió la presentación del “Informe Internacional Análisis del Debido Proceso en la Criminalización del Defensor Indígena Pablo López Alavéz”, el cual concluye que el proceso es “un ejemplo extremo del uso de la criminalización generalizada contras las personas defensoras de los derechos humanos en México, en particular, las y los activistas indígenas y medioambientales”.
El 8 de noviembre de 2024, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, expresó su preocupación por la detención arbitraria de defensores de los derechos humanos indígenas en México, incluyendo a Pablo López Alavéz, y la imposición de duras condenas contra ellos. La Relatora Especial informó que está en contacto con el Gobierno mexicano en relación con estas preocupaciones.
Las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a las autoridades nacionales y estatales en México, en especial al Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca a adoptar las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos y poner en libertad al defensor de derechos humanos Pablo López Alavéz así como a abstenerse de realizar todo acto de criminalización en su contra. Además las organizaciones firmantes hacen un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos indígenas en México.
