Nicaragua: Nuevo ataque al derecho a la libertad de asociación

El Observatorio ha recibido con preocupación información sobre la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de 25 organizaciones sin fines de lucro y fundaciones nicaragüenses¹, así como de cuatro ONGs internacionales por las autoridades nicaragüenses.

El 17 de marzo de 2022, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Iniciativa de Decreto Legislativo de Cancelación de Personalidad Jurídica de 25 organizaciones sin fines de lucro, presentada ante la Asamblea Nacional el 16 de marzo de 2022 por Filiberto Rodríguez, diputado del partido del Presidente Daniel Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El Sr. Rodríguez es presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional.

Esta Iniciativa fue presentada ante la Asamblea Nacional a solicitud del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, argumentando que, supuestamente, las 25 organizaciones no cumplen con sus obligaciones legales. En particular, la Iniciativa argumenta que, desde hace varios años, las 25 organizaciones no habrían presentado sus informes financieros, no habrían rendido cuentas de los recursos que han recibido del extranjero y que sus Juntas Directivas no habrían sido actualizadas. El documento señala que las organizaciones habrían violado, así, varias leyes, entre ellas la Ley 977 Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, porque con sus acciones promoverían la falta de transparencia en la administración de los fondos.

Asimismo, el 17 de marzo de 2022, el Ministerio de Gobernación canceló el registro de cuatro organizaciones internacionales no gubernamentales². Según se publicó en la Gaceta, el Diario Oficial de Nicaragua, las organizaciones extranjeras incumplieron sus obligaciones conforme a las leyes que regulan los organismos sin fines de lucro en territorio nicaragüense, al no registrarse como Agentes Extranjeros, conforme la Ley 1040, llamada “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”. De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, las entidades tampoco habrían reportado sus estados financieros detallados conforme la Ley 977 contra el Lavado de activos. En la Gaceta, se detalló que el “actuar de las organizaciones obstaculiza el trabajo del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, al no poder identificar el ente regulador a los representantes legales, directivos, domicilio y administración de fondos del organismo, desconociéndose la ejecución de los mismos y si son acordes a sus objetivos y fines por los cuales se les autorizó el registro en Nicaragua”.

El Observatorio subraya que esta decisión se enmarca en un contexto de represión sistemática ejercida desde 2018 contra las personas y organizaciones que defienden y exigen el respeto de los derechos humanos en Nicaragua, incrementada en los meses anteriores a las elecciones de noviembre de 2021 con el objetivo de eliminar toda voz disidente y oposición política y así asegurar la reelección de Daniel Ortega como Presidente de Nicaragua.

Como destacó el Observatorio en su informe “Las nuevas leyes de la represión en Nicaragua”, publicado el 3 de noviembre de 2021, desde octubre de 2020, el Estado ha adoptado una serie de leyes restrictivas aplicadas de manera arbitraria para restringir el espacio democrático en el que operan las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos, entre ellas la Ley 977 contra el Lavado de activos y la 1040 de Agentes Extranjeros.

Desde diciembre de 2018, el régimen de Ortega, a través de su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, ha ilegalizado al menos 136 ONG nicaragüenses, incluyendo al menos 14 universidades privadas, 15 asociaciones médicas, al menos cinco organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y seis organizaciones humanitarias vinculadas a la Iglesia católica. Asimismo, la ilegalización de organizaciones en muchos casos ha ido acompañada de la expropiación ilegal de sus bienes, como es el caso del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), organización miembro de la FIDH y de la OMCT. El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros de tres ONG estadounidenses y tres europeas. Esto tiene graves impactos en la lucha contra la impunidad, pues se consolida la estrategia de extinción de las organizaciones capaces de monitorear las violaciones de los derechos humanos, atender a las víctimas, así como participar en el desarrollo de mecanismos que garanticen el respeto y la protección de los derechos.

El Observatorio rechaza contundentemente la cancelación de la personalidad jurídica de las 29 organizaciones arriba mencionadas, dado que vulnera el derecho a la libertad de asociación en Nicaragua. El Observatorio condena asimismo el hostigamiento y los ataques sistemáticos contra las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos en el país.

El Observatorio urge a las autoridades nicaragüenses a revocar la decisión de cancelar la personalidad jurídica a las 29 organizaciones arriba mencionadas, y a garantizar, en todas circunstancias, el derecho a la libertad de asociación, consagrado en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, incluido en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.