https://observatoryfordefenders.org Mon, 24 Aug 2026 10:27:04 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1 https://observatoryfordefenders.org/wp-content/uploads/2022/06/cropped-OB-eye-orange-32x32.png https://observatoryfordefenders.org 32 32 https://observatoryfordefenders.org/alert/honduras-carta-al-magistrado-presidente-de-la-corte-suprema-de-justicia-y-del-poder-judicial-de-honduras/ Thu, 30 Jul 2026 10:15:23 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25204 Wagner Vallecillo Paredes Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de Honduras PRESENTE Distinguido Magistrado, Por medio de la presente, las organizaciones internacionales firmantes nos dirigimos a Usted luego de haber recibido información contrastada especialmente preocupante sobre violaciones a derechos humanos cometidas contra integrantes de la comunidad garífuna de San Juan, en particular, en relación con la persecución judicial ilegal que enfrentan cinco personas defensoras de derechos humanos de esta comunidad e integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH): Deinor Osmany Mejía Arzu, Irbin Rene López Cortes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta. El pasado 6 de julio, efectivos policiales acudieron a la comunidad garífuna de San Juan, Tela, para ejecutar un desalojo violento e ilegal. En este marco fueron detenidas arbitrariamente las cinco personas  antes mencionadas, posteriormente fueron liberadas, sin embargo continúan bajo proceso judicial acusadas de manera infundada de “usurpación agravada” de su propio territorio. El 15 de julio, cuando estaba prevista la audiencia inicial en el Juzgado de Letras Seccional de Tela, la jueza Norma Fuentes emitió una resolución mediante la cual se declaró incompetente para realizar la audiencia y remitió el proceso al Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada con sede en San Pedro Sula. La jueza fundamentó el traslado bajo el argumento de que la comunidad de San Juan sería una organización de crimen organizado. Además de la gravedad y carácter infundado de esta alegación de la jueza, la remisión del proceso a un juzgado alejado del lugar de origen de las personas defensoras incrementa la vulnerabilidad y riesgo en los que ya se encuentran en este proceso de criminalización. Es importante señalar que la persecución judicial ilegal no solo genera graves impactos para estas cinco personas defensoras, sino que amenaza también la legítima labor de defensa de derechos humanos que realizan como OFRANEH y comunidad organizada. Al respecto recordamos que las comunidades garífunas organizadas en la OFRANEH son reconocidas nacional e internacionalmente por su labor de cuidado del medio ambiente y por favorecer condiciones de vida digna para sus habitantes en un contexto de abandono de las instituciones, desigualdad, pobreza y racismo. Cabe señalar también que la criminalización de las cinco personas defensoras se da en un contexto de intensificación de la violencia contra las comunidades garífunas y está vinculada con la entrada en vigor de la “Ley para el Fortalecimiento del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas", publicada en el Diario Oficial la Gaceta el 26 de junio de 2026 mediante el decreto 107/2026. El contenido de esta ley supone una grave amenaza para la sobrevivencia de comunidades y pueblos, especialmente de aquellas que defienden la tierra y el territorio. Finalmente es fundamental recordar que las violaciones cometidas contra el pueblo garífuna de San Juan y sus derechos a la propiedad colectiva han sido reconocidos a nivel internacional mediante la Sentencia emitida en el 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En este sentido, la detención arbitraria y judicialización de las cinco personas integrantes de la OFRANEH constituyen violaciones flagrantes de las obligaciones internacionales del Estado de Honduras. Constituyen además un incumplimiento de la Circular DGPN-(S/D)-No.009-2026 de la propia Policía Nacional que exceptúa de la aplicación de la ley referida a las Tierras Indígenas y Tribales según el Convenio 169 de la OIT. Con base en lo anterior, Distinguido Magistrado, le solicitamos respetuosamente que tome todas las acciones necesarias para:

• Garantizar el cese inmediato de la persecución judicial ilegal contra las cinco personas defensoras integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH): Deinor Osmany Mejía Arzu, Irbin Rene López Cortes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta.
• Garantizar el debido y total cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte IDH a favor del pueblo garífuna de San Juan que reconocen el derecho a la propiedad colectiva y condenan al Estado por violar derechos territoriales y culturales del pueblo garífuna y que ordenan asegurar la protección de líderes y lideresas.
• Prevenir cualquier otra situación de criminalización y violación de los derechos internacionalmente reconocidos a favor de la población de San Juan y demás comunidades garífunas.

Desde nuestras organizaciones nos mantendremos especialmente vigilantes de esta situación. Quedamos atentas a la respuesta que brinde a la presente.]]> Wagner Vallecillo Paredes Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de Honduras PRESENTE Distinguido Magistrado, Por medio de la presente, las organizaciones internacionales firmantes nos dirigimos a Usted luego de haber recibido información contrastada especialmente preocupante sobre violaciones a derechos humanos cometidas contra integrantes de la comunidad garífuna de San Juan, en particular, en relación con la persecución judicial ilegal que enfrentan cinco personas defensoras de derechos humanos de esta comunidad e integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH): Deinor Osmany Mejía Arzu, Irbin Rene López Cortes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta. El pasado 6 de julio, efectivos policiales acudieron a la comunidad garífuna de San Juan, Tela, para ejecutar un desalojo violento e ilegal. En este marco fueron detenidas arbitrariamente las cinco personas  antes mencionadas, posteriormente fueron liberadas, sin embargo continúan bajo proceso judicial acusadas de manera infundada de “usurpación agravada” de su propio territorio. El 15 de julio, cuando estaba prevista la audiencia inicial en el Juzgado de Letras Seccional de Tela, la jueza Norma Fuentes emitió una resolución mediante la cual se declaró incompetente para realizar la audiencia y remitió el proceso al Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada con sede en San Pedro Sula. La jueza fundamentó el traslado bajo el argumento de que la comunidad de San Juan sería una organización de crimen organizado. Además de la gravedad y carácter infundado de esta alegación de la jueza, la remisión del proceso a un juzgado alejado del lugar de origen de las personas defensoras incrementa la vulnerabilidad y riesgo en los que ya se encuentran en este proceso de criminalización. Es importante señalar que la persecución judicial ilegal no solo genera graves impactos para estas cinco personas defensoras, sino que amenaza también la legítima labor de defensa de derechos humanos que realizan como OFRANEH y comunidad organizada. Al respecto recordamos que las comunidades garífunas organizadas en la OFRANEH son reconocidas nacional e internacionalmente por su labor de cuidado del medio ambiente y por favorecer condiciones de vida digna para sus habitantes en un contexto de abandono de las instituciones, desigualdad, pobreza y racismo. Cabe señalar también que la criminalización de las cinco personas defensoras se da en un contexto de intensificación de la violencia contra las comunidades garífunas y está vinculada con la entrada en vigor de la “Ley para el Fortalecimiento del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas", publicada en el Diario Oficial la Gaceta el 26 de junio de 2026 mediante el decreto 107/2026. El contenido de esta ley supone una grave amenaza para la sobrevivencia de comunidades y pueblos, especialmente de aquellas que defienden la tierra y el territorio. Finalmente es fundamental recordar que las violaciones cometidas contra el pueblo garífuna de San Juan y sus derechos a la propiedad colectiva han sido reconocidos a nivel internacional mediante la Sentencia emitida en el 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En este sentido, la detención arbitraria y judicialización de las cinco personas integrantes de la OFRANEH constituyen violaciones flagrantes de las obligaciones internacionales del Estado de Honduras. Constituyen además un incumplimiento de la Circular DGPN-(S/D)-No.009-2026 de la propia Policía Nacional que exceptúa de la aplicación de la ley referida a las Tierras Indígenas y Tribales según el Convenio 169 de la OIT. Con base en lo anterior, Distinguido Magistrado, le solicitamos respetuosamente que tome todas las acciones necesarias para:

• Garantizar el cese inmediato de la persecución judicial ilegal contra las cinco personas defensoras integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH): Deinor Osmany Mejía Arzu, Irbin Rene López Cortes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta.
• Garantizar el debido y total cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte IDH a favor del pueblo garífuna de San Juan que reconocen el derecho a la propiedad colectiva y condenan al Estado por violar derechos territoriales y culturales del pueblo garífuna y que ordenan asegurar la protección de líderes y lideresas.
• Prevenir cualquier otra situación de criminalización y violación de los derechos internacionalmente reconocidos a favor de la población de San Juan y demás comunidades garífunas.

Desde nuestras organizaciones nos mantendremos especialmente vigilantes de esta situación. Quedamos atentas a la respuesta que brinde a la presente.]]> https://observatoryfordefenders.org/alert/uganda-protection-of-sovereignty-act-threatens-activities-of-human-rights-defenders-and-civil-society-organisations/ Mon, 27 Jul 2026 09:49:50 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25194 Paris-Geneva, 28 July 2026 - On 17 May 2026, President Yoweri Museveni signed the Protection of Sovereignty Act into law, imposing sweeping restrictions on international funding and foreign engagement with civil society, democracy, and governance stakeholders. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a partnership of the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), calls for the repeal of the Act, which represents one of the most severe legislative assaults on civic space in Uganda's recent history and is fundamentally incompatible with the country's obligations under international human rights law. The Protection of Sovereignty Act, 2026, signed into law by President Yoweri Museveni on 17 May 2026, has been presented as an effort to protect national sovereignty and deter foreign interference in Uganda’s internal affairs through the regulation of foreign funding and assistance. In practice, the Act constructs a sweeping apparatus of criminal liability, mandatory registration, and surveillance broad enough to capture any individual or organisation, whether they are a non-governmental organisation, a media outlet, or a private entity, that engages in the activities listed in Section 2(2) of the Act while receiving foreign funding or acting under foreign direction. At the core of the Act lies the concept of "agent of a foreigner", defined in Section 2 as any person acting on behalf of, at the direction of, or with financial support from a foreign principal. It extends beyond the formal representation of foreign interests before government bodies to encompass the solicitation or disbursement of foreign funds for “political activities”, the recruitment of third parties, and, crucially, any attempt to influence or implement government policy without prior Cabinet approval, or to encourage public opposition to it. The breadth of this definition means that a human rights defender or civil society organisation receiving foreign funding may be designated an "agent of a foreigner" by virtue of conducting advocacy that is inherently political in the broad sense the Act implies. This concern is compounded by the large scope of the definition of "political activities" (Section 1) which includes any activity aimed at influencing the enactment of legislation, the formulation of policy, or the decision-making of Government, as well as any activities aimed at influencing, imposing or normalising ideologies deemed inconsistent with the Constitution or with the customs and norms of communities listed in the Third Schedule to the Constitution. This last sub-definition in particular — vague, subjective, and untethered from any objective legal standard — creates the conditions for the persecution of human rights defenders working on gender equality, LGBTQ+ rights, and other issues that the government may characterise as contrary to "community norms." In addition, the definition of "interests of Uganda," against which agents of foreigners are prohibited from acting, is explicitly tied in Section 1 to Government policy, effectively conflating the interests of the State with those of the ruling government. Any advocacy position that diverges from official Cabinet policy may thereby be construed as acting against "the interests of Uganda." This transforms advocacy, research, election monitoring, and public interest litigation into potential criminal acts carrying a fine of up to UGX 1 billion (approximately 234,000 Euros) or imprisonment of up to 10 years for individuals, and a fine of up to UGX 2 billion (approximately 468,000 Euros) for legal entities. Three provisions of the Act are of particular concern. Section 2(2)(f) conditions any policy advocacy by foreign-funded organisations or defenders on prior Cabinet approval, effectively subordinating independent civil society to executive oversight and rendering meaningful scrutiny of government conduct structurally impossible. Section 13 criminalises the publication of "false information" or any act deemed to undermine Uganda’s economic system, without statutory definition or independent judicial oversight — a formulation broad enough to prosecute critical journalism, whistle-blowing, and evidence-based advocacy whose findings conflict with official positions. Section 21 establishes a mandatory declaration regime for foreign funding exceeding UGX 400 million (approximately 93,200 Euros) annually, with undeclared funds subject to State forfeiture. Oversight and enforcement powers are vested in the same Ministry responsible for introducing the Act, which creates an inherent conflict of interest and exposes civil society organisations to selectively motivated enforcement. The Observatory notes that the Act mirrors so-called "foreign agent" and "sovereignty" laws adopted in countries such as Russia, that seek to stigmatise civil society groups by forcing them to register as paid agents of foreign interests, and comes amid broader concerns about shrinking civic space across the region. Similar laws are increasingly adopted in different parts of the world and often result in increased surveillance, judicial harassment, restrictions on access to funding, and other obstacles that hinder the legitimate work of human rights defenders and civil society organisations. The Observatory further notes that the Act is being implemented in an environment of intensifying repression against independent voices, including media, and against human rights organisations, with at least seven human rights organisations suspended in the lead-up to the January 2026 general elections. The Observatory underlines that the Protection of Sovereignty Act, 2026 is incompatible with Uganda’s binding obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), in particular the rights to freedom of expression (Article 19), freedom of association (Article 22), and freedom of peaceful assembly (Article 21), as well as the African Charter on Human and Peoples’ Rights. The Observatory further notes that several provisions of the Act may violate Article 28(12) of Uganda’s own Constitution, which requires criminal offences to be defined with sufficient clarity to enable citizens to understand what conduct is prohibited — a requirement that vague terms such as "interests of Uganda," "disruptive activities," "political activities," and "false information" as used in the Act do not meet. In this regard, the Observatory welcomes the petition filed on 10 June 2026 before Uganda’s Constitutional Court by a group of 14 human rights defenders, politicians, journalists, and civil society actors seeking the nullification of the Act. The petitioners argue that the Act unlawfully equates criticism of government policy with disloyalty to the nation, contravenes Article 28(12) of the Constitution by failing to define criminal offences with sufficient clarity, and violates the constitutional rights to freedom of expression, association, assembly, and political participation. The Observatory calls upon the Constitutional Court to consider this petition as a matter of urgency. The Observatory calls upon the Ugandan authorities to repeal the Protection of Sovereignty Act, 2026 in its entirety, or at minimum suspend its application pending a comprehensive review by an independent body in full conformity with international human rights standards. Ugandan authorities should also immediately and publicly commit that the Act will not be invoked against human rights defenders, journalists, researchers, lawyers, or civil society organisations, and guarantee that they can carry out their work freely, safely, and without fear of criminal prosecution, administrative harassment, or surveillance.]]> Paris-Geneva, 28 July 2026 - On 17 May 2026, President Yoweri Museveni signed the Protection of Sovereignty Act into law, imposing sweeping restrictions on international funding and foreign engagement with civil society, democracy, and governance stakeholders. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a partnership of the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), calls for the repeal of the Act, which represents one of the most severe legislative assaults on civic space in Uganda's recent history and is fundamentally incompatible with the country's obligations under international human rights law. The Protection of Sovereignty Act, 2026, signed into law by President Yoweri Museveni on 17 May 2026, has been presented as an effort to protect national sovereignty and deter foreign interference in Uganda’s internal affairs through the regulation of foreign funding and assistance. In practice, the Act constructs a sweeping apparatus of criminal liability, mandatory registration, and surveillance broad enough to capture any individual or organisation, whether they are a non-governmental organisation, a media outlet, or a private entity, that engages in the activities listed in Section 2(2) of the Act while receiving foreign funding or acting under foreign direction. At the core of the Act lies the concept of "agent of a foreigner", defined in Section 2 as any person acting on behalf of, at the direction of, or with financial support from a foreign principal. It extends beyond the formal representation of foreign interests before government bodies to encompass the solicitation or disbursement of foreign funds for “political activities”, the recruitment of third parties, and, crucially, any attempt to influence or implement government policy without prior Cabinet approval, or to encourage public opposition to it. The breadth of this definition means that a human rights defender or civil society organisation receiving foreign funding may be designated an "agent of a foreigner" by virtue of conducting advocacy that is inherently political in the broad sense the Act implies. This concern is compounded by the large scope of the definition of "political activities" (Section 1) which includes any activity aimed at influencing the enactment of legislation, the formulation of policy, or the decision-making of Government, as well as any activities aimed at influencing, imposing or normalising ideologies deemed inconsistent with the Constitution or with the customs and norms of communities listed in the Third Schedule to the Constitution. This last sub-definition in particular — vague, subjective, and untethered from any objective legal standard — creates the conditions for the persecution of human rights defenders working on gender equality, LGBTQ+ rights, and other issues that the government may characterise as contrary to "community norms." In addition, the definition of "interests of Uganda," against which agents of foreigners are prohibited from acting, is explicitly tied in Section 1 to Government policy, effectively conflating the interests of the State with those of the ruling government. Any advocacy position that diverges from official Cabinet policy may thereby be construed as acting against "the interests of Uganda." This transforms advocacy, research, election monitoring, and public interest litigation into potential criminal acts carrying a fine of up to UGX 1 billion (approximately 234,000 Euros) or imprisonment of up to 10 years for individuals, and a fine of up to UGX 2 billion (approximately 468,000 Euros) for legal entities. Three provisions of the Act are of particular concern. Section 2(2)(f) conditions any policy advocacy by foreign-funded organisations or defenders on prior Cabinet approval, effectively subordinating independent civil society to executive oversight and rendering meaningful scrutiny of government conduct structurally impossible. Section 13 criminalises the publication of "false information" or any act deemed to undermine Uganda’s economic system, without statutory definition or independent judicial oversight — a formulation broad enough to prosecute critical journalism, whistle-blowing, and evidence-based advocacy whose findings conflict with official positions. Section 21 establishes a mandatory declaration regime for foreign funding exceeding UGX 400 million (approximately 93,200 Euros) annually, with undeclared funds subject to State forfeiture. Oversight and enforcement powers are vested in the same Ministry responsible for introducing the Act, which creates an inherent conflict of interest and exposes civil society organisations to selectively motivated enforcement. The Observatory notes that the Act mirrors so-called "foreign agent" and "sovereignty" laws adopted in countries such as Russia, that seek to stigmatise civil society groups by forcing them to register as paid agents of foreign interests, and comes amid broader concerns about shrinking civic space across the region. Similar laws are increasingly adopted in different parts of the world and often result in increased surveillance, judicial harassment, restrictions on access to funding, and other obstacles that hinder the legitimate work of human rights defenders and civil society organisations. The Observatory further notes that the Act is being implemented in an environment of intensifying repression against independent voices, including media, and against human rights organisations, with at least seven human rights organisations suspended in the lead-up to the January 2026 general elections. The Observatory underlines that the Protection of Sovereignty Act, 2026 is incompatible with Uganda’s binding obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), in particular the rights to freedom of expression (Article 19), freedom of association (Article 22), and freedom of peaceful assembly (Article 21), as well as the African Charter on Human and Peoples’ Rights. The Observatory further notes that several provisions of the Act may violate Article 28(12) of Uganda’s own Constitution, which requires criminal offences to be defined with sufficient clarity to enable citizens to understand what conduct is prohibited — a requirement that vague terms such as "interests of Uganda," "disruptive activities," "political activities," and "false information" as used in the Act do not meet. In this regard, the Observatory welcomes the petition filed on 10 June 2026 before Uganda’s Constitutional Court by a group of 14 human rights defenders, politicians, journalists, and civil society actors seeking the nullification of the Act. The petitioners argue that the Act unlawfully equates criticism of government policy with disloyalty to the nation, contravenes Article 28(12) of the Constitution by failing to define criminal offences with sufficient clarity, and violates the constitutional rights to freedom of expression, association, assembly, and political participation. The Observatory calls upon the Constitutional Court to consider this petition as a matter of urgency. The Observatory calls upon the Ugandan authorities to repeal the Protection of Sovereignty Act, 2026 in its entirety, or at minimum suspend its application pending a comprehensive review by an independent body in full conformity with international human rights standards. Ugandan authorities should also immediately and publicly commit that the Act will not be invoked against human rights defenders, journalists, researchers, lawyers, or civil society organisations, and guarantee that they can carry out their work freely, safely, and without fear of criminal prosecution, administrative harassment, or surveillance.]]> https://observatoryfordefenders.org/alert/cote-divoire-31-agents-des-affaires-maritimes-condamne%c2%b7es-a-1-an-de-prison-apres-avoir-exerce-leur-droit-de-greve/ Thu, 23 Jul 2026 09:20:47 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25155 décret présidentiel, le versement d’une indemnité contributive au logement ainsi qu’une revalorisation des primes sectorielles qui n’ont finalement jamais été versées. Cela a entraîné un mouvement de protestation de la part des employé·es membre du Syndicat Agir pour le Bien-être du Personnel des Affaires Maritimes (SYNABEPAM). Le 8 juin 2026, 34 grévistes ont été arbitrairement arrêtés par les forces de police et de gendarmerie au cours d’un sit-in devant le siège de la police maritime d’Abidjan afin de porter leurs revendications. Ces 34 grévistes ont tous été déférés devant le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau puis placés sous mandat de dépôt et détenus au Pôle Pénitentiaire d’Abidjan (PPA). A la date de cet appel urgent, les 31 agents de la Direction Générale des Affaires Maritimes demeurent détenu·es au Pôle Pénal d’Abidjan. L’Observatoire rappelle que cette restriction à la liberté d’association et en particulier au droit de grève et au droit syndical s’inscrit dans une tendance croissante des autorités ivoiriennes déjà documentée par l’Observatoire. MonsieurGhislain Assy Yapo dit Duggary, instituteur et Secrétaire à la Communication du syndicat le « Mouvement des Enseignants pour la Dynamique de la Dignité » (MEDD) a ainsi été condamné de manière définitive à deux ans de prison ferme le 16 juillet 2025 pour « coalition d’agents publics » et d’ « entrave au fonctionnement des services publics de l’État » pour avoir relayé des informations au sujet d’une grève. L’objectif de cette grève était de réclamer le paiement d’une prime d’incitation pour les enseignant·es comme celle dont bénéficient les autres fonctionnaires ivoirien·nes. En 2020, l’Observatoire a aussi été alerté sur la situation de Mme Pulchérie Gbalet et M. Aimé César Kouakou N’Goran qui ont fait l’objet d’une procédure de licenciement par le Syndicat libre des travailleurs du Bureau national d’étude technique et de développement (SLT-BNETD) pour avoir appelé à manifester contre un troisième mandat du Président Ouattara. Ces arrestations contreviennent au droit de grève et au droit syndical qui sont respectivement consacrés par les articles 23 et 24 de la loi n°2023-892 du 23 novembre 2023 portant Statut général de la Fonction Publique, ainsi que par l'article 18 de la Constitution ivoirienne. La loi n°2014-388 du 20 juin 2014 relative à la promotion et à la protection des défenseurs en Côte d'Ivoire dispose également en son article 5 qu’aucun·e défenseur·e ne peut être poursuivi·e en raison d’opinions émises dans l’exercice de ses activités. En juillet 2024, le Comité des Nations Unies contre la Tortureavait déjà exprimé sa vive préoccupation quant à l’usage fréquent de dispositions pénales pour réprimer les opinions dissidentes en Côte d'Ivoire. L’Observatoire exprime sa préoccupation face à la condamnation des 31 agents grévistes de la DGAM en ce qu’elle ne semble viser qu’à les sanctionner pour l’exercice légitime de leur droit de grève et droit syndical. L’Observatoire appelle donc les autorités ivoiriennes à tout mettre en œuvre pour que les 31 grévistes de la DGAM aient accès à tous les recours juridictionnels et non juridictionnels disponibles afin que la décision de leur condamnation puisse faire l’objet d’une révision équitable par un juge indépendant afin de favoriser leur libération immédiate. L’Observatoire appelle également les autorités à cesser tout harcèlement judiciaire à l’encontre des 34 grévistes de la DGAM et de tou·tes les grévistes et syndicalistes, dont le rôle de défense du droit des travailleur·ses est essentiel.]]> décret présidentiel, le versement d’une indemnité contributive au logement ainsi qu’une revalorisation des primes sectorielles qui n’ont finalement jamais été versées. Cela a entraîné un mouvement de protestation de la part des employé·es membre du Syndicat Agir pour le Bien-être du Personnel des Affaires Maritimes (SYNABEPAM). Le 8 juin 2026, 34 grévistes ont été arbitrairement arrêtés par les forces de police et de gendarmerie au cours d’un sit-in devant le siège de la police maritime d’Abidjan afin de porter leurs revendications. Ces 34 grévistes ont tous été déférés devant le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau puis placés sous mandat de dépôt et détenus au Pôle Pénitentiaire d’Abidjan (PPA). A la date de cet appel urgent, les 31 agents de la Direction Générale des Affaires Maritimes demeurent détenu·es au Pôle Pénal d’Abidjan. L’Observatoire rappelle que cette restriction à la liberté d’association et en particulier au droit de grève et au droit syndical s’inscrit dans une tendance croissante des autorités ivoiriennes déjà documentée par l’Observatoire. MonsieurGhislain Assy Yapo dit Duggary, instituteur et Secrétaire à la Communication du syndicat le « Mouvement des Enseignants pour la Dynamique de la Dignité » (MEDD) a ainsi été condamné de manière définitive à deux ans de prison ferme le 16 juillet 2025 pour « coalition d’agents publics » et d’ « entrave au fonctionnement des services publics de l’État » pour avoir relayé des informations au sujet d’une grève. L’objectif de cette grève était de réclamer le paiement d’une prime d’incitation pour les enseignant·es comme celle dont bénéficient les autres fonctionnaires ivoirien·nes. En 2020, l’Observatoire a aussi été alerté sur la situation de Mme Pulchérie Gbalet et M. Aimé César Kouakou N’Goran qui ont fait l’objet d’une procédure de licenciement par le Syndicat libre des travailleurs du Bureau national d’étude technique et de développement (SLT-BNETD) pour avoir appelé à manifester contre un troisième mandat du Président Ouattara. Ces arrestations contreviennent au droit de grève et au droit syndical qui sont respectivement consacrés par les articles 23 et 24 de la loi n°2023-892 du 23 novembre 2023 portant Statut général de la Fonction Publique, ainsi que par l'article 18 de la Constitution ivoirienne. La loi n°2014-388 du 20 juin 2014 relative à la promotion et à la protection des défenseurs en Côte d'Ivoire dispose également en son article 5 qu’aucun·e défenseur·e ne peut être poursuivi·e en raison d’opinions émises dans l’exercice de ses activités. En juillet 2024, le Comité des Nations Unies contre la Tortureavait déjà exprimé sa vive préoccupation quant à l’usage fréquent de dispositions pénales pour réprimer les opinions dissidentes en Côte d'Ivoire. L’Observatoire exprime sa préoccupation face à la condamnation des 31 agents grévistes de la DGAM en ce qu’elle ne semble viser qu’à les sanctionner pour l’exercice légitime de leur droit de grève et droit syndical. L’Observatoire appelle donc les autorités ivoiriennes à tout mettre en œuvre pour que les 31 grévistes de la DGAM aient accès à tous les recours juridictionnels et non juridictionnels disponibles afin que la décision de leur condamnation puisse faire l’objet d’une révision équitable par un juge indépendant afin de favoriser leur libération immédiate. L’Observatoire appelle également les autorités à cesser tout harcèlement judiciaire à l’encontre des 34 grévistes de la DGAM et de tou·tes les grévistes et syndicalistes, dont le rôle de défense du droit des travailleur·ses est essentiel.]]> https://observatoryfordefenders.org/alert/belgique-les-manifestations-contre-la-reforme-de-lenseignement-alimentent-les-inquietudes-liees-au-retrecissement-de-lespace-civique/ Thu, 25 Jun 2026 14:52:55 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24984 Paris-Genève, 25 juin 2026 – La répression violente des manifestations contre la réforme de l'enseignement organisées à Bruxelles les 4 et 5 juin 2026 soulève de sérieuses inquiétudes quant au respect de la liberté de réunion pacifique et au maintien d’un espace civique sûr et propice en Belgique. L'Observatoire pour la protection des défenseur·es des droits humains, un partenariat de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et de l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT), et la Ligue des droits humains (LDH) condamnent la réaction disproportionnée des autorités face à l’expression légitime du mécontentement des étudiant·es et du corps enseignant concernant la réforme, et en particulier le recours excessif à la force contre des manifestant·es, y compris des mineur·es. Ils appellent les autorités belges à garantir que le maintien de l'ordre soit compatible avec le respect des principes constitutionnels et avec le droit international, et ne porte pas atteinte à l'exercice des libertés fondamentales ni ne contribue au rétrécissement de l'espace civique.  Les 4 et 5 juin 2026, plusieurs milliers d'étudiant·es, d'enseignant·es et de membres du personnel de l'enseignement se sont rassemblé·es à Bruxelles afin de protester contre la réforme de l'enseignement portée par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les organisations étudiantes et les syndicats dénoncent notamment une réforme prévoyant une augmentation de la charge de travail des enseignant·es, des modifications de leur statut, ainsi qu'une hausse des droits d'inscription pour certaines catégories d'étudiant·es dans l'enseignement supérieur, estimant que ces mesures risquent de détériorer les conditions d'enseignement et de restreindre l'accès à une éducation de qualité. Alors que la manifestation se voulait pacifique, des affrontements ont éclaté après l'intervention des forces de l'ordre visant à disperser les manifestant·es. Selon de nombreux témoignages et les images largement diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux, les forces de l'ordre ont eu recours à des canons à eau, au gaz lacrymogène et à des coups de matraque pour disperser les manifestant·es. Le recours à la technique de la nasse a également été constaté et des violences à l'encontre de mineur·es ont été commises. Les violences ont également visé des observateurs pacifiques, dont une députée écologiste qui a été touchée par des gaz lacrymogènes alors qu’elle exercait son devoir de contrôle parlementaire, motivée par la crainte fondée que les forces de l’ordre ne recourent à la technique de la nasse pour encercler les manifestant·es, une tactique illégale en Belgique. L'Observatoire et la LDH rappellent que ces événements interviennent dans un contexte plus large de préoccupations croissantes concernant le rétrécissement de l'espace civique en Belgique. Au cours des dernières années, plusieurs évolutions ont suscité de vives inquiétudes, notamment l'élaboration de projets législatifs susceptibles de restreindre la liberté d'association, dont un avant-projet de loi qui prévoit l'interdiction et la dissolution administrative d'associations ou groupements de fait sans contrôle judiciaire préalable, des limitations de l'accès des organisations de la société civile aux financements publics, ainsi que des discours politiques de plus en plus hostiles, tendant à remettre en cause la légitimité des organisations de défense des droits humains. Ces évolutions mettent en péril le pluralisme démocratique, la participation citoyenne et l'exercice des libertés fondamentales en Belgique. Les manifestations des 4 et 5 juin 2026 illustrent que ces préoccupations ne se limitent plus aux seules libertés associatives mais concernent également l'exercice effectif de la liberté de réunion pacifique. Le recours excessif à la force, à des arrestations, souvent arbitraires, ou à des techniques de maintien de l'ordre parfois illégales – telles que la “nasse” – en manifestation constituent des violations des droits fondamentaux des personnes qui y participent et qui exercent ainsi leur liberté d’expression et de réunion pacifique. Ces pratiques sont susceptibles de décourager la mobilisation, et sont de nature à produire un effet dissuasif (chilling effect) sur l'exercice des libertés fondamentales et sur la participation citoyenne à l’élaboration des politiques publiques, elle-même garantie du bon fonctionnement de l’Etat de droit. Préserver l'espace civique implique dès lors de garantir un cadre juridique protecteur pour la société civile, mais également de veiller à ce que les autorités n'entravent pas l'exercice des libertés associatives et du droit de manifester. La Belgique, en tant qu'État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et Etat membre de l’Union européenne (UE), est tenue de garantir les droits à la liberté d'expression, à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, protégés notamment par les articles 19, 21 et 22 du PIDCP, par les articles 10 et 11 de la CEDH et par les articles 11 et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. En outre, les Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois prévoient que le recours à la force ne peut intervenir qu'en cas de stricte nécessité et dans le respect du principe de proportionnalité. L'Observatoire et la LDH expriment leur vive inquiétude face aux restrictions susceptibles de porter atteinte à l'exercice de la liberté de réunion pacifique en Belgique. Les violences commises lors des manifestations des 4 et 5 juin 2026, en particulier à l'encontre de jeunes et de mineur·es mobilisé·es sur une question d'intérêt général, illustrent les risques que des pratiques de maintien de l'ordre inadaptées et disproportionnées peuvent faire peser sur l'exercice des libertés d'expression et de réunion pacifique. L'Observatoire et la LDH appellent les autorités belges à mener des enquêtes rapides, approfondies, indépendantes et impartiales sur les violences commises lors de ces manifestations afin que les responsabilités soient établies et que les victimes obtiennent réparation. L’Observatoire et la LDH exhortent également les autorités à garantir que les futures manifestations soient encadrées de manière à faciliter l'exercice des libertés de réunion pacifique et d'expression et le maintien d’un espace civique sain et propice, et que toute opération de maintien de l’ordre se déroule dans le respect des principes constitutionnels et du droit international et européen des droits humains.]]> Paris-Genève, 25 juin 2026 – La répression violente des manifestations contre la réforme de l'enseignement organisées à Bruxelles les 4 et 5 juin 2026 soulève de sérieuses inquiétudes quant au respect de la liberté de réunion pacifique et au maintien d’un espace civique sûr et propice en Belgique. L'Observatoire pour la protection des défenseur·es des droits humains, un partenariat de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et de l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT), et la Ligue des droits humains (LDH) condamnent la réaction disproportionnée des autorités face à l’expression légitime du mécontentement des étudiant·es et du corps enseignant concernant la réforme, et en particulier le recours excessif à la force contre des manifestant·es, y compris des mineur·es. Ils appellent les autorités belges à garantir que le maintien de l'ordre soit compatible avec le respect des principes constitutionnels et avec le droit international, et ne porte pas atteinte à l'exercice des libertés fondamentales ni ne contribue au rétrécissement de l'espace civique.  Les 4 et 5 juin 2026, plusieurs milliers d'étudiant·es, d'enseignant·es et de membres du personnel de l'enseignement se sont rassemblé·es à Bruxelles afin de protester contre la réforme de l'enseignement portée par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les organisations étudiantes et les syndicats dénoncent notamment une réforme prévoyant une augmentation de la charge de travail des enseignant·es, des modifications de leur statut, ainsi qu'une hausse des droits d'inscription pour certaines catégories d'étudiant·es dans l'enseignement supérieur, estimant que ces mesures risquent de détériorer les conditions d'enseignement et de restreindre l'accès à une éducation de qualité. Alors que la manifestation se voulait pacifique, des affrontements ont éclaté après l'intervention des forces de l'ordre visant à disperser les manifestant·es. Selon de nombreux témoignages et les images largement diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux, les forces de l'ordre ont eu recours à des canons à eau, au gaz lacrymogène et à des coups de matraque pour disperser les manifestant·es. Le recours à la technique de la nasse a également été constaté et des violences à l'encontre de mineur·es ont été commises. Les violences ont également visé des observateurs pacifiques, dont une députée écologiste qui a été touchée par des gaz lacrymogènes alors qu’elle exercait son devoir de contrôle parlementaire, motivée par la crainte fondée que les forces de l’ordre ne recourent à la technique de la nasse pour encercler les manifestant·es, une tactique illégale en Belgique. L'Observatoire et la LDH rappellent que ces événements interviennent dans un contexte plus large de préoccupations croissantes concernant le rétrécissement de l'espace civique en Belgique. Au cours des dernières années, plusieurs évolutions ont suscité de vives inquiétudes, notamment l'élaboration de projets législatifs susceptibles de restreindre la liberté d'association, dont un avant-projet de loi qui prévoit l'interdiction et la dissolution administrative d'associations ou groupements de fait sans contrôle judiciaire préalable, des limitations de l'accès des organisations de la société civile aux financements publics, ainsi que des discours politiques de plus en plus hostiles, tendant à remettre en cause la légitimité des organisations de défense des droits humains. Ces évolutions mettent en péril le pluralisme démocratique, la participation citoyenne et l'exercice des libertés fondamentales en Belgique. Les manifestations des 4 et 5 juin 2026 illustrent que ces préoccupations ne se limitent plus aux seules libertés associatives mais concernent également l'exercice effectif de la liberté de réunion pacifique. Le recours excessif à la force, à des arrestations, souvent arbitraires, ou à des techniques de maintien de l'ordre parfois illégales – telles que la “nasse” – en manifestation constituent des violations des droits fondamentaux des personnes qui y participent et qui exercent ainsi leur liberté d’expression et de réunion pacifique. Ces pratiques sont susceptibles de décourager la mobilisation, et sont de nature à produire un effet dissuasif (chilling effect) sur l'exercice des libertés fondamentales et sur la participation citoyenne à l’élaboration des politiques publiques, elle-même garantie du bon fonctionnement de l’Etat de droit. Préserver l'espace civique implique dès lors de garantir un cadre juridique protecteur pour la société civile, mais également de veiller à ce que les autorités n'entravent pas l'exercice des libertés associatives et du droit de manifester. La Belgique, en tant qu'État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et Etat membre de l’Union européenne (UE), est tenue de garantir les droits à la liberté d'expression, à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, protégés notamment par les articles 19, 21 et 22 du PIDCP, par les articles 10 et 11 de la CEDH et par les articles 11 et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. En outre, les Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois prévoient que le recours à la force ne peut intervenir qu'en cas de stricte nécessité et dans le respect du principe de proportionnalité. L'Observatoire et la LDH expriment leur vive inquiétude face aux restrictions susceptibles de porter atteinte à l'exercice de la liberté de réunion pacifique en Belgique. Les violences commises lors des manifestations des 4 et 5 juin 2026, en particulier à l'encontre de jeunes et de mineur·es mobilisé·es sur une question d'intérêt général, illustrent les risques que des pratiques de maintien de l'ordre inadaptées et disproportionnées peuvent faire peser sur l'exercice des libertés d'expression et de réunion pacifique. L'Observatoire et la LDH appellent les autorités belges à mener des enquêtes rapides, approfondies, indépendantes et impartiales sur les violences commises lors de ces manifestations afin que les responsabilités soient établies et que les victimes obtiennent réparation. L’Observatoire et la LDH exhortent également les autorités à garantir que les futures manifestations soient encadrées de manière à faciliter l'exercice des libertés de réunion pacifique et d'expression et le maintien d’un espace civique sain et propice, et que toute opération de maintien de l’ordre se déroule dans le respect des principes constitutionnels et du droit international et européen des droits humains.]]> https://observatoryfordefenders.org/alert/tunisie-le-juge-anas-hmaidi-sera-juge-en-appel-le-17-juin-2026/ Tue, 16 Jun 2026 13:04:26 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24893 L’Observatoire pour la protection des défenseur·es des droits humains, un partenariat de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), vous prie d’intervenir sur la situation suivante en Tunisie. Description de la situation : L’Observatoire a été informé de la condamnation de M. Anas Hmaidi, magistrat tunisien et président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), en lien avec les événements de juin 2022. Anas Hmaidi est l’une des principales figures du mouvement de protestation et de la grève nationale des magistrat·es organisée par l’AMT. Le 6 avril 2026, le tribunal de première instance de Tunis a condamné Anas Hmaidi à une peine d’un an d’emprisonnement sur le fondement de l’article 136 du Code pénal pour « entrave à la liberté de travail » suite à son rôle dans la défense de l’indépendance du pouvoir judiciaire et sa participation à la grève des magistrat·es de 2022. Anas Hmaidi a interjeté appel de cette décision et reste maintenu en liberté provisoire jusqu’à son audience fixée au 17 juin 2026. L’Observatoire rappelle que le 12 février 2022, le président Kaïs Saïed avait procédé à la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) par décret présidentiel et à son remplacement par un Conseil provisoire, une mesure largement dénoncée par l’AMT comme une atteinte grave à l’indépendance de la justice. Cette mesure avait également été suivie par un décret présidentiel du 1er juin 2022 révoquant 57 magistrat·es. Dans ce contexte, Anas Hmaidi avait multiplié les prises de position publiques critiques à l’égard de la mainmise de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire. À partir de juin 2022, et tout au long de l’année 2022, Anas Hmaidi a fait l’objet de pressions administratives et disciplinaires croissantes en lien avec ses déclarations publiques, son rôle dans la grève des magistrat·es et son activité syndicale à la tête de l’AMT. L’Inspection générale du ministère de la Justice l’a notamment convoqué à plusieurs reprises et il a été traduit devant le conseil de discipline, avant que son immunité ne soit levée et qu’une enquête pénale ne soit ouverte en lien avec son activité syndicale à la tête de l’organisation. Par la suite, plusieurs procédures judiciaires ont été engagées à son encontre entre 2022 et 2026. L’Observatoire rappelle également que le 2 avril 2026, la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats, Margaret Satterthwaite, a déclaré, avec le soutien de Mary Lawlor, Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseur·es des droits humains, et de Gina Romero, Rapporteuse spéciale sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association, que le juge Hmaidi était uniquement sanctionné pour avoir défendu l’indépendance de la justice, et que les poursuites engagées contre lui étaient liées à sa participation à une grève légitime des magistrats. L’Observatoire souligne que ces poursuites s’inscrivent dans un contexte plus large de concentration des pouvoirs exécutifs en Tunisie depuis les mesures exceptionnelles annoncées le 25 juillet 2021 par le président Kaïs Saïed, ainsi que dans un climat de préoccupations récurrentes exprimées par les organisations de défense des droits humains concernant l’affaiblissement de l’indépendance de la justice. L’Observatoire considère que les procédures visant Anas Hmaidi constituent des représailles liées à l’exercice légitime de la liberté d’expression, d’association, ainsi que de défense syndicale et professionnelle. Dans ce cadre, l’Observatoire rappelle que le droit syndical et le droit de grève sont des droits constitutionnels en Tunisie. L’Observatoire rappelle également que la Tunisie, en tant qu’État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui garantit la liberté d’expression (article 19) et la liberté d’association (article 22), doit veiller à ce qu’aucune restriction ou entrave ne soit apportée à l’exercice de ces libertés. L’Observatoire condamne le harcèlement judiciaire et la condamnation d’Anas Hmaidi qui ne semblent uniquement destinées à entraver ses activités légitimes de défense des droits humains et appelle les autorités tunisiennes à abandonner toutes les charges qui pèsent contre lui. La Tunisie doit mettre fin à tout acte de harcèlement, y compris judiciaire, à son encontre et à l’encontre de tou·tes les défenseur·es des droits humains dans le pays.]]> L’Observatoire pour la protection des défenseur·es des droits humains, un partenariat de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), vous prie d’intervenir sur la situation suivante en Tunisie. Description de la situation : L’Observatoire a été informé de la condamnation de M. Anas Hmaidi, magistrat tunisien et président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), en lien avec les événements de juin 2022. Anas Hmaidi est l’une des principales figures du mouvement de protestation et de la grève nationale des magistrat·es organisée par l’AMT. Le 6 avril 2026, le tribunal de première instance de Tunis a condamné Anas Hmaidi à une peine d’un an d’emprisonnement sur le fondement de l’article 136 du Code pénal pour « entrave à la liberté de travail » suite à son rôle dans la défense de l’indépendance du pouvoir judiciaire et sa participation à la grève des magistrat·es de 2022. Anas Hmaidi a interjeté appel de cette décision et reste maintenu en liberté provisoire jusqu’à son audience fixée au 17 juin 2026. L’Observatoire rappelle que le 12 février 2022, le président Kaïs Saïed avait procédé à la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) par décret présidentiel et à son remplacement par un Conseil provisoire, une mesure largement dénoncée par l’AMT comme une atteinte grave à l’indépendance de la justice. Cette mesure avait également été suivie par un décret présidentiel du 1er juin 2022 révoquant 57 magistrat·es. Dans ce contexte, Anas Hmaidi avait multiplié les prises de position publiques critiques à l’égard de la mainmise de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire. À partir de juin 2022, et tout au long de l’année 2022, Anas Hmaidi a fait l’objet de pressions administratives et disciplinaires croissantes en lien avec ses déclarations publiques, son rôle dans la grève des magistrat·es et son activité syndicale à la tête de l’AMT. L’Inspection générale du ministère de la Justice l’a notamment convoqué à plusieurs reprises et il a été traduit devant le conseil de discipline, avant que son immunité ne soit levée et qu’une enquête pénale ne soit ouverte en lien avec son activité syndicale à la tête de l’organisation. Par la suite, plusieurs procédures judiciaires ont été engagées à son encontre entre 2022 et 2026. L’Observatoire rappelle également que le 2 avril 2026, la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats, Margaret Satterthwaite, a déclaré, avec le soutien de Mary Lawlor, Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseur·es des droits humains, et de Gina Romero, Rapporteuse spéciale sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association, que le juge Hmaidi était uniquement sanctionné pour avoir défendu l’indépendance de la justice, et que les poursuites engagées contre lui étaient liées à sa participation à une grève légitime des magistrats. L’Observatoire souligne que ces poursuites s’inscrivent dans un contexte plus large de concentration des pouvoirs exécutifs en Tunisie depuis les mesures exceptionnelles annoncées le 25 juillet 2021 par le président Kaïs Saïed, ainsi que dans un climat de préoccupations récurrentes exprimées par les organisations de défense des droits humains concernant l’affaiblissement de l’indépendance de la justice. L’Observatoire considère que les procédures visant Anas Hmaidi constituent des représailles liées à l’exercice légitime de la liberté d’expression, d’association, ainsi que de défense syndicale et professionnelle. Dans ce cadre, l’Observatoire rappelle que le droit syndical et le droit de grève sont des droits constitutionnels en Tunisie. L’Observatoire rappelle également que la Tunisie, en tant qu’État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui garantit la liberté d’expression (article 19) et la liberté d’association (article 22), doit veiller à ce qu’aucune restriction ou entrave ne soit apportée à l’exercice de ces libertés. L’Observatoire condamne le harcèlement judiciaire et la condamnation d’Anas Hmaidi qui ne semblent uniquement destinées à entraver ses activités légitimes de défense des droits humains et appelle les autorités tunisiennes à abandonner toutes les charges qui pèsent contre lui. La Tunisie doit mettre fin à tout acte de harcèlement, y compris judiciaire, à son encontre et à l’encontre de tou·tes les défenseur·es des droits humains dans le pays.]]> https://observatoryfordefenders.org/alert/argentina-participacion-vigilada-el-proyecto-de-ley-de-gestion-de-intereses-amenaza-la-labor-de-la-sociedad-civil/ Tue, 16 Jun 2026 13:03:54 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24892 Ginebra-París, 16 de junio de 2026 – El Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) y más de 190 organizaciones firman un comunicado conjunto en el que advierten que el proyecto de ley de gestión de intereses es contrario al derecho a participar en la vida política y a peticionar ante las autoridades, y que su aprobación podría amenazar la existencia misma de cientos de organizaciones sociales en todo el país. La transparencia en los procesos de toma de decisiones públicas es un objetivo legítimo y necesario para fortalecer la democracia. Sin embargo, el proyecto propuesto por el Ejecutivo nacional no va en esa dirección. El texto incorpora mecanismos que restringen la participación ciudadana, debilita la capacidad de incidencia de organizaciones sociales y amplía el control estatal sobre actores que cumplen una función importante en la sociedad. Las relaciones entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil son de naturaleza diferente y no pueden regularse como si fueran equivalentes. El contacto entre una empresa y un funcionario en busca de un beneficio regulatorio o directamente económico no es comparable con el trabajo de una organización que promueve derechos, representa intereses de colectivos, expresa demandas sociales o se dedica al control democrático del poder. Equipararlos bajo el mismo régimen de registro, control y sanciones no es neutral: tiene consecuencias políticas serias. Las organizaciones de la sociedad civil ya tienen obligaciones de transparencia. Rinden cuentas periódicamente ante los organismos de registro correspondientes, informando sus ingresos, egresos y proyectos. Lejos de ampliar la transparencia, el efecto de una iniciativa de este tipo puede ser el contrario: desalentar la participación de organizaciones pequeñas, reducir la pluralidad de voces presentes en el debate público y fortalecer las desigualdades existentes entre quienes cuentan con mayores recursos y quienes representan intereses colectivos o comunitarios, grupos afectados y sus familias, espacios como centros de estudiantes, iglesias y movimientos sociales. El proyecto genera alertas porque, de avanzar, va a limitar las tareas cotidianas de la sociedad civil. El trabajo sobre los problemas públicos implica que las organizaciones que trabajan en derechos humanos o transparencia, que inciden para controlar los poderes, que buscan mejores políticas públicas en educación o salud, o las que se preocupan por el ambiente, entre muchas otras, necesitan reunirse, enviar correos o realizar llamadas con legisladores, con partidos políticos de oposición, o con funcionarios públicos de cualquier orden. Esa posibilidad no es un privilegio: es una condición indispensable para que el control ciudadano y la incidencia en las políticas públicas sean efectivos. En el proyecto propuesto, las organizaciones que reciben fondos de la cooperación internacional corren con la posibilidad de que el Estado les exija información extraordinaria invocando conceptos amplios como “seguridad interior” o “interés público”. El proyecto las equipara de manera indebida con representantes de intereses extranjeros, lo que reproduce además una lógica que históricamente ha sido utilizada para estigmatizar y restringir el trabajo de la sociedad civil. La experiencia de países que adoptaron leyes de agente extranjero, en Hungría o Paraguay en nuestra región, muestra cómo estas normas terminan operando como herramientas de control que limitan la capacidad de las organizaciones de actuar con libertad. Sin límites precisos en la ley y con sanciones penales de hasta tres años de prisión para incumplimientos formales, el margen para un uso arbitrario de esta nueva normativa es considerable. Esa asimetría se agudiza cuando se compara con lo que el proyecto prevé para los funcionarios que incumplan el régimen: apenas una “falta grave”. Tan grave como el punitivismo, se suma el efecto disuasorio. Si participar en el debate público implica riesgo penal, muchas organizaciones y colectivos organizados van a reducir su actividad o dejar de interactuar con el Estado. No es un escenario hipotético: en distintos países y regiones del mundo se ha observado cómo normas presentadas como herramientas de transparencia terminaron siendo un mecanismo de presión y vigilancia sobre la sociedad civil. Es un patrón que conocemos y que no queremos ver reproducido en nuestro país. Este proyecto restringe la participación y la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil, concentra los controles en una autoridad sin independencia y criminaliza errores formales. No fortalece la democracia: la erosiona precisamente donde más importa.]]> Ginebra-París, 16 de junio de 2026 – El Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) y más de 190 organizaciones firman un comunicado conjunto en el que advierten que el proyecto de ley de gestión de intereses es contrario al derecho a participar en la vida política y a peticionar ante las autoridades, y que su aprobación podría amenazar la existencia misma de cientos de organizaciones sociales en todo el país. La transparencia en los procesos de toma de decisiones públicas es un objetivo legítimo y necesario para fortalecer la democracia. Sin embargo, el proyecto propuesto por el Ejecutivo nacional no va en esa dirección. El texto incorpora mecanismos que restringen la participación ciudadana, debilita la capacidad de incidencia de organizaciones sociales y amplía el control estatal sobre actores que cumplen una función importante en la sociedad. Las relaciones entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil son de naturaleza diferente y no pueden regularse como si fueran equivalentes. El contacto entre una empresa y un funcionario en busca de un beneficio regulatorio o directamente económico no es comparable con el trabajo de una organización que promueve derechos, representa intereses de colectivos, expresa demandas sociales o se dedica al control democrático del poder. Equipararlos bajo el mismo régimen de registro, control y sanciones no es neutral: tiene consecuencias políticas serias. Las organizaciones de la sociedad civil ya tienen obligaciones de transparencia. Rinden cuentas periódicamente ante los organismos de registro correspondientes, informando sus ingresos, egresos y proyectos. Lejos de ampliar la transparencia, el efecto de una iniciativa de este tipo puede ser el contrario: desalentar la participación de organizaciones pequeñas, reducir la pluralidad de voces presentes en el debate público y fortalecer las desigualdades existentes entre quienes cuentan con mayores recursos y quienes representan intereses colectivos o comunitarios, grupos afectados y sus familias, espacios como centros de estudiantes, iglesias y movimientos sociales. El proyecto genera alertas porque, de avanzar, va a limitar las tareas cotidianas de la sociedad civil. El trabajo sobre los problemas públicos implica que las organizaciones que trabajan en derechos humanos o transparencia, que inciden para controlar los poderes, que buscan mejores políticas públicas en educación o salud, o las que se preocupan por el ambiente, entre muchas otras, necesitan reunirse, enviar correos o realizar llamadas con legisladores, con partidos políticos de oposición, o con funcionarios públicos de cualquier orden. Esa posibilidad no es un privilegio: es una condición indispensable para que el control ciudadano y la incidencia en las políticas públicas sean efectivos. En el proyecto propuesto, las organizaciones que reciben fondos de la cooperación internacional corren con la posibilidad de que el Estado les exija información extraordinaria invocando conceptos amplios como “seguridad interior” o “interés público”. El proyecto las equipara de manera indebida con representantes de intereses extranjeros, lo que reproduce además una lógica que históricamente ha sido utilizada para estigmatizar y restringir el trabajo de la sociedad civil. La experiencia de países que adoptaron leyes de agente extranjero, en Hungría o Paraguay en nuestra región, muestra cómo estas normas terminan operando como herramientas de control que limitan la capacidad de las organizaciones de actuar con libertad. Sin límites precisos en la ley y con sanciones penales de hasta tres años de prisión para incumplimientos formales, el margen para un uso arbitrario de esta nueva normativa es considerable. Esa asimetría se agudiza cuando se compara con lo que el proyecto prevé para los funcionarios que incumplan el régimen: apenas una “falta grave”. Tan grave como el punitivismo, se suma el efecto disuasorio. Si participar en el debate público implica riesgo penal, muchas organizaciones y colectivos organizados van a reducir su actividad o dejar de interactuar con el Estado. No es un escenario hipotético: en distintos países y regiones del mundo se ha observado cómo normas presentadas como herramientas de transparencia terminaron siendo un mecanismo de presión y vigilancia sobre la sociedad civil. Es un patrón que conocemos y que no queremos ver reproducido en nuestro país. Este proyecto restringe la participación y la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil, concentra los controles en una autoridad sin independencia y criminaliza errores formales. No fortalece la democracia: la erosiona precisamente donde más importa.]]> https://observatoryfordefenders.org/alert/belarus-human-rights-organisations-denounce-systemic-crisis-of-democracy-and-human-rights-in-the-labour-sector/ Thu, 04 Jun 2026 22:33:26 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24859 Paris-Geneva, 4 June 2026 - Belarus is facing a profound and systemic human rights crisis in the labour sector, marked by the dismantling of independent trade unions, the imprisonment of trade union leaders and activists, and widespread restrictions on workers’ rights. The International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, denounce this profound and systemic human rights crisis in the labour sector and declare that the current situation is complex in nature and affects fundamental labour rights guaranteed by international law, including freedom of association, the right to decent work, the prohibition of forced labour, and non-discrimination. Since 2004, the Belarusian authorities have systematically ignored and failed to implement the recommendations of the International Labour Organisation (ILO) Commission of Inquiry aimed at ensuring freedom of association, registration of independent trade unions, and removal of obstacles to their activities. Following the presidential election on 9 August 2020 - the legitimacy of which, along with its official results, was called into question by a significant number of international and Belarusian organisations - and the subsequent mass peaceful protests, the situation regarding freedom of association in the labour sector in Belarus began to deteriorate steadily. In 2022, the Belarusian authorities forcibly dissolved all independent trade unions (SPM, SPB, BNP, REP), as well as their umbrella organisation, the Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (BKDP). Their leaders and activists faced criminal prosecution, arrest and imprisonment, and were forced to leave the country. As a result, the activities of independent trade unions within Belarus were effectively halted, and workers’ ability to form and participate in independent trade unions, engage in collective representation, and defend their labour rights was significantly restricted. Under these circumstances, independent worker representation has become virtually impossible. These restrictions are systemic in nature, as they are supported by a combination of legislative mechanisms, law enforcement practices, and repressive policies targeting independent actors. Against this backdrop, the Federation of Trade Unions of Belarus (FPB) functions de facto as part of the state governance system and does not provide genuine protection of workers’ rights and interests. In 2023, an unprecedented measure was taken against Belarus under Article 33 of the Constitution of the International Labour Organisation (ILO) – only the second such case in the history of the organisation. The application of Article 33 of the ILO Constitution is a recognition by the international community of serious and systematic violations committed by the State and requires coordinated action by member States. At present, more than 20 trade union leaders and activists are in prison, and over 50 have already served their sentences but remain non-exonerated. The restrictions imposed on the latter based on their criminal records and their inclusion on lists of ‘extremists’ and ‘terrorists’ are the continuation of repression against them. Although formally released from detention, they effectively continue to serve their sentences. A number of unlawfully convicted and imprisoned trade union activists, including Aliaksandr Yarashuk, Chairperson of the BKDP and member of the ILO Governing Body, and Hennadz Fiadynich, Chairperson of REP, were forcibly expelled from the country, had their passports confiscated, and were effectively deprived of social rights, including the right to a pension. Maksim Senik, a member of the Independent Trade Union ‘Hrodna Azot’, was also forcibly expelled, and his passport was annulled without legal grounds. The widespread use of forced labour practices is a cause for particular concern. These include the use of labour from prisoners, individuals placed in medical labour centres, and people with disabilities who are permanently resident in social care homes (which is especially critical for those with neuropsychiatric conditions); the application of legislation on so-called ‘social dependency’; compulsory community work days (‘subbotniks’); the mandatory job placement of young professionals; a contract-based employment system that restricts the freedom to terminate employment relationships; and other forms of labour that do not comply with the principle of voluntariness. These practices contravene Belarus’s international obligations, including those under the International Labour Organisation. We also observe systematic discrimination against workers on political grounds. Individuals who express dissent with government policy or participate in peaceful protests face dismissal, denial of employment, and inclusion on informal ‘blacklists’. The formal grounds for discriminating against such individuals are continually expanding, not only depriving them of their civil rights but also preventing them from fully participating in economic and social life: hiring rules, performance evaluation guidelines, and codes of ethics are being altered. Since 2023, a ban has been enshrined in law on at least eight professions for people who have been held criminally and/or administratively liable under ‘political’ articles. Gender discrimination also remains systemic. Women continue to face restrictions on access to certain types of employment due to the continued existence of a list of ‘prohibited professions’, gender quotas in the education system, and unequal treatment at work. The overly broad application of legislation aimed at combating ‘extremism’ and ‘terrorism’ has become an additional instrument restricting the right to work. Inclusion of citizens in relevant lists effectively bars them from employment in certain sectors, imposes financial restrictions, and leads to social isolation, thereby violating the principles of proportionality and legal certainty. As a result, social dialogue in Belarus has been replaced by a mere facade: independent workers’ representatives have been excluded from it, while the key role is played by the Federation of Trade Unions of Belarus (FPB), which is de facto integrated into the state system and lacks institutional independence. This model systematically perpetuates labour rights violations and precludes the possibility of their effective protection within the country. Belarus consistently evades cooperation with international monitoring mechanisms. The authorities refuse to engage constructively with UN bodies, ignore the recommendations of the ILO, and do not recognise the mandate of the ILO Special Envoy to Belarus. The undersigned Independent trade unions, human rights organisations, representatives of Belarusian civil society initiatives, and international human rights organisations declare their intention to establish and develop cooperation and to join forces with the aim of building a democratic society based on the principles of the rule of law, social justice, and decent work. We express our strong support for the mandate of Mr Lelio Bentes Corrêa, the ILO Special Envoy to Belarus, and call for its further strengthening. In the absence of effective domestic mechanisms to protect labour rights, international attention and cooperation remain key instruments for supporting workers in Belarus. In this regard, we call on the member states of the UN agencies, the ILO, other international organisations, and the business community to:

1. Step up cooperation in implementing Article 33 of the ILO Constitution with regard to Belarus.
2. Take concerted action to ensure that Belarus fulfills its international obligations in labour relations.
3. Seek full recognition by the Government of Belarus of the mandate of all UN human rights mechanisms, including the Special Rapporteur on the situation with human rights in Belarus, the Group of Independent Experts on the situation with human rights in Belarus, and the ILO Special Envoy to Belarus.
4. Take labour rights violations into account when formulating sanctions and trade policies.
5. Ensure that companies engaging with any Belarusian businesses, state bodies, or other organisations implement appropriate human rights due diligence procedures.
6. Support independent trade union and human rights initiatives, including those operating in exile.
7. Seek the immediate release of all trade union leaders and activists and an end to the politically motivated persecution of workers.
8. Promote the restoration of freedom of association and the creation of conditions for the functioning of independent trade unions in Belarus.

The systemic human rights crisis in the labour sector in Belarus requires an immediate and coordinated international response. Without the restoration of independent trade unions, neither decent work nor sustainable development can be ensured.]]> Paris-Geneva, 4 June 2026 - Belarus is facing a profound and systemic human rights crisis in the labour sector, marked by the dismantling of independent trade unions, the imprisonment of trade union leaders and activists, and widespread restrictions on workers’ rights. The International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, denounce this profound and systemic human rights crisis in the labour sector and declare that the current situation is complex in nature and affects fundamental labour rights guaranteed by international law, including freedom of association, the right to decent work, the prohibition of forced labour, and non-discrimination. Since 2004, the Belarusian authorities have systematically ignored and failed to implement the recommendations of the International Labour Organisation (ILO) Commission of Inquiry aimed at ensuring freedom of association, registration of independent trade unions, and removal of obstacles to their activities. Following the presidential election on 9 August 2020 - the legitimacy of which, along with its official results, was called into question by a significant number of international and Belarusian organisations - and the subsequent mass peaceful protests, the situation regarding freedom of association in the labour sector in Belarus began to deteriorate steadily. In 2022, the Belarusian authorities forcibly dissolved all independent trade unions (SPM, SPB, BNP, REP), as well as their umbrella organisation, the Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (BKDP). Their leaders and activists faced criminal prosecution, arrest and imprisonment, and were forced to leave the country. As a result, the activities of independent trade unions within Belarus were effectively halted, and workers’ ability to form and participate in independent trade unions, engage in collective representation, and defend their labour rights was significantly restricted. Under these circumstances, independent worker representation has become virtually impossible. These restrictions are systemic in nature, as they are supported by a combination of legislative mechanisms, law enforcement practices, and repressive policies targeting independent actors. Against this backdrop, the Federation of Trade Unions of Belarus (FPB) functions de facto as part of the state governance system and does not provide genuine protection of workers’ rights and interests. In 2023, an unprecedented measure was taken against Belarus under Article 33 of the Constitution of the International Labour Organisation (ILO) – only the second such case in the history of the organisation. The application of Article 33 of the ILO Constitution is a recognition by the international community of serious and systematic violations committed by the State and requires coordinated action by member States. At present, more than 20 trade union leaders and activists are in prison, and over 50 have already served their sentences but remain non-exonerated. The restrictions imposed on the latter based on their criminal records and their inclusion on lists of ‘extremists’ and ‘terrorists’ are the continuation of repression against them. Although formally released from detention, they effectively continue to serve their sentences. A number of unlawfully convicted and imprisoned trade union activists, including Aliaksandr Yarashuk, Chairperson of the BKDP and member of the ILO Governing Body, and Hennadz Fiadynich, Chairperson of REP, were forcibly expelled from the country, had their passports confiscated, and were effectively deprived of social rights, including the right to a pension. Maksim Senik, a member of the Independent Trade Union ‘Hrodna Azot’, was also forcibly expelled, and his passport was annulled without legal grounds. The widespread use of forced labour practices is a cause for particular concern. These include the use of labour from prisoners, individuals placed in medical labour centres, and people with disabilities who are permanently resident in social care homes (which is especially critical for those with neuropsychiatric conditions); the application of legislation on so-called ‘social dependency’; compulsory community work days (‘subbotniks’); the mandatory job placement of young professionals; a contract-based employment system that restricts the freedom to terminate employment relationships; and other forms of labour that do not comply with the principle of voluntariness. These practices contravene Belarus’s international obligations, including those under the International Labour Organisation. We also observe systematic discrimination against workers on political grounds. Individuals who express dissent with government policy or participate in peaceful protests face dismissal, denial of employment, and inclusion on informal ‘blacklists’. The formal grounds for discriminating against such individuals are continually expanding, not only depriving them of their civil rights but also preventing them from fully participating in economic and social life: hiring rules, performance evaluation guidelines, and codes of ethics are being altered. Since 2023, a ban has been enshrined in law on at least eight professions for people who have been held criminally and/or administratively liable under ‘political’ articles. Gender discrimination also remains systemic. Women continue to face restrictions on access to certain types of employment due to the continued existence of a list of ‘prohibited professions’, gender quotas in the education system, and unequal treatment at work. The overly broad application of legislation aimed at combating ‘extremism’ and ‘terrorism’ has become an additional instrument restricting the right to work. Inclusion of citizens in relevant lists effectively bars them from employment in certain sectors, imposes financial restrictions, and leads to social isolation, thereby violating the principles of proportionality and legal certainty. As a result, social dialogue in Belarus has been replaced by a mere facade: independent workers’ representatives have been excluded from it, while the key role is played by the Federation of Trade Unions of Belarus (FPB), which is de facto integrated into the state system and lacks institutional independence. This model systematically perpetuates labour rights violations and precludes the possibility of their effective protection within the country. Belarus consistently evades cooperation with international monitoring mechanisms. The authorities refuse to engage constructively with UN bodies, ignore the recommendations of the ILO, and do not recognise the mandate of the ILO Special Envoy to Belarus. The undersigned Independent trade unions, human rights organisations, representatives of Belarusian civil society initiatives, and international human rights organisations declare their intention to establish and develop cooperation and to join forces with the aim of building a democratic society based on the principles of the rule of law, social justice, and decent work. We express our strong support for the mandate of Mr Lelio Bentes Corrêa, the ILO Special Envoy to Belarus, and call for its further strengthening. In the absence of effective domestic mechanisms to protect labour rights, international attention and cooperation remain key instruments for supporting workers in Belarus. In this regard, we call on the member states of the UN agencies, the ILO, other international organisations, and the business community to:

1. Step up cooperation in implementing Article 33 of the ILO Constitution with regard to Belarus.
2. Take concerted action to ensure that Belarus fulfills its international obligations in labour relations.
3. Seek full recognition by the Government of Belarus of the mandate of all UN human rights mechanisms, including the Special Rapporteur on the situation with human rights in Belarus, the Group of Independent Experts on the situation with human rights in Belarus, and the ILO Special Envoy to Belarus.
4. Take labour rights violations into account when formulating sanctions and trade policies.
5. Ensure that companies engaging with any Belarusian businesses, state bodies, or other organisations implement appropriate human rights due diligence procedures.
6. Support independent trade union and human rights initiatives, including those operating in exile.
7. Seek the immediate release of all trade union leaders and activists and an end to the politically motivated persecution of workers.
8. Promote the restoration of freedom of association and the creation of conditions for the functioning of independent trade unions in Belarus.

The systemic human rights crisis in the labour sector in Belarus requires an immediate and coordinated international response. Without the restoration of independent trade unions, neither decent work nor sustainable development can be ensured.]]> https://observatoryfordefenders.org/alert/ethiopia-civic-space-and-security-at-risk-ahead-of-the-7th-general-elections/ Thu, 28 May 2026 21:55:10 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24847 Paris-Geneva, 28 May 2026 – The International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, express serious concern at the environment in which Ethiopia’s 7th General Election will be conducted on 1 June 2026. The election will determine the composition of the House of Peoples’ Representatives — Ethiopia’s 547-seat lower chamber of Parliament — whose members, once elected, will determine the formation of the government, including the election of the Prime Minister from among their ranks. The Ethiopian Government must take concrete steps, in the immediate term and over the longer term, to protect human rights defenders, restore civic space, and ensure an electoral environment consistent with Ethiopia’s own Constitution and international human rights obligations. An electoral process cannot be considered credible, free or fair in a country where human rights defenders (HRDs) face systematic targeting, civil society organisations operate under the threat of suspension and dissolution, independent journalists work in a climate of fear, and armed conflict continues in multiple regions with little accountability. The Repression of Human Rights Defenders When Prime Minister Abiy Ahmed came to power in 2018, Ethiopia’s human rights community hoped that a genuine democratic opening had arrived. Those hopes have been significantly undermined. The Observatory’s December 2025 report, "The Illusion of Progress: Ethiopia’s Human Rights Defenders Under Attack", based on 41 documented cases between 2020 and 2025, found that "violations reminiscent of pre-2018 repression have returned with greater intensity". Seven HRDs in the documented cases suffered torture; four were subjected to enforced disappearance. More than 50 journalists and defenders have fled into exile. The re-emergence of the notorious Awash Arba military camp as a site of secret detention and torture is a deeply troubling development that recalls practices the country had appeared to move beyond. Since late 2024, the Authority for Civil Society Organizations (ACSO) suspended at least five major organisations, including the Ethiopian Human Rights Defenders Center (EHRDC), Center for Advancement of Rights & Democracy (CARD), Association of Human Rights in Ethiopia (AHRE), Ethiopian Human Rights Council (EHRCO) and Lawyers for Human Rights (LHR). While the suspensions were lifted in March 2025 following intense advocacy efforts, the episode underlined the fragility of civil society’s operating environment and the ease with which organisations can be targeted on vague grounds. Earlier in 2024, over 1,500 CSOs were dissolved for administrative non-compliance. A proposed new CSO law drafted in mid-2025 — still pending as of the date of this statement and not yet tabled in parliament — would further constrain independent civil society by placing governance under direct state control, banning international advocacy funding, granting the Ministry of Justice broad power to dissolve organisations, and eliminating judicial appeal. These are structural issues that require sustained engagement and legislative reform over the coming period. Ethiopia ranked 145th out of 180 countries in Reporters Without Borders’ (RSF) 2025 Press Freedom Index, with eight journalists currently imprisoned. Ethiopian security forces arrested at least six journalists in August–September 2025 alone. In February 2026, authorities revoked Reuters journalists’ accreditation following a critical investigative report. At the 61st session of the UN Human Rights Council in March 2026, 41 countries issued a joint statement warning that "full respect for civil and political rights and a free civil society and media environment are preconditions for free and fair elections," urging Ethiopia to "reverse the current negative trend". Elections in a Context of Conflict and Impunity Ethiopia’s June 2026 elections - the first since the armed conflict broke out in Tigray in 2020 - take place against the backdrop of ongoing armed conflict in Amhara and Oromia, where federal forces, Fano militias, and the Oromo Liberation Army have all been implicated in serious human rights abuses. As of December 2025, UNHCR recorded approximately 1.9 million internally displaced persons in Ethiopia, with ongoing conflict continuing to drive new displacement into 2026. Ensuring that citizens in conflict-affected areas can participate meaningfully in the electoral process remains a significant and unresolved challenge. The transitional justice process remains at an early stage. While the government adopted a transitional justice policy in April 2024 and finalised an implementation roadmap by August 2024, the key institutions it foresees — including a truth and reconciliation commission, special prosecutor bench, and reparations fund — have not yet been operationalised. No meaningful accountability has been pursued for crimes committed during the Tigray conflict. Ten major opposition parties publicly declared in November 2025 that there was "no foundation whatsoever for a democratic process in the country" and outlined fundamental preconditions for electoral participation, including the release of political prisoners, an end to armed conflict, and guarantees of freedom of assembly. As recently as January 2026, further opposition groupings warned that the candidate registration process lacked transparency and that political parties continued to face "politically motivated administrative barriers" to participation. Recommendations: We urge the Ethiopian Government to:

1. Release all arbitrarily detained HRDs, journalists, and opposition members who are held for the peaceful exercise of their rights, as an immediate priority ahead of and following the elections;
2. Withdraw the proposed draft CSO proclamation and initiate a genuine, inclusive consultation process with civil society before any new legislation is adopted;
3. Ensure that the reversal of civil society suspensions in March 2025 marks a genuine and durable change in practice, not a temporary reprieve; refrain from using administrative mechanisms to suspend or dissolve organisations on political or vaguely defined grounds; and guarantee that all future decisions affecting CSOs are subject to transparent criteria and independent judicial oversight;
4. Ensure that all detainees, including those in military facilities, have immediate access to legal counsel and family members, and investigate credible reports of torture and ill-treatment at detention sites;
5. End the harassment of journalists, restore accreditations revoked on political grounds, review the April 2025 media law amendments, and ensure equal media access for all political parties during and after the electoral period;
6. Guarantee access for domestic and international election observers — including in conflict-affected zones in Amhara, Oromia, and Tigray — and uphold the independence of the National Electoral Board of Ethiopia (NEBE);
7. Ensure that security forces are not deployed for political intimidation, and that all citizens and parties can campaign and assemble freely and peacefully;
8. Commit to a credible implementation timeline for the 2024 transitional justice policy, with adequate resources and independence for its proposed mechanisms.

We call on the International Community to:

1. Engage Ethiopia on the need for concrete, sustained improvements in the protection of HRDs, freedom of expression, and civic space, including pressing for the withdrawal of the proposed restrictive CSO law;
2. Deploy independent election observation missions — including to conflict-affected areas — and report findings transparently, noting that only IGAD has announced an observation mission as of the date of this statement;
3. Continue to raise documented patterns of repression at multilateral forums and support sustained UN Human Rights Council monitoring of the human rights situation in Ethiopia;
4. Encourage Ethiopia to implement recommendations from its Universal Periodic Review relating to freedom of expression, association, and the protection of human rights defenders;
5. Support full implementation of the Pretoria Agreement as the framework for peace in northern Ethiopia, and encourage all parties to resolve outstanding disputes through dialogue rather than armed confrontation.​

Meaningful democracy requires more than elections — it depends on the existence of an open civic space in which human rights defenders, civil society organisations, and the media can operate without fear of reprisals. The Observatory recognises that many of the structural challenges documented in this statement are long-term in nature and will require sustained political will and sustained engagement by all actors. However, some measures — releasing those detained for peaceful advocacy, guaranteeing observer access, and ensuring freedom of assembly during the campaign — are within the government’s immediate capacity and should be acted upon without delay. The Observatory will continue to monitor the situation and stands in solidarity with Ethiopia’s human rights defenders.]]> Paris-Geneva, 28 May 2026 – The International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, express serious concern at the environment in which Ethiopia’s 7th General Election will be conducted on 1 June 2026. The election will determine the composition of the House of Peoples’ Representatives — Ethiopia’s 547-seat lower chamber of Parliament — whose members, once elected, will determine the formation of the government, including the election of the Prime Minister from among their ranks. The Ethiopian Government must take concrete steps, in the immediate term and over the longer term, to protect human rights defenders, restore civic space, and ensure an electoral environment consistent with Ethiopia’s own Constitution and international human rights obligations. An electoral process cannot be considered credible, free or fair in a country where human rights defenders (HRDs) face systematic targeting, civil society organisations operate under the threat of suspension and dissolution, independent journalists work in a climate of fear, and armed conflict continues in multiple regions with little accountability. The Repression of Human Rights Defenders When Prime Minister Abiy Ahmed came to power in 2018, Ethiopia’s human rights community hoped that a genuine democratic opening had arrived. Those hopes have been significantly undermined. The Observatory’s December 2025 report, "The Illusion of Progress: Ethiopia’s Human Rights Defenders Under Attack", based on 41 documented cases between 2020 and 2025, found that "violations reminiscent of pre-2018 repression have returned with greater intensity". Seven HRDs in the documented cases suffered torture; four were subjected to enforced disappearance. More than 50 journalists and defenders have fled into exile. The re-emergence of the notorious Awash Arba military camp as a site of secret detention and torture is a deeply troubling development that recalls practices the country had appeared to move beyond. Since late 2024, the Authority for Civil Society Organizations (ACSO) suspended at least five major organisations, including the Ethiopian Human Rights Defenders Center (EHRDC), Center for Advancement of Rights & Democracy (CARD), Association of Human Rights in Ethiopia (AHRE), Ethiopian Human Rights Council (EHRCO) and Lawyers for Human Rights (LHR). While the suspensions were lifted in March 2025 following intense advocacy efforts, the episode underlined the fragility of civil society’s operating environment and the ease with which organisations can be targeted on vague grounds. Earlier in 2024, over 1,500 CSOs were dissolved for administrative non-compliance. A proposed new CSO law drafted in mid-2025 — still pending as of the date of this statement and not yet tabled in parliament — would further constrain independent civil society by placing governance under direct state control, banning international advocacy funding, granting the Ministry of Justice broad power to dissolve organisations, and eliminating judicial appeal. These are structural issues that require sustained engagement and legislative reform over the coming period. Ethiopia ranked 145th out of 180 countries in Reporters Without Borders’ (RSF) 2025 Press Freedom Index, with eight journalists currently imprisoned. Ethiopian security forces arrested at least six journalists in August–September 2025 alone. In February 2026, authorities revoked Reuters journalists’ accreditation following a critical investigative report. At the 61st session of the UN Human Rights Council in March 2026, 41 countries issued a joint statement warning that "full respect for civil and political rights and a free civil society and media environment are preconditions for free and fair elections," urging Ethiopia to "reverse the current negative trend". Elections in a Context of Conflict and Impunity Ethiopia’s June 2026 elections - the first since the armed conflict broke out in Tigray in 2020 - take place against the backdrop of ongoing armed conflict in Amhara and Oromia, where federal forces, Fano militias, and the Oromo Liberation Army have all been implicated in serious human rights abuses. As of December 2025, UNHCR recorded approximately 1.9 million internally displaced persons in Ethiopia, with ongoing conflict continuing to drive new displacement into 2026. Ensuring that citizens in conflict-affected areas can participate meaningfully in the electoral process remains a significant and unresolved challenge. The transitional justice process remains at an early stage. While the government adopted a transitional justice policy in April 2024 and finalised an implementation roadmap by August 2024, the key institutions it foresees — including a truth and reconciliation commission, special prosecutor bench, and reparations fund — have not yet been operationalised. No meaningful accountability has been pursued for crimes committed during the Tigray conflict. Ten major opposition parties publicly declared in November 2025 that there was "no foundation whatsoever for a democratic process in the country" and outlined fundamental preconditions for electoral participation, including the release of political prisoners, an end to armed conflict, and guarantees of freedom of assembly. As recently as January 2026, further opposition groupings warned that the candidate registration process lacked transparency and that political parties continued to face "politically motivated administrative barriers" to participation. Recommendations: We urge the Ethiopian Government to:

1. Release all arbitrarily detained HRDs, journalists, and opposition members who are held for the peaceful exercise of their rights, as an immediate priority ahead of and following the elections;
2. Withdraw the proposed draft CSO proclamation and initiate a genuine, inclusive consultation process with civil society before any new legislation is adopted;
3. Ensure that the reversal of civil society suspensions in March 2025 marks a genuine and durable change in practice, not a temporary reprieve; refrain from using administrative mechanisms to suspend or dissolve organisations on political or vaguely defined grounds; and guarantee that all future decisions affecting CSOs are subject to transparent criteria and independent judicial oversight;
4. Ensure that all detainees, including those in military facilities, have immediate access to legal counsel and family members, and investigate credible reports of torture and ill-treatment at detention sites;
5. End the harassment of journalists, restore accreditations revoked on political grounds, review the April 2025 media law amendments, and ensure equal media access for all political parties during and after the electoral period;
6. Guarantee access for domestic and international election observers — including in conflict-affected zones in Amhara, Oromia, and Tigray — and uphold the independence of the National Electoral Board of Ethiopia (NEBE);
7. Ensure that security forces are not deployed for political intimidation, and that all citizens and parties can campaign and assemble freely and peacefully;
8. Commit to a credible implementation timeline for the 2024 transitional justice policy, with adequate resources and independence for its proposed mechanisms.

We call on the International Community to:

1. Engage Ethiopia on the need for concrete, sustained improvements in the protection of HRDs, freedom of expression, and civic space, including pressing for the withdrawal of the proposed restrictive CSO law;
2. Deploy independent election observation missions — including to conflict-affected areas — and report findings transparently, noting that only IGAD has announced an observation mission as of the date of this statement;
3. Continue to raise documented patterns of repression at multilateral forums and support sustained UN Human Rights Council monitoring of the human rights situation in Ethiopia;
4. Encourage Ethiopia to implement recommendations from its Universal Periodic Review relating to freedom of expression, association, and the protection of human rights defenders;
5. Support full implementation of the Pretoria Agreement as the framework for peace in northern Ethiopia, and encourage all parties to resolve outstanding disputes through dialogue rather than armed confrontation.​

Meaningful democracy requires more than elections — it depends on the existence of an open civic space in which human rights defenders, civil society organisations, and the media can operate without fear of reprisals. The Observatory recognises that many of the structural challenges documented in this statement are long-term in nature and will require sustained political will and sustained engagement by all actors. However, some measures — releasing those detained for peaceful advocacy, guaranteeing observer access, and ensuring freedom of assembly during the campaign — are within the government’s immediate capacity and should be acted upon without delay. The Observatory will continue to monitor the situation and stands in solidarity with Ethiopia’s human rights defenders.]]> https://observatoryfordefenders.org/alert/algerie-harcelement-judiciaire-et-administratif-contre-le-syndicat-du-secteur-educatif-cnapeste/ Fri, 22 May 2026 20:13:43 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24777 22 mai 2026. Le 9 mars 2026, le ministère du Travail, appuyé par le ministère de l’Éducation nationale, a saisi le tribunal administratif de Bir-Mourad-Raïs, à Alger, d’une requête visant la dissolution du CNAPESTE, la nomination d’un liquidateur ainsi que la condamnation du syndicat aux frais de justice. Selon les autorités, cette procédure serait fondée sur des griefs relatifs à une prétendue non-conformité du syndicat à la loi n°23-02 sur l’exercice du droit syndical, à son défaut présumé de représentativité, ainsi qu’à des violations des dispositions encadrant l’activité syndicale. La procédure introduite devant le tribunal administratif de Bir-Mourad-Raïs est actuellement en cours d’instruction. Un délai de quinze jours a été accordé aux parties afin de déposer leurs réponses et observations, à l’issue duquel le tribunal fixera la date de l’audience. Cette procédure de dissolution s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures répressives prises par les autorités algériennes depuis plusieurs mois contre le CNAPESTE, syndicat agréé officiellement depuis le 10 juillet 2007 et engagé dans la défense des droits professionnels et sociaux des enseignant·es en Algérie. Le 24 février 2025, dans le cadre d’un rassemblement pacifique, organisé par une coalition des différents syndicats d’enseignant·es de l’éducation nationale devant la Direction de l’éducation de la wilaya de M’sila, les services de polices ont procédé à l’arrestation de M. Messaoud Boudiba, coordinateur national du CNAPESTE, ainsi que de M. Habet Boubekeur, secrétaire national chargé des affaires administratives du syndicat, alors qu’ils se trouvaient à environ 30 kilomètres du lieu du rassemblement. Les deux syndicalistes ont ensuite été conduits au commissariat de police de Hammam Dalaa, où ils ont été auditionnés dans le cadre de procès-verbaux de police. Ils ont, par la suite, été transférés devant le procureur de la République puis présentés au juge d’instruction en présence de leur avocat. À l’issue de cette procédure, les autorités les ont libérés dans la soirée du 24 février 2025. Le même jour, le juge d’instruction près le tribunal de Hammam Dhalaa a ordonné leur placement sous contrôle judiciaire pendant plus d’un an, avec obligation de se présenter deux fois par semaine devant l’autorité judiciaire, le contraignant à réaliser des allers-retours de plus de 800 km par semaine. Les poursuites engagées incluent notamment des accusations d’« atteinte à l’unité nationale » et d’« incitation à l’attroupement », en vertu des articles 79 et 100, alinéas 1 et 2, du Code pénal algérien. Les autorités ont imposé à Messaoud Boudiba et à Habet Boubekeur des restrictions particulièrement lourdes, comprenant des obligations régulières de pointage, l’interdiction de toute déclaration publique dans les médias ou sur les réseaux sociaux, ainsi que l’interdiction de participer à tout rassemblement. Parallèlement, les autorités administratives ont pris des mesures et engagé des pressions répétées visant à contraindre Messaoud Boudiba à une retraite forcée. Cette contrainte exercé à l’encontre de M. Boudiba s’est réalisée malgré son droit légal à prolonger son activité professionnelle et en totale contradiction avec la décision de la Direction générale de la fonction publique ordonnant à la direction de l’éducation nationale de la wilaya de Boumerdes de le rétablir dans ses droits. La Direction de l’Éducation de Boumerdès a notamment transmis son dossier de retraite à la Caisse nationale des retraites (CNR) sans la demande manuscrite de départ à la retraite de l’intéressé et sans certaines pièces administratives obligatoires. Les autorités ont également multiplié les ingérences dans le fonctionnement interne du CNAPESTE. À ce titre, le ministère de l’Éducation nationale a adressé, le 6 avril 2026, une correspondance au Bureau national du syndicat, à la veille de son Assemblée générale nationale du 10 avril 2026, indiquant qu’il ne traiterait plus avec le coordinateur national en exercice et demandant son remplacement par le secrétaire national chargé de l’organique. Les autorités ont également entravé les activités syndicales du CNAPESTE sur le terrain par l’interdiction d’assemblées générales, l’obstruction à l’installation de sections syndicales et la fermeture progressive des canaux de dialogue institutionnel avec ses représentant·es. L’Observatoire exprime sa profonde inquiétude face à cette accumulation de mesures judiciaires et administratives qui semble uniquement viser à réduire au silence l’action légitime d’un syndicat autonome. L’Observatoire rappelle que la liberté syndicale et la liberté d’association sont protégées par l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ainsi que par les Conventions n°87 et n°98 de l’Organisation internationale du travail (OIT), ratifiées par l’Algérie. L’Observatoire appelle ainsi les autorités algériennes à abandonner immédiatement les poursuites judiciaires engagées contre Messaoud Boudiba, Habet Boubekeur et les autres représentant·es syndicaux·ales visé·es en raison de leurs activités légitimes de défense des droits humains et à mettre fin à toute procédure visant la dissolution du CNAPESTE.]]> 22 mai 2026. Le 9 mars 2026, le ministère du Travail, appuyé par le ministère de l’Éducation nationale, a saisi le tribunal administratif de Bir-Mourad-Raïs, à Alger, d’une requête visant la dissolution du CNAPESTE, la nomination d’un liquidateur ainsi que la condamnation du syndicat aux frais de justice. Selon les autorités, cette procédure serait fondée sur des griefs relatifs à une prétendue non-conformité du syndicat à la loi n°23-02 sur l’exercice du droit syndical, à son défaut présumé de représentativité, ainsi qu’à des violations des dispositions encadrant l’activité syndicale. La procédure introduite devant le tribunal administratif de Bir-Mourad-Raïs est actuellement en cours d’instruction. Un délai de quinze jours a été accordé aux parties afin de déposer leurs réponses et observations, à l’issue duquel le tribunal fixera la date de l’audience. Cette procédure de dissolution s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures répressives prises par les autorités algériennes depuis plusieurs mois contre le CNAPESTE, syndicat agréé officiellement depuis le 10 juillet 2007 et engagé dans la défense des droits professionnels et sociaux des enseignant·es en Algérie. Le 24 février 2025, dans le cadre d’un rassemblement pacifique, organisé par une coalition des différents syndicats d’enseignant·es de l’éducation nationale devant la Direction de l’éducation de la wilaya de M’sila, les services de polices ont procédé à l’arrestation de M. Messaoud Boudiba, coordinateur national du CNAPESTE, ainsi que de M. Habet Boubekeur, secrétaire national chargé des affaires administratives du syndicat, alors qu’ils se trouvaient à environ 30 kilomètres du lieu du rassemblement. Les deux syndicalistes ont ensuite été conduits au commissariat de police de Hammam Dalaa, où ils ont été auditionnés dans le cadre de procès-verbaux de police. Ils ont, par la suite, été transférés devant le procureur de la République puis présentés au juge d’instruction en présence de leur avocat. À l’issue de cette procédure, les autorités les ont libérés dans la soirée du 24 février 2025. Le même jour, le juge d’instruction près le tribunal de Hammam Dhalaa a ordonné leur placement sous contrôle judiciaire pendant plus d’un an, avec obligation de se présenter deux fois par semaine devant l’autorité judiciaire, le contraignant à réaliser des allers-retours de plus de 800 km par semaine. Les poursuites engagées incluent notamment des accusations d’« atteinte à l’unité nationale » et d’« incitation à l’attroupement », en vertu des articles 79 et 100, alinéas 1 et 2, du Code pénal algérien. Les autorités ont imposé à Messaoud Boudiba et à Habet Boubekeur des restrictions particulièrement lourdes, comprenant des obligations régulières de pointage, l’interdiction de toute déclaration publique dans les médias ou sur les réseaux sociaux, ainsi que l’interdiction de participer à tout rassemblement. Parallèlement, les autorités administratives ont pris des mesures et engagé des pressions répétées visant à contraindre Messaoud Boudiba à une retraite forcée. Cette contrainte exercé à l’encontre de M. Boudiba s’est réalisée malgré son droit légal à prolonger son activité professionnelle et en totale contradiction avec la décision de la Direction générale de la fonction publique ordonnant à la direction de l’éducation nationale de la wilaya de Boumerdes de le rétablir dans ses droits. La Direction de l’Éducation de Boumerdès a notamment transmis son dossier de retraite à la Caisse nationale des retraites (CNR) sans la demande manuscrite de départ à la retraite de l’intéressé et sans certaines pièces administratives obligatoires. Les autorités ont également multiplié les ingérences dans le fonctionnement interne du CNAPESTE. À ce titre, le ministère de l’Éducation nationale a adressé, le 6 avril 2026, une correspondance au Bureau national du syndicat, à la veille de son Assemblée générale nationale du 10 avril 2026, indiquant qu’il ne traiterait plus avec le coordinateur national en exercice et demandant son remplacement par le secrétaire national chargé de l’organique. Les autorités ont également entravé les activités syndicales du CNAPESTE sur le terrain par l’interdiction d’assemblées générales, l’obstruction à l’installation de sections syndicales et la fermeture progressive des canaux de dialogue institutionnel avec ses représentant·es. L’Observatoire exprime sa profonde inquiétude face à cette accumulation de mesures judiciaires et administratives qui semble uniquement viser à réduire au silence l’action légitime d’un syndicat autonome. L’Observatoire rappelle que la liberté syndicale et la liberté d’association sont protégées par l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ainsi que par les Conventions n°87 et n°98 de l’Organisation internationale du travail (OIT), ratifiées par l’Algérie. L’Observatoire appelle ainsi les autorités algériennes à abandonner immédiatement les poursuites judiciaires engagées contre Messaoud Boudiba, Habet Boubekeur et les autres représentant·es syndicaux·ales visé·es en raison de leurs activités légitimes de défense des droits humains et à mettre fin à toute procédure visant la dissolution du CNAPESTE.]]>