El Observatorio ha recibido con grave preocupación información del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) sobre nuevos ataques en el marco de la Minga del Suroccidente [1], incluyendo el asesinato de la autoridad indígena, el Sr. Aquileo Mecheche Baragon [2], así como actos de intimidación y amenazas de muerte contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos por parte de estructuras paramilitares.
En primer lugar, según la información recibida, el día 12 de abril de 2019 aproximadamente a las 10 de la noche fue asesinado el Sr. Aquileo Mecheche Baragon, por integrantes de una estructura paramilitar que le sacaron de su vivienda ubicada en la cabecera municipal de Río Sucio (departamento del Chocó) y le propinaron varios impactos de arma de fuego.
En segundo lugar, según las mismas informaciones, se han producido varios ataques contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en forma de amenazas de muerte y actos de intimidación.
El 6 de abril de 2019, diversas personas y organizaciones de los movimientos de derechos humanos, social y sindical en el Valle del Cauca recibieron amenazas de muerte a través de un panfleto firmado por la estructura paramilitar autodenominada “Estado Mayor Bloque Central Del Valle” de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC): el Sr. Walter Agredo, Coordinador de la Seccional Valle del Cauca del CSPP, organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT; la Sra. Berenice Celeita, directora de la Asociación Nomadesc; el Sr. José Milciades Sánchez, directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL); el Sr. Wilson Sáenz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) - Valle; el Sr. Cristian Toconas, coordinador de derechos humanos del resguardo indígena Kwexs Kiwe Nasa; el Sr. Hernán Arciniegas del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Yumbo; el Sr. Noel Cruz, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y gobernador del resguardo Kwexs Kiwe Nasa del corregimiento el Cedro en Jamundí; el Sr. Carlos González, representante legal del consejo comunitario de Robles; la Sra. Lina Margarita Tabares Duque, representante de la Fundación Territorio de Paz (FUNDTERPAZ); la Sra. Rosalba Ospina, líder afrodescendiente; y los Sres. Feliciano Valencia y Alexander López, senadores de la República y líderes sociales. De igual forma la amenaza del grupo paramilitar se extendió contra las siguientes organizaciones sociales: Asociación de institutores del Cauca (ASOINCA); Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC); Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) - cuyas oficinas fueron atacadas el 3 de abril (ver antecedentes).
En el mencionado panfleto, la estructura paramilitar amenaza a las personas defensores y a las organizaciones sociales anteriormente referidas, haciendo alusión directa al apoyo o participación en la protesta social, específicamente las marchas indígenas, señalando lo siguiente: “después de un minusioso análisis a todos estos hijueputas guerrilleros, con su actitud terrorista en los campos y ciudades promoviendo el terrorismo en las universidades, convocando y apoyando marchas indígenas para desestabilizar el país, por eso mismo nuestro propósito es arreciar con todos los grupos insurgentes que son ELN, FARC, EPL a todos sus brazos políticos y estructuras urbanas que al igual que nosotros estamos en diferentes partes del país y todos aquellos que de una forma los financian".
El 6 de abril de 2019, el Sr. Yimmy Alexander Moreno, integrante del Congreso de los Pueblos y vocero de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, ha sido sometido a actos de intimidación en su vivienda ubicada en la ciudad de Floridablanca (Santander) por cinco hombres que de forma reiterada en las últimas semanas han rondado los alrededores de su vivienda en actitud de vigilancia. Además, el 10 de abril de 2019, hombres que se identificaron como agentes de la Seccionales de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional estuvieron indagando por aspectos de la vida personal y familiar del Sr. Moreno. Es importante señalar que el Sr. Yimmy Moreno, como vocero de la Cumbre Agraria, ha estado acompañando la Minga por la defensa de la vida en el Suroccidente.
Finalmente, el 8 de abril de 2019, circuló otro panfleto suscrito por otra estructura paramilitar, las autodenominadas Águilas Negras, en el que amenaza de muerte a consejeros, gobernadores e integrantes de la guardia indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). En la amenaza ofrecen cien millones de pesos a quienes les asesinen haciendo referencia a su intención de "terminar con estos bloqueos definitivamente en el Cauca”.
El Observatorio recuerda que estos nuevos hechos suceden en un contexto de exacerbación de las expresiones de odio, producidas por la campaña de estigmatización en la que han participado altos funcionarios del Estado de Colombia contra la defensa de los derechos humanos y la protesta social (ver antecedentes). En este sentido, preocupan particularmente las informaciones publicadas en medios nacionales en las que se hace referencia a labores de inteligencia sobre integrantes de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, así como a informaciones consideradas de "seguridad nacional" obtenidas por “fuentes directas” y “medios técnicos” [3]. El uso ilegal de la inteligencia en Colombia ha traído graves consecuencias para las personas defensoras en la historia reciente, pues la información recopilada ha sido usada para perseguir, intimidar, e incluso atentar contra la vida e integridad física de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y sus familias en Colombia [4].
El Observatorio recuerda que, según datos de la Defensoría Nacional del Pueblo, en Colombia durante el año 2018 fueron asesinadas 172 personas defensoras de derechos humanos, y que, durante los ocho meses del mandato del presidente Iván Duque, más de 120 personas que defienden los derechos humanos en Colombia han sido asesinadas, 63 de las cuales corresponden a dirigentes indígenas. Además, el Observatorio reitera la preocupación expresada en el Informe publicado en mayo de 2018 [5] en el que se identifica como una de las causas para la vulnerabilidad de las personas defensoras en Colombia el hecho de que siga persistiendo un ambiente que estigmatiza y criminaliza el ejercicio del derecho a la protesta social, así como un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Por todo lo anterior, el Observatorio reitera su preocupación ante el grave riesgo para la vida, e integridad física de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que han participado o apoyado la realización de la Minga por la vida en los diferentes departamentos de Colombia y lamenta profundamente que no se hayan tomado las medidas oportunas y adecuadas por parte del gobierno para prevenir la materialización del riesgo advertido por los anteriores Llamados Urgentes del Observatorio.
Antecedentes:
Desde el 10 de marzo de 2019, fecha en que inició la jornada de protesta social, la Minga viene siendo objeto de estigmatización por parte de altos mandos de la Fuerza Pública [6], Senadores [7] y otros funcionarios públicos como el Ministro de Defensa de Colombia, quienes han manifestado ante medios de comunicación y redes sociales que la jornada de protesta está infiltrada por grupos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC [8]. Esta situación dio lugar a que usuarios de redes sociales hayan abierto un hashtag denominado #MingaDeLasFarc, lo que ha exacerbado expresiones de odio y muerte contra los manifestantes, situación que pone en grave riesgo la vida e integridad física de las personas que participan de las protestas, y de sus principales voceros y líderes y lideresas de las organizaciones que han promovido la jornada. Adicionalmente, el 19 de marzo de 2019, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció a los medios de comunicación que estudia la apertura de investigaciones penales contra los manifestantes por varios delitos, entre ellos los de obstrucción de vía pública, secuestro y por la participación de menores durante la jornada de protesta.
El derecho a la protesta social está siendo restringido por las acciones combinadas entre el ESMAD, el Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR) de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, quienes vienen haciendo un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza incluyendo: uso de armas no convencionales para dirimir la protesta, levantar los lugares de concentración y dormida y despejar las vías bloqueadas por los manifestantes, además de acciones de intimidación permanentes incluyendo el sobrevuelo de aviones militares y dones sobre los puntos de concentración y dormida. En el desarrollo de estas acciones, ha habido disparos de armas de fuego de corto y largo alcance contra los manifestantes, uso de gases lacrimógenos lanzados directamente a sus rostros y cuerpos, disparos con cartuchos recargados, y uso de golpes con objetos contundentes.
Además, se han registrado ataques contra la libertad de prensa por parte del ESMAD. El 16 de marzo en horas de la mañana, el comunicador William Becerra fue agredido y detenido arbitrariamente. El comunicador se encontraba cubriendo el punto de concentración del Cairo y el Túnel, en el municipio de Cajibío, y fue agredido por agentes del ESMAD quienes lo tiraron al piso, lo golpearon, le decomisaron su celular y cámara fotográfica, lo montaron en una camioneta y lo trasladaron arbitrariamente hasta la estación de policía en donde luego de un tiempo fue dejado en libertad ante la exigencia de los organismos de derechos humanos y del personero municipal de este municipio.
El día 2 de abril de 2019, en un operativo de la Fuerza Pública, en la vereda el Túnel del municipio de Cajibío (departamento del Cauca), la fuerza pública disparó contra la multitud y resultó asesinado el Sr. Ceferino Yunda Camayo, defensor indígena y participante de la Minga del Suroccidente, mientras que otros cuatro comuneros resultados heridos.
En horas de la mañana del día 3 de abril de 2019, un grupo de personas vestidas de negro realizó una manifestación en contra de la Minga del Suroccidente de Colombia. Los individuos atacaron con piedras y palos las instalaciones del CRIC. El mismo día, aproximadamente a las 3:15 de la tarde, fue organizada otra manifestación de un grupo de personas que atacaron las oficinas de la FUNDECIMA, con objetos contundentes que rompieron los vidrios de las oficinas. Los ataques contra ambas organizaciones se realizaron con la aquiescencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que no intervino a pesar de estar presente en la zona.
How You Can Help
Por favor, escriban a las autoridades de Colombia instándolas a:
i. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno al asesinato del Sr. Aquileo Mecheche Baragon, y del resto de ataques sucedidos en el marco de la Minga del Suroccidente;
ii. Poner fin a todo tipo de amenazas, actos de hostigamiento, uso de inteligencia ilegal, criminalización y campañas de desprestigio y asegurar garantías para todas las personas que ejercen su libertad de reunión pacífica, particularmente en el marco de la Minga del Suroccidente, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en el país;
iii. Reconocer públicamente la persistencia de estructuras paramilitares en Colombia e implementar una política decidida de lucha contra su expansión y fortalecimiento incluyendo la implementación efectiva de las medidas incluidas a tal efecto en el Acuerdo de Paz;
iv. Hacer efectiva la Directiva No. 002 del 14 de junio de 2017 expedida por el Procurador General de la Nación, mediante la cual se exhorta a los funcionarios públicos a respetar a quienes defienden los derechos humanos y a sus organizaciones y “abstenerse de realizar conductas que los deslegitimen, descalifiquen, hostiguen e inciten al hostigamiento o estigmaticen su labor”, e iniciar las respectivas investigaciones disciplinarias;
v. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2;
vi. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.
