El Observatorio ha recibido con grave preocupación información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C. (Frayba) sobre las amenazas de muerte contra integrantes del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha [1] y el equipo de Frayba.
Según la información recibida, se han producido una serie de amenazas de muerte en el estado de Chiapas (México) que son consideradas como serias y creíbles por lo que se requieren garantías de seguridad.
Las primeras amenazas se produjeron el 12 de noviembre de 2019, cuando aproximadamente a las 22:00 horas, un coche negro con los vidrios polarizados dejó un sobre en el interior del domicilio de una defensora integrante del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha cuya identidad no se menciona por razones de seguridad. El sobre contenía un mensaje con recortes de periódico dirigido al Director del Frayba, el Sr. Pedro de Jesús Faro, que decía: "Faro: catastrófico aviso, clama por ayuda NOMBRE [por seguridad se omite el nombre de la defensora] está en peligro de muerte, la vida es muy corta la muerte es inevitable, una más, noviembre, cuídala trata de salvar su vida".
Posteriormente, el 19 de noviembre, se descubrió en el domicilio de la misma defensora integrante del Colectivo un nuevo mensaje en el que su nombre aparentemente estaba escrito con sangre.
Esa misma noche, entorno a las 21:00 horas, una integrante del Frayba encontró a una persona introduciendo en su domicilio publicidad relacionada con una funeraria. La integrante del Frayba preguntó en su vecindario y ninguna otra persona había recibido dicha publicidad, lo que parece evidenciar que se trataba de una amenaza de muerte.
Finalmente, según las mismas informaciones en los últimos días ha podido documentarse una intensificación de los actos de vigilancia y hostigamiento tanto contra las familias de los presos como contra las organizaciones y colectivos que los acompañan, lo que evidencia un contexto de intimidación contra la defensa de derechos humanos.
La defensora del Colectivo que ha sido amenazada interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas y el Frayba ha realizado diversas intervenciones escritas ante autoridades estatales y federales solicitando garantías de seguridad que, hasta la fecha, no han sido establecidas.
El Observatorio reitera su preocupación por el contexto adverso en el cual las personas que defienden los derechos humanos realizan su labor en México y, particularmente en el Estado de Chiapas, y reitera su demanda de que se desarrolle con la participación de la sociedad civil una política pública integral de protección a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Por todo lo anterior el Observatorio exige a las autoridades de Chiapas y a las autoridades federales mexicanas un plan de contingencia urgente que establezca garantías de seguridad para las y los integrantes del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha y del Frayba.
How You Can Help
Por favor, escriban a las autoridades de México urgiéndolas a:
i. Tomar medidas urgentes y efectivas para el establecimiento de garantías de seguridad para las y los integrantes del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha y del Frayba, así como de los presos que se organizan en La Voz de Indígenas en Resistencia, La Verdadera Voz del Amate y Viniketik en Resistencia;
ii. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a las amenazas de muerte descritas en este llamado urgente;
iii. Incluir como tema central en la agenda de derechos humanos del gobierno federal el establecimiento de una política integral de garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en México, con amplia participación de la sociedad civil;
vi. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2;
vii. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.
