México: Preocupación por la reducción del espacio cívico en Chiapas, México, debido al deterioro de las condiciones para ejercer la defensa de derechos humanos

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la reducción del espacio cívico en Chiapas, México, debido al deterioro de las condiciones para ejercer la defensa de derechos humanos. Hacemos un llamado urgente al Estado Mexicano a cumplir con su obligación de proteger y respaldar públicamente a las personas defensoras de derechos humanos y su labor, y llevar a cabo investigaciones exhaustivas de los crímenes cometidos en su contra. Exhortamos a la comunidad internacional a realizar acciones concretas encaminadas a visibilizar, legitimar y proteger a las personas defensoras y con ello proteger y promover el espacio cívico para la defensa de los derechos humanos en Chiapas.

Este pronunciamiento se emite a raíz del reciente allanamiento del domicilio de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), así como de la persistente vigilancia, intimidación y hostigamiento en contra de esta organización, que obstaculizan de manera directa su labor fundamental en la defensa de los derechos humanos en el Estado.

El 22 de julio de 2025, el domicilio de Dora Roblero fue allanado en San Cristóbal de Las Casas. Como ha declarado Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU para los defensores de derechos humanos, al pronunciarse respecto a este hecho, este allanamiento forma parte de una serie de incidentes de seguridad que lxs integrantes de la organización han enfrentado recientemente, en un contexto cada vez más difícil para las personas defensoras en Chiapas.

A lo largo de su trayectoria, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba) ha desempeñado un papel clave en el acompañamiento a comunidades, víctimas y colectivos en su lucha por la paz, la justicia y la verdad, labores que le han significado numerosas agresiones y ataques. Por ello, desde 2010, el CDH Frayba es beneficiario de las medidas cautelares MC 52-10, otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Este allanamiento constituye una grave agresión no solo contra la integridad personal de la directora del CDH Frayba, sino también contra todo su equipo. Se trata del segundo allanamiento en menos de un año que sufre el Centro, agresión que se suma a las 46 registradas desde 2024. Consideramos de particular gravedad que algunas de éstas hayan sido efectuadas por el propio Estado Federal, como las declaraciones difamatorias del ex-presidente de la República en abril de 2024.

El allanamiento del domicilio de la directora del CDH Frayba se enmarca en un patrón de agresiones sostenidas y agudas contra personas defensoras en el estado. Desde enero de 2024 el Observatorio de Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y del Territorio en Chiapas – El Obse –ha documentado 156 agresiones, entre ellas cuatro asesinatos y un total de 131 personas atacadas en represalia por su labor de defensa de derechos humanos. Los tipos de ataque más frecuentes han sido la vigilancia, la intimidación y la difamación, mientras que los incidentes de mayor gravedad han sido la masacre de Nueva Morelia, en la frontera con Guatemala el 12 de mayo 2024, el asesinato del sacerdote tzotzil y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez Pérez el 20 de octubre de 2024, y las agresiones contra integrantes de la organización civil Las Abejas de Acteal en junio de 2025 en la comunidad de Tzajalch’en, que incluyeron ataques armados dirigidos y detonaciones por parte de grupos criminales, así como amenazas de criminalización por parte de integrantes de cuerpos de seguridad del Estado.

El Estado de Chiapas es uno de los estados más pobres del país, y adolece de una desigualdad estructural que impacta principalmente a los pueblos originarios y sus territorios, así como a las mujeres y a las infancias. Desde 2021, a este escenario se ha sumado la violencia generada por grupos delcrimen organizado, que ha exacerbado las violaciones a los derechos humanos ya presentes en el estado, entre ellas el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, el tráfico y la trata de personas. Ante la insuficiente respuesta a esta crisis por parte del Estado, pese al cambio de gobierno estatal y del despliegue de su Estrategia de Seguridad, la labor de organizaciones de la sociedad civil cumple un papel fundamental. De acuerdo con el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas -Espacio OSC-, Chiapas es la quinta entidad con mayor número de personas defensoras y periodistas en riesgo y con medidas de protección (124) de todo el país.

Las organizaciones aquí firmantes vemos con profunda preocupación varios aspectos que reflejan la falta de garantías efectivas para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en Chiapas. En primer lugar, nos preocupa la ausencia de un respaldo público por parte de las autoridades de la legítima y fundamental labor que realizan las personas defensoras, lo cual puede contribuir a su estigmatización, deslegitimación y vulnerabilidad. Como ha declarado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es indispensable una política integral de protección que parta del reconocimiento sobre la importancia que la labor de defensa representa para la consolidación de las democracias y del Estado de derecho. Asimismo, observamos que los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en materia de protección, plasmados en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aprobada en 2012, y en el Mecanismo de Protección correspondiente, no se han cumplido de manera efectiva. Como destaca el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del Mecanismo de Protección, pese a los avances registrados, resultan insuficientes tanto los recursos técnicos y económicos con los que cuenta esta institución, como la aplicación de los enfoques integral, colectivo e interseccional en las tareas de investigación y análisis, así como en el diseño e implementación de los planes de protección. En este sentido, preocupa especialmente la dificultad de las autoridades estatales para colaborar en la implementación de los planes del Mecanismo, así como la reciente tendencia de procesar las solicitudes de protección de organizaciones, colectivos y grupos de defensores de manera individual, sin considerar la dimensión colectiva del riesgo.

Ante estos hechos, hacemos un llamado urgente al Estado Mexicano, en sus niveles federal y estatal, a cumplir con su obligación de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, garantizando su integridad física y psicológica, así como su derecho a ejercer su labor libre de amenazas, agresiones y criminalización. Instamos pronunciamientos públicos que respalden el derecho a defender los derechos humanos, así como investigaciones exhaustivas, imparciales y eficaces que impidan la impunidad y garanticen el acceso a la justicia para las víctimas y sus comunidades.

Asimismo, exhortamos a la comunidad internacional a mantener su atención sobre la situación en Chiapas y a realizar acciones concretas, dentro de sus respectivos mandatos, que legitimen la defensa de los derechos humanos, apoyen activamente a quienes la ejercen, y vigilen que el Estado Mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de protección de las personas defensoras, así como de investigación y sanción de las agresiones en su contra.

Quedamos atentos a las respuestas a la presente carta y agradecemos de antemano su atención

Saludos cordiales.