Las Américas/Europa, 05 de diciembre de 2019.-
Más de un año después de dictar un fallo condenatorio, esta semana, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa emitió la sentencia e individualizó las condenas de siete personas responsables por la autoría material del asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres Flores y la tentativa de asesinato del defensor mexicano Gustavo Castro, entre ellos, condenó a un empleado y ex-empleado de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y un mayor activo y varios oficiales retirados de las Fuerzas Armadas de Honduras.
En su sentencia, el Tribunal condenó a Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo a 30 años y 6 meses de prisión por su rol como coautores en el asesinato de la defensora. Por su parte, Mariano Díaz fue condenado a 30 años de prisión como autor por omisión del asesinato de Berta Cáceres, mientras que Henrry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte fueron condenados a 34 años de prisión por su rol en el asesinato de la lideresa y a 16 años y 4 meses de prisión por el crimen de tentativa de asesinato en contra de Gustavo Castro.
Tomando en cuenta los medios de prueba presentados en el juicio entre el 20 de octubre y el 29 de noviembre de 2018, en su sentencia, el Tribunal da por probado que el asesinato de Cáceres fue planificado con el "conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa DESA,” como respuesta a la oposición que Berta Cáceres lideró desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en contra de la la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, impuesta en territorio Lenca.
Desde las organizaciones que conformamos la Misión de Observación para el caso de Berta Cáceres, reconocemos que esta sentencia es un paso necesario para avanzar hacia la investigación, juicio y sanción de todos los autores intelectuales del crimen. Sin embargo, observamos con preocupación que el Estado de Honduras no ha avanzado en la acusación de todas las personas responsables de planificar, financiar y ejecutar el asesinato pese a existir prueba que les vincula y que el propio Tribunal ha señalado.
Desde la Misión seguimos observando los procesos judiciales vinculados al asesinato de Berta Cáceres y notamos con grave preocupación que hasta la fecha, tan solo el gerente general de DESA, David Castillo, ha sido investigado por la autoría intelectual del crimen y su proceso se ha caracterizado por una serie de dilaciones, así como campañas de desprestigio, amenazas y ataques en contra del COPINH y el pueblo lenca durante el proceso legal.
En este sentido, recordamos que seguirá existiendo impunidad hasta que no se avance en la identificación, juzgamiento y sanción de todas las personas que están involucradas en la autoría intelectual de los hechos. Así, hacemos un llamado urgente al Estado de Honduras para avanzar con la investigación de los ejecutivos de DESA vinculados con el caso, y al mismo tiempo, como ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortamos a las autoridades a iniciar el proceso correspondiente a fin de revocar la concesión del río Gualcarque, que se mantiene como una fuente de riesgo para la vida e integridad del pueblo lenca y las comunidades del COPINH.
Sobre la Misión de Observación
La Misión de Observación está integrada por organizaciones internacionales y nacionales, expertas en derechos humanos, derecho internacional y derecho penal. Miembros de la Misión estuvieron presentes como observadores durante el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres. A raíz de su labor en este proceso, la Misión de Observación publicará un informe con sus principales hallazgos, entre ellos, deficiencias estructurales en el sistema
judicial hondureño que siguen planteando limitaciones y dificultades para el acceso de la población a la justicia. Lea más sobre la Misión y descargue nuestros informes en:
https://www.observacionbertacaceres.org/
