Businesses – The Observatory For Defenders https://observatoryfordefenders.org Fri, 09 Jan 2026 17:05:55 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://observatoryfordefenders.org/wp-content/uploads/2022/06/cropped-OB-eye-orange-32x32.png Businesses – The Observatory For Defenders https://observatoryfordefenders.org 32 32 Chile: Detención arbitraria de Juan Pichún, líder indígena Mapuche, después de pronunciamiento ante el Consejo de Derechos Humanos de NN.UU. https://observatoryfordefenders.org/alert/chile-detencion-arbitraria-de-juan-pichun-lider-indigena-mapuche-despues-de-pronunciamiento-ante-el-consejo-de-derechos-humanos-de-nn-uu/ Wed, 16 Jul 2025 14:50:11 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=23747 Juan Pichún, un líder espiritual Mapuche (lonko) de la comunidad indígena de Temulemu, en Araucanía, Chile, reconocido defensor del derecho a la tierra para su comunidad Mapuche. Juan Pichún es uno de los hijos del lonko Pascual Pichún, condenado injustamente bajo la ley antiterrorista y luego absuelto tras una histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 26 de junio de 2025, Juan Pichún regresaba a su hogar después de celebrar la ceremonia We tripantu – la celebración del año nuevo mapuche, que se realiza en el solsticio de invierno austral – en la comunidad de Pantano, cercana a su comunidad de Temulemu, cuando agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo detuvieron, en frente de su familia, incluyendo su hijo y sobrina, ambos menores de edad. Los policías actuaron en virtud de una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantía de Purén. Durante el acto de detención, policías intentaron romper el vidrio del vehículo con sus armas, lo cual causó estrés a la familia. Luego de su detención, Juan Pichún fue trasladado a una comisaría para la respectiva audiencia de detención e investigación formal en un caso en el que también está siendo investigado su hermano, Rafael Pichún, también líder espiritual (werken) de la comunidad de Temulemu. El 27 de junio de 2025, un día después de su detención, el Juzgado de Letras y Garantía de Purén ordenó prisión preventiva para Juan Pichún, acusándolo, sin pruebas suficientes, de ser el autor intelectual de dos atentados incendiarios que ocurrieron en el 2021 en diferentes localidades de la Araucanía. El Juzgado justificó la prisión preventiva de Juan Pichún sobre la base del artículo 140 del Código procesal penal chileno, pese a que su prisión preventiva no es indispensable para el éxito de las diligencias precisas ni existe peligro de que se dé a la fuga, como lo requiere el código, dado que no existió en ningún momento un indicio de que fuera a evadir la justicia y, como se detalla más abajo, él mismo interpuso un recurso de amparo para entender de qué se le estaba investigando, en diciembre de 2024. El 25 de junio de 2025, un día antes de su detención, Juan Pichún intervino en nombre de la FIDH en la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNTV, timestamp 01:52:10), en un diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, después de que ésta presentara un informe sobre su visita a Chile donde, entre otras cosas, expresó preocupación por el acceso a la justicia de pueblos indígenas e instó al Estado de Chile a que defienda los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas. Dada la proximidad entre su detención y su participación en el Consejo, el Observatorio teme que su detención se haya producido como represalia por su participación. Desde el 26 de noviembre de 2024, existe una orden de detención abierta contra Juan Pichún, de la que sólo tuvo conocimiento tras presentar un recurso de amparo, después de que se viera a policías preguntando por él en su comunidad indígena de Temulemu en diciembre de 2024. Esta orden de detención fue emitida confidencialmente por la Fiscalía, y el Sr. Pichún nunca fue notificado formalmente al respecto, ni llamado a comparecer ante un tribunal de justicia. Al tratarse de una orden de detención «secreta», y al no haber sido notificado, no pudo impugnarla directamente. El Observatorio recuerda que la detención de una autoridad ancestral, espiritual, como Juan Pichún, vulnera los estándares internacionales de derechos humanos que exigen a los estados garantizar el respeto de líderes indígenas y evitar medidas de privación de libertad cuando existan otras alternativas. En efecto, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ha sostenido en varios informes (A/HRC/39/17 (2018)) que “los estados deben evitar la detención arbitraria de autoridades tradicionales indígenas, especialmente cuando existen alternativas a la privación de libertad. Su detención puede constituir una forma de criminalización de sus funciones tradicionales,” un principio también ratificado por el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Norín Catrimán y otros vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014. En este caso, la justicia chilena podría perfectamente seguir su investigación sin tener a Juan Pichún y a su hermano en prisión hasta la fecha de un eventual juicio. El Observatorio condena enérgicamente la detención arbitraria del Sr. Juan Pichún, que podría ser una represalia por su labor de defensa de los derechos indígenas en Chile y por su colaboración con un órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas. El Observatorio exige a las autoridades chilenas liberar de manera inmediata e incondicional al Sr. Juan Pichún y a todas las personas defensoras de derechos humanos detenidas arbitrariamente en Chile, y respetar en todas circunstancias el derecho a la tierra de las comunidades indígenas así como la posibilidad de considerar medidas alternativas a la prisión preventiva para los líderes espirituales indígenas.]]> Juan Pichún, un líder espiritual Mapuche (lonko) de la comunidad indígena de Temulemu, en Araucanía, Chile, reconocido defensor del derecho a la tierra para su comunidad Mapuche. Juan Pichún es uno de los hijos del lonko Pascual Pichún, condenado injustamente bajo la ley antiterrorista y luego absuelto tras una histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 26 de junio de 2025, Juan Pichún regresaba a su hogar después de celebrar la ceremonia We tripantu – la celebración del año nuevo mapuche, que se realiza en el solsticio de invierno austral – en la comunidad de Pantano, cercana a su comunidad de Temulemu, cuando agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo detuvieron, en frente de su familia, incluyendo su hijo y sobrina, ambos menores de edad. Los policías actuaron en virtud de una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantía de Purén. Durante el acto de detención, policías intentaron romper el vidrio del vehículo con sus armas, lo cual causó estrés a la familia. Luego de su detención, Juan Pichún fue trasladado a una comisaría para la respectiva audiencia de detención e investigación formal en un caso en el que también está siendo investigado su hermano, Rafael Pichún, también líder espiritual (werken) de la comunidad de Temulemu. El 27 de junio de 2025, un día después de su detención, el Juzgado de Letras y Garantía de Purén ordenó prisión preventiva para Juan Pichún, acusándolo, sin pruebas suficientes, de ser el autor intelectual de dos atentados incendiarios que ocurrieron en el 2021 en diferentes localidades de la Araucanía. El Juzgado justificó la prisión preventiva de Juan Pichún sobre la base del artículo 140 del Código procesal penal chileno, pese a que su prisión preventiva no es indispensable para el éxito de las diligencias precisas ni existe peligro de que se dé a la fuga, como lo requiere el código, dado que no existió en ningún momento un indicio de que fuera a evadir la justicia y, como se detalla más abajo, él mismo interpuso un recurso de amparo para entender de qué se le estaba investigando, en diciembre de 2024. El 25 de junio de 2025, un día antes de su detención, Juan Pichún intervino en nombre de la FIDH en la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNTV, timestamp 01:52:10), en un diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, después de que ésta presentara un informe sobre su visita a Chile donde, entre otras cosas, expresó preocupación por el acceso a la justicia de pueblos indígenas e instó al Estado de Chile a que defienda los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas. Dada la proximidad entre su detención y su participación en el Consejo, el Observatorio teme que su detención se haya producido como represalia por su participación. Desde el 26 de noviembre de 2024, existe una orden de detención abierta contra Juan Pichún, de la que sólo tuvo conocimiento tras presentar un recurso de amparo, después de que se viera a policías preguntando por él en su comunidad indígena de Temulemu en diciembre de 2024. Esta orden de detención fue emitida confidencialmente por la Fiscalía, y el Sr. Pichún nunca fue notificado formalmente al respecto, ni llamado a comparecer ante un tribunal de justicia. Al tratarse de una orden de detención «secreta», y al no haber sido notificado, no pudo impugnarla directamente. El Observatorio recuerda que la detención de una autoridad ancestral, espiritual, como Juan Pichún, vulnera los estándares internacionales de derechos humanos que exigen a los estados garantizar el respeto de líderes indígenas y evitar medidas de privación de libertad cuando existan otras alternativas. En efecto, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ha sostenido en varios informes (A/HRC/39/17 (2018)) que “los estados deben evitar la detención arbitraria de autoridades tradicionales indígenas, especialmente cuando existen alternativas a la privación de libertad. Su detención puede constituir una forma de criminalización de sus funciones tradicionales,” un principio también ratificado por el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Norín Catrimán y otros vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014. En este caso, la justicia chilena podría perfectamente seguir su investigación sin tener a Juan Pichún y a su hermano en prisión hasta la fecha de un eventual juicio. El Observatorio condena enérgicamente la detención arbitraria del Sr. Juan Pichún, que podría ser una represalia por su labor de defensa de los derechos indígenas en Chile y por su colaboración con un órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas. El Observatorio exige a las autoridades chilenas liberar de manera inmediata e incondicional al Sr. Juan Pichún y a todas las personas defensoras de derechos humanos detenidas arbitrariamente en Chile, y respetar en todas circunstancias el derecho a la tierra de las comunidades indígenas así como la posibilidad de considerar medidas alternativas a la prisión preventiva para los líderes espirituales indígenas.]]> Honduras : Más de 60 organizaciones regionales e internacionales nos solidarizamos con las comunidades campesinas del Bajo Aguán https://observatoryfordefenders.org/alert/honduras-mas-de-60-organizaciones-regionales-e-internacionales-nos-solidarizamos-con-las-comunidades-campesinas-del-bajo-aguan/ Tue, 18 Feb 2025 14:00:57 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=23067 Declaración Nacional de Emergencia en el Bajo Aguán emitida por organizaciones y movimientos sociales en Honduras el 31 de enero de 2024. Muchas de nosotras hemos acompañado o dado seguimiento desde hace años a la situación del Bajo Aguán, territorio que ha ido convirtiéndose en un lugar de conflicto armado por sectores que atentan contra la vida de comunidades, hombres y mujeres que defienden derechos, especialmente desde el movimiento campesino, y el derecho a la tierra y el territorio. Recientemente, nuestra preocupación por esta situación ha venido en aumento, pues desde finales del 2024 hemos tenido conocimiento de graves hechos violentos que se han desarrollado a partir de la presencia organizada y pública de hombres armados, que integran grupos de criminalidad organizada. A la intimidadora presencia de estos sujetos, se ha unido la comisión de secuestros y ataques armados, e incluso, el 31 de enero, el asesinato de dos personas integrantes de la cooperativa campesina Gregorio Chávez, José Luis Hernández y Suyapa Guillén, quien además integra la Red de Mujeres Campesinas. El estado de terror en que esta situación coloca a hombres, mujeres, niñas y niños que viven en este territorio, intenta desplazar a los cientos de familias que integran las cooperativas campesinas de Camarones, El Tranvío y El Chile, y continúa siendo un efectivo método para inhibir sus luchas campesinas y desestructurar los procesos organizativos, económicos y sociales que buscan garantizar una vida digna para esta población. Los grupos sicariales que han ejecutado estos hechos han sido apoyados por guardias de seguridad que responden a la Corporación DINANT y cuentan con la pasividad cómplice de las instituciones estatales, ya que algunos de estos hechos se han cometido en presencia de las fuerzas de seguridad policial del Estado. Esta falta de respuesta policial no es más que un reflejo de inoperatividad de las distintas autoridades, las cuales deberían responder frente a esta violencia y ante las causas estructurales que la generan. A ello se une la reacción meramente declarativa por parte de las autoridades, la falta de intervención efectiva de parte del sistema de justicia y los cambios institucionales y normativos que han operado para habilitar una intensa ejecución de desalojos, lo que en conjunto puede leerse como una actuación coherente que contradice lo públicamente acordado por el gobierno de Honduras y los acuerdos firmados por la presidenta Xiomara Castro con las organizaciones COPA y Plataforma Agraria, que representan al campesinado, en relación a cómo avanzar en la resolución de la histórica problemática de la tenencia de la tierra, y que genera una intervención de toda la institucionalidad a favor de los intereses de los grandes propietarios. Las organizaciones firmantes seguimos apoyando y acompañando a quienes legítimamente se organizan para acceder a la tierra y su producción, porque es la única manera de alcanzar recursos y derechos básicos para desarrollar una vida digna, y seguimos exigiendo el cese de la alarmante violencia y la impunidad de quienes la ejercen y de quienes deben detenerla.]]> Declaración Nacional de Emergencia en el Bajo Aguán emitida por organizaciones y movimientos sociales en Honduras el 31 de enero de 2024. Muchas de nosotras hemos acompañado o dado seguimiento desde hace años a la situación del Bajo Aguán, territorio que ha ido convirtiéndose en un lugar de conflicto armado por sectores que atentan contra la vida de comunidades, hombres y mujeres que defienden derechos, especialmente desde el movimiento campesino, y el derecho a la tierra y el territorio. Recientemente, nuestra preocupación por esta situación ha venido en aumento, pues desde finales del 2024 hemos tenido conocimiento de graves hechos violentos que se han desarrollado a partir de la presencia organizada y pública de hombres armados, que integran grupos de criminalidad organizada. A la intimidadora presencia de estos sujetos, se ha unido la comisión de secuestros y ataques armados, e incluso, el 31 de enero, el asesinato de dos personas integrantes de la cooperativa campesina Gregorio Chávez, José Luis Hernández y Suyapa Guillén, quien además integra la Red de Mujeres Campesinas. El estado de terror en que esta situación coloca a hombres, mujeres, niñas y niños que viven en este territorio, intenta desplazar a los cientos de familias que integran las cooperativas campesinas de Camarones, El Tranvío y El Chile, y continúa siendo un efectivo método para inhibir sus luchas campesinas y desestructurar los procesos organizativos, económicos y sociales que buscan garantizar una vida digna para esta población. Los grupos sicariales que han ejecutado estos hechos han sido apoyados por guardias de seguridad que responden a la Corporación DINANT y cuentan con la pasividad cómplice de las instituciones estatales, ya que algunos de estos hechos se han cometido en presencia de las fuerzas de seguridad policial del Estado. Esta falta de respuesta policial no es más que un reflejo de inoperatividad de las distintas autoridades, las cuales deberían responder frente a esta violencia y ante las causas estructurales que la generan. A ello se une la reacción meramente declarativa por parte de las autoridades, la falta de intervención efectiva de parte del sistema de justicia y los cambios institucionales y normativos que han operado para habilitar una intensa ejecución de desalojos, lo que en conjunto puede leerse como una actuación coherente que contradice lo públicamente acordado por el gobierno de Honduras y los acuerdos firmados por la presidenta Xiomara Castro con las organizaciones COPA y Plataforma Agraria, que representan al campesinado, en relación a cómo avanzar en la resolución de la histórica problemática de la tenencia de la tierra, y que genera una intervención de toda la institucionalidad a favor de los intereses de los grandes propietarios. Las organizaciones firmantes seguimos apoyando y acompañando a quienes legítimamente se organizan para acceder a la tierra y su producción, porque es la única manera de alcanzar recursos y derechos básicos para desarrollar una vida digna, y seguimos exigiendo el cese de la alarmante violencia y la impunidad de quienes la ejercen y de quienes deben detenerla.]]> Honduras: Detengan la violencia en el Agúan y protejan a los defensores de los derechos humanos: ¡No más comercio con Dinant! https://observatoryfordefenders.org/alert/honduras-detengan-la-violencia-en-el-aguan-y-protejan-a-los-defensores-de-los-derechos-humanos-no-mas-comercio-con-dinant/ Wed, 12 Feb 2025 16:54:48 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=22944
  • La expansión y explotación de las plantaciones de palma aceitera de DINANT en el Valle del Agúan siempre ha ido acompañada de graves violaciones de los derechos humanos. Durante decadas se han denunciado robos de tierras, la intimidación, persecución y asesinato selectivos de miembros de organizaciones campesinas y sociales, así como el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados irregulares, de los que se sospecha que tienen vínculos con DINANT. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado repetidamente la atención sobre los graves abusos. La promesa hecha por el gobierno de Xiomara Castro en febrero de 2022 de investigar y resolver los conflictos de tierras en el Aguán mediante una comisión tripartita aún no se ha cumplido. A pesar de estas advertencias y de la atención internacional, la situación sobre el terreno no ha mejorado. Al contrario, la violencia y la represión contra los campesinos de las cooperativas y comunidades rurales han aumentado. El conflicto se ha intensificado masivamente desde diciembre del 2024. La violencia se dirige contra quienes que defienden sus tierras frente las plantaciones de palma aceitera de DINANT:
  • El 24 de diciembre de 2024, la cooperativa Los Camarones fue desalojada forzosamente por grupos criminales fuertemente armados. Desde entonces, 160 familias de la cooperativa Los Camarones se encuentran en una situación humanitaria extremadamente precaria.
  • El 2 de enero de 2025, Arnulfo Díaz, miembro de la cooperativa Brisas del Aguán, fue asesinado.
  • Desde el 27 de enero, las cooperativas Tranvío y El Chile han sido objeto de nuevas intimidaciones e intentos de desalojos forzosos. Ese día, grupos armados atacaron ambas cooperativas, hiriendo a un socio y secuestrando a otro, que fue torturado pero pudo ser liberado más tarde por la policía.
  • El 2 de febrero de 2025 fueron asesinados José Luis Hernández Lobo y su pareja, Suyapa Guillén. Ambos eran miembros activos de la Cooperativa Gregorio Chávez y líderes del movimiento campesino.
  • Desde hace semanas se ha intensificado en los medios de comunicación y en las redes sociales una campaña de difamación y criminalización contra las organizaciones campesinas y de derechos humanos Plataforma Agraria y Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA). Les dirigentes de dichas organizaciones corren grave peligro.
    • Como empresa, usted comparte la responsabilidad de garantizar que sus cadenas de suministro estén libres de violaciones de los derechos humanos y de degradación medioambiental. Les pedimos que pongan fin a todas las relaciones comerciales directas e indirectas con Corporación DINANT hasta que cesen la violencia y la intimidación y hasta que la empresa respete los derechos sobre la tierra de las cooperativas locales. Con la suspensión, ustedes están enviando una fuerte señal a favor de la protección de los derechos humanos y la promoción de prácticas empresariales sostenibles y éticas. Atentamente,]]>
  • La expansión y explotación de las plantaciones de palma aceitera de DINANT en el Valle del Agúan siempre ha ido acompañada de graves violaciones de los derechos humanos. Durante decadas se han denunciado robos de tierras, la intimidación, persecución y asesinato selectivos de miembros de organizaciones campesinas y sociales, así como el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados irregulares, de los que se sospecha que tienen vínculos con DINANT. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado repetidamente la atención sobre los graves abusos. La promesa hecha por el gobierno de Xiomara Castro en febrero de 2022 de investigar y resolver los conflictos de tierras en el Aguán mediante una comisión tripartita aún no se ha cumplido. A pesar de estas advertencias y de la atención internacional, la situación sobre el terreno no ha mejorado. Al contrario, la violencia y la represión contra los campesinos de las cooperativas y comunidades rurales han aumentado. El conflicto se ha intensificado masivamente desde diciembre del 2024. La violencia se dirige contra quienes que defienden sus tierras frente las plantaciones de palma aceitera de DINANT:
  • El 24 de diciembre de 2024, la cooperativa Los Camarones fue desalojada forzosamente por grupos criminales fuertemente armados. Desde entonces, 160 familias de la cooperativa Los Camarones se encuentran en una situación humanitaria extremadamente precaria.
  • El 2 de enero de 2025, Arnulfo Díaz, miembro de la cooperativa Brisas del Aguán, fue asesinado.
  • Desde el 27 de enero, las cooperativas Tranvío y El Chile han sido objeto de nuevas intimidaciones e intentos de desalojos forzosos. Ese día, grupos armados atacaron ambas cooperativas, hiriendo a un socio y secuestrando a otro, que fue torturado pero pudo ser liberado más tarde por la policía.
  • El 2 de febrero de 2025 fueron asesinados José Luis Hernández Lobo y su pareja, Suyapa Guillén. Ambos eran miembros activos de la Cooperativa Gregorio Chávez y líderes del movimiento campesino.
  • Desde hace semanas se ha intensificado en los medios de comunicación y en las redes sociales una campaña de difamación y criminalización contra las organizaciones campesinas y de derechos humanos Plataforma Agraria y Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA). Les dirigentes de dichas organizaciones corren grave peligro.
    • Como empresa, usted comparte la responsabilidad de garantizar que sus cadenas de suministro estén libres de violaciones de los derechos humanos y de degradación medioambiental. Les pedimos que pongan fin a todas las relaciones comerciales directas e indirectas con Corporación DINANT hasta que cesen la violencia y la intimidación y hasta que la empresa respete los derechos sobre la tierra de las cooperativas locales. Con la suspensión, ustedes están enviando una fuerte señal a favor de la protección de los derechos humanos y la promoción de prácticas empresariales sostenibles y éticas. Atentamente,]]>         République du Congo : Harcèlement judiciaire contre Cyrille Ndembi https://observatoryfordefenders.org/alert/republique-du-congo-harcelement-judiciaire-contre-cyrille-ndembi/ Wed, 22 May 2024 11:45:11 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=22078 Cyrille Ndembi, Président du collectif des riverains de l’usine METSSA Congo à Pointe-Noire, ville portuaire sur la côte Atlantique. Depuis 2019, ce collectif de résident.es de Vindoulou, quartier périphérique de Pointe-Noire, dénonce l’impact sanitaire de l'implantation de cette usine de recyclage de métaux et de batteries automobiles usagées, en plein cœur d'une zone urbaine et à proximité immédiate d'une école accueillant des centaines d'enfants. Le 13 mai 2024, la société METSSA Congo, filiale d’un groupe basé à Dubaï aux Émirats arabes unis, a introduit une citation directe devant la deuxième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pointe-Noire à l’encontre de M. Cyrille Ndembi, qu’elle accuse de diffamation. Les faits reprochés par la société METSSA Congo à M. Ndembi relèvent en effet de la « diffusion sur les réseaux sociaux d’informations qui ont porté atteinte à l’honneur de la société METSSA Congo », suite au passage de celui-ci, le 7 mai 2024, sur le média en ligne Ziana TV, où il dénonçait l’impact des activités de l’entreprise sur la santé des habitant.es de Vindoulou. M. Ndembi est cité à comparaître le 23 mai 2024. En 2023, des tests de plombémie effectués par un laboratoire à la demande des résident.es ont révélé des concentrations en plomb dans le sang des habitant.es de Vindoulou 15 fois supérieures aux seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les risques pour la santé publique, notamment ceux de développer des maladies graves telles que des encéphalopathies et des neuropathies, sont extrêmement préoccupants dans la zone. Le 10 novembre 2023, le collectif des riverains a porté plainte contre la société METSSA Congo auprès du juge des référés du tribunal administratif de Pointe-Noire, dénonçant le préjudice subi lié à la pollution issue des activités de l’entreprise dans le quartier de Vindoulou. Le 3 avril 2024, le tribunal administratif de Pointe-Noire a ordonné en référé la suspension provisoire -en attendant une décision sur le fond- des activités de l'entreprise METSSA Congo, du fait que la pollution était avérée et dans le but d’éviter de mettre en péril la santé des résident.es. Malheureusement, au moment de la publication de cet appel urgent, cette décision est toujours ignorée par l'entreprise, qui refuse d'obtempérer. L’Observatoire exprime sa vive inquiétude face au harcèlement judiciaire auquel fait face le collectif de riverains de Vindoulou, à travers la personne de son Président Cyrille Ndembi, qui ne semble viser qu’à l’intimider et le dissuader d’exercer ses activités légitimes de défense du droit à un environnement sain et du droit à la santé. L’Observatoire appelle les autorités congolaises à mettre un terme à toute forme de harcèlement judiciaire à son encontre, et à faire appliquer au plus tôt la décision de justice d’avril 2024 demandant la suspension provisoire immédiate des activités de l’entreprise METSSA Congo.]]> Cyrille Ndembi, Président du collectif des riverains de l’usine METSSA Congo à Pointe-Noire, ville portuaire sur la côte Atlantique. Depuis 2019, ce collectif de résident.es de Vindoulou, quartier périphérique de Pointe-Noire, dénonce l’impact sanitaire de l'implantation de cette usine de recyclage de métaux et de batteries automobiles usagées, en plein cœur d'une zone urbaine et à proximité immédiate d'une école accueillant des centaines d'enfants. Le 13 mai 2024, la société METSSA Congo, filiale d’un groupe basé à Dubaï aux Émirats arabes unis, a introduit une citation directe devant la deuxième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pointe-Noire à l’encontre de M. Cyrille Ndembi, qu’elle accuse de diffamation. Les faits reprochés par la société METSSA Congo à M. Ndembi relèvent en effet de la « diffusion sur les réseaux sociaux d’informations qui ont porté atteinte à l’honneur de la société METSSA Congo », suite au passage de celui-ci, le 7 mai 2024, sur le média en ligne Ziana TV, où il dénonçait l’impact des activités de l’entreprise sur la santé des habitant.es de Vindoulou. M. Ndembi est cité à comparaître le 23 mai 2024. En 2023, des tests de plombémie effectués par un laboratoire à la demande des résident.es ont révélé des concentrations en plomb dans le sang des habitant.es de Vindoulou 15 fois supérieures aux seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les risques pour la santé publique, notamment ceux de développer des maladies graves telles que des encéphalopathies et des neuropathies, sont extrêmement préoccupants dans la zone. Le 10 novembre 2023, le collectif des riverains a porté plainte contre la société METSSA Congo auprès du juge des référés du tribunal administratif de Pointe-Noire, dénonçant le préjudice subi lié à la pollution issue des activités de l’entreprise dans le quartier de Vindoulou. Le 3 avril 2024, le tribunal administratif de Pointe-Noire a ordonné en référé la suspension provisoire -en attendant une décision sur le fond- des activités de l'entreprise METSSA Congo, du fait que la pollution était avérée et dans le but d’éviter de mettre en péril la santé des résident.es. Malheureusement, au moment de la publication de cet appel urgent, cette décision est toujours ignorée par l'entreprise, qui refuse d'obtempérer. L’Observatoire exprime sa vive inquiétude face au harcèlement judiciaire auquel fait face le collectif de riverains de Vindoulou, à travers la personne de son Président Cyrille Ndembi, qui ne semble viser qu’à l’intimider et le dissuader d’exercer ses activités légitimes de défense du droit à un environnement sain et du droit à la santé. L’Observatoire appelle les autorités congolaises à mettre un terme à toute forme de harcèlement judiciaire à son encontre, et à faire appliquer au plus tôt la décision de justice d’avril 2024 demandant la suspension provisoire immédiate des activités de l’entreprise METSSA Congo.]]> Vietnam: Apple urged to address climate justice concerns in the country https://observatoryfordefenders.org/alert/vietnam-apple-urged-to-address-climate-justice-concerns-in-the-country/ Mon, 15 Apr 2024 18:17:20 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=21975 April 15, 2024 - More than 60 human rights and environmental organisations from around the world, including the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of their partnership of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, issued on April 11, 2024 a pressing call to Apple’s leadership team and Board of Directors, urging them to take action regarding the systematic persecution and imprisonment of climate leaders in Vietnam.   April 11, 2024 Dear Apple Leadership Team and Board of Directors, We are writing with an urgent request regarding climate justice in Vietnam, which directly impacts Apple and your manufacturing operations in the country. Since Vietnam is now Apple’s most important production hub outside of China and you have committed to human rights and “equity and justice in climate solutions," we believe you have a responsibility to weigh in on the systematic persecution and imprisonment of climate leaders in the country. Indeed, by not making a public statement on this matter, you risk violating your own environmental and human rights policies and delegitimising Apple’s positive work in these areas. Vietnam has weaponised its ambiguous laws to arrest climate leaders on trumped-up “tax evasion” charges. Those who have been targeted include Goldman Environmental Prize winner Ms. Nguy Thi Khanh, who served 16 months behind bars after working to reduce the government’s coal expansion plans and researching solar solutions; prominent environmental lawyer, Mr. Dang Dinh Bach, who is serving a five-year sentence after dedicating his life to protecting communities from harmful pollution, phasing out plastic waste, and supporting the Vietnamese government’s transition to clean energy; and Obama Foundation Scholar Ms. Hoang Thi Minh Hong, who is serving three years in prison after founding and leading the environmental group CHANGE Vietnam which was dedicated to clean energy and wildlife conservation solutions. Vietnam’s latest arrest of Ms. Ngo Thi To Nhien, former Executive Director of Vietnam Initiative for Energy Transition, was based on “appropriation of information or documents,” suggesting efforts to criminalise access to information about Vietnam’s clean energy transition. Apple’s most recent Environmental Progress Report states not only your commitment to equity and justice in climate solutions but also to transitioning your suppliers to renewable energy and having net-zero carbon impact from all of your products by 2030. In Vietnam, however, where you are building the capacity to manufacture nearly all of these products, those who would have facilitated net-zero carbon impact by supporting the transition to clean energy and other climate solutions are either in jail or have been silenced due to fear that they could be next. Environmental organizations are shutting down, and there is currently no transparency or safe way for civil society to participate in this vital clean energy transition. How can Apple accomplish its clean energy goals while increasing manufacturing in a country that is silencing its climate leaders? Apple’s Commitment to Human Rights states: “We believe in the critical importance of an open society in which information flows freely, and we’re convinced the best way we can continue to promote openness is to remain engaged, even where we may disagree with a country’s laws.” In light of this, we urge Apple to publicly ask the Vietnamese government to release these unjustly imprisoned climate leaders and ensure that civil society is free to participate in the monitoring and implementation of Vietnam’s supposed transition to clean energy without fear of persecution. This is not just a domestic matter for Vietnam, but rather an issue of global concern. In December 2022 the Vietnamese government entered into a $15.5 billion Just Energy Transition Partnership (JETP) with the U.K., U.S., and other G7 countries. However, the implementation plan released at COP 28 lacks a clear road-map for how this will occur, or how it will be “just”. There is no timeline for when the country will retire its coal plants, for example. It’s impossible to envision how a just energy transition can be successful without the participation of civil society, which is fundamental to providing independent monitoring and accountability from a social and environmental perspective. The UN has made numerous statements about Vietnam’s “systemic problem with arbitrary detention” of environmental defenders and has publicly called for the release of those unjustly imprisoned. Several governments including the U.S., U.K., E.U., and Germany have also issued multiple public statements along the same lines. Mr. Dang Dinh Bach was specifically mentioned in a recent U.S. Senate resolution calling for robust U.S. leadership against human rights abuses that target environmental defenders and urging the international community to stand with individuals fighting climate chaos. Unfortunately, these calls are falling on deaf ears. But Apple, a company of growing significance to Vietnam’s economy, is in a unique position to bring this issue to the forefront. Simply stating that you are in support of equitable and just climate solutions and human rights is not enough. Your commitments require action, and now is the time to take it. Members of the Vietnam Climate Defenders Coalition, a group of over three dozen international human rights and environmental organisations, wrote to you with these concerns on May 31, 2023. One day later Hong was arrested and Bach declared a hunger strike from prison. We appreciated the opportunity to meet virtually with members of your staff to discuss these concerns in November 2023. Still, despite these communications, we have not heard any response regarding Apple’s next steps. As you know, it’s all hands on deck to mitigate the global climate crisis. We appreciate everything Apple has done to accelerate solutions and implore you to use your powerful voice to raise concerns about this disturbing situation in Vietnam. How could Apple not take a public stance, knowing that it could make all the difference? Thank you in advance for your consideration of this matter. Sincerely,]]> April 15, 2024 - More than 60 human rights and environmental organisations from around the world, including the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of their partnership of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, issued on April 11, 2024 a pressing call to Apple’s leadership team and Board of Directors, urging them to take action regarding the systematic persecution and imprisonment of climate leaders in Vietnam.   April 11, 2024 Dear Apple Leadership Team and Board of Directors, We are writing with an urgent request regarding climate justice in Vietnam, which directly impacts Apple and your manufacturing operations in the country. Since Vietnam is now Apple’s most important production hub outside of China and you have committed to human rights and “equity and justice in climate solutions," we believe you have a responsibility to weigh in on the systematic persecution and imprisonment of climate leaders in the country. Indeed, by not making a public statement on this matter, you risk violating your own environmental and human rights policies and delegitimising Apple’s positive work in these areas. Vietnam has weaponised its ambiguous laws to arrest climate leaders on trumped-up “tax evasion” charges. Those who have been targeted include Goldman Environmental Prize winner Ms. Nguy Thi Khanh, who served 16 months behind bars after working to reduce the government’s coal expansion plans and researching solar solutions; prominent environmental lawyer, Mr. Dang Dinh Bach, who is serving a five-year sentence after dedicating his life to protecting communities from harmful pollution, phasing out plastic waste, and supporting the Vietnamese government’s transition to clean energy; and Obama Foundation Scholar Ms. Hoang Thi Minh Hong, who is serving three years in prison after founding and leading the environmental group CHANGE Vietnam which was dedicated to clean energy and wildlife conservation solutions. Vietnam’s latest arrest of Ms. Ngo Thi To Nhien, former Executive Director of Vietnam Initiative for Energy Transition, was based on “appropriation of information or documents,” suggesting efforts to criminalise access to information about Vietnam’s clean energy transition. Apple’s most recent Environmental Progress Report states not only your commitment to equity and justice in climate solutions but also to transitioning your suppliers to renewable energy and having net-zero carbon impact from all of your products by 2030. In Vietnam, however, where you are building the capacity to manufacture nearly all of these products, those who would have facilitated net-zero carbon impact by supporting the transition to clean energy and other climate solutions are either in jail or have been silenced due to fear that they could be next. Environmental organizations are shutting down, and there is currently no transparency or safe way for civil society to participate in this vital clean energy transition. How can Apple accomplish its clean energy goals while increasing manufacturing in a country that is silencing its climate leaders? Apple’s Commitment to Human Rights states: “We believe in the critical importance of an open society in which information flows freely, and we’re convinced the best way we can continue to promote openness is to remain engaged, even where we may disagree with a country’s laws.” In light of this, we urge Apple to publicly ask the Vietnamese government to release these unjustly imprisoned climate leaders and ensure that civil society is free to participate in the monitoring and implementation of Vietnam’s supposed transition to clean energy without fear of persecution. This is not just a domestic matter for Vietnam, but rather an issue of global concern. In December 2022 the Vietnamese government entered into a $15.5 billion Just Energy Transition Partnership (JETP) with the U.K., U.S., and other G7 countries. However, the implementation plan released at COP 28 lacks a clear road-map for how this will occur, or how it will be “just”. There is no timeline for when the country will retire its coal plants, for example. It’s impossible to envision how a just energy transition can be successful without the participation of civil society, which is fundamental to providing independent monitoring and accountability from a social and environmental perspective. The UN has made numerous statements about Vietnam’s “systemic problem with arbitrary detention” of environmental defenders and has publicly called for the release of those unjustly imprisoned. Several governments including the U.S., U.K., E.U., and Germany have also issued multiple public statements along the same lines. Mr. Dang Dinh Bach was specifically mentioned in a recent U.S. Senate resolution calling for robust U.S. leadership against human rights abuses that target environmental defenders and urging the international community to stand with individuals fighting climate chaos. Unfortunately, these calls are falling on deaf ears. But Apple, a company of growing significance to Vietnam’s economy, is in a unique position to bring this issue to the forefront. Simply stating that you are in support of equitable and just climate solutions and human rights is not enough. Your commitments require action, and now is the time to take it. Members of the Vietnam Climate Defenders Coalition, a group of over three dozen international human rights and environmental organisations, wrote to you with these concerns on May 31, 2023. One day later Hong was arrested and Bach declared a hunger strike from prison. We appreciated the opportunity to meet virtually with members of your staff to discuss these concerns in November 2023. Still, despite these communications, we have not heard any response regarding Apple’s next steps. As you know, it’s all hands on deck to mitigate the global climate crisis. We appreciate everything Apple has done to accelerate solutions and implore you to use your powerful voice to raise concerns about this disturbing situation in Vietnam. How could Apple not take a public stance, knowing that it could make all the difference? Thank you in advance for your consideration of this matter. Sincerely,]]> Ecuador: Justicia y responsabilidad corporativa en el caso de esclavitud moderna contra Furukawa C.A. https://observatoryfordefenders.org/alert/ecuador-justicia-y-responsabilidad-corporativa-en-el-caso-de-esclavitud-moderna-contra-furukawa-c-a/ Tue, 09 Apr 2024 10:02:53 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=21955 9 de abril de 2024 - Las organizaciones internacionales de derechos humanos abajo firmantes, incluidas la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización mundial contra la tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, condenamos en los términos más enérgicos las condiciones inhumanas que se han impuesto a las comunidades afectadas por Furukawa Plantaciones S.A. y sus directivos durante generaciones, y expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los defensores de los derechos humanos trabajadores de Furukawa Plantaciones S.A. El grupo de organizaciones internacionales de derechos humanos que ha estado acompañando y pidiendo justicia en el caso de esclavitud moderna contra Furukawa Plantaciones S.A. en Ecuador celebra que la Corte Constitucional de Ecuador vaya a tratar el caso en los próximos días. La audiencia tendrá lugar el 9 de abril, dando impulso a un proceso que tiene el potencial de sentar un precedente histórico en la lucha contra la esclavitud contemporánea no sólo en Ecuador, sino en toda la región. Además, el 18 de abril empezará otro caso relacionado en el Tribunal Penal de Santo Domingo, en el que tres directivos de Furukawa S.A. y la propia empresa se enfrentan a cargos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Cientos de familias han trabajado para Furukawa Plantaciones S. A. en las zonas de Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo durante más de 60 años, viviendo en campamentos dentro de las plantaciones de la empresa durante generaciones, soportando condiciones irregulares de salario, explotación, falta de acceso a servicios básicos adecuados, educación, salud, saneamiento y otras violaciones de sus derechos. Miembros de la comunidad, incluidos niños, tienen problemas crónicos de salud, en parte debido al polvo que desprende la fibra de abacá al secarse, que penetra en sus vías respiratorias y pulmones. Durante años, no tuvieron electricidad ni agua potable. Las dos próximas audiencias son ante todo un reflejo de la valentía y resistencia de las comunidades de abacaleros de las zonas de Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo en su búsqueda de justicia con el apoyo del Comité de Solidaridad Furawaka Nunca Más conformado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Centro de Derechos Económicos y Sociales, Coordinadora Nacional Campesina, Afrocomunicaciones y Observatorio Social de Derechos. Durante años, las y los abacaleros han intentado reclamar sus derechos y denunciar sus condiciones de trabajo y de vida ante diferentes autoridades locales y nacionales sin un seguimiento adecuado y enfrentándose a represalias, intimidaciones e intentos de criminalización por parte de la empresa. En ese contexto, la lucha permanente de los defensores de derechos humanos da lugar a que el Estado ecuatoriano reconozca el importante rol de los defensores de derechos humanos en la búsqueda y garantía de los derechos humanos. El caso ahora ante la Corte Constitucional ha pasado por un largo proceso judicial, con varias incursiones de la empresa para intentar disuadirlo. El 15 de enero de 2021, el tribunal ecuatoriano de primera instancia reconoció por primera vez que las condiciones de los trabajadores de Furukawa Plantaciones S.A. constituían una violación del derecho a la igualdad, la no discriminación, la prohibición de la servidumbre de la gleba, el derecho a la salud, la vivienda, la educación y la identidad. El 15 de octubre 2021, la corte de apelación ratificó el fallo de primera instancia, y claras medidas de reparación fueron establecidas. En apelación presentada por la empresa, la Corte Provincial de Justicia de la región de Santo Domingo de los Tsáchilas confirmó la responsabilidad de la empresa, pero exoneró de responsabilidad al Estado ecuatoriano. La decisión no revocó las medidas de reparación a favor de los trabajadores. Desde entonces, las comunidades de abacaleros afectados esperan que se cumpla el fallo judicial y se haga justicia, en una situación de total precariedad económica que los dejó vulnerables a los intentos de acoso y criminalización llevados a cabo por Furukawa Plantaciones S.A. para silenciarlos. El 9 de abril, la Corte Constitucional de Ecuador determinará si confirma la responsabilidad de Furukawa Plantaciones S.A., la responsabilidad por omisión del Estado de Ecuador y se pronunciará en materia de reparaciones. Según el sistema judicial ecuatoriano, la sentencia de la Corte Provincial de Justicia en apelación es firme y debe ser ejecutada, por lo que Furukawa Plantaciones S.A. ya debería haber cumplido con su obligación legal de reparar a los trabajadores. La Corte Constitucional debe dejar claro que este retraso en cumplir el fallo judicial por parte de Furukawa Plantaciones S.A. va en contra del Estado de Derecho y no será tolerada por más tiempo. En la causa penal, el Juzgado Penal de Santo Domingo empezará a juzgar la responsabilidad de Furukawa Plantaciones S.A. y tres de sus directivos por trata de personas con fines de explotación laboral. Si se les declara culpables, los directivos podrían enfrentarse a penas de prisión y podrá ser determinada la disolución de Furukawa Plantaciones S.A en el país. Furukawa Plantaciones S.A. ha buscado dilatar ambos procesos judiciales durante años, con estrategias procesales que buscaron impedir que la justicia del Estado ecuatoriano siga su curso, además de presionar e intimidar directamente a los trabajadores y ex trabajadores para que abandonen el caso. Recientemente, el jueves 4 de abril, la gerencia de Furukawa Plantaciones S.A., flanqueada por personal de los Ministerios de Trabajo y Salud Pública y de las fuerzas de seguridad, visitó los campamentos donde vive parte de los abacaleros en un intento de intimidarlos y hacerlos desistir del caso. Esto en flagrante violación a las medidas de protección establecidas por el juez de garantías penales de Santo Domingo de los Tsáchilas. En las próximas semanas, Ecuador tendrá una oportunidad histórica para corregir los errores cometidos contra estas comunidades y dar un paso decisivo en la lucha contra la esclavitud moderna y la responsabilización de las empresas. El Estado ecuatoriano debe presentar garantías claras de que esta situación no se repetirá, poniendo en marcha políticas públicas de lucha contra la esclavitud y la trata de personas, y estableciendo una estricta supervisión estatal de las empresas. La decisión judicial también sienta un precedente optimista para los defensores de los derechos humanos que buscan justicia en el país. Las organizaciones internacionales de derechos humanos abajo firmantes condenamos en los términos más enérgicos las condiciones inhumanas que se han impuesto a las comunidades afectadas por Furukawa Plantaciones S.A. y sus directivos durante generaciones, y expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los defensores de los derechos humanos trabajadores de Furukawa Plantaciones S.A. Por esta razón, las organizaciones abajo firmantes: Llamamos a la Corte Constitucional de Ecuador :
    • que haga justicia confirmando la responsabilidad de Furukawa Plantaciones S.A. y su obligación de cumplir con sus responsabilidades hacia las y los abacaleros implementando las reparaciones establecidas por los tribunales;
    • que restablezca la responsabilidad del Estado ecuatoriano por omisión, tal y como se estableció en la sentencia original.
    Llamamos a la Corte Penal de Santo Domingo :
    • a que responsabilice a la dirección de Furukawa Plantaciones S.A. de los cargos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, y poner fin al ciclo de impunidad que ha durado generaciones.
    Hacemos un llamado al Estado ecuatoriano :
    • a desarrollar políticas públicas de protección para luchar contra la esclavitud contemporánea y la trata de personas con fines de explotación laboral en el país. Este proceso debe ser participativo y transparente, con la participación directa de los defensores de derechos humanos y la sociedad civil;
    • para que desarrolle políticas públicas e iniciativas concretas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos que sufren diferentes tipos de violaciones, ataques, procesos de criminalización e intimidación en sus luchas por derechos en todo el país;
    • desarrollar políticas públicas y legislación acordes con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, y establecer una estricta supervisión estatal de las prácticas empresariales para evitar situaciones similares en el futuro.
    ]]>     9 de abril de 2024 - Las organizaciones internacionales de derechos humanos abajo firmantes, incluidas la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización mundial contra la tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, condenamos en los términos más enérgicos las condiciones inhumanas que se han impuesto a las comunidades afectadas por Furukawa Plantaciones S.A. y sus directivos durante generaciones, y expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los defensores de los derechos humanos trabajadores de Furukawa Plantaciones S.A. El grupo de organizaciones internacionales de derechos humanos que ha estado acompañando y pidiendo justicia en el caso de esclavitud moderna contra Furukawa Plantaciones S.A. en Ecuador celebra que la Corte Constitucional de Ecuador vaya a tratar el caso en los próximos días. La audiencia tendrá lugar el 9 de abril, dando impulso a un proceso que tiene el potencial de sentar un precedente histórico en la lucha contra la esclavitud contemporánea no sólo en Ecuador, sino en toda la región. Además, el 18 de abril empezará otro caso relacionado en el Tribunal Penal de Santo Domingo, en el que tres directivos de Furukawa S.A. y la propia empresa se enfrentan a cargos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Cientos de familias han trabajado para Furukawa Plantaciones S. A. en las zonas de Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo durante más de 60 años, viviendo en campamentos dentro de las plantaciones de la empresa durante generaciones, soportando condiciones irregulares de salario, explotación, falta de acceso a servicios básicos adecuados, educación, salud, saneamiento y otras violaciones de sus derechos. Miembros de la comunidad, incluidos niños, tienen problemas crónicos de salud, en parte debido al polvo que desprende la fibra de abacá al secarse, que penetra en sus vías respiratorias y pulmones. Durante años, no tuvieron electricidad ni agua potable. Las dos próximas audiencias son ante todo un reflejo de la valentía y resistencia de las comunidades de abacaleros de las zonas de Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo en su búsqueda de justicia con el apoyo del Comité de Solidaridad Furawaka Nunca Más conformado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Centro de Derechos Económicos y Sociales, Coordinadora Nacional Campesina, Afrocomunicaciones y Observatorio Social de Derechos. Durante años, las y los abacaleros han intentado reclamar sus derechos y denunciar sus condiciones de trabajo y de vida ante diferentes autoridades locales y nacionales sin un seguimiento adecuado y enfrentándose a represalias, intimidaciones e intentos de criminalización por parte de la empresa. En ese contexto, la lucha permanente de los defensores de derechos humanos da lugar a que el Estado ecuatoriano reconozca el importante rol de los defensores de derechos humanos en la búsqueda y garantía de los derechos humanos. El caso ahora ante la Corte Constitucional ha pasado por un largo proceso judicial, con varias incursiones de la empresa para intentar disuadirlo. El 15 de enero de 2021, el tribunal ecuatoriano de primera instancia reconoció por primera vez que las condiciones de los trabajadores de Furukawa Plantaciones S.A. constituían una violación del derecho a la igualdad, la no discriminación, la prohibición de la servidumbre de la gleba, el derecho a la salud, la vivienda, la educación y la identidad. El 15 de octubre 2021, la corte de apelación ratificó el fallo de primera instancia, y claras medidas de reparación fueron establecidas. En apelación presentada por la empresa, la Corte Provincial de Justicia de la región de Santo Domingo de los Tsáchilas confirmó la responsabilidad de la empresa, pero exoneró de responsabilidad al Estado ecuatoriano. La decisión no revocó las medidas de reparación a favor de los trabajadores. Desde entonces, las comunidades de abacaleros afectados esperan que se cumpla el fallo judicial y se haga justicia, en una situación de total precariedad económica que los dejó vulnerables a los intentos de acoso y criminalización llevados a cabo por Furukawa Plantaciones S.A. para silenciarlos. El 9 de abril, la Corte Constitucional de Ecuador determinará si confirma la responsabilidad de Furukawa Plantaciones S.A., la responsabilidad por omisión del Estado de Ecuador y se pronunciará en materia de reparaciones. Según el sistema judicial ecuatoriano, la sentencia de la Corte Provincial de Justicia en apelación es firme y debe ser ejecutada, por lo que Furukawa Plantaciones S.A. ya debería haber cumplido con su obligación legal de reparar a los trabajadores. La Corte Constitucional debe dejar claro que este retraso en cumplir el fallo judicial por parte de Furukawa Plantaciones S.A. va en contra del Estado de Derecho y no será tolerada por más tiempo. En la causa penal, el Juzgado Penal de Santo Domingo empezará a juzgar la responsabilidad de Furukawa Plantaciones S.A. y tres de sus directivos por trata de personas con fines de explotación laboral. Si se les declara culpables, los directivos podrían enfrentarse a penas de prisión y podrá ser determinada la disolución de Furukawa Plantaciones S.A en el país. Furukawa Plantaciones S.A. ha buscado dilatar ambos procesos judiciales durante años, con estrategias procesales que buscaron impedir que la justicia del Estado ecuatoriano siga su curso, además de presionar e intimidar directamente a los trabajadores y ex trabajadores para que abandonen el caso. Recientemente, el jueves 4 de abril, la gerencia de Furukawa Plantaciones S.A., flanqueada por personal de los Ministerios de Trabajo y Salud Pública y de las fuerzas de seguridad, visitó los campamentos donde vive parte de los abacaleros en un intento de intimidarlos y hacerlos desistir del caso. Esto en flagrante violación a las medidas de protección establecidas por el juez de garantías penales de Santo Domingo de los Tsáchilas. En las próximas semanas, Ecuador tendrá una oportunidad histórica para corregir los errores cometidos contra estas comunidades y dar un paso decisivo en la lucha contra la esclavitud moderna y la responsabilización de las empresas. El Estado ecuatoriano debe presentar garantías claras de que esta situación no se repetirá, poniendo en marcha políticas públicas de lucha contra la esclavitud y la trata de personas, y estableciendo una estricta supervisión estatal de las empresas. La decisión judicial también sienta un precedente optimista para los defensores de los derechos humanos que buscan justicia en el país. Las organizaciones internacionales de derechos humanos abajo firmantes condenamos en los términos más enérgicos las condiciones inhumanas que se han impuesto a las comunidades afectadas por Furukawa Plantaciones S.A. y sus directivos durante generaciones, y expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los defensores de los derechos humanos trabajadores de Furukawa Plantaciones S.A. Por esta razón, las organizaciones abajo firmantes: Llamamos a la Corte Constitucional de Ecuador :
    • que haga justicia confirmando la responsabilidad de Furukawa Plantaciones S.A. y su obligación de cumplir con sus responsabilidades hacia las y los abacaleros implementando las reparaciones establecidas por los tribunales;
    • que restablezca la responsabilidad del Estado ecuatoriano por omisión, tal y como se estableció en la sentencia original.
    Llamamos a la Corte Penal de Santo Domingo :
    • a que responsabilice a la dirección de Furukawa Plantaciones S.A. de los cargos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, y poner fin al ciclo de impunidad que ha durado generaciones.
    Hacemos un llamado al Estado ecuatoriano :
    • a desarrollar políticas públicas de protección para luchar contra la esclavitud contemporánea y la trata de personas con fines de explotación laboral en el país. Este proceso debe ser participativo y transparente, con la participación directa de los defensores de derechos humanos y la sociedad civil;
    • para que desarrolle políticas públicas e iniciativas concretas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos que sufren diferentes tipos de violaciones, ataques, procesos de criminalización e intimidación en sus luchas por derechos en todo el país;
    • desarrollar políticas públicas y legislación acordes con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, y establecer una estricta supervisión estatal de las prácticas empresariales para evitar situaciones similares en el futuro.
    ]]>         Honduras: Más de 100 organizaciones se solidarizan con el pueblo de Tocoa https://observatoryfordefenders.org/alert/21300/ Mon, 22 Jan 2024 14:07:01 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=21300 Más de 100 organizaciones nacionales e internacionales, incluido el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (OMCT-FIDH), exigen a las autoridades hondureñas respetar la decisión del Pueblo de Tocoa de decir NO a la termoeléctrica de coque de petróleo y al megaproyecto minero de Emco, entre otras exigencias. El sábado 9 de diciembre de 2023, el pueblo de Tocoa fue convocado por la Corporación Municipal a participar en un cabildo abierto sobre el proyecto termoeléctrico de coque de petróleo de Ecotek, uno de los siete componentes de un megaproyecto de óxido de hierro impulsado por el consorcio "Emco Holdings" de Ana Facusse y Lenir Perez. Más de 2000 personas se presentaron temprano en el Instituto Froylan Turcios para asegurar que su voz fuera escuchada, a pesar de una campaña de estigmatización contra las personas defensoras de derechos humanos del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa en el período previo al cabildo, con la intención de provocar miedo en la población. Durante la asamblea cívica, hubo una fuerte presencia policial, así como de representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para Honduras, del Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol de organizaciones nacionales e internacionales, así como también organizaciones de observación internacional de derechos humanos. El personal municipal trató de impedir que los votantes entraran en el Instituto y, al ver el gran número de personas que habían llegado para votar en contra del proyecto, el alcalde Adán Funes se negó a entrar en el Instituto para celebrar el cabildo abierto. Como resultado, el pueblo autoconvocó una asamblea popular, en la que estuvieron presentes los concejales municipales, y votó en contra de la termoeléctrica de coque de petróleo y del megaproyecto de Emco. La decisión popular reafirma el resultado del cabildo abierto realizado en noviembre de 2019 en Tocoa que rechazó rotundamente el proyecto minero. El proceso fue supervisado por regidores municipales y el acta fue notariada. Nos preocupa que el proyecto energético de Emco haya sido promovido por autoridades locales como estatales como una forma de aliviar el problema eléctrico en Tocoa, a pesar de que, según la misma evaluación del impacto ambiental de la empresa Ecotek presentada a Secretaría de Recursos Naturales – SERNA/MiAmbiente, la mayor parte de la electricidad generada está destinada al funcionamiento de la planta de la empresa para peletizar el óxido de hierro que extrae del Parque Nacional Carlos Escaleras. Celebramos la posición del Estado de Honduras en la COP28 en defensa de los bosques y la generación de energía limpia, pero nos preocupan profundamente los esfuerzos por producir energía a través de la quema de coque de petróleo altamente contaminante para la salud y el medio ambiente, especialmente porque según el dictamen de Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCO) de la SERNA con fecha de 23 de abril de 2023, la quema de coque de petróleo no está regulada en Honduras. Por más de siete años, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa ha denunciado públicamente, y a través de las Autoridades Hondureñas correspondientes, las ilegalidades, violaciones a los derechos humanos y contaminación ambiental relacionadas con el megaproyecto de Emco. Estas denuncias no han dado lugar a ninguna acción significativa por parte de las autoridades correspondientes, a pesar de que el CMDBCPT ha presentado pruebas claras y fundadas tras una meticulosa revisión de los expedientes de la empresa y documentos del Estado, que respaldan sus denuncias. Las y los miembros de la CMDBCPT han sido víctimas de detenciones arbitrarias, asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y campañas de desprestigio con el objetivo de silenciar su digna lucha por la vida y la protección de los bosques y ríos del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”. Desde octubre de 2023, las y los miembros del Comité Municipal y sus equipos jurídicos son beneficiarios de medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido al riesgo inminente que corren. Ante la decisión tomada por el pueblo de Tocoa, y respaldando la lucha del Comité Municipal por justicia y rendición de cuentas, exigimos:
    • Que la decisión del Pueblo de Tocoa expresada válidamente el 9 de diciembre de 2023 a través de una asamblea popular, sea respetada e implementada inmediatamente por todos los niveles del gobierno hondureño.
    • La cancelación inmediata e incondicional del megaproyecto de Emco Holdings, incluyendo las concesiones mineras ASP y ASP2 de Inversiones Los Pinares; la planta termoeléctrica de coque de petróleo y la concesión de la planta de peletización de Ecotek; las concesiones para el uso de agua de los ríos Guapinol, San Pedro y la quebrada La Ceibita.
    • La protección inmediata e integral de las y los miembros del Comité Municipal, sus equipos jurídicos y sus familias a través de medidas adoptadas por el Estado en consenso con las personas defensoras.
    • La investigación de las denuncias penales y administrativas interpuestas por el Comité Municipal para llegar al juzgamiento y sanción de los responsables de las ilegalidades relacionadas con el proyecto extractivo y de las amenazas y campañas de estigmatización contra personas defensoras del Comité Municipal.
    • La investigación independiente, enjuiciamiento y sanción delos responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Jairo Bonilla, Aly Domínguez y Oqueli Domínguez.
    • La reparación de los daños, tanto a las personas víctimas de la persecución de la empresa Emco y el Estado de Honduras, como también a la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras.
    ]]>     Más de 100 organizaciones nacionales e internacionales, incluido el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (OMCT-FIDH), exigen a las autoridades hondureñas respetar la decisión del Pueblo de Tocoa de decir NO a la termoeléctrica de coque de petróleo y al megaproyecto minero de Emco, entre otras exigencias. El sábado 9 de diciembre de 2023, el pueblo de Tocoa fue convocado por la Corporación Municipal a participar en un cabildo abierto sobre el proyecto termoeléctrico de coque de petróleo de Ecotek, uno de los siete componentes de un megaproyecto de óxido de hierro impulsado por el consorcio "Emco Holdings" de Ana Facusse y Lenir Perez. Más de 2000 personas se presentaron temprano en el Instituto Froylan Turcios para asegurar que su voz fuera escuchada, a pesar de una campaña de estigmatización contra las personas defensoras de derechos humanos del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa en el período previo al cabildo, con la intención de provocar miedo en la población. Durante la asamblea cívica, hubo una fuerte presencia policial, así como de representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para Honduras, del Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol de organizaciones nacionales e internacionales, así como también organizaciones de observación internacional de derechos humanos. El personal municipal trató de impedir que los votantes entraran en el Instituto y, al ver el gran número de personas que habían llegado para votar en contra del proyecto, el alcalde Adán Funes se negó a entrar en el Instituto para celebrar el cabildo abierto. Como resultado, el pueblo autoconvocó una asamblea popular, en la que estuvieron presentes los concejales municipales, y votó en contra de la termoeléctrica de coque de petróleo y del megaproyecto de Emco. La decisión popular reafirma el resultado del cabildo abierto realizado en noviembre de 2019 en Tocoa que rechazó rotundamente el proyecto minero. El proceso fue supervisado por regidores municipales y el acta fue notariada. Nos preocupa que el proyecto energético de Emco haya sido promovido por autoridades locales como estatales como una forma de aliviar el problema eléctrico en Tocoa, a pesar de que, según la misma evaluación del impacto ambiental de la empresa Ecotek presentada a Secretaría de Recursos Naturales – SERNA/MiAmbiente, la mayor parte de la electricidad generada está destinada al funcionamiento de la planta de la empresa para peletizar el óxido de hierro que extrae del Parque Nacional Carlos Escaleras. Celebramos la posición del Estado de Honduras en la COP28 en defensa de los bosques y la generación de energía limpia, pero nos preocupan profundamente los esfuerzos por producir energía a través de la quema de coque de petróleo altamente contaminante para la salud y el medio ambiente, especialmente porque según el dictamen de Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCO) de la SERNA con fecha de 23 de abril de 2023, la quema de coque de petróleo no está regulada en Honduras. Por más de siete años, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa ha denunciado públicamente, y a través de las Autoridades Hondureñas correspondientes, las ilegalidades, violaciones a los derechos humanos y contaminación ambiental relacionadas con el megaproyecto de Emco. Estas denuncias no han dado lugar a ninguna acción significativa por parte de las autoridades correspondientes, a pesar de que el CMDBCPT ha presentado pruebas claras y fundadas tras una meticulosa revisión de los expedientes de la empresa y documentos del Estado, que respaldan sus denuncias. Las y los miembros de la CMDBCPT han sido víctimas de detenciones arbitrarias, asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y campañas de desprestigio con el objetivo de silenciar su digna lucha por la vida y la protección de los bosques y ríos del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”. Desde octubre de 2023, las y los miembros del Comité Municipal y sus equipos jurídicos son beneficiarios de medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido al riesgo inminente que corren. Ante la decisión tomada por el pueblo de Tocoa, y respaldando la lucha del Comité Municipal por justicia y rendición de cuentas, exigimos:
    • Que la decisión del Pueblo de Tocoa expresada válidamente el 9 de diciembre de 2023 a través de una asamblea popular, sea respetada e implementada inmediatamente por todos los niveles del gobierno hondureño.
    • La cancelación inmediata e incondicional del megaproyecto de Emco Holdings, incluyendo las concesiones mineras ASP y ASP2 de Inversiones Los Pinares; la planta termoeléctrica de coque de petróleo y la concesión de la planta de peletización de Ecotek; las concesiones para el uso de agua de los ríos Guapinol, San Pedro y la quebrada La Ceibita.
    • La protección inmediata e integral de las y los miembros del Comité Municipal, sus equipos jurídicos y sus familias a través de medidas adoptadas por el Estado en consenso con las personas defensoras.
    • La investigación de las denuncias penales y administrativas interpuestas por el Comité Municipal para llegar al juzgamiento y sanción de los responsables de las ilegalidades relacionadas con el proyecto extractivo y de las amenazas y campañas de estigmatización contra personas defensoras del Comité Municipal.
    • La investigación independiente, enjuiciamiento y sanción delos responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Jairo Bonilla, Aly Domínguez y Oqueli Domínguez.
    • La reparación de los daños, tanto a las personas víctimas de la persecución de la empresa Emco y el Estado de Honduras, como también a la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras.
    ]]>         Astra Agro Lestari in Indonesia: Ongoing criminalisation, human rights abuses and land grabbing https://observatoryfordefenders.org/alert/astra-agro-lestari-in-indonesia-ongoing-criminalisation-human-rights-abuses-and-land-grabbing/ Wed, 21 Sep 2022 11:30:24 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=19520 MYS 001 / 0421 / OBS 041 – Charles Hector https://observatoryfordefenders.org/alert/mys-001-0421-obs-041-charles-hector/ Wed, 07 Apr 2021 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=17132