Stigmatisation – The Observatory For Defenders https://observatoryfordefenders.org/fr/ Wed, 26 Nov 2025 15:40:30 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://observatoryfordefenders.org/wp-content/uploads/2022/06/cropped-OB-eye-orange-32x32.png Stigmatisation – The Observatory For Defenders https://observatoryfordefenders.org/fr/ 32 32 Colombia: Estigmatización y amenazas en contra del defensor Juan Camilo Villalobos https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/colombia-estigmatizacion-y-amenazas-en-contra-del-defensor-juan-camilo-villalobos/ Mon, 03 Nov 2025 15:36:35 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24131 Juan Camilo Villalobos, y de su familia. El Sr. Juan Camilo Villalobos consolidó su trayectoria como activista durante las movilizaciones sociales en Colombia entre 2019 y 2021, así como en proyectos orientados a la transformación social y a la construcción de memoria histórica. Como activista, el Sr. Villalobos fue recientemente parte de la delegación colombiana en tierra de la Global Sumud Flotilla. Profesionalmente, actualmente el Sr. Villalobos es también contratista de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. El 3 de octubre de 2025 – tras una protesta ocurrida el 2 de octubre en Bogotá delante del edificio de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en solidaridad con Palestina – el Sr. Daniel Briceño, concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático, escribió en su cuenta de la red social X que el Sr. Villalobos "convocó el hostigamiento contra la ANDI”. La protesta del día 2 de octubre de 2025 tenía como objetivo que la ANDI, que reúne más de mil empresarios, cortara relaciones comerciales con Israel por el genocidio y violaciones de derechos humanos cometidas en Palestina. Con este mensaje, el Sr. Briceño asoció el liderazgo y participación del Sr. Villalobos en condenación del genocidio y en solidaridad contra el pueblo palestino a hechos de violencia que habrán allegadamente sucedido en la misma protesta. Las declaraciones del Sr. Briceño hicieron caso omiso de las intervenciones hechas por el Sr. Villalobos, que invitó a que las movilizaciones se hicieran de manera pacífica. Desde entonces y hasta la fecha de publicación de este llamado urgente, el Sr. Villalobos ha sido estigmatizado por medios masivos de comunicación en Colombia y ha venido recibiendo insultos, comentarios difamatorios, que constituyen ataques y amenazas digitales en la red social X, debido a su participación en el equipo en tierra de la delegación de la Global Sumud Flotilla. Entre ellos, personas desconocidas lo amenazaron con conseguir su lugar de residencia para causar daños materiales y físicos en su contra y en contra de su familia. Algunos ataques y amenazas digitales publicados en esta red social incluyen: “Vamos a matar a ese HP. ¡Dirección!”; “Dénle una píldora marca indumil sacada de un dispensador 9 mm esa acaba con estas pestes de raíz”. Los mensajes en contra del defensor de derechos humanos lo estigmatizan como “terrorista”, “anti-empresa”, “guerrillero”, entre otros adjetivos que buscan deslegitimar su labor como defensor de los derechos humanos. En el contexto del conflicto armado colombiano, estas etiquetas han sido historicamente utilizadas para justificar la persecución, judicialización o asesinato de defensores de derechos humanos y de su labor legítima. Este conjunto de ataques y amenazas digitales han causado serias afectaciones a la salud emocional del Sr. Villalobos, así como a la de su esposa, padre, madre y hermano. El 5 de octubre de 2025, el Sr. Villalobos presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos (artículo 188E del Código Penal colombiano), así como por hostigamiento, injuria, calumnia y violación de datos personales. Sumado a lo anterior, el concejal Daniel Briceño alude en su mensaje al trabajo actual de Juan Camilo Villalobos como contratista de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Esta referencia busca vincular de manera estigmatizante su labor independiente como defensor de derechos humanos con su función profesional, con el propósito de insinuar falsamente que habría utilizado recursos públicos en las movilizaciones y trata de involucrar al gobierno actual en los hechos supuestamente ocurridos durante la protesta del 2 de octubre de 2025. El 9 de octubre de 2025, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) emitió un comunicado en donde afirmó que las labores del Sr. Villalobos “corresponden a funciones técnicas y profesionales específicas, sin relación alguna con los eventos reportados durante las manifestaciones. De manera independiente, el ciudadano desarrolla actividades como activista y defensor de derechos humanos, e integra la delegación colombiana en tierra de la Flotilla Global Sumud, iniciativa de carácter humanitario que busca llevar ayuda al pueblo palestino”. El 16 de octubre de 2025, la Unidad Nacional de Protección, le otorgó medidas provisionales de protección, consistentes en la asignación de un escolta y un chaleco antibalas. El Observatorio condena enérgicamente los ataques mediáticos, la estigmatización y amenazas dirigidos contra Juan Camilo Villalobos, los cuales incluyen claros componentes de violencia contra su seguridad y la de su familia. Además, estos ataques pretenden obstaculizar su legítima labor en la lucha de solidaridad contra el genocidio en Palestina. El Observatorio denuncia los graves perjuicios emocionales y psicológicos que ha causado la difamación pública, las amenazas y la estigmatización en contra del Sr. Villalobos y de su familia. El Observatorio reitera su llamado a las autoridades colombianas a cumplir con sus obligaciones internacionales en cuanto a la protección de los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos.]]> Juan Camilo Villalobos, y de su familia. El Sr. Juan Camilo Villalobos consolidó su trayectoria como activista durante las movilizaciones sociales en Colombia entre 2019 y 2021, así como en proyectos orientados a la transformación social y a la construcción de memoria histórica. Como activista, el Sr. Villalobos fue recientemente parte de la delegación colombiana en tierra de la Global Sumud Flotilla. Profesionalmente, actualmente el Sr. Villalobos es también contratista de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. El 3 de octubre de 2025 – tras una protesta ocurrida el 2 de octubre en Bogotá delante del edificio de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en solidaridad con Palestina – el Sr. Daniel Briceño, concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático, escribió en su cuenta de la red social X que el Sr. Villalobos "convocó el hostigamiento contra la ANDI”. La protesta del día 2 de octubre de 2025 tenía como objetivo que la ANDI, que reúne más de mil empresarios, cortara relaciones comerciales con Israel por el genocidio y violaciones de derechos humanos cometidas en Palestina. Con este mensaje, el Sr. Briceño asoció el liderazgo y participación del Sr. Villalobos en condenación del genocidio y en solidaridad contra el pueblo palestino a hechos de violencia que habrán allegadamente sucedido en la misma protesta. Las declaraciones del Sr. Briceño hicieron caso omiso de las intervenciones hechas por el Sr. Villalobos, que invitó a que las movilizaciones se hicieran de manera pacífica. Desde entonces y hasta la fecha de publicación de este llamado urgente, el Sr. Villalobos ha sido estigmatizado por medios masivos de comunicación en Colombia y ha venido recibiendo insultos, comentarios difamatorios, que constituyen ataques y amenazas digitales en la red social X, debido a su participación en el equipo en tierra de la delegación de la Global Sumud Flotilla. Entre ellos, personas desconocidas lo amenazaron con conseguir su lugar de residencia para causar daños materiales y físicos en su contra y en contra de su familia. Algunos ataques y amenazas digitales publicados en esta red social incluyen: “Vamos a matar a ese HP. ¡Dirección!”; “Dénle una píldora marca indumil sacada de un dispensador 9 mm esa acaba con estas pestes de raíz”. Los mensajes en contra del defensor de derechos humanos lo estigmatizan como “terrorista”, “anti-empresa”, “guerrillero”, entre otros adjetivos que buscan deslegitimar su labor como defensor de los derechos humanos. En el contexto del conflicto armado colombiano, estas etiquetas han sido historicamente utilizadas para justificar la persecución, judicialización o asesinato de defensores de derechos humanos y de su labor legítima. Este conjunto de ataques y amenazas digitales han causado serias afectaciones a la salud emocional del Sr. Villalobos, así como a la de su esposa, padre, madre y hermano. El 5 de octubre de 2025, el Sr. Villalobos presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos (artículo 188E del Código Penal colombiano), así como por hostigamiento, injuria, calumnia y violación de datos personales. Sumado a lo anterior, el concejal Daniel Briceño alude en su mensaje al trabajo actual de Juan Camilo Villalobos como contratista de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Esta referencia busca vincular de manera estigmatizante su labor independiente como defensor de derechos humanos con su función profesional, con el propósito de insinuar falsamente que habría utilizado recursos públicos en las movilizaciones y trata de involucrar al gobierno actual en los hechos supuestamente ocurridos durante la protesta del 2 de octubre de 2025. El 9 de octubre de 2025, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) emitió un comunicado en donde afirmó que las labores del Sr. Villalobos “corresponden a funciones técnicas y profesionales específicas, sin relación alguna con los eventos reportados durante las manifestaciones. De manera independiente, el ciudadano desarrolla actividades como activista y defensor de derechos humanos, e integra la delegación colombiana en tierra de la Flotilla Global Sumud, iniciativa de carácter humanitario que busca llevar ayuda al pueblo palestino”. El 16 de octubre de 2025, la Unidad Nacional de Protección, le otorgó medidas provisionales de protección, consistentes en la asignación de un escolta y un chaleco antibalas. El Observatorio condena enérgicamente los ataques mediáticos, la estigmatización y amenazas dirigidos contra Juan Camilo Villalobos, los cuales incluyen claros componentes de violencia contra su seguridad y la de su familia. Además, estos ataques pretenden obstaculizar su legítima labor en la lucha de solidaridad contra el genocidio en Palestina. El Observatorio denuncia los graves perjuicios emocionales y psicológicos que ha causado la difamación pública, las amenazas y la estigmatización en contra del Sr. Villalobos y de su familia. El Observatorio reitera su llamado a las autoridades colombianas a cumplir con sus obligaciones internacionales en cuanto a la protección de los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos.]]> Georgia: Arbitrary detention and judicial harassment of pro-democracy activist Nino Datashvili https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/georgia-arbitrary-detention-and-judicial-harassment-of-pro-democracy-activist-nino-datashvili/ Tue, 02 Sep 2025 12:58:31 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=23906 Nino Datashvili, a pro-democracy activist and civic education teacher in Tbilisi, Georgia, and monitored the beginning of her trial, which took place in Tbilisi on 21 August 2025. On 9 June 2025, Nino Datashvili attempted to attend the hearings of eight peaceful demonstrators in Tbilisi City Court: Zviad Tsetskhladze, Vepkhia Kasradze, Vasil Kadzelashvili, Giorgi Gorgadze, Irakli Miminoshvili, Insaf Aliyev, Tornike Goshadze, and Nikoloz Javakhishvili, who are still held in preventive detention, as part of a broader effort to silence the next generation of independent voices, including aspiring lawyers and pro-European integration human rights defenders in Georgia. After bailiffs prevented her from entering the courtroom, Ms Datashvili asked on what legal grounds they were acting, before being forcibly removed from the building by several men. The next day, an investigation was launched into the alleged assault on a bailiff of the Tbilisi City Court during the performance of his official duties. On 20 June 2025, Ms Datashvili was arbitrarily arrested in the streets of Tbilisi and placed in custody following a decision by Tbilisi City Court Judge Lela Kaliche. If convicted, she faces up to seven years in prison under part 3 of Article 353 of Georgia’s Criminal Code, which pertains to resistance, threats, or violence against a police officer or another representative of the authorities. On 2 August 2025, the Tbilisi City Court granted the prosecution’s motion to subject Ms Datashvili to a compulsory psychiatric examination, relying on a 2019 medical record that referred only to a spinal condition accompanied by “psycho-emotional lability”. The ruling authorised her forcible admission to a psychiatric institution for up to 20 days, despite the appeal and her doctor’s statement that he had never assessed her mental health and had only treated her spinal condition. The Court of Appeal upheld this decision, triggering public outcry from human rights defenders, psychiatrists, and experts, who denounced the measure as a form of political persecution. In response to the controversy, prosecutors arranged for experts from the L. Samkharauli Forensic Bureau to examine Ms Datashvili directly in prison, without informing her or her lawyers in advance. On 6 August 2025, these experts interviewed her in custody, raising concerns about lack of consent and procedural violations. On 8 August, the Tbilisi City Court upheld the pre-trial detention of Ms Datashvili, citing “risks of absconding, witness tampering, and committing new crimes”. On 21 August, the substantive hearing of the case began before the Tbilisi City Court. On this day, the prosecutor’s office presented a forensic medical examination report based on the interview conducted on 6 August, stating that Ms Datashvili does not have any mental health needs. However, the defense requested this report to be inadmissible on the grounds that Ms Datashvili had not been informed of the nature of this interview and therefore could not have given her informed consent to it. Ms Datashvili’s lawyers also stated that the charges of “Attack on a law enforcement officer during the performance of his official duties” under Article 353 of Georgia’s Criminal Code cannot withstand legal scrutiny, since the charge does not meet the criteria regarding personal safety of the bailiffs who first used physical force against her, before she attempted either to escape or to use her hands. Ms Datashvili’s actions were therefore merely an attempt to defend herself from the bailiffs’ use of force.The hearing is scheduled to resume on 8 September, when the Court will also rule on the admissibility of the medical examination report. The Observatory recalls that protests erupted throughout Georgia in November 2024, following the government’s announcement of the suspension of the negotiations over Georgia’s accession to the European Union, which came shortly after the re-election of the ruling Georgia Dream party in an unfair election. While the protests remained overwhelmingly peaceful, the police used water cannons and tear gas to disperse the crowds, as well as excessive force and mistreatment during transportation, resulting in numerous injuries to protesters and over 480 arbitrary arrests, some of them amounting to inhuman treatment and, possibly, torture. The Observatory also recalls that Georgia’s worsening human-rights environment is also inextricably linked to the adoption of the repressive ‘foreign agents’ legislation, including the Law ‘On Transparency of Foreign Influence,’ which came into force in May 2024, the ‘Foreign Agents Registration Act’, and the amendments to the Law ‘On Grants’. These laws severely and unlawfully restrict the rights to freedom of association, expression and the right to privacy, creating a drastic, and potentially devastating impact on Georgia’s civil society. The Observatory is deeply concerned about the obstacles to Ms Datashvili’s access to healthcare while in custody. She is suffering from severe physical pain and requires urgent surgery, yet her repeated requests for medical care have been disregarded, despite her complaints to the General Inspectorate and the Prosecutor General’s Office. The Observatory strongly condemns the continued arbitrary detention, lack of access to healthcare, use of psychiatric label to stigmatize her which appear to be aimed only aimed at punishing her for her legitimate human rights activities and her defense of the right to freedom of assembly. The Observatory calls on the Georgian authorities to immediately and unconditionally release Ms Nino Datashvili and all other arbitrarily detained human rights defenders and demonstrators in the country, and to put an end to all forms of judicial harassment against them.]]> Nino Datashvili, a pro-democracy activist and civic education teacher in Tbilisi, Georgia, and monitored the beginning of her trial, which took place in Tbilisi on 21 August 2025. On 9 June 2025, Nino Datashvili attempted to attend the hearings of eight peaceful demonstrators in Tbilisi City Court: Zviad Tsetskhladze, Vepkhia Kasradze, Vasil Kadzelashvili, Giorgi Gorgadze, Irakli Miminoshvili, Insaf Aliyev, Tornike Goshadze, and Nikoloz Javakhishvili, who are still held in preventive detention, as part of a broader effort to silence the next generation of independent voices, including aspiring lawyers and pro-European integration human rights defenders in Georgia. After bailiffs prevented her from entering the courtroom, Ms Datashvili asked on what legal grounds they were acting, before being forcibly removed from the building by several men. The next day, an investigation was launched into the alleged assault on a bailiff of the Tbilisi City Court during the performance of his official duties. On 20 June 2025, Ms Datashvili was arbitrarily arrested in the streets of Tbilisi and placed in custody following a decision by Tbilisi City Court Judge Lela Kaliche. If convicted, she faces up to seven years in prison under part 3 of Article 353 of Georgia’s Criminal Code, which pertains to resistance, threats, or violence against a police officer or another representative of the authorities. On 2 August 2025, the Tbilisi City Court granted the prosecution’s motion to subject Ms Datashvili to a compulsory psychiatric examination, relying on a 2019 medical record that referred only to a spinal condition accompanied by “psycho-emotional lability”. The ruling authorised her forcible admission to a psychiatric institution for up to 20 days, despite the appeal and her doctor’s statement that he had never assessed her mental health and had only treated her spinal condition. The Court of Appeal upheld this decision, triggering public outcry from human rights defenders, psychiatrists, and experts, who denounced the measure as a form of political persecution. In response to the controversy, prosecutors arranged for experts from the L. Samkharauli Forensic Bureau to examine Ms Datashvili directly in prison, without informing her or her lawyers in advance. On 6 August 2025, these experts interviewed her in custody, raising concerns about lack of consent and procedural violations. On 8 August, the Tbilisi City Court upheld the pre-trial detention of Ms Datashvili, citing “risks of absconding, witness tampering, and committing new crimes”. On 21 August, the substantive hearing of the case began before the Tbilisi City Court. On this day, the prosecutor’s office presented a forensic medical examination report based on the interview conducted on 6 August, stating that Ms Datashvili does not have any mental health needs. However, the defense requested this report to be inadmissible on the grounds that Ms Datashvili had not been informed of the nature of this interview and therefore could not have given her informed consent to it. Ms Datashvili’s lawyers also stated that the charges of “Attack on a law enforcement officer during the performance of his official duties” under Article 353 of Georgia’s Criminal Code cannot withstand legal scrutiny, since the charge does not meet the criteria regarding personal safety of the bailiffs who first used physical force against her, before she attempted either to escape or to use her hands. Ms Datashvili’s actions were therefore merely an attempt to defend herself from the bailiffs’ use of force.The hearing is scheduled to resume on 8 September, when the Court will also rule on the admissibility of the medical examination report. The Observatory recalls that protests erupted throughout Georgia in November 2024, following the government’s announcement of the suspension of the negotiations over Georgia’s accession to the European Union, which came shortly after the re-election of the ruling Georgia Dream party in an unfair election. While the protests remained overwhelmingly peaceful, the police used water cannons and tear gas to disperse the crowds, as well as excessive force and mistreatment during transportation, resulting in numerous injuries to protesters and over 480 arbitrary arrests, some of them amounting to inhuman treatment and, possibly, torture. The Observatory also recalls that Georgia’s worsening human-rights environment is also inextricably linked to the adoption of the repressive ‘foreign agents’ legislation, including the Law ‘On Transparency of Foreign Influence,’ which came into force in May 2024, the ‘Foreign Agents Registration Act’, and the amendments to the Law ‘On Grants’. These laws severely and unlawfully restrict the rights to freedom of association, expression and the right to privacy, creating a drastic, and potentially devastating impact on Georgia’s civil society. The Observatory is deeply concerned about the obstacles to Ms Datashvili’s access to healthcare while in custody. She is suffering from severe physical pain and requires urgent surgery, yet her repeated requests for medical care have been disregarded, despite her complaints to the General Inspectorate and the Prosecutor General’s Office. The Observatory strongly condemns the continued arbitrary detention, lack of access to healthcare, use of psychiatric label to stigmatize her which appear to be aimed only aimed at punishing her for her legitimate human rights activities and her defense of the right to freedom of assembly. The Observatory calls on the Georgian authorities to immediately and unconditionally release Ms Nino Datashvili and all other arbitrarily detained human rights defenders and demonstrators in the country, and to put an end to all forms of judicial harassment against them.]]> Argentine/Chili : Répression croissante des communautés autochtones https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/argentine-chili-repression-croissante-des-communautes-autochtones/ Tue, 12 Aug 2025 08:54:57 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=23848 À l’occasion de la Journée internationale des peuples autochtones du 9 août, l’Observatoire pour la protection des défenseur·es des droits humains (FIDH-OMCT), et les organisations signataires, souhaitent attirer l’attention sur la situation alarmante des communautés autochtones en Amérique Latine, en particulier en Argentine et au Chili. Dans un contexte où l’accaparement des ressources naturelles s’intensifie, les défenseur·es des droits humains appartenant à ces communautés se retrouvent en première ligne face à des menaces de plus en plus violentes, à la criminalisation de leurs luttes, aux détentions arbitraires, aux disparitions forcées et aux assassinats. Des communautés assiégées par l’extractivisme Les peuples autochtones, qui ne représentent que 6 % de la population mondiale, préservent pourtant 80 % de la biodiversité, selon l’Instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones. Leur lien unique avec la terre et la nature est non seulement vital pour leur survie, mais également pour l’équilibre écologique de notre planète. Malheureusement, cette richesse attire des projets extractivistes aux conséquences dévastatrices, faisant des communautés autochtones des cibles privilégiées de plusieurs type de violence. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’Amérique latine demeure la région la plus dangereuse pour les défenseur·es des droits humains, concentrant près de 80 % des meurtres d’activistes recensés dans le monde, selon les données collectées par l’ONG Front Line Defenders. Entre 2012 et 2023, un·e défenseur·e assassiné·e sur deux appartenait à une communauté autochtone ou afrodescendante. Ces statistiques révèlent une réalité alarmante que nous ne pouvons ignorer. Au Chili, la disparition de Julia Chuñil Catricura, défenseure Mapuche, illustre tragiquement cette répression. Depuis le 8 novembre 2024, sa famille vit dans l’angoisse, confrontée à des perquisitions répétées et à une stigmatisation médiatique. Entre avril et juin 2025, trois défenseurs chiliens Mapuche ont été détenus arbitrairement : Felipe Trunci González, Jaime Javier Uribe Montiel et Juan Pichún. Au lieu de protéger les défenseur·es du droit à la terre, au territoire et aux ressources, les autorités semblent les criminaliser, exacerbant ainsi un climat de peur. En Argentine, la situation est tout aussi préoccupante. Les récents incendies de forêt, qui ont ravagé plus de 50 000 hectares, ont été suivis d’une répression brutale à l’encontre des communautés Mapuche. Le gouvernement argentin, notoirement climato-sceptique, a adopté une approche purement répressive, allant jusqu’à qualifier les incendies volontaires à l’origine des feux de forêt d’actes terroristes. En adoptant une rhétorique de délinquance, il cherche à discréditer les voix critiques, comme celle de Moira Millán, défenseure des droits des femmes autochtones et fondatrice du Mouvement des femmes indigènes pour le Buen Vivir, qui a été qualifiée de “délinquante”, sans autre preuve que ses propos militants et ses critiques du gouvernement argentin. Le retour de la rhétorique de l’ennemi intérieur Nous dénonçons les politiques liberticides et la régression des droits humains qui se déroulent sous nos yeux. Le retour de la rhétorique de l’ennemi intérieur, rappelant les sombres heures des dictatures militaires, est inacceptable. En cette journée internationale, unissons nos voix pour dénoncer ces injustices et exiger des actions concrètes pour mettre fin à la répression des défenseur·es des droits humains. Amplifions l’appel des peuples autochtones et engageons-nous à soutenir leur lutte pour la dignité, la justice et la préservation de notre planète. Appel à l’action : Nous appelons les gouvernements de l’Argentine et du Chili à mettre fin à la répression des défenseur·es des droits humains et à respecter les droits des peuples autochtones. Il est impératif qu’ils cessent la criminalisation des luttes légitimes et garantissent la protection des leaders communautaires, comme Julia Chuñil Catricura, dont la vie est en danger, ou Moira Millán. Nous exhortons également la communauté internationale à se mobiliser encore plus en faveur des droits des peuples autochtones. Il est essentiel que les organisations internationales, les États et les citoyen·nes s’unissent pour dénoncer ces violations et faire pression sur les gouvernements concernés afin qu’ils respectent leurs engagements internationaux en matière de droits humains. Faisons entendre notre voix et soutenons les peuples autochtones dans leur lutte pour la dignité, la justice et la préservation de notre planète. Engageons-nous à agir, à sensibiliser et à défendre celles et ceux qui se battent pour un avenir meilleur.]]> À l’occasion de la Journée internationale des peuples autochtones du 9 août, l’Observatoire pour la protection des défenseur·es des droits humains (FIDH-OMCT), et les organisations signataires, souhaitent attirer l’attention sur la situation alarmante des communautés autochtones en Amérique Latine, en particulier en Argentine et au Chili. Dans un contexte où l’accaparement des ressources naturelles s’intensifie, les défenseur·es des droits humains appartenant à ces communautés se retrouvent en première ligne face à des menaces de plus en plus violentes, à la criminalisation de leurs luttes, aux détentions arbitraires, aux disparitions forcées et aux assassinats. Des communautés assiégées par l’extractivisme Les peuples autochtones, qui ne représentent que 6 % de la population mondiale, préservent pourtant 80 % de la biodiversité, selon l’Instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones. Leur lien unique avec la terre et la nature est non seulement vital pour leur survie, mais également pour l’équilibre écologique de notre planète. Malheureusement, cette richesse attire des projets extractivistes aux conséquences dévastatrices, faisant des communautés autochtones des cibles privilégiées de plusieurs type de violence. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’Amérique latine demeure la région la plus dangereuse pour les défenseur·es des droits humains, concentrant près de 80 % des meurtres d’activistes recensés dans le monde, selon les données collectées par l’ONG Front Line Defenders. Entre 2012 et 2023, un·e défenseur·e assassiné·e sur deux appartenait à une communauté autochtone ou afrodescendante. Ces statistiques révèlent une réalité alarmante que nous ne pouvons ignorer. Au Chili, la disparition de Julia Chuñil Catricura, défenseure Mapuche, illustre tragiquement cette répression. Depuis le 8 novembre 2024, sa famille vit dans l’angoisse, confrontée à des perquisitions répétées et à une stigmatisation médiatique. Entre avril et juin 2025, trois défenseurs chiliens Mapuche ont été détenus arbitrairement : Felipe Trunci González, Jaime Javier Uribe Montiel et Juan Pichún. Au lieu de protéger les défenseur·es du droit à la terre, au territoire et aux ressources, les autorités semblent les criminaliser, exacerbant ainsi un climat de peur. En Argentine, la situation est tout aussi préoccupante. Les récents incendies de forêt, qui ont ravagé plus de 50 000 hectares, ont été suivis d’une répression brutale à l’encontre des communautés Mapuche. Le gouvernement argentin, notoirement climato-sceptique, a adopté une approche purement répressive, allant jusqu’à qualifier les incendies volontaires à l’origine des feux de forêt d’actes terroristes. En adoptant une rhétorique de délinquance, il cherche à discréditer les voix critiques, comme celle de Moira Millán, défenseure des droits des femmes autochtones et fondatrice du Mouvement des femmes indigènes pour le Buen Vivir, qui a été qualifiée de “délinquante”, sans autre preuve que ses propos militants et ses critiques du gouvernement argentin. Le retour de la rhétorique de l’ennemi intérieur Nous dénonçons les politiques liberticides et la régression des droits humains qui se déroulent sous nos yeux. Le retour de la rhétorique de l’ennemi intérieur, rappelant les sombres heures des dictatures militaires, est inacceptable. En cette journée internationale, unissons nos voix pour dénoncer ces injustices et exiger des actions concrètes pour mettre fin à la répression des défenseur·es des droits humains. Amplifions l’appel des peuples autochtones et engageons-nous à soutenir leur lutte pour la dignité, la justice et la préservation de notre planète. Appel à l’action : Nous appelons les gouvernements de l’Argentine et du Chili à mettre fin à la répression des défenseur·es des droits humains et à respecter les droits des peuples autochtones. Il est impératif qu’ils cessent la criminalisation des luttes légitimes et garantissent la protection des leaders communautaires, comme Julia Chuñil Catricura, dont la vie est en danger, ou Moira Millán. Nous exhortons également la communauté internationale à se mobiliser encore plus en faveur des droits des peuples autochtones. Il est essentiel que les organisations internationales, les États et les citoyen·nes s’unissent pour dénoncer ces violations et faire pression sur les gouvernements concernés afin qu’ils respectent leurs engagements internationaux en matière de droits humains. Faisons entendre notre voix et soutenons les peuples autochtones dans leur lutte pour la dignité, la justice et la préservation de notre planète. Engageons-nous à agir, à sensibiliser et à défendre celles et ceux qui se battent pour un avenir meilleur.]]> Russia : Inclusion of Indigenous Peoples’ and national minorities’ rights organisations in the list of “extremist organisations” https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/russia-inclusion-of-indigenous-peoples-and-national-minorities-rights-organisations-in-the-list-of-extremist-organisations/ Fri, 02 Aug 2024 11:04:55 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=22234 On July 25, 2024, the Russian authorities designated several Indigenous Peoples’ and national minorities’ rights organisations and other groups as “extremist organisations”. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (FIDH-OMCT) and the Anti-Discrimination Center Memorial (ADC Memorial) urge the Russian authorities to put an immediate end to this escalating crackdown on organisations protecting the rights of Indigenous Peoples and ethnic minorities in Russia and civil society in general. Paris-Geneva-Brussels, August 2, 2024 – On July 25, 2024, the Ministry of Justice of the Russian Federation included 55 organisations, among them Indigenous Peoples’ and national minorities’ rights organisations in the list of “extremist organisations”. These organisations have been labelled as “structural divisions” of the so-called “Anti-Russian Separatist Movement,” which was recognised as “extremist” and banned by Russia’s Supreme Court on June 7, 2024. This alleged movement, which does not formally exist, is defined by the Ministry of Justice as an “international public movement to destroy the multinational unity and territorial integrity of Russia.” This broad definition is considered to aim at facilitating repression against Indigenous Peoples and ethnic minorities organisations, who face up to six years in prison if accused of involvement in the banned “Anti-Russian Separatist Movement.” Moreover, after their explicit inclusion in the list of “extremist organisations”, the organisations’ members face even higher risks of severe criminal prosecution and arbitrary imprisonment solely for their involvement in these organisations, preventing them from continuing their essential and legitimate actions in safe and effective conditions. Among the organisations designated as “extremist” on July 25, 2024 is the Aborigen-Forum, an informal association of independent experts, activists, leaders, and public organisations of the small-numbered Indigenous Peoples of the North, Siberia, and the Far East of Russia, and the International Committee of Indigenous Peoples of Russia (ICIPR), an international Indigenous-led organisation that was created in March 2022 as a reaction of several Russian Indigenous leaders and activists to the war in Ukraine. In Russia, Indigenous communities and minorities face severe restrictions to their fundamental rights, including freedom of expression, the right to self-determination and cultural rights, as well as racism, structural discrimination and xenophobia. Russia’s full-scale invasion of Ukraine and the so-called partial mobilisation in September 2021 drastically and disproportionally affected young men from ethnic minorities and Indigenous people living in the poorest regions of Russia, leading to extremely high death rates among mobilised men from Indigenous communities and ethnic minorities. Some of the organisations now labelled as “extremist”, like the Free Buryatia Foundation founded in March 2022, which fights against Russia’s war in Ukraine, had already been designated as “undesirable” and “foreign agent” by the Russian authorities, highlighting that the shrinking civic space in the country is particularly affecting Indigenous Peoples’ and minorities’ rights organisations. The recent decision to include these organisations in the list of “extremist organisations” is part of a context of increasing repression of critical voices in Russia. In a similar move, in March 2024, Russian authorities added the equally non-existent “international LGBT movement” to the list of “extremist and terrorist organisations”, also referring to “its structural units”, thus criminalising all LGBTQI+ activism. After this decision, multiple activists were arrested on grounds of being “extremists”. This decision illustrates a further escalation in efforts to silence the human rights movement. The Observatory and ADC Memorial stand in solidarity with the targeted Indigenous Peoples’ and minorities’ rights organisations, and strongly condemn this unprecedented repression, as it appears to be aimed solely at punishing these organisations for their peaceful and legitimate human rights activities. The Observatory and ADC Memorial urge the Russian authorities to reverse this decision, put an end to the banning of Indigenous Peoples’ and minorities’ rights organisations and the criminalisation of their members, and allow them to continue their legitimate activities without any hindrance or fear of reprisal. The two signatory organisations further call on the authorities in Russia to guarantee in all circumstances the right to freedom of association, as enshrined in international human rights standards, and particularly in Article 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights. The Observatory and ADC Memorial call upon international and intergovernmental organisations as well as governments and other diplomatic actors to condemn this decision and increase the scrutiny on the escalating situation facing Indigenous Peoples’ and minorities’ rights organisations in Russia. The signatory organisations further call upon them to reinforce the protection mechanisms to allow the organisations to continue their legitimate actions safely.]]> On July 25, 2024, the Russian authorities designated several Indigenous Peoples’ and national minorities’ rights organisations and other groups as “extremist organisations”. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (FIDH-OMCT) and the Anti-Discrimination Center Memorial (ADC Memorial) urge the Russian authorities to put an immediate end to this escalating crackdown on organisations protecting the rights of Indigenous Peoples and ethnic minorities in Russia and civil society in general. Paris-Geneva-Brussels, August 2, 2024 – On July 25, 2024, the Ministry of Justice of the Russian Federation included 55 organisations, among them Indigenous Peoples’ and national minorities’ rights organisations in the list of “extremist organisations”. These organisations have been labelled as “structural divisions” of the so-called “Anti-Russian Separatist Movement,” which was recognised as “extremist” and banned by Russia’s Supreme Court on June 7, 2024. This alleged movement, which does not formally exist, is defined by the Ministry of Justice as an “international public movement to destroy the multinational unity and territorial integrity of Russia.” This broad definition is considered to aim at facilitating repression against Indigenous Peoples and ethnic minorities organisations, who face up to six years in prison if accused of involvement in the banned “Anti-Russian Separatist Movement.” Moreover, after their explicit inclusion in the list of “extremist organisations”, the organisations’ members face even higher risks of severe criminal prosecution and arbitrary imprisonment solely for their involvement in these organisations, preventing them from continuing their essential and legitimate actions in safe and effective conditions. Among the organisations designated as “extremist” on July 25, 2024 is the Aborigen-Forum, an informal association of independent experts, activists, leaders, and public organisations of the small-numbered Indigenous Peoples of the North, Siberia, and the Far East of Russia, and the International Committee of Indigenous Peoples of Russia (ICIPR), an international Indigenous-led organisation that was created in March 2022 as a reaction of several Russian Indigenous leaders and activists to the war in Ukraine. In Russia, Indigenous communities and minorities face severe restrictions to their fundamental rights, including freedom of expression, the right to self-determination and cultural rights, as well as racism, structural discrimination and xenophobia. Russia’s full-scale invasion of Ukraine and the so-called partial mobilisation in September 2021 drastically and disproportionally affected young men from ethnic minorities and Indigenous people living in the poorest regions of Russia, leading to extremely high death rates among mobilised men from Indigenous communities and ethnic minorities. Some of the organisations now labelled as “extremist”, like the Free Buryatia Foundation founded in March 2022, which fights against Russia’s war in Ukraine, had already been designated as “undesirable” and “foreign agent” by the Russian authorities, highlighting that the shrinking civic space in the country is particularly affecting Indigenous Peoples’ and minorities’ rights organisations. The recent decision to include these organisations in the list of “extremist organisations” is part of a context of increasing repression of critical voices in Russia. In a similar move, in March 2024, Russian authorities added the equally non-existent “international LGBT movement” to the list of “extremist and terrorist organisations”, also referring to “its structural units”, thus criminalising all LGBTQI+ activism. After this decision, multiple activists were arrested on grounds of being “extremists”. This decision illustrates a further escalation in efforts to silence the human rights movement. The Observatory and ADC Memorial stand in solidarity with the targeted Indigenous Peoples’ and minorities’ rights organisations, and strongly condemn this unprecedented repression, as it appears to be aimed solely at punishing these organisations for their peaceful and legitimate human rights activities. The Observatory and ADC Memorial urge the Russian authorities to reverse this decision, put an end to the banning of Indigenous Peoples’ and minorities’ rights organisations and the criminalisation of their members, and allow them to continue their legitimate activities without any hindrance or fear of reprisal. The two signatory organisations further call on the authorities in Russia to guarantee in all circumstances the right to freedom of association, as enshrined in international human rights standards, and particularly in Article 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights. The Observatory and ADC Memorial call upon international and intergovernmental organisations as well as governments and other diplomatic actors to condemn this decision and increase the scrutiny on the escalating situation facing Indigenous Peoples’ and minorities’ rights organisations in Russia. The signatory organisations further call upon them to reinforce the protection mechanisms to allow the organisations to continue their legitimate actions safely.]]> Russia: Human rights lawyer Grigory Vaypan labelled as “foreign agent” https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/russia-human-rights-lawyer-grigory-vaypan-labelled-as-foreign-agent/ Mon, 29 Jul 2024 12:08:35 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=22203 Grigory Vaypan, a well-known Russian lawyer and human rights activist, as a “foreign agent”. Mr Vaypan has collaborated with the Memorial Human Rights Defence Centre (HRDC “Memorial”), a member organisation of FIDH, and was the lead author of two FIDH reports on Russia: Crimes against history, published in June 2021, and Overcoming the Past: An Overview of Memorial’s Transitional Justice Jurisprudence in Russia, published in November 2022. On July 5, 2024, the Russian Ministry of Justice declared Grigory Vaypan a “foreign agent”, stating that he “disseminated false information about the decisions made by the public authorities of the Russian Federation and their policies, and spoke out against the special military operation in Ukraine. He participated in the creation of messages and materials for an unlimited audience by foreign agents, and also participated as a respondent on information platforms provided by foreign agents. He took part in an event organised by foreign agents.” This designation is linked to Mr Vaypan’s human rights work in Russia, including defending the right of elderly Russian citizens, known as the “children of the Gulag”, to return to the place of residence of their parents who had been deported to Gulag camps during the Soviet terror of the 1930s and 1940s, but also to his prominent rejection and criticism of Russia’s aggression against Ukraine. Mr Vaypan also represented the interests of International Memorial and the Memorial Human Rights Centre (Memorial HRC) in court, when the Russian authorities decided to liquidate these two oldest human rights organisations, under the “foreign agent” legislation, at the end of 2021 on the eve of the full-scale invasion of Ukraine. As of July 19, 2024, the Russian register of “foreign agents”, which is maintained by the Ministry of Justice, contains 838 individuals and organisations. Among others, it includes numerous leading Russian human rights organisations, such as HRDC Memorial, which was founded on June 14, 2022, by a team of friends and former employees of Memorial HRC in response to the liquidation of the organisation, and OVD Info, as well as many prominent human rights defenders. The Observatory recalls that, on February 2, 2024, Oleg Orlov, ex-co-chair of HRDC “Memorial”, who is arbitrarily imprisoned, and three other members of the organisation were also labelled as "foreign agents" by the Russian Ministry of Justice. The designation of persons and entities as “foreign agents” entails a series of obligations: “foreign agents” are required to submit financial reports every three months, carry out annual mandatory audits, and any information published or disseminated by such persons has to contain a reference to it being published or disseminated by a “foreign agent”. In addition, numerous formal and informal restrictions have been imposed on these persons, such as the inability to be elected, the ban on working in the public service or the ban on teaching. Additionally, the designation of persons and entities as “foreign agents” is highly stigmatising and discrediting, as it implies that such persons or entities serve foreign interests and do not work to the benefit of their own communities or country. The Observatory strongly condemns the designation of Grigory Vaypan as a “foreign agent” and calls on the Russian authorities to immediately withdraw his name from the register of “foreign agents”. The Observatory further calls on the authorities in Russia to guarantee, in all circumstances, the right to freedom of expression, as enshrined in international human rights standards, and particularly in Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights.]]> Grigory Vaypan, a well-known Russian lawyer and human rights activist, as a “foreign agent”. Mr Vaypan has collaborated with the Memorial Human Rights Defence Centre (HRDC “Memorial”), a member organisation of FIDH, and was the lead author of two FIDH reports on Russia: Crimes against history, published in June 2021, and Overcoming the Past: An Overview of Memorial’s Transitional Justice Jurisprudence in Russia, published in November 2022. On July 5, 2024, the Russian Ministry of Justice declared Grigory Vaypan a “foreign agent”, stating that he “disseminated false information about the decisions made by the public authorities of the Russian Federation and their policies, and spoke out against the special military operation in Ukraine. He participated in the creation of messages and materials for an unlimited audience by foreign agents, and also participated as a respondent on information platforms provided by foreign agents. He took part in an event organised by foreign agents.” This designation is linked to Mr Vaypan’s human rights work in Russia, including defending the right of elderly Russian citizens, known as the “children of the Gulag”, to return to the place of residence of their parents who had been deported to Gulag camps during the Soviet terror of the 1930s and 1940s, but also to his prominent rejection and criticism of Russia’s aggression against Ukraine. Mr Vaypan also represented the interests of International Memorial and the Memorial Human Rights Centre (Memorial HRC) in court, when the Russian authorities decided to liquidate these two oldest human rights organisations, under the “foreign agent” legislation, at the end of 2021 on the eve of the full-scale invasion of Ukraine. As of July 19, 2024, the Russian register of “foreign agents”, which is maintained by the Ministry of Justice, contains 838 individuals and organisations. Among others, it includes numerous leading Russian human rights organisations, such as HRDC Memorial, which was founded on June 14, 2022, by a team of friends and former employees of Memorial HRC in response to the liquidation of the organisation, and OVD Info, as well as many prominent human rights defenders. The Observatory recalls that, on February 2, 2024, Oleg Orlov, ex-co-chair of HRDC “Memorial”, who is arbitrarily imprisoned, and three other members of the organisation were also labelled as "foreign agents" by the Russian Ministry of Justice. The designation of persons and entities as “foreign agents” entails a series of obligations: “foreign agents” are required to submit financial reports every three months, carry out annual mandatory audits, and any information published or disseminated by such persons has to contain a reference to it being published or disseminated by a “foreign agent”. In addition, numerous formal and informal restrictions have been imposed on these persons, such as the inability to be elected, the ban on working in the public service or the ban on teaching. Additionally, the designation of persons and entities as “foreign agents” is highly stigmatising and discrediting, as it implies that such persons or entities serve foreign interests and do not work to the benefit of their own communities or country. The Observatory strongly condemns the designation of Grigory Vaypan as a “foreign agent” and calls on the Russian authorities to immediately withdraw his name from the register of “foreign agents”. The Observatory further calls on the authorities in Russia to guarantee, in all circumstances, the right to freedom of expression, as enshrined in international human rights standards, and particularly in Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights.]]> México: Carta de preocupación de organizaciones internacionales por la deslegitimación del CDH Frayba https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/mexico-carta-de-preocupacion-de-organizaciones-internacionales-por-la-deslegitimacion-del-cdh-frayba/ Tue, 30 Apr 2024 14:46:11 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=21992 En una carta abierta, 10 organizaciones, incluidas la FIDH y la OMCT en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, expresan preocupación por los señalamientos, la deslegitimación y la estigmatización en contra del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y llaman a que se reconozca públicamente la labor fundamental que desempeñan las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en México, en favor de la justicia, de la protección y promoción de los derechos humanos y de la construcción de paz. 26 de abril de 2024 Las organizaciones internacionales firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por los señalamientos, la deslegitimación y la estigmatización en contra del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas que restringen significativamente su espacio de acción para la defensa de los derechos humanos, exponiendo la organización y a sus integrantes a graves riesgos en el desempeño de su labor. En su conferencia de prensa matutina del 22 de abril de 2024, el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, acusó al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) de estar “buscando crear un ambiente de violencia que no tiene las dimensiones que [desde el Frayba] están registrando”. Asimismo, señala a la organización de “estar magnificando las cosas”, en referencia a las recientes denuncias del Frayba sobre la situación de violencia que está atravesando el estado de Chiapas desde mediados de 2021, cuando estalló la disputa entre grupos del crimen organizado por el control territorial. Los mismos mensajes fueron reiterados en la conferencia de prensa matutina del día 23 de abril, mientras que unas semanas antes, el 3 de abril de 2024, el presidente acusó al Frayba de mentir, por una divergencia sobre las cifras de personas fallecidas en el marco de un enfrentamiento ocurrido el 31 de marzo de 2024 en el municipio de La Concordia (Chiapas) entre elementos de la Guardia Nacional y un grupo del crimen organizado. Ambas declaraciones son muestras del patrón de señalamientos por medio de los cuales el ejecutivo deslegitima la labor de defensa de derechos humanos llevada a cabo por centros de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como por periodistas, quienes documentan y denuncian la violencia territorial y las violaciones a derechos humanos, evidenciando la negligencia de las autoridades de los tres niveles del Estado mexicano. [1] Esta tendencia no es exclusiva del gobierno actual, sino que refleja una problemática histórica que concierne tanto a México como a otros países de América Latina, lo que ha contribuido a que la región se posicione como una de las más peligrosas a nivel mundial para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y del periodismo. Como bien lo señala el Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Estados deben garantizar la libertad de expresión “de quienes coinciden o tienen identidad con el gobierno, pero también, sobre todo, de aquellas personas que tienen opiniones divergentes”, recordando que “la estigmatización puede ser permisiva o generar un ambiente permisivo a que ocurran agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas”.[2] Señalar públicamente a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes, como parte de su labor, vigilan y auditan la actuación estatal en relación a la atención de violaciones de derechos humanos, aumenta su exposición a posibles agresiones y ataques violentos, y a la vez restringe el espacio democrático y de defensa de derechos humanos de la ciudadanía. En este sentido, los estándares internacionales en materia de derechos humanos no sólo disponen el respeto de la labor de defensa de los derechos humanos, [3] sino que también exhortan “a los Estados a que reconozcan, por medio de declaraciones públicas, políticas, programas o leyes, la importante y legítima función que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la promoción de todos los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho como elementos fundamentales para garantizar su protección, entre otras cosas respetando la independencia de sus organizaciones y evitando estigmatizar su labor”. [4] El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas lleva 35 años en la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado de Chiapas, habiendo acompañado en su trayectoria a víctimas de graves violaciones de derechos humanos en su lucha por la justicia, así como a comunidades y pueblos que defienden su autonomía y libre determinación. Gracias a su ética, rigor y compromiso hacia los derechos humanos se ha consolidado como una de las organizaciones de la sociedad civil más reconocidas en el país, contribuyendo a diario a visibilizar las injusticias y las violencias vividas por las poblaciones más vulnerables del estado. En línea con su misión, el Frayba, en conjunto con otros actores de la sociedad civil mexicana, ha documentado y denunciado la escalada de violencia que ha inundado Chiapas en los últimos tres años, y sus impactos sobre la población civil. La actual coyuntura expone a altos niveles de riesgo a quienes, como el Frayba, acompañan a víctimas de violaciones a derechos humanos en su búsqueda de justicia y reparación, y torna imprescindible el reconocimiento de su labor, así como su protección, por parte de las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno. Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes llamamos a que cesen los señalamientos en contra de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en México, y se reconozca públicamente la labor fundamental que desempeñan en favor de la justicia, de la protección y promoción de los derechos humanos y de la construcción de paz. Finalmente, solicitamos que se fortalezca el marco legal, así como los mecanismos diseñados para brindar protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México.

Notas

[1] CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2023. Capítulo V. Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes de país o temáticos. México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 386 rev.1. 31 de diciembre de 2023. Párr. 35 [2] Proceso, 22 de abril de 2021. “Relator de la CIDH pide a México reconsiderar el "Quién es quién en las mentiras de la semana". Disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/7/1/relator-de-la-cidh-pide-mexico-reconsiderar-el-quien-es-quien-en-las-mentiras-de-la-semana-267018.html Ver también: Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2023. Capítulo V. Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes de país o temáticos. México. Op.Cit. Párr. 438.4 [3] Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, resolución de la Asamblea General A/RES/53/144 [4] Resolución de la Asamblea General A/RES/74/146, 18 de diciembre de 2019]]> En una carta abierta, 10 organizaciones, incluidas la FIDH y la OMCT en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, expresan preocupación por los señalamientos, la deslegitimación y la estigmatización en contra del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y llaman a que se reconozca públicamente la labor fundamental que desempeñan las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en México, en favor de la justicia, de la protección y promoción de los derechos humanos y de la construcción de paz. 26 de abril de 2024 Las organizaciones internacionales firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por los señalamientos, la deslegitimación y la estigmatización en contra del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas que restringen significativamente su espacio de acción para la defensa de los derechos humanos, exponiendo la organización y a sus integrantes a graves riesgos en el desempeño de su labor. En su conferencia de prensa matutina del 22 de abril de 2024, el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, acusó al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) de estar “buscando crear un ambiente de violencia que no tiene las dimensiones que [desde el Frayba] están registrando”. Asimismo, señala a la organización de “estar magnificando las cosas”, en referencia a las recientes denuncias del Frayba sobre la situación de violencia que está atravesando el estado de Chiapas desde mediados de 2021, cuando estalló la disputa entre grupos del crimen organizado por el control territorial. Los mismos mensajes fueron reiterados en la conferencia de prensa matutina del día 23 de abril, mientras que unas semanas antes, el 3 de abril de 2024, el presidente acusó al Frayba de mentir, por una divergencia sobre las cifras de personas fallecidas en el marco de un enfrentamiento ocurrido el 31 de marzo de 2024 en el municipio de La Concordia (Chiapas) entre elementos de la Guardia Nacional y un grupo del crimen organizado. Ambas declaraciones son muestras del patrón de señalamientos por medio de los cuales el ejecutivo deslegitima la labor de defensa de derechos humanos llevada a cabo por centros de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como por periodistas, quienes documentan y denuncian la violencia territorial y las violaciones a derechos humanos, evidenciando la negligencia de las autoridades de los tres niveles del Estado mexicano. [1] Esta tendencia no es exclusiva del gobierno actual, sino que refleja una problemática histórica que concierne tanto a México como a otros países de América Latina, lo que ha contribuido a que la región se posicione como una de las más peligrosas a nivel mundial para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y del periodismo. Como bien lo señala el Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Estados deben garantizar la libertad de expresión “de quienes coinciden o tienen identidad con el gobierno, pero también, sobre todo, de aquellas personas que tienen opiniones divergentes”, recordando que “la estigmatización puede ser permisiva o generar un ambiente permisivo a que ocurran agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas”.[2] Señalar públicamente a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes, como parte de su labor, vigilan y auditan la actuación estatal en relación a la atención de violaciones de derechos humanos, aumenta su exposición a posibles agresiones y ataques violentos, y a la vez restringe el espacio democrático y de defensa de derechos humanos de la ciudadanía. En este sentido, los estándares internacionales en materia de derechos humanos no sólo disponen el respeto de la labor de defensa de los derechos humanos, [3] sino que también exhortan “a los Estados a que reconozcan, por medio de declaraciones públicas, políticas, programas o leyes, la importante y legítima función que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la promoción de todos los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho como elementos fundamentales para garantizar su protección, entre otras cosas respetando la independencia de sus organizaciones y evitando estigmatizar su labor”. [4] El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas lleva 35 años en la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado de Chiapas, habiendo acompañado en su trayectoria a víctimas de graves violaciones de derechos humanos en su lucha por la justicia, así como a comunidades y pueblos que defienden su autonomía y libre determinación. Gracias a su ética, rigor y compromiso hacia los derechos humanos se ha consolidado como una de las organizaciones de la sociedad civil más reconocidas en el país, contribuyendo a diario a visibilizar las injusticias y las violencias vividas por las poblaciones más vulnerables del estado. En línea con su misión, el Frayba, en conjunto con otros actores de la sociedad civil mexicana, ha documentado y denunciado la escalada de violencia que ha inundado Chiapas en los últimos tres años, y sus impactos sobre la población civil. La actual coyuntura expone a altos niveles de riesgo a quienes, como el Frayba, acompañan a víctimas de violaciones a derechos humanos en su búsqueda de justicia y reparación, y torna imprescindible el reconocimiento de su labor, así como su protección, por parte de las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno. Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes llamamos a que cesen los señalamientos en contra de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en México, y se reconozca públicamente la labor fundamental que desempeñan en favor de la justicia, de la protección y promoción de los derechos humanos y de la construcción de paz. Finalmente, solicitamos que se fortalezca el marco legal, así como los mecanismos diseñados para brindar protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México.

Notas

[1] CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2023. Capítulo V. Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes de país o temáticos. México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 386 rev.1. 31 de diciembre de 2023. Párr. 35 [2] Proceso, 22 de abril de 2021. “Relator de la CIDH pide a México reconsiderar el "Quién es quién en las mentiras de la semana". Disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/7/1/relator-de-la-cidh-pide-mexico-reconsiderar-el-quien-es-quien-en-las-mentiras-de-la-semana-267018.html Ver también: Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2023. Capítulo V. Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes de país o temáticos. México. Op.Cit. Párr. 438.4 [3] Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, resolución de la Asamblea General A/RES/53/144 [4] Resolución de la Asamblea General A/RES/74/146, 18 de diciembre de 2019]]> Russia: Memorial Human Rights Defence Center (HRDC “Memorial”) labelled as “foreign agent” https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/russia-memorial-human-rights-defence-center-hrdc-memorial-labelled-as-foreign-agent/ Fri, 08 Mar 2024 19:06:09 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=21706 delivered on June 14, 2022, when Memorial HRC had already been liquidated and while Russia had already withdrawn from the Council of Europe and ceased to comply with the Court's decisions. Between September and December 2019, the Russian Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor) drew up eight reports on Memorial HRC and its leader. The reports outlined administrative violations, specifically the absence of the "foreign agent" labelling on the organisation's social networks and on its websites. The Tverskoy District Court of the city of Moscow examined all the cases of administrative violations and found the organisation and its leader guilty and fined them from 100,000 to 400,000 rubles (approximately 1,000 to 4,000 Euros). The judgments were appealed before the Moscow Municipal Court, but they remained in effect as the court rejected the appeals. In total, the organisation and its leader paid 1,600,000 rubles (approximately 16,135 Euros), which were collected with the assistance of crowdfunding. On November 8, 2021, the Moscow City Prosecutor’s Office filed an administrative lawsuit to the Moscow City Court to liquidate Memorial HRC, on the grounds of systematic violations of the “foreign agents” legislation. The Prosecutor’s Office also pointed out that some of the publications on the organisation’s website “were aimed at forming an idea among the general public that terrorist and extremist activity is acceptable”. On December 29, 2021, the Moscow City Court upheld the claim of the Moscow City Prosecutor’s Office. On April 5, 2022, the First Appellate Court of Moscow dismissed Memorial HRC’s appeal and the decision to liquidate Memorial HRC became final. Despite the liquidation, Memorial has been reborn as the Memorial Human Rights Defence Centre and continues to work for the protection of human rights. In 2022, together with the Centre for Civil Liberties and Ales Bialiatski of the Belarusian organisation Viasna, the Memorial received the Nobel Peace Prize. The Observatory further recalls that on February 2, 2024, Oleg Orlov, co-chairman of the HRDC “Memorial” and prominent human rights defender, was also declared “foreign agent” in person. On February 27, 2024, the Golovinsky District Court of Moscow sentenced Oleg Orlov to two years and six months of imprisonment on politically motivated charges of “repeatedly discrediting” Russia’s armed forces for his article « Russia: they wanted fascism, they got it » (“Russie : ils voulaient le fascisme, ils l’ont eu”) published on the French blogging platform Le Club de Mediapart on November 13, 2022. The Observatory condemns the inclusion of HRDC “Memorial” on the register of “foreign agents” and calls on the Russian authorities to immediately withdraw the organisation as well as Oleg Orlov’s name from this register and to refrain from criminalising them for their peaceful human rights work. The Observatory further calls on the authorities in Russia to guarantee in all circumstances the rights to freedom of expression and of association, as enshrined in international human rights standards, and particularly in Articles 19 and 22, respectively, of the International Covenant on Civil and Political Rights.]]> delivered on June 14, 2022, when Memorial HRC had already been liquidated and while Russia had already withdrawn from the Council of Europe and ceased to comply with the Court's decisions. Between September and December 2019, the Russian Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor) drew up eight reports on Memorial HRC and its leader. The reports outlined administrative violations, specifically the absence of the "foreign agent" labelling on the organisation's social networks and on its websites. The Tverskoy District Court of the city of Moscow examined all the cases of administrative violations and found the organisation and its leader guilty and fined them from 100,000 to 400,000 rubles (approximately 1,000 to 4,000 Euros). The judgments were appealed before the Moscow Municipal Court, but they remained in effect as the court rejected the appeals. In total, the organisation and its leader paid 1,600,000 rubles (approximately 16,135 Euros), which were collected with the assistance of crowdfunding. On November 8, 2021, the Moscow City Prosecutor’s Office filed an administrative lawsuit to the Moscow City Court to liquidate Memorial HRC, on the grounds of systematic violations of the “foreign agents” legislation. The Prosecutor’s Office also pointed out that some of the publications on the organisation’s website “were aimed at forming an idea among the general public that terrorist and extremist activity is acceptable”. On December 29, 2021, the Moscow City Court upheld the claim of the Moscow City Prosecutor’s Office. On April 5, 2022, the First Appellate Court of Moscow dismissed Memorial HRC’s appeal and the decision to liquidate Memorial HRC became final. Despite the liquidation, Memorial has been reborn as the Memorial Human Rights Defence Centre and continues to work for the protection of human rights. In 2022, together with the Centre for Civil Liberties and Ales Bialiatski of the Belarusian organisation Viasna, the Memorial received the Nobel Peace Prize. The Observatory further recalls that on February 2, 2024, Oleg Orlov, co-chairman of the HRDC “Memorial” and prominent human rights defender, was also declared “foreign agent” in person. On February 27, 2024, the Golovinsky District Court of Moscow sentenced Oleg Orlov to two years and six months of imprisonment on politically motivated charges of “repeatedly discrediting” Russia’s armed forces for his article « Russia: they wanted fascism, they got it » (“Russie : ils voulaient le fascisme, ils l’ont eu”) published on the French blogging platform Le Club de Mediapart on November 13, 2022. The Observatory condemns the inclusion of HRDC “Memorial” on the register of “foreign agents” and calls on the Russian authorities to immediately withdraw the organisation as well as Oleg Orlov’s name from this register and to refrain from criminalising them for their peaceful human rights work. The Observatory further calls on the authorities in Russia to guarantee in all circumstances the rights to freedom of expression and of association, as enshrined in international human rights standards, and particularly in Articles 19 and 22, respectively, of the International Covenant on Civil and Political Rights.]]> Russia: Oleg Orlov and three other Memorial members labelled as “foreign agents” https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/russia-oleg-orlov-and-three-other-memorial-members-labelled-as-foreign-agents/ Tue, 06 Feb 2024 11:52:22 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=21522 Oleg Orlov, prominent human rights defender and co-chairman of the Memorial Human Rights Defence Centre (HRDC “Memorial”), a member organisation of FIDH, as a so-called “foreign agent”. A prominent figure in the defence of human rights in Russia, Mr Orlov was awarded the Sakharov Prize for Freedom of Expression in 2009, and in 2012 the Moscow Helsinki Group Award for his "historic contribution to the defence of human rights and the human rights movement”. On February 2, 2024, the Russian Ministry of Justice declared Oleg Orlov a “foreign agent” on their website, stating that Mr Orlov “opposed the special military operation in Ukraine, disseminated inaccurate information about decisions taken by the public authorities of the Russian Federation and the policy they pursued. He took part in the creation of messages and materials of foreign agents for an unlimited number of people and is a member of an organisation included in the register of foreign agents”. In addition to Oleg Orlov, three other Memorial members were included in the register on February 2, 2024, namely: Mr Mikhail Chimarov, chairman of Memorial's Novgorod branch; Mr Nikita Sokolov, historian and long-time participant in the Memorial movement; and Mr Sergey Stepanov, an activist of the Memorial in Tambov. The designation of persons and entities as “foreign agents” entails a series of obligations: “foreign agents” are required to submit financial reports every three months, carry out annual mandatory audits, and any information published or disseminated by such persons has to contain a reference to it being published or disseminated by a “foreign agent”. In addition, numerous formal and informal restrictions have been imposed on these persons, such as the inability to be elected, the ban on working in the public service or the ban on teaching. The Observatory underlines that the inclusion of Oleg Orlov on the register of “foreign agents” takes place in a context of ongoing judicial harassment against the human rights defender on the eve of a new trial against him on charges of “repeated discrediting” of the army, and is being used as a mean of increasing pressure on him. The Observatory recalls that on October 11, 2023, the Golovinsky District Court of Moscow found Oleg Orlov guilty of “public actions aimed at discrediting the use of armed forces of the Russian Federation” (Article 280.3 (1) of the Criminal Code) and fined him 150,000 roubles (approximately 1,409 Euros), for an article published on the French blogging platform Le Club de Mediapart on November 13, 2022, titled “Russia: they wanted fascism, they got it” (“Russie : ils voulaient le fascisme, ils l'ont eu”). Both Oleg Orlov and the Prosecutor’s office appealed the verdict, the former demanding a full acquittal and the latter a three-year prison sentence. On December 14, 2023, the verdict was cancelled by the Moscow City Court, and the case was sent for a new investigation under the charge of “repeated discrediting of the actions of the Armed Forces of the Russian Federation”. The additional investigation was carried out in record time, and Oleg Orlov and his lawyer were not given time to prepare a line of defence. On February 2, 2024, on the same day as his designation as a “foreign agent”, Oleg Orlov was given only five days to peruse the seven volumes of the criminal case. The judge, who issued this ruling contrary to all procedural norms, did so in the absence of Mr Orlov and his lawyer, who was busy in another trial. Oleg Orlov is accused of “discrediting the actions of the Russian Army” on the grounds of “ideological hostility against traditional spiritual, moral and patriotic values” and “hatred against the social group of servicemen of the Armed Forces” for his article published on November 13, 2022 on the Mediapart website. The Observatory further recalls that the pressure on Oleg Orlov is related to his consistent human rights and anti-war positions. After the start of Russia’s full-scale invasion of Ukraine, he came out five times with anti-war posters to Red Square and the State Duma in Moscow. All five times, he was detained and fined. The Observatory strongly condemns the designation of Oleg Orlov as a “foreign agent” and calls on the Russian authorities to immediately withdraw his name and that of his colleagues Mikhail Chimarov, Nikita Sokolov and Sergey Stepanov from the register of foreign agents. The Observatory further calls on the Russian authorities to immediately and unconditionally drop all charges against Oleg Orlov and to stop all acts of harassment, including at the administrative and judicial levels, against him and all human rights defenders and organisations in Russia. The Observatory further calls on the authorities in Russia to guarantee in all circumstances the right to freedom of expression, as enshrined in international human rights standards, and particularly in Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights.]]> Oleg Orlov, prominent human rights defender and co-chairman of the Memorial Human Rights Defence Centre (HRDC “Memorial”), a member organisation of FIDH, as a so-called “foreign agent”. A prominent figure in the defence of human rights in Russia, Mr Orlov was awarded the Sakharov Prize for Freedom of Expression in 2009, and in 2012 the Moscow Helsinki Group Award for his "historic contribution to the defence of human rights and the human rights movement”. On February 2, 2024, the Russian Ministry of Justice declared Oleg Orlov a “foreign agent” on their website, stating that Mr Orlov “opposed the special military operation in Ukraine, disseminated inaccurate information about decisions taken by the public authorities of the Russian Federation and the policy they pursued. He took part in the creation of messages and materials of foreign agents for an unlimited number of people and is a member of an organisation included in the register of foreign agents”. In addition to Oleg Orlov, three other Memorial members were included in the register on February 2, 2024, namely: Mr Mikhail Chimarov, chairman of Memorial's Novgorod branch; Mr Nikita Sokolov, historian and long-time participant in the Memorial movement; and Mr Sergey Stepanov, an activist of the Memorial in Tambov. The designation of persons and entities as “foreign agents” entails a series of obligations: “foreign agents” are required to submit financial reports every three months, carry out annual mandatory audits, and any information published or disseminated by such persons has to contain a reference to it being published or disseminated by a “foreign agent”. In addition, numerous formal and informal restrictions have been imposed on these persons, such as the inability to be elected, the ban on working in the public service or the ban on teaching. The Observatory underlines that the inclusion of Oleg Orlov on the register of “foreign agents” takes place in a context of ongoing judicial harassment against the human rights defender on the eve of a new trial against him on charges of “repeated discrediting” of the army, and is being used as a mean of increasing pressure on him. The Observatory recalls that on October 11, 2023, the Golovinsky District Court of Moscow found Oleg Orlov guilty of “public actions aimed at discrediting the use of armed forces of the Russian Federation” (Article 280.3 (1) of the Criminal Code) and fined him 150,000 roubles (approximately 1,409 Euros), for an article published on the French blogging platform Le Club de Mediapart on November 13, 2022, titled “Russia: they wanted fascism, they got it” (“Russie : ils voulaient le fascisme, ils l'ont eu”). Both Oleg Orlov and the Prosecutor’s office appealed the verdict, the former demanding a full acquittal and the latter a three-year prison sentence. On December 14, 2023, the verdict was cancelled by the Moscow City Court, and the case was sent for a new investigation under the charge of “repeated discrediting of the actions of the Armed Forces of the Russian Federation”. The additional investigation was carried out in record time, and Oleg Orlov and his lawyer were not given time to prepare a line of defence. On February 2, 2024, on the same day as his designation as a “foreign agent”, Oleg Orlov was given only five days to peruse the seven volumes of the criminal case. The judge, who issued this ruling contrary to all procedural norms, did so in the absence of Mr Orlov and his lawyer, who was busy in another trial. Oleg Orlov is accused of “discrediting the actions of the Russian Army” on the grounds of “ideological hostility against traditional spiritual, moral and patriotic values” and “hatred against the social group of servicemen of the Armed Forces” for his article published on November 13, 2022 on the Mediapart website. The Observatory further recalls that the pressure on Oleg Orlov is related to his consistent human rights and anti-war positions. After the start of Russia’s full-scale invasion of Ukraine, he came out five times with anti-war posters to Red Square and the State Duma in Moscow. All five times, he was detained and fined. The Observatory strongly condemns the designation of Oleg Orlov as a “foreign agent” and calls on the Russian authorities to immediately withdraw his name and that of his colleagues Mikhail Chimarov, Nikita Sokolov and Sergey Stepanov from the register of foreign agents. The Observatory further calls on the Russian authorities to immediately and unconditionally drop all charges against Oleg Orlov and to stop all acts of harassment, including at the administrative and judicial levels, against him and all human rights defenders and organisations in Russia. The Observatory further calls on the authorities in Russia to guarantee in all circumstances the right to freedom of expression, as enshrined in international human rights standards, and particularly in Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights.]]> Honduras: ante cabildo abierto nuevas amenazas contra las y los defensores de Tocoa https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/honduras-ante-cabildo-abierto-nuevas-amenazas-contra-las-y-los-defensores-de-tocoa/ Fri, 08 Dec 2023 07:45:54 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=21170 Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de la comunidad de Tocoa (Comité Municipal) y sus familias, ante la celebración de un cabildo abierto previsto para el día 9 de diciembre de 2023 con relación a la instalación de un proyecto de energía termoeléctrica de coque de petróleo -una de las fuentes de energía más contaminantes en el mundo-, como parte de un megaproyecto impulsado por el grupo EMCO Holding Inc; a través de la empresa Ecotek. Desde el momento en que se anunció el cabildo, se comenzaron a registrar nuevos actos de intimidación y amenaza contra las y los integrantes del Comité Municipal y sus familias, tales como campañas de estigmatización en línea; la difusión de información por mensajería digital en la que se criminaliza a las personas defensoras; mensajes del Secretario de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) el Sr. Lucky Medina que han abonado al contexto de estigmatización contra las y los defensores; señalamientos en medios de comunicación públicos, siendo el caso de la representante de la Cámara de Comercio y su presidenta la Sra. Eggla Sosa, que señaló que “los opositores ambientales” estaban financiados por organizaciones internacionales para oponerse al proyecto. De igual manera, integrantes del Comité Municipal de Tocoa han denunciado actos de intimidación en sus viviendas y bienes personales. Por otro lado, se han señalado actos de clientelismo que buscan influenciar el voto de la población de Tocoa, ya que en la misma semana que se planea realizar el cabildo abierto, el alcalde de Tocoa el Sr. Adán Fuentes anunció a nombre del Gobierno Central la entrega de un “Bono Solidario” el cual habría sido entregado de manera discrecional, ya que los representantes de la alcaldía habrían dicho a las y los ciudadanos que no recibirían el bono a menos que estuvieran a favor del alcalde y del grupo EMCO. El 10 de noviembre de 2023, el alcalde de Tocoa el Sr. Adán Fuentes, quien fue nombrado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en tribunales estadounidenses por supuestos actos de corrupción y por supuestamente haber facilitado protección a grupos narcotraficantes, convocó a una sesión ordinaria de la corporación municipal de Tocoa para celebrarse el 14 de noviembre en la cual se aprobó la celebración de un cabildo abierto para impulsar la instalación de la planta termoeléctrica de la empresa Ecotek, sin informar y difundir ampliamente los posibles impactos sociales, sanitarios y ambientales de este proyecto. Asimismo, la iniciativa cuenta con el respaldo de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), a pesar de que la empresa aún no tiene la licencia para realizar este proyecto. El 27 de noviembre de 2023 la corporación municipal extendió una invitación a la comunidad de Tocoa para participar en el cabildo con el fin de socializar y aprobar el proyecto energético el cual se ha presentado como la solución a los problemas energéticos que se viven en la región. Sin embargo, según el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa a la SERNA con registro EXP.SLAS-0000076-20, la electricidad que se generará será para su propio consumo y no para la población. El Observatorio expresa preocupación por la manera en la que se está llevando a cabo este proceso de consulta, el cual no está considerando factores de transparencia y acceso a la información, inclusión y diálogo. De igual manera, con la prontitud que se ha convocado al cabildo abierto, no se ha dado tiempo suficiente para que la información llegue a todas las comunidades afectadas, se incorporen otras perspectivas a la discusión y/o el planteamiento de inquietudes sobre el proyecto por parte de la comunidad. El Observatorio recuerda que el Comité Municipal ha presentado denuncias penales contra el grupo EMCO Holding Inc; por daños al medio ambiente, falsificación de registros, además de denuncias administrativas, las cuales no han sido atendidas por las autoridades competentes. Estos hechos han puesto en un contexto de grave riesgo y amenaza a las y los integrantes del Comité desde hace varios años, siendo de los hechos más graves el asesinato de tres defensores de los derechos humanos, Aly Domínguez y Jairo Bonilla el 7 de enero de 2023 y Oquelí Dominguez el 15 de junio de 2023, así como múltiples amenazas y hostigamientos que han recibido las y los miembros del Comité Municipal por su labor de defensa, en particular el Sr. Reynaldo Domínguez, hermano de dos de los defensores de derechos humanos asesinados, y su familia. El Observatorio recuerda que el 5 de octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 30 personas integrantes del Comité Municipal y sus representantes legales el Bufete Justicia para los Pueblos, dada su urgente e inminente situación de riesgo. El Observatorio señala que a pesar de la responsabilidad que tiene el Estado hondureño en la implementación de estas medidas, a más de dos meses de que fueron otorgadas al Comité Municipal, las personas beneficiarías señalan que no se ha adoptado ninguna acción de manera consensuada para garantizar su seguridad física e integridad. Por lo contrario, las autoridades hondureñas al respaldar actos como el cabildo abierto han abonado al contexto de inseguridad en la comunidad, al mismo tiempo que no se han pronunciado o denunciado los actos de estigmatización y amenazas públicas difundidas en medios digitales contra las personas defensoras integrantes del Comité Municipal y beneficiarias de las medidas cautelares. Finalmente, el Observatorio urge a las autoridades de Honduras a cancelar el proceso de cabildo abierto hasta garantizar la protección de las y los defensores de derechos humanos integrantes del Comité Municipal, y sus familias, y en caso de realizarlo, asegurar que sea una consulta libre, previa e informada y que cuente con la participación de personas expertas independientes que puedan exponer los impactos sanitarios, medioambientales y comunitarios del proyecto.]]> Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de la comunidad de Tocoa (Comité Municipal) y sus familias, ante la celebración de un cabildo abierto previsto para el día 9 de diciembre de 2023 con relación a la instalación de un proyecto de energía termoeléctrica de coque de petróleo -una de las fuentes de energía más contaminantes en el mundo-, como parte de un megaproyecto impulsado por el grupo EMCO Holding Inc; a través de la empresa Ecotek. Desde el momento en que se anunció el cabildo, se comenzaron a registrar nuevos actos de intimidación y amenaza contra las y los integrantes del Comité Municipal y sus familias, tales como campañas de estigmatización en línea; la difusión de información por mensajería digital en la que se criminaliza a las personas defensoras; mensajes del Secretario de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) el Sr. Lucky Medina que han abonado al contexto de estigmatización contra las y los defensores; señalamientos en medios de comunicación públicos, siendo el caso de la representante de la Cámara de Comercio y su presidenta la Sra. Eggla Sosa, que señaló que “los opositores ambientales” estaban financiados por organizaciones internacionales para oponerse al proyecto. De igual manera, integrantes del Comité Municipal de Tocoa han denunciado actos de intimidación en sus viviendas y bienes personales. Por otro lado, se han señalado actos de clientelismo que buscan influenciar el voto de la población de Tocoa, ya que en la misma semana que se planea realizar el cabildo abierto, el alcalde de Tocoa el Sr. Adán Fuentes anunció a nombre del Gobierno Central la entrega de un “Bono Solidario” el cual habría sido entregado de manera discrecional, ya que los representantes de la alcaldía habrían dicho a las y los ciudadanos que no recibirían el bono a menos que estuvieran a favor del alcalde y del grupo EMCO. El 10 de noviembre de 2023, el alcalde de Tocoa el Sr. Adán Fuentes, quien fue nombrado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en tribunales estadounidenses por supuestos actos de corrupción y por supuestamente haber facilitado protección a grupos narcotraficantes, convocó a una sesión ordinaria de la corporación municipal de Tocoa para celebrarse el 14 de noviembre en la cual se aprobó la celebración de un cabildo abierto para impulsar la instalación de la planta termoeléctrica de la empresa Ecotek, sin informar y difundir ampliamente los posibles impactos sociales, sanitarios y ambientales de este proyecto. Asimismo, la iniciativa cuenta con el respaldo de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), a pesar de que la empresa aún no tiene la licencia para realizar este proyecto. El 27 de noviembre de 2023 la corporación municipal extendió una invitación a la comunidad de Tocoa para participar en el cabildo con el fin de socializar y aprobar el proyecto energético el cual se ha presentado como la solución a los problemas energéticos que se viven en la región. Sin embargo, según el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa a la SERNA con registro EXP.SLAS-0000076-20, la electricidad que se generará será para su propio consumo y no para la población. El Observatorio expresa preocupación por la manera en la que se está llevando a cabo este proceso de consulta, el cual no está considerando factores de transparencia y acceso a la información, inclusión y diálogo. De igual manera, con la prontitud que se ha convocado al cabildo abierto, no se ha dado tiempo suficiente para que la información llegue a todas las comunidades afectadas, se incorporen otras perspectivas a la discusión y/o el planteamiento de inquietudes sobre el proyecto por parte de la comunidad. El Observatorio recuerda que el Comité Municipal ha presentado denuncias penales contra el grupo EMCO Holding Inc; por daños al medio ambiente, falsificación de registros, además de denuncias administrativas, las cuales no han sido atendidas por las autoridades competentes. Estos hechos han puesto en un contexto de grave riesgo y amenaza a las y los integrantes del Comité desde hace varios años, siendo de los hechos más graves el asesinato de tres defensores de los derechos humanos, Aly Domínguez y Jairo Bonilla el 7 de enero de 2023 y Oquelí Dominguez el 15 de junio de 2023, así como múltiples amenazas y hostigamientos que han recibido las y los miembros del Comité Municipal por su labor de defensa, en particular el Sr. Reynaldo Domínguez, hermano de dos de los defensores de derechos humanos asesinados, y su familia. El Observatorio recuerda que el 5 de octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 30 personas integrantes del Comité Municipal y sus representantes legales el Bufete Justicia para los Pueblos, dada su urgente e inminente situación de riesgo. El Observatorio señala que a pesar de la responsabilidad que tiene el Estado hondureño en la implementación de estas medidas, a más de dos meses de que fueron otorgadas al Comité Municipal, las personas beneficiarías señalan que no se ha adoptado ninguna acción de manera consensuada para garantizar su seguridad física e integridad. Por lo contrario, las autoridades hondureñas al respaldar actos como el cabildo abierto han abonado al contexto de inseguridad en la comunidad, al mismo tiempo que no se han pronunciado o denunciado los actos de estigmatización y amenazas públicas difundidas en medios digitales contra las personas defensoras integrantes del Comité Municipal y beneficiarias de las medidas cautelares. Finalmente, el Observatorio urge a las autoridades de Honduras a cancelar el proceso de cabildo abierto hasta garantizar la protección de las y los defensores de derechos humanos integrantes del Comité Municipal, y sus familias, y en caso de realizarlo, asegurar que sea una consulta libre, previa e informada y que cuente con la participación de personas expertas independientes que puedan exponer los impactos sanitarios, medioambientales y comunitarios del proyecto.]]>