https://observatoryfordefenders.org Tue, 07 Jul 2026 17:16:36 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.2 https://observatoryfordefenders.org/wp-content/uploads/2022/06/cropped-OB-eye-orange-32x32.png https://observatoryfordefenders.org 32 32 https://observatoryfordefenders.org/alert/colombia-amenazas-de-muerte-contra-juan-david-amaya-joven-defensor-de-los-derechos-humanos/ Sat, 03 Jan 2026 16:57:41 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24865 Juan David Amaya, de 19 años de edad, defensor de derechos humanos que lucha contra el aceite de palma y la salida de los combustibles fósiles. Cofundador y líder de la organización Life of Pachamama, enfocada en la justicia climática, la democracia ambiental y la participación ciudadana, el Sr. Amaya es igualmente defensor de los derechos de las infancias y juventudes en América Latina y creador de contenido con visibilidad pública. El 12 de enero de 2026, Juan David Amaya denuncia haber sido víctima de amenazas verbales de muerte por parte de una persona desconocida que se desplazaba en motocicleta, en las inmediaciones de su residencia en Villavicencio, un municipio del departamento de Meta, en Colombia. Según los relatos del Sr. Amaya, el autor de las amenazas le dijo: « Como siga hablando de esas maricadas, lo vamos a dejar tres metros bajo tierra », antes de irse rapidamente. Posteriormente, el defensor presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por estos hechos y denunció públicamente las amenazas a través de sus redes sociales. Los hechos fueron igualmente reportados por varios periódicos nacionales. Hasta la fecha de publicación del presente llamado urgente, el Observatorio no ha tenido conocimiento de un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía General de la Nación ni de la adopción pública de medidas de protección a favor de Juan David Amaya. La situación del Sr. Amaya se suma a una larga lista de personas defensoras amenazadas por su trabajo legítimo de defensa de los derechos humanos. En Colombia, la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ha alcanzado un nivel crítico, caracterizado por un incremento significativo de la violencia, que incluye homicidios, torturas, represalias judiciales y amenazas constantes. De acuerdo con las cifras de la iniciativa HRD Memorial (de la cual la FIDH y OMCT son miembros), Colombia resultó ser el país con más muertes para las personas defensoras de los derechos humanos en el 2024, con 157 asesinatos y fue en 2024, el país con más asesinatos de activistas medioambientales en el mundo por tercer año consecutivo, al registrar 48 casos. En ilustración de este aumento significativo de la violencia en Colombia, entre enero y agosto de 2025 fueron asesinadas al menos 119 personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Según el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 22 de enero de 2025, esta violencia se ve agravada por un elevado nivel de impunidad: entre 2016 y 2024, de los 1369 homicidios de personas defensoras, solo se han obtenido 222 condenas. Esta situación refleja un clima en el que la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad de actuar en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente conllevan riesgos extremos, incluso la muerte, para quienes ejercen estos derechos en el país. El Observatorio expresa su preocupación por las amenazas de muerte dirigidas contra Juan David Amaya, las cuales están vinculadas a su labor como defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, y recuerda que la impunidad y la falta de garantías de protección continúan facilitando la sistematicidad de los ataques contra las personas defensoras. El Observatorio insta a las autoridades colombianas a llevar a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre los hechos denunciados, así como a adoptar medidas urgentes y efectivas de protección a favor de Juan David Amaya y de todas las personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo en Colombia.]]> Juan David Amaya, de 19 años de edad, defensor de derechos humanos que lucha contra el aceite de palma y la salida de los combustibles fósiles. Cofundador y líder de la organización Life of Pachamama, enfocada en la justicia climática, la democracia ambiental y la participación ciudadana, el Sr. Amaya es igualmente defensor de los derechos de las infancias y juventudes en América Latina y creador de contenido con visibilidad pública. El 12 de enero de 2026, Juan David Amaya denuncia haber sido víctima de amenazas verbales de muerte por parte de una persona desconocida que se desplazaba en motocicleta, en las inmediaciones de su residencia en Villavicencio, un municipio del departamento de Meta, en Colombia. Según los relatos del Sr. Amaya, el autor de las amenazas le dijo: « Como siga hablando de esas maricadas, lo vamos a dejar tres metros bajo tierra », antes de irse rapidamente. Posteriormente, el defensor presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por estos hechos y denunció públicamente las amenazas a través de sus redes sociales. Los hechos fueron igualmente reportados por varios periódicos nacionales. Hasta la fecha de publicación del presente llamado urgente, el Observatorio no ha tenido conocimiento de un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía General de la Nación ni de la adopción pública de medidas de protección a favor de Juan David Amaya. La situación del Sr. Amaya se suma a una larga lista de personas defensoras amenazadas por su trabajo legítimo de defensa de los derechos humanos. En Colombia, la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ha alcanzado un nivel crítico, caracterizado por un incremento significativo de la violencia, que incluye homicidios, torturas, represalias judiciales y amenazas constantes. De acuerdo con las cifras de la iniciativa HRD Memorial (de la cual la FIDH y OMCT son miembros), Colombia resultó ser el país con más muertes para las personas defensoras de los derechos humanos en el 2024, con 157 asesinatos y fue en 2024, el país con más asesinatos de activistas medioambientales en el mundo por tercer año consecutivo, al registrar 48 casos. En ilustración de este aumento significativo de la violencia en Colombia, entre enero y agosto de 2025 fueron asesinadas al menos 119 personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Según el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 22 de enero de 2025, esta violencia se ve agravada por un elevado nivel de impunidad: entre 2016 y 2024, de los 1369 homicidios de personas defensoras, solo se han obtenido 222 condenas. Esta situación refleja un clima en el que la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad de actuar en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente conllevan riesgos extremos, incluso la muerte, para quienes ejercen estos derechos en el país. El Observatorio expresa su preocupación por las amenazas de muerte dirigidas contra Juan David Amaya, las cuales están vinculadas a su labor como defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, y recuerda que la impunidad y la falta de garantías de protección continúan facilitando la sistematicidad de los ataques contra las personas defensoras. El Observatorio insta a las autoridades colombianas a llevar a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre los hechos denunciados, así como a adoptar medidas urgentes y efectivas de protección a favor de Juan David Amaya y de todas las personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo en Colombia.]]> https://observatoryfordefenders.org/alert/thailand-authorities-must-protect-human-rights-defenders-angkhana-neelapaijit-and-sunai-phasuk-from-threats-uphold-freedom-of-expression/ Tue, 28 Oct 2025 00:11:09 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24109 GENEVA, Switzerland (28 October 2025) – The undersigned organizations, including the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (OMCT-FIDH), are deeply alarmed by the online death threats and hate speech directed at Thai Senator Angkhana Neelapaijit and human rights researcher Sunai Phasuk following their public comments on the Thailand-Cambodia border conflict. We express solidarity with Angkhana and Sunai. We jointly urge Thai authorities to take immediate and effective measures to protect them and all human rights defenders from threats, harassment, and intimidation. Authorities must also investigate and prosecute those responsible for these threats in accordance with the law. Angkhana is a prominent women human rights defender, chair of the Senate's Human Rights Committee and a former member of Thailand’s National Human Rights Commission. She is also a former member of the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. Sunai is a senior researcher on Thailand in Human Rights Watch's Asia division. What happened Angkhana and Sunai have been facing online death threats and harassment following their public criticism of the use of loudspeakers to project disturbing sounds toward Cambodian civilians living along the border. The said incident began on 10 October 2025, when ultranationalist figure Guntouch Pongpaiboonwet used loudspeakers and other equipment to broadcast distressing noises toward Cambodian settlers living in the Ban Nong Chan and Ban Nong Ya Kaeo villages in Sa Kaeo Province. Thailand claims the area to be under its jurisdiction, however, Cambodia disputes such claims. The broadcasts were carried out nightly and include sounds resembling ghostly howls and aircraft engines. They were reportedly intended to intimidate Cambodian civilians and military personnel stationed near the border. The actions in question represent a serious violation of the Ceasefire Agreement between Cambodia and Thailand, which was signed on 28 July 2025. In response, Angkhana called on the Thai Government to recognize that such actions, which are designed to instill fear or cause psychological distress among civilians—especially vulnerable groups such as women, children, elderly, and the sick—could amount to psychological torture under the UN Convention Against Torture, to which Thailand is a State Party. Her remarks have triggered online hate speech and death threats directed at both her and her family. Sunai publicly supported Angkhana and echoed her concerns. He was then similarly targeted online. The two activists were both accused online of being unpatriotic and sympathetic to Cambodia. On 15 October, the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Mary Lawlor, expressed concern over the reported online threats against Angkhana. She called for immediate protection measures to ensure the Senator’s safety. On 18 October, the two activists submitted a petition to the Thai Police, requesting protection for themselves and their families as well as an urgent investigation to identify and prosecute those responsible. The petition also requested that both the complainants and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) be informed of the investigation outcomes in order to ensure transparency and accountability. Call to Action We call on Thai authorities to protect Angkhana Neelapaijit, Sunai Phasuk and all human rights defenders from threats, harassment, and intimidation, both online and offline. Defenders should be allowed to do their invaluable work and exercise their right to freedom of expression without fear of reprisals. As a member of the UN Human Rights Council and a State Party to the International Covenant on Civil and Political Rights, Thailand is obligated to uphold this right. As Thailand’s human rights record is to be reviewed during the 4th Universal Periodic Review cycle in November 2026, it must demonstrate a genuine commitment to human rights by ensuring a safe environment for defenders, holding perpetrators accountable, and aligning its actions with international human rights obligations.]]> GENEVA, Switzerland (28 October 2025) – The undersigned organizations, including the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (OMCT-FIDH), are deeply alarmed by the online death threats and hate speech directed at Thai Senator Angkhana Neelapaijit and human rights researcher Sunai Phasuk following their public comments on the Thailand-Cambodia border conflict. We express solidarity with Angkhana and Sunai. We jointly urge Thai authorities to take immediate and effective measures to protect them and all human rights defenders from threats, harassment, and intimidation. Authorities must also investigate and prosecute those responsible for these threats in accordance with the law. Angkhana is a prominent women human rights defender, chair of the Senate's Human Rights Committee and a former member of Thailand’s National Human Rights Commission. She is also a former member of the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. Sunai is a senior researcher on Thailand in Human Rights Watch's Asia division. What happened Angkhana and Sunai have been facing online death threats and harassment following their public criticism of the use of loudspeakers to project disturbing sounds toward Cambodian civilians living along the border. The said incident began on 10 October 2025, when ultranationalist figure Guntouch Pongpaiboonwet used loudspeakers and other equipment to broadcast distressing noises toward Cambodian settlers living in the Ban Nong Chan and Ban Nong Ya Kaeo villages in Sa Kaeo Province. Thailand claims the area to be under its jurisdiction, however, Cambodia disputes such claims. The broadcasts were carried out nightly and include sounds resembling ghostly howls and aircraft engines. They were reportedly intended to intimidate Cambodian civilians and military personnel stationed near the border. The actions in question represent a serious violation of the Ceasefire Agreement between Cambodia and Thailand, which was signed on 28 July 2025. In response, Angkhana called on the Thai Government to recognize that such actions, which are designed to instill fear or cause psychological distress among civilians—especially vulnerable groups such as women, children, elderly, and the sick—could amount to psychological torture under the UN Convention Against Torture, to which Thailand is a State Party. Her remarks have triggered online hate speech and death threats directed at both her and her family. Sunai publicly supported Angkhana and echoed her concerns. He was then similarly targeted online. The two activists were both accused online of being unpatriotic and sympathetic to Cambodia. On 15 October, the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Mary Lawlor, expressed concern over the reported online threats against Angkhana. She called for immediate protection measures to ensure the Senator’s safety. On 18 October, the two activists submitted a petition to the Thai Police, requesting protection for themselves and their families as well as an urgent investigation to identify and prosecute those responsible. The petition also requested that both the complainants and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) be informed of the investigation outcomes in order to ensure transparency and accountability. Call to Action We call on Thai authorities to protect Angkhana Neelapaijit, Sunai Phasuk and all human rights defenders from threats, harassment, and intimidation, both online and offline. Defenders should be allowed to do their invaluable work and exercise their right to freedom of expression without fear of reprisals. As a member of the UN Human Rights Council and a State Party to the International Covenant on Civil and Political Rights, Thailand is obligated to uphold this right. As Thailand’s human rights record is to be reviewed during the 4th Universal Periodic Review cycle in November 2026, it must demonstrate a genuine commitment to human rights by ensuring a safe environment for defenders, holding perpetrators accountable, and aligning its actions with international human rights obligations.]]> https://observatoryfordefenders.org/alert/republique-democratique-du-congo-menaces-de-mort-et-des-attaques-a-lencontre-du-journaliste-pacifique-muliri/ Fri, 26 Sep 2025 11:44:32 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24020 Pacifique Muliri, journaliste à l’Agence congolaise de presse (ACP) et collaborateur indépendant d’Africa Mining Intelligence, organe d’information sur le secteur minier basé en France. Le 4 juillet 2025, la maison de M. Muliri à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, a été attaquée par des soldats du Mouvement du 23 Mars (M23)/Alliance du Fleuve Congo (AFC), et le 6 juillet 2025, son domicile a été cambriolé par des hommes non identifiés qui ont pris son ordinateur portable, son appareil photo, son enregistreur et son carnet de notes. M. Muliri était présent à son domicile lors des deux attaques, mais a réussi à s’échapper avant que les hommes n’arrivent, alerté par des voisins. Suite à ces épisodes, M. Muliri a pris la fuite et est entré en clandestinité. Du 1er au 3 juillet 2025, M. Muliri avait effectué un reportage à la mine de Lomera, dans le territoire de Kabare, dans la province du Sud-Kivu, où il enquêtait sur des allégations d’exploitation illégale d’or impliquant une collaboration entre des groupes rebelles de la région et les autorités gouvernementales de Kinshasa. Depuis la clandestinité, M. Muliri a reçu des appels téléphoniques et des menaces de mort de la part de numéros inconnus par le biais de textos. Dans des messages supplémentaires envoyés le 19 septembre 2025, les expéditeurs ont menacé de trouver et de tuer M. Muliri s’il n’abandonnait pas son travail. Selon des sources, depuis juillet, au moins trois personnes qui ont aidé M. Muliri dans son enquête sur la mine de Lomera ont été tuées à Bukavu dans des circonstances encore inexpliquées. Il s’agit de M. Fiston Wilondja, un ancien journaliste devenu photographe, et de deux autres habitants de Bukavu. L’Observatoire rappelle que ces actes se produisent dans un contexte d’attaques systématiques contre les défenseur·es des droits humains et de restriction manifeste de l’espace civique en RDC, en particulier depuis l’accession à un second mandat du président Félix Tshisekedi en décembre 2023. La situation des journalistes et défenseur·es des droits humains s’est par ailleurs gravement détériorée depuis janvier 2025, avec l’intensification du conflit à l’est du pays entre le M23, soutenu par l’armée rwandaise selon les Nations unies, et l’armée régulière de la RDC (FARDC) et ses alliés. Les groupes armés rebelles et le gouvernement congolais réduisent au silence les voix qui dénoncent les abus et violations des droits humains dans les territoires occupés par le M23 comme dans le reste du pays. L’Observatoire exprime sa vive inquiétude face aux attaques et menaces de mort à l’encontre de M. Pacifique Muliri, qui ne semblent viser qu’à restreindre sa liberté d’expression et l’exercice légitime de documentation des violations des droits humains. L’Observatoire appelle les autorités congolaises à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité physique et le bien-être psychologique de M. Pacifique Muliri. L’Observatoire appelle également les autorités congolaises à mener une enquête indépendante, rigoureuse, impartiale et transparente afin d’identifier les responsables de ces attaques et menaces de mort, et de les traduire devant un tribunal indépendant, compétent et impartial. L’Observatoire rappelle au M23/AFC ses obligations au regard du droit international humanitaire et des droits humains, et l’enjoint à faire cesser immédiatement toute menace ou intimidation visant M. Pacifique Muliri, à garantir sa sécurité physique et son bien-être, à diligenter sans délai une enquête interne crédible et impartiale pour identifier les responsables, à coopérer avec les mécanismes indépendants compétents, et à adopter des mesures concrètes de non-répétition.]]> Pacifique Muliri, journaliste à l’Agence congolaise de presse (ACP) et collaborateur indépendant d’Africa Mining Intelligence, organe d’information sur le secteur minier basé en France. Le 4 juillet 2025, la maison de M. Muliri à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, a été attaquée par des soldats du Mouvement du 23 Mars (M23)/Alliance du Fleuve Congo (AFC), et le 6 juillet 2025, son domicile a été cambriolé par des hommes non identifiés qui ont pris son ordinateur portable, son appareil photo, son enregistreur et son carnet de notes. M. Muliri était présent à son domicile lors des deux attaques, mais a réussi à s’échapper avant que les hommes n’arrivent, alerté par des voisins. Suite à ces épisodes, M. Muliri a pris la fuite et est entré en clandestinité. Du 1er au 3 juillet 2025, M. Muliri avait effectué un reportage à la mine de Lomera, dans le territoire de Kabare, dans la province du Sud-Kivu, où il enquêtait sur des allégations d’exploitation illégale d’or impliquant une collaboration entre des groupes rebelles de la région et les autorités gouvernementales de Kinshasa. Depuis la clandestinité, M. Muliri a reçu des appels téléphoniques et des menaces de mort de la part de numéros inconnus par le biais de textos. Dans des messages supplémentaires envoyés le 19 septembre 2025, les expéditeurs ont menacé de trouver et de tuer M. Muliri s’il n’abandonnait pas son travail. Selon des sources, depuis juillet, au moins trois personnes qui ont aidé M. Muliri dans son enquête sur la mine de Lomera ont été tuées à Bukavu dans des circonstances encore inexpliquées. Il s’agit de M. Fiston Wilondja, un ancien journaliste devenu photographe, et de deux autres habitants de Bukavu. L’Observatoire rappelle que ces actes se produisent dans un contexte d’attaques systématiques contre les défenseur·es des droits humains et de restriction manifeste de l’espace civique en RDC, en particulier depuis l’accession à un second mandat du président Félix Tshisekedi en décembre 2023. La situation des journalistes et défenseur·es des droits humains s’est par ailleurs gravement détériorée depuis janvier 2025, avec l’intensification du conflit à l’est du pays entre le M23, soutenu par l’armée rwandaise selon les Nations unies, et l’armée régulière de la RDC (FARDC) et ses alliés. Les groupes armés rebelles et le gouvernement congolais réduisent au silence les voix qui dénoncent les abus et violations des droits humains dans les territoires occupés par le M23 comme dans le reste du pays. L’Observatoire exprime sa vive inquiétude face aux attaques et menaces de mort à l’encontre de M. Pacifique Muliri, qui ne semblent viser qu’à restreindre sa liberté d’expression et l’exercice légitime de documentation des violations des droits humains. L’Observatoire appelle les autorités congolaises à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité physique et le bien-être psychologique de M. Pacifique Muliri. L’Observatoire appelle également les autorités congolaises à mener une enquête indépendante, rigoureuse, impartiale et transparente afin d’identifier les responsables de ces attaques et menaces de mort, et de les traduire devant un tribunal indépendant, compétent et impartial. L’Observatoire rappelle au M23/AFC ses obligations au regard du droit international humanitaire et des droits humains, et l’enjoint à faire cesser immédiatement toute menace ou intimidation visant M. Pacifique Muliri, à garantir sa sécurité physique et son bien-être, à diligenter sans délai une enquête interne crédible et impartiale pour identifier les responsables, à coopérer avec les mécanismes indépendants compétents, et à adopter des mesures concrètes de non-répétition.]]> https://observatoryfordefenders.org/alert/rdc-menaces-contre-le-journaliste-joel-mbiya-kanyinda/ Fri, 23 May 2025 12:14:53 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=23494 Joel Mbiya Kanyinda, journaliste pour le site d’information Kis24.info à Kisangani, spécialisé dans l’investigation, l’alerte citoyenne et la dénonciation des violations des droits humains, et coordonnateur provincial de Filimbi Tshopo, mouvement citoyen qui lutte pour la démocratie et le respect des droits à la liberté d'expression, d'association et de rassemblement, et contre la mauvaise gouvernance et les violations des droits humains, en mobilisant particulièrement la jeunesse congolaise. Le 18 avril 2025, Joel Mbiya Kanyinda a publié un message sur sa page Facebook dénonçant les irrégularités du processus de passation d’un marché public conclu le 19 novembre 2024 pour la réalisation d’un documentaire sur la guerre des six jours à Kisangani1 commandé par le Fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l’Ouganda en République démocratique du Congo (FRIVAO)2 au studio DIVO pour un montant de 1,2 million de dollars (approximativement 1,07 million d’Euros). Selon les informations reçues, le FRIVAO n'aurait procédé à aucun appel d’offres public, comme l’exige pourtant la réglementation en vigueur pour une opération d’un tel montant. Le marché aurait été passé de gré à gré, sans aucune transparence, et le Président du Conseil d’administration du FRIVAO a déclaré dans une lettre officielle (Réf. : N/RBKL/PRES CA/FRIVAO/KIS/2025, datée du 27 mars 2025) ne pas avoir été informé de cette opération. Selon les révélations de M. Kanyinda, le film devait être livré sous 48 jours après la passation du marché, mais six mois plus tard, le documentaire en question n’a toujours pas été présenté, ce qui soulève des doutes sérieux sur la réalité de sa production. Quelques minutes après la publication de ces accusations sur Facebook, M. Chançard Bolukola, coordonnateur ad interim du FRIVAO, a contacté M. Kanyinda via la messagerie privée du réseau social en l’accusant de « trahison ». Peu de temps après, Jadot Bakam Kalala, proche de M. Bolukola, a appelé M. Kanyinda pendant plus de 20 minutes pour essayer de le convaincre de modifier sa publication, ce qu’il a refusé. Le 19 avril 2025, M. Gentil Sefu, militant pro-démocratique reconnu, qui occupe actuellement un poste ad hoc au sein de la commission de la société civile du FRIVAO, a également tenté de persuader M. Kanyinda d’effacer sa publication, via des appels et messages vocaux sur WhatsApp, affirmant qu’elle contenait de fausses accusations. Il l’a accusé auprès de plusieurs personnes, y compris certains de ses collègues du mouvement Filimbi, d’être corrompu par le président du Groupe Lotus, M. Dismas Kitenge, dans une claire manœuvre visant à nuire à la réputation des deux défenseurs des droits humains. Des appels et messages anonymes, y compris des menaces de mort et des pressions directes se sont ensuite multipliés dans le but d’intimider M. Kanyinda et de le forcer à retirer son article ou à le modifier, ce qu’il a refusé de faire. L’Observatoire rappelle que ces actes se produisent dans un contexte d’attaques systématiques contre les défenseur·es des droits humains et de restriction manifeste de l’espace civique en RDC, en particulier depuis l’accession à un second mandat du président Félix Tshisekedi en décembre 2023. La situation des journalistes et défenseur·es des droits humains s’est par ailleurs gravement détériorée depuis janvier 2025, avec l’intensification du conflit à l’est du pays entre le M23, soutenu par l’armée rwandaise selon les Nations unies, et l’armée régulière de la RDC (FARDC). Les groupes armés rebelles et le gouvernement congolais réduisent au silence les voix qui dénoncent les abus et violations des droits humains, comme celle du journaliste Amisi Musada Emérite, agressé le 15 avril 2025 à Bukavu. L’Observatoire exprime sa vive inquiétude face aux menaces et actes d’intimidation à l’encontre de Joel Mbiya Kanyinda, qui ne semblent viser qu’à le dissuader d’exercer ses activités légitimes de défense des droits humains et son droit à la liberté d’expression. L’Observatoire appelle les autorités congolaises à tout mettre en œuvre pour faire cesser ces menaces et actes d’intimidation, à mener une enquête indépendante, rigoureuse, impartiale et transparente afin d’en identifier les responsables et de les traduire devant un tribunal indépendant, compétent et impartial. L’Observatoire appelle également les autorités congolaises à respecter la loi n° 23/027 du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l’Homme en RDC, notamment ses articles 13, relatif au droit d’informer sur les violations des droits humains, 14 et 18 relatifs à la protection des défenseur·es, et 15 relatif à la punition des violations commises à l’égard des défenseur·es.   1 Les armées du Rwanda et de l’Ouganda ont envahi l’est de la RDC durant la deuxième guerre du Congo (1998-2003). En juin 2000, les deux armées d’occupation se sont affrontées violemment pour prendre le contrôle de la ville de Kisangani et de ses ressources naturelles, dans le nord-est de la RDC, au cours de la guerre dite « des Six jours ». Cet affrontement à Kisangani a causé la mort de plus de 1.000 civil·es, et occasionné plusieurs centaines de blessé·es, et de nombreux dégâts dans la ville. 2 Dans son arrêt sur la question des réparations en l’affaire Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) rendu le 9 février 2022, la Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations unies, a ordonné à l’Ouganda de verser 325 millions de dollars d’indemnités à la RDC au titre des dommages causés par les violations d’obligations internationales de son fait, telles que constatées par la Cour dans son arrêt du 19 décembre 2005. Le Fonds spécial de réparation et d’indemnisation des victimes des activités armées de l’Ouganda en RDC (FRIVAO) a été instauré par décret des autorités de la RDC en 2019 et a commencé à être alimenté par l’Ouganda en 2022. En juin 2024, l’indemnisation des victimes a commencé mais la gestion de ce Fonds fait l’objet de nombreuses controverses, ainsi que de soupçons de corruption. ]]> Joel Mbiya Kanyinda, journaliste pour le site d’information Kis24.info à Kisangani, spécialisé dans l’investigation, l’alerte citoyenne et la dénonciation des violations des droits humains, et coordonnateur provincial de Filimbi Tshopo, mouvement citoyen qui lutte pour la démocratie et le respect des droits à la liberté d'expression, d'association et de rassemblement, et contre la mauvaise gouvernance et les violations des droits humains, en mobilisant particulièrement la jeunesse congolaise. Le 18 avril 2025, Joel Mbiya Kanyinda a publié un message sur sa page Facebook dénonçant les irrégularités du processus de passation d’un marché public conclu le 19 novembre 2024 pour la réalisation d’un documentaire sur la guerre des six jours à Kisangani1 commandé par le Fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l’Ouganda en République démocratique du Congo (FRIVAO)2 au studio DIVO pour un montant de 1,2 million de dollars (approximativement 1,07 million d’Euros). Selon les informations reçues, le FRIVAO n'aurait procédé à aucun appel d’offres public, comme l’exige pourtant la réglementation en vigueur pour une opération d’un tel montant. Le marché aurait été passé de gré à gré, sans aucune transparence, et le Président du Conseil d’administration du FRIVAO a déclaré dans une lettre officielle (Réf. : N/RBKL/PRES CA/FRIVAO/KIS/2025, datée du 27 mars 2025) ne pas avoir été informé de cette opération. Selon les révélations de M. Kanyinda, le film devait être livré sous 48 jours après la passation du marché, mais six mois plus tard, le documentaire en question n’a toujours pas été présenté, ce qui soulève des doutes sérieux sur la réalité de sa production. Quelques minutes après la publication de ces accusations sur Facebook, M. Chançard Bolukola, coordonnateur ad interim du FRIVAO, a contacté M. Kanyinda via la messagerie privée du réseau social en l’accusant de « trahison ». Peu de temps après, Jadot Bakam Kalala, proche de M. Bolukola, a appelé M. Kanyinda pendant plus de 20 minutes pour essayer de le convaincre de modifier sa publication, ce qu’il a refusé. Le 19 avril 2025, M. Gentil Sefu, militant pro-démocratique reconnu, qui occupe actuellement un poste ad hoc au sein de la commission de la société civile du FRIVAO, a également tenté de persuader M. Kanyinda d’effacer sa publication, via des appels et messages vocaux sur WhatsApp, affirmant qu’elle contenait de fausses accusations. Il l’a accusé auprès de plusieurs personnes, y compris certains de ses collègues du mouvement Filimbi, d’être corrompu par le président du Groupe Lotus, M. Dismas Kitenge, dans une claire manœuvre visant à nuire à la réputation des deux défenseurs des droits humains. Des appels et messages anonymes, y compris des menaces de mort et des pressions directes se sont ensuite multipliés dans le but d’intimider M. Kanyinda et de le forcer à retirer son article ou à le modifier, ce qu’il a refusé de faire. L’Observatoire rappelle que ces actes se produisent dans un contexte d’attaques systématiques contre les défenseur·es des droits humains et de restriction manifeste de l’espace civique en RDC, en particulier depuis l’accession à un second mandat du président Félix Tshisekedi en décembre 2023. La situation des journalistes et défenseur·es des droits humains s’est par ailleurs gravement détériorée depuis janvier 2025, avec l’intensification du conflit à l’est du pays entre le M23, soutenu par l’armée rwandaise selon les Nations unies, et l’armée régulière de la RDC (FARDC). Les groupes armés rebelles et le gouvernement congolais réduisent au silence les voix qui dénoncent les abus et violations des droits humains, comme celle du journaliste Amisi Musada Emérite, agressé le 15 avril 2025 à Bukavu. L’Observatoire exprime sa vive inquiétude face aux menaces et actes d’intimidation à l’encontre de Joel Mbiya Kanyinda, qui ne semblent viser qu’à le dissuader d’exercer ses activités légitimes de défense des droits humains et son droit à la liberté d’expression. L’Observatoire appelle les autorités congolaises à tout mettre en œuvre pour faire cesser ces menaces et actes d’intimidation, à mener une enquête indépendante, rigoureuse, impartiale et transparente afin d’en identifier les responsables et de les traduire devant un tribunal indépendant, compétent et impartial. L’Observatoire appelle également les autorités congolaises à respecter la loi n° 23/027 du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l’Homme en RDC, notamment ses articles 13, relatif au droit d’informer sur les violations des droits humains, 14 et 18 relatifs à la protection des défenseur·es, et 15 relatif à la punition des violations commises à l’égard des défenseur·es.   1 Les armées du Rwanda et de l’Ouganda ont envahi l’est de la RDC durant la deuxième guerre du Congo (1998-2003). En juin 2000, les deux armées d’occupation se sont affrontées violemment pour prendre le contrôle de la ville de Kisangani et de ses ressources naturelles, dans le nord-est de la RDC, au cours de la guerre dite « des Six jours ». Cet affrontement à Kisangani a causé la mort de plus de 1.000 civil·es, et occasionné plusieurs centaines de blessé·es, et de nombreux dégâts dans la ville. 2 Dans son arrêt sur la question des réparations en l’affaire Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) rendu le 9 février 2022, la Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations unies, a ordonné à l’Ouganda de verser 325 millions de dollars d’indemnités à la RDC au titre des dommages causés par les violations d’obligations internationales de son fait, telles que constatées par la Cour dans son arrêt du 19 décembre 2005. Le Fonds spécial de réparation et d’indemnisation des victimes des activités armées de l’Ouganda en RDC (FRIVAO) a été instauré par décret des autorités de la RDC en 2019 et a commencé à être alimenté par l’Ouganda en 2022. En juin 2024, l’indemnisation des victimes a commencé mais la gestion de ce Fonds fait l’objet de nombreuses controverses, ainsi que de soupçons de corruption. ]]> https://observatoryfordefenders.org/alert/dcl-cri-310720-sergio-rojas-ortiz/ Fri, 31 Jul 2020 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=16304