Harcèlement judiciaire / administratif – The Observatory For Defenders

Harcèlement judiciaire / administratif – The Observatory For Defenders https://observatoryfordefenders.org/fr/ Mon, 24 Aug 2026 10:51:25 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1 https://observatoryfordefenders.org/wp-content/uploads/2022/06/cropped-OB-eye-orange-32x32.png Harcèlement judiciaire / administratif – The Observatory For Defenders https://observatoryfordefenders.org/fr/ 32 32 Guatemala: Carta Abierta sobre la próxima audiencia en el caso de criminalización contra el abogado y defensor Ramón Cadena https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/guatemala-carta-abierta-sobre-la-proxima-audiencia-en-el-caso-de-criminalizacion-contra-el-abogado-y-defensor-ramon-cadena/ Thu, 13 Aug 2026 10:49:33 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25226 Ginebra-París 13 de agosto de 2026 Honorables autoridades, Reciban un cordial saludo del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (el Observatorio), un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). En nuestra calidad de organizaciones no-gubernamentales internacionales de derechos humanos, nos dirigimos a ustedes, como autoridades guatemaltecas, con el fin de exponer consideraciones fundamentales respecto al proceso seguido contra el abogado y defensor de derechos humanos guatemalteco, el Sr. Ramón Cadena Rámila, quien se enfrenta a un proceso de criminalización indebida en el caso catalogado por el Ministerio Público como “Botín Político USAC”. El Observatorio recuerda que el Sr. Cadena es un destacado abogado de derechos humanos guatemalteco conocido por su labor en defensa de los derechos humanos, especialmente en casos relacionados con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y los derechos sobre la tierra y la justicia medioambiental; ha apoyado a varias organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa legal en Guatemala. Desde el mes de noviembre de 2023 hemos seguido de manera continua y rigurosa este proceso y, a la luz de la información documentada, de los estándares internacionales de derechos humanos y de las acciones de organizaciones regionales e internacionales, consideramos que este presenta patrones claros, reiterados y sistemáticos de persecución judicial, que constituyen una forma de criminalización indebida de la labor legítima de defensa de los derechos humanos. A continuación, se detallan las razones por las que estos patrones configuran una situación de criminalización: Respuesta punitiva desproporcionada frente a una acción de protesta pacífica Entre el 19 de mayo de 2022 y el 9 de junio de 2023, estudiantes, docentes, personas trabajadoras y defensoras de derechos humanos participaron en movilizaciones y una ocupación pacífica para defender la autonomía universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) frente a intentos de cooptación de las autoridades universitarias y a irregularidades en el proceso de elección de su rector. El 14 de noviembre de 2023, en el marco de esas acciones de protesta pacíficas, el Ministerio Público giró 31 órdenes de allanamiento y 27 órdenes de aprehensión contra estudiantes, personal académico, personas defensoras de derechos humanos y abogadas, por los delitos de “usurpación agravada en forma continuada”, “depredación de bienes culturales en forma continuada”, “sedición en forma continuada” y “asociación ilícita”. Estas acciones emprendidas por el Ministerio Público contra la comunidad académica de la USAC se enmarcan en una respuesta punitiva desproporcionada ante una acción de protesta pacífica, como fue la ocupación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por un lado, el uso del derecho penal para sancionar a personas en ejercicio de su libertad académica es incompatible con los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria y con las garantías del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Limitaciones al derecho a la defensa y a la asesoría legal de los estudiantes La inclusión del Sr. Cadena en este proceso se deriva exclusivamente de su rol como asesor legal de estudiantes y por su solidaridad con la comunidad académica y estudiantil bajo represión, lo cual constituye un ejercicio legítimo de su profesión de abogado y de su derecho a defender los derechos humanos. Las acciones entabladas contra el Sr. Cadena incluyeron, el 16 de noviembre de 2023, el allanamiento de su domicilio por parte de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Publico, así como la subsecuente imputación por los delitos de “usurpación agravada en forma continuada”, “depredación de bienes culturales en forma continuada”, “sedición en forma continuada” y “asociación ilícita”, considerados desproporcionados y preocupantes. Su persecución, en concreto, se enmarca en un contexto más amplio de persecución sistemática por parte del Ministerio Público de Guatemala contra abogados, fiscales y personas involucradas en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los derechos humanos, como ha documentado El Observatorio en diversas ocasiones. Se recuerda, además, que su persecución judicial conflictúa con los principios básicos de las Naciones Unidas relativos al papel de la abogacía que, en su principio 16, indican que “los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; (…) y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”, entre otras garantías. Limitaciones al derecho a la protesta, libertad de asociación y de asamblea La naturaleza de los delitos imputados, particularmente figuras como “sedición” y “asociación ilícita”, entretanto desestimadas, evidencia un uso expansivo y descontextualizado del derecho penal, consistente con patrones identificados a nivel internacional en los que se instrumentalizan tipos penales graves para inhibir la protesta social, la participación cívica y la defensa jurídica. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado por organismos internacionales como una estrategia para restringir el espacio cívico. Violaciones al debido proceso El desarrollo procesal del caso revela serias preocupaciones en materia de debido proceso, entre ellas demoras judiciales y suspensiones reiteradas de las audiencias. La orden de captura contra el abogado Ramón Cadena, emitida en noviembre de 2023, permaneció vigente durante aproximadamente dos años y once meses, hasta su ejecución el 10 de noviembre de 2025. Tras presentarse voluntariamente ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, el Sr. Cadena permaneció 11 días en prisión preventiva y recuperó su libertad el 21 de noviembre de 2025 mediante una medida sustitutiva. Organizaciones internacionales de derechos humanos calificaron esta detención de arbitraria, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por los retrasos indebidos, el uso de la prisión preventiva y las posibles afectaciones a las garantías del debido proceso. En un proceso iniciado el 16 de noviembre de 2023, el avance procesal ha sido sumamente limitado. Hasta la fecha, únicamente se han celebrado una audiencia preparatoria y la audiencia de primera declaración, esta última posterior a la presentación voluntaria del Sr. Cadena ante las autoridades. Esta prolongada demora ha tenido graves consecuencias para el Sr. Cadena, entre ellas, afectaciones a su integridad física y psicológica, a la continuidad de su trabajo y a su estabilidad socioeconómica. Adicionalmente, durante este tiempo, la defensa del Sr. Cadena ha propuesto diversos mecanismos y diligencias de investigación que han sido rechazados por el Ministerio Público. Estas circunstancias generan preocupación no solo por la prolongación injustificada del proceso, sino también por la falta de continuidad y de claridad en las actuaciones de investigación. El 11 de mayo de 2026, una vez más, la audiencia correspondiente a la etapa intermedia del proceso seguido contra el Sr. Ramón Cadena y los estudiantes, el Sr. Cristopher Morales Estrada y el Sr. Pedro Ros, fue suspendida por incomparecencia del Ministerio Público. La audiencia fue reprogramada para el 19 de agosto de 2026, lo que prolonga aún más la tramitación del proceso. Tortura psicológica Estas prácticas de retardo malicioso y tortura psicológica son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y acceso a la justicia. Dichas presiones han forzado al Sr. Cadena, a sus 70 años de edad, a enfrentar largos períodos bajo la sombra y persecución de una orden de aprehensión, dificultándole el acceso a cuidados de salud, aislamiento social y incrementando su vulnerabilidad. El Observatorio recuerda que mecanismos internacionales como el Comité Contra la Tortura han reconocido que la persecución judicial y el uso generalizado de condenas y de encarcelamiento contra personas que defienden derechos humanos e involucradas en actividades políticas son un indicador de riesgo de sufrir actos de tortura y malos tratos. * El Observatorio resalta que el caso del Sr. Cadena ha sido objeto de atención y preocupación por parte de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. En particular, la CIDH, la Relatora Especial cesante de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, y la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, se han pronunciado al respecto, reconociendo los riesgos asociados a su labor. Asimismo, el Sr. Cadena es beneficiario de la medida cautelar 661-16, otorgada por la CIDH desde 2016, tras sufrir un allanamiento intimidatorio por su labor como abogado, lo cual evidencia el nivel de riesgo estructural que enfrenta. De igual forma, diversas organizaciones internacionales de reconocido prestigio, entre ellas la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), el Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo (OIAD), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), han reconocido públicamente al Sr. Ramón Cadena como persona defensora de derechos humanos, además de abogado especializado en esta materia. Este reconocimiento no solo reafirma la legitimidad de su labor, sino que también refuerza la preocupación de que el proceso en su contra constituya un acto de represalia por el ejercicio de dicha labor. Este caso no puede analizarse de manera aislada. Por el contrario, se inserta en un patrón más amplio de criminalización de personas defensoras, operadores de justicia independientes, periodistas y actores sociales en Guatemala, un fenómeno que ha sido reiteradamente señalado por mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. En consecuencia, respetuosamente instamos a las autoridades guatemaltecas a:

Garantizar que todas las actuaciones judiciales en este caso se desarrollen con estricto respeto por los principios de independencia, imparcialidad y debido proceso, en respeto del Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que garantiza el derecho a un juicio justo, estableciendo la igualdad ante los tribunales, la presunción de inocencia, y el derecho a ser oído públicamente por un tribunal independiente e imparcial, y del cual Guatemala es Estado parte;
Que se realicen de manera diligente la audiencia programada para el 19 de agosto, en estricto respeto por el debido proceso;
Que el Ministerio Público, actuando con objetividad, imparcialidad y estricto apego a la ley, solicite el sobreseimiento del caso USAC respecto del Sr. Ramón Cadena, y los estudiantes criminalizados en la misma causa penal, ante la falta de elementos suficientes que justifiquen la continuación de la persecución penal;
Valorar de manera rigurosa el contexto de defensa de derechos humanos en el que se enmarca la actuación del Sr. Ramón Cadena;
Frenar la convalidación de prácticas que puedan constituir formas de persecución judicial o criminalización de la defensa de derechos y retirar los cargos contra el Sr. Cadena y los estudiantes del caso Botín USAC;
Asegurar que el proceso cumpla con estándares internacionales de transparencia, publicidad y acceso a observación nacional e internacional.

Agradecemos su atención a la presente y reiteramos nuestra disposición para contribuir al respeto y a la garantía de los derechos humanos en Guatemala.]]> Ginebra-París 13 de agosto de 2026 Honorables autoridades, Reciban un cordial saludo del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (el Observatorio), un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). En nuestra calidad de organizaciones no-gubernamentales internacionales de derechos humanos, nos dirigimos a ustedes, como autoridades guatemaltecas, con el fin de exponer consideraciones fundamentales respecto al proceso seguido contra el abogado y defensor de derechos humanos guatemalteco, el Sr. Ramón Cadena Rámila, quien se enfrenta a un proceso de criminalización indebida en el caso catalogado por el Ministerio Público como “Botín Político USAC”. El Observatorio recuerda que el Sr. Cadena es un destacado abogado de derechos humanos guatemalteco conocido por su labor en defensa de los derechos humanos, especialmente en casos relacionados con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y los derechos sobre la tierra y la justicia medioambiental; ha apoyado a varias organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa legal en Guatemala. Desde el mes de noviembre de 2023 hemos seguido de manera continua y rigurosa este proceso y, a la luz de la información documentada, de los estándares internacionales de derechos humanos y de las acciones de organizaciones regionales e internacionales, consideramos que este presenta patrones claros, reiterados y sistemáticos de persecución judicial, que constituyen una forma de criminalización indebida de la labor legítima de defensa de los derechos humanos. A continuación, se detallan las razones por las que estos patrones configuran una situación de criminalización: Respuesta punitiva desproporcionada frente a una acción de protesta pacífica Entre el 19 de mayo de 2022 y el 9 de junio de 2023, estudiantes, docentes, personas trabajadoras y defensoras de derechos humanos participaron en movilizaciones y una ocupación pacífica para defender la autonomía universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) frente a intentos de cooptación de las autoridades universitarias y a irregularidades en el proceso de elección de su rector. El 14 de noviembre de 2023, en el marco de esas acciones de protesta pacíficas, el Ministerio Público giró 31 órdenes de allanamiento y 27 órdenes de aprehensión contra estudiantes, personal académico, personas defensoras de derechos humanos y abogadas, por los delitos de “usurpación agravada en forma continuada”, “depredación de bienes culturales en forma continuada”, “sedición en forma continuada” y “asociación ilícita”. Estas acciones emprendidas por el Ministerio Público contra la comunidad académica de la USAC se enmarcan en una respuesta punitiva desproporcionada ante una acción de protesta pacífica, como fue la ocupación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por un lado, el uso del derecho penal para sancionar a personas en ejercicio de su libertad académica es incompatible con los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria y con las garantías del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Limitaciones al derecho a la defensa y a la asesoría legal de los estudiantes La inclusión del Sr. Cadena en este proceso se deriva exclusivamente de su rol como asesor legal de estudiantes y por su solidaridad con la comunidad académica y estudiantil bajo represión, lo cual constituye un ejercicio legítimo de su profesión de abogado y de su derecho a defender los derechos humanos. Las acciones entabladas contra el Sr. Cadena incluyeron, el 16 de noviembre de 2023, el allanamiento de su domicilio por parte de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Publico, así como la subsecuente imputación por los delitos de “usurpación agravada en forma continuada”, “depredación de bienes culturales en forma continuada”, “sedición en forma continuada” y “asociación ilícita”, considerados desproporcionados y preocupantes. Su persecución, en concreto, se enmarca en un contexto más amplio de persecución sistemática por parte del Ministerio Público de Guatemala contra abogados, fiscales y personas involucradas en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los derechos humanos, como ha documentado El Observatorio en diversas ocasiones. Se recuerda, además, que su persecución judicial conflictúa con los principios básicos de las Naciones Unidas relativos al papel de la abogacía que, en su principio 16, indican que “los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; (…) y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”, entre otras garantías. Limitaciones al derecho a la protesta, libertad de asociación y de asamblea La naturaleza de los delitos imputados, particularmente figuras como “sedición” y “asociación ilícita”, entretanto desestimadas, evidencia un uso expansivo y descontextualizado del derecho penal, consistente con patrones identificados a nivel internacional en los que se instrumentalizan tipos penales graves para inhibir la protesta social, la participación cívica y la defensa jurídica. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado por organismos internacionales como una estrategia para restringir el espacio cívico. Violaciones al debido proceso El desarrollo procesal del caso revela serias preocupaciones en materia de debido proceso, entre ellas demoras judiciales y suspensiones reiteradas de las audiencias. La orden de captura contra el abogado Ramón Cadena, emitida en noviembre de 2023, permaneció vigente durante aproximadamente dos años y once meses, hasta su ejecución el 10 de noviembre de 2025. Tras presentarse voluntariamente ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, el Sr. Cadena permaneció 11 días en prisión preventiva y recuperó su libertad el 21 de noviembre de 2025 mediante una medida sustitutiva. Organizaciones internacionales de derechos humanos calificaron esta detención de arbitraria, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por los retrasos indebidos, el uso de la prisión preventiva y las posibles afectaciones a las garantías del debido proceso. En un proceso iniciado el 16 de noviembre de 2023, el avance procesal ha sido sumamente limitado. Hasta la fecha, únicamente se han celebrado una audiencia preparatoria y la audiencia de primera declaración, esta última posterior a la presentación voluntaria del Sr. Cadena ante las autoridades. Esta prolongada demora ha tenido graves consecuencias para el Sr. Cadena, entre ellas, afectaciones a su integridad física y psicológica, a la continuidad de su trabajo y a su estabilidad socioeconómica. Adicionalmente, durante este tiempo, la defensa del Sr. Cadena ha propuesto diversos mecanismos y diligencias de investigación que han sido rechazados por el Ministerio Público. Estas circunstancias generan preocupación no solo por la prolongación injustificada del proceso, sino también por la falta de continuidad y de claridad en las actuaciones de investigación. El 11 de mayo de 2026, una vez más, la audiencia correspondiente a la etapa intermedia del proceso seguido contra el Sr. Ramón Cadena y los estudiantes, el Sr. Cristopher Morales Estrada y el Sr. Pedro Ros, fue suspendida por incomparecencia del Ministerio Público. La audiencia fue reprogramada para el 19 de agosto de 2026, lo que prolonga aún más la tramitación del proceso. Tortura psicológica Estas prácticas de retardo malicioso y tortura psicológica son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y acceso a la justicia. Dichas presiones han forzado al Sr. Cadena, a sus 70 años de edad, a enfrentar largos períodos bajo la sombra y persecución de una orden de aprehensión, dificultándole el acceso a cuidados de salud, aislamiento social y incrementando su vulnerabilidad. El Observatorio recuerda que mecanismos internacionales como el Comité Contra la Tortura han reconocido que la persecución judicial y el uso generalizado de condenas y de encarcelamiento contra personas que defienden derechos humanos e involucradas en actividades políticas son un indicador de riesgo de sufrir actos de tortura y malos tratos. * El Observatorio resalta que el caso del Sr. Cadena ha sido objeto de atención y preocupación por parte de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. En particular, la CIDH, la Relatora Especial cesante de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, y la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, se han pronunciado al respecto, reconociendo los riesgos asociados a su labor. Asimismo, el Sr. Cadena es beneficiario de la medida cautelar 661-16, otorgada por la CIDH desde 2016, tras sufrir un allanamiento intimidatorio por su labor como abogado, lo cual evidencia el nivel de riesgo estructural que enfrenta. De igual forma, diversas organizaciones internacionales de reconocido prestigio, entre ellas la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), el Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo (OIAD), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), han reconocido públicamente al Sr. Ramón Cadena como persona defensora de derechos humanos, además de abogado especializado en esta materia. Este reconocimiento no solo reafirma la legitimidad de su labor, sino que también refuerza la preocupación de que el proceso en su contra constituya un acto de represalia por el ejercicio de dicha labor. Este caso no puede analizarse de manera aislada. Por el contrario, se inserta en un patrón más amplio de criminalización de personas defensoras, operadores de justicia independientes, periodistas y actores sociales en Guatemala, un fenómeno que ha sido reiteradamente señalado por mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. En consecuencia, respetuosamente instamos a las autoridades guatemaltecas a:

Garantizar que todas las actuaciones judiciales en este caso se desarrollen con estricto respeto por los principios de independencia, imparcialidad y debido proceso, en respeto del Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que garantiza el derecho a un juicio justo, estableciendo la igualdad ante los tribunales, la presunción de inocencia, y el derecho a ser oído públicamente por un tribunal independiente e imparcial, y del cual Guatemala es Estado parte;
Que se realicen de manera diligente la audiencia programada para el 19 de agosto, en estricto respeto por el debido proceso;
Que el Ministerio Público, actuando con objetividad, imparcialidad y estricto apego a la ley, solicite el sobreseimiento del caso USAC respecto del Sr. Ramón Cadena, y los estudiantes criminalizados en la misma causa penal, ante la falta de elementos suficientes que justifiquen la continuación de la persecución penal;
Valorar de manera rigurosa el contexto de defensa de derechos humanos en el que se enmarca la actuación del Sr. Ramón Cadena;
Frenar la convalidación de prácticas que puedan constituir formas de persecución judicial o criminalización de la defensa de derechos y retirar los cargos contra el Sr. Cadena y los estudiantes del caso Botín USAC;
Asegurar que el proceso cumpla con estándares internacionales de transparencia, publicidad y acceso a observación nacional e internacional.

Agradecemos su atención a la presente y reiteramos nuestra disposición para contribuir al respeto y a la garantía de los derechos humanos en Guatemala.]]> Brazil: Renewed judicial harassment against the Mining Observatory https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/brazil-renewed-judicial-harassment-against-the-mining-observatory/ Thu, 13 Aug 2026 10:43:40 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25225 Mining Observatory, an independent investigative journalism center and think tank focused on the extractive sector in Brazil. Founded in 2015, the Mining Observatory has since become an international reference in investigative coverage of the mining sector, notably focusing on the environmental and human rights impacts of mining projects. On 6 July 2026, Sigma Mineração S.A. (Sigma Lithium), through its legal representatives, sent a second extrajudicial notification to the Mining Observatory regarding an article published on 27 June 2026, entitled "Polícia Federal indicia empresários, diretor-geral e alto escalão da ANM por organização criminosa e outras acusações em novos relatórios" (Brazilian Federal Police indict businessmen, director-general, and high-ranking officials of the National Mining Agency (ANM) for criminal organization and other charges in new reports). However, the contested article does not state that Sigma Lithium is under investigation or has been indicted in the criminal proceedings arising from Operations Rejeito and Parcours. Instead, it identifies the company as one of the lithium mining companies that could benefit from the reduction of the Chapada do Lagoão Environmental Protection Area (Área de Proteção Ambiental – APA) in the Jequitinhonha Valley, based on information previously documented by the Mining Observatory in an investigation published in September 2025. Moreover, Sigma challenged the article’s reference to the company’s relationship with the non-governmental organisation Associação Ambiental e Cultural Zeladoria do Planeta, which had commissioned a technical study supporting the reduction of the protected area. In response, the Mining Observatory recalled that Sigma publicly announced in November 2023 that it had received an "Environmental Management" award from the organisation and celebrated this recognition on its official social media channels. The article does not allege that Sigma financed or commissioned the technical study supporting the reduction of the protected area, but merely refers to the company’s interest in the region. The Observatory recalls that this notification follows a similar attempt by Sigma Mineração S.A. to prevent the publication of an article by the Mining Observatory in April 2025. At this time, Sigma sent an extrajudicial notification threatening legal action should the Observatory publish an article reporting on a technical note prepared by researchers from several Brazilian and international universities documenting alleged human rights and environmental violations linked to the company’s mining activities. After the Mining Observatory proceeded with publication, the case prompted reactions from Brazilian organisations promoting freedom of the press and submissions before several public institutions, including the Federal Public Prosecutor’s Office (MPF), the Minas Gerais Public Prosecutor’s Office (MPMG) and the Federal Public Defender’s Office (DPU). The Observatory condemns SIGMA’s acts of intimidation and threats against the Mining Observatory, which seems to be only aimed at preventing the media free exercise of its right to freedom of expression on a topic of public interest. The Observatory is deeply concerned that the repeated use of extrajudicial notifications seeking the removal of published content and discouraging future reporting appears to constitute a pattern of judicial harassment and intimidation process (SLAPP) aimed at restricting the Mining Observatory’s legitimate work documenting the environmental and human rights impacts of mining activities in Brazil. Therefore, the Observatory calls on SIGMA to commit not to use strategic litigation against public participation actions against the Mining Observatory or any journalists or human rights defenders and to respect human rights, including the right to freedom of expression, in line with the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.]]> Mining Observatory, an independent investigative journalism center and think tank focused on the extractive sector in Brazil. Founded in 2015, the Mining Observatory has since become an international reference in investigative coverage of the mining sector, notably focusing on the environmental and human rights impacts of mining projects. On 6 July 2026, Sigma Mineração S.A. (Sigma Lithium), through its legal representatives, sent a second extrajudicial notification to the Mining Observatory regarding an article published on 27 June 2026, entitled "Polícia Federal indicia empresários, diretor-geral e alto escalão da ANM por organização criminosa e outras acusações em novos relatórios" (Brazilian Federal Police indict businessmen, director-general, and high-ranking officials of the National Mining Agency (ANM) for criminal organization and other charges in new reports). However, the contested article does not state that Sigma Lithium is under investigation or has been indicted in the criminal proceedings arising from Operations Rejeito and Parcours. Instead, it identifies the company as one of the lithium mining companies that could benefit from the reduction of the Chapada do Lagoão Environmental Protection Area (Área de Proteção Ambiental – APA) in the Jequitinhonha Valley, based on information previously documented by the Mining Observatory in an investigation published in September 2025. Moreover, Sigma challenged the article’s reference to the company’s relationship with the non-governmental organisation Associação Ambiental e Cultural Zeladoria do Planeta, which had commissioned a technical study supporting the reduction of the protected area. In response, the Mining Observatory recalled that Sigma publicly announced in November 2023 that it had received an "Environmental Management" award from the organisation and celebrated this recognition on its official social media channels. The article does not allege that Sigma financed or commissioned the technical study supporting the reduction of the protected area, but merely refers to the company’s interest in the region. The Observatory recalls that this notification follows a similar attempt by Sigma Mineração S.A. to prevent the publication of an article by the Mining Observatory in April 2025. At this time, Sigma sent an extrajudicial notification threatening legal action should the Observatory publish an article reporting on a technical note prepared by researchers from several Brazilian and international universities documenting alleged human rights and environmental violations linked to the company’s mining activities. After the Mining Observatory proceeded with publication, the case prompted reactions from Brazilian organisations promoting freedom of the press and submissions before several public institutions, including the Federal Public Prosecutor’s Office (MPF), the Minas Gerais Public Prosecutor’s Office (MPMG) and the Federal Public Defender’s Office (DPU). The Observatory condemns SIGMA’s acts of intimidation and threats against the Mining Observatory, which seems to be only aimed at preventing the media free exercise of its right to freedom of expression on a topic of public interest. The Observatory is deeply concerned that the repeated use of extrajudicial notifications seeking the removal of published content and discouraging future reporting appears to constitute a pattern of judicial harassment and intimidation process (SLAPP) aimed at restricting the Mining Observatory’s legitimate work documenting the environmental and human rights impacts of mining activities in Brazil. Therefore, the Observatory calls on SIGMA to commit not to use strategic litigation against public participation actions against the Mining Observatory or any journalists or human rights defenders and to respect human rights, including the right to freedom of expression, in line with the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.]]> Thailand: Prime Minister should refrain from filing criminal lawsuit against human rights defender Yingcheep Atchanont https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/thailand-prime-minister-should-refrain-from-filing-criminal-lawsuit-against-human-rights-defender-yingcheep-atchanont/ Tue, 04 Aug 2026 10:38:19 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25219 Geneva, Paris, 4 August 2026. On 22 July 2026, Prime Minister Anutin Charnvirakul announced that he would file a criminal defamation complaint against Yingcheep Atchanont, the director of the Thai non-governmental organisation Internet Law Reform Dialogue (iLaw), an FIDH member organisation, over allegations linking the Prime Minister to irregularities in the election of the 200-member Senate, which was held between 9 and 26 June 2024. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a partnership between the World Organisation Against Torture (OMCT) and the International Federation for Human Rights (FIDH), urge Thailand’s Prime Minister Anutin Charnvirakul to refrain from filing a criminal defamation complaint against Thai human rights defender Yingcheep Atchanont, in connection with his legitimate work of monitoring public affairs and promoting democratic accountability. The legal action stemmed from Yingcheep Atchanont’s submission of a petition to the opposition coalition in the House of Representatives on 21 July 2026, seeking a parliamentary examination of allegations that nine politicians from the Bhumjaithai Party, including Prime Minister Anutin, five cabinet ministers, and three senior figures, were involved in vote manipulation during the June 2024 Senate election. According to iLaw's investigation, evidence and witness statements suggested irregularities including candidate arrangements, the distribution of voting instructions, and the provision of financial incentives to candidates by networks linked to the Bhumjaithai Party, across different stages of the election process, which raised serious concerns over the integrity and transparency of the polls. Later that day, the Bhumjaithai Party held a press conference at its headquarters in Bangkok during which the party’s legal representative, Supachai Jaisamut, denied the allegations and announced that the individuals named in the petition would pursue criminal defamation proceedings against Yingcheep for damaging their reputations. On 24 July 2026, Suksomruay Wantanayakul, Minister Attached to the Prime Minister’s Office and Member of Parliament from the Bhumjaithai Party for Amnat Charoen Province, who was among the individuals named in the petition, filed a criminal defamation complaint against Yingcheep at Muang Amnat Charoen Police Station. On 30 July 2026, Somphan Palasak and Daeng Kongma, two senators from Amnat Charoen Province filed separate criminal defamation complaints against Yingcheep at Muang Amnat Charoen Police Station over a Facebook post on 27 July 2026 in which Yingcheep alleged that they lacked the qualifications to contest the 2024 Senate election. The filing of these complaints in a location distant from Bangkok, where Yingcheep is based, places an additional burden on him by requiring him to travel to defend himself in legal proceedings, which is a practice characteristic of strategic lawsuits against public participation (SLAPPs). Articles 326 and 328 of the Criminal Code, which criminalise defamation, have been frequently used by state and non-state actors to pursue SLAPPs aimed at intimidating, silencing, and harassing human rights defenders. The Observatory recalls that since its founding in 2009, iLaw has played a prominent role in advancing democratic participation, freedom of expression, and a fair justice system in Thailand. The organisation has documented the impact of repressive laws and decrees adopted following the 2006 and 2014 military coups d’état and campaigned for their reform through public engagement and online advocacy. It has also worked to support citizen participation in legislative and constitutional reform processes, particularly through campaigns to collect signatures for proposed legislation and initiatives to amend Thailand’s military-backed 2017 Constitution. In addition, iLaw has contributed to strengthening electoral transparency by systematically documenting voting irregularities and mobilising citizens to participate in election observation. The June 2024 Senate election gave rise to allegations of systemic fraud and vote-buying. Under the new selection system, more than 40,000 candidates voted among themselves through multiple rounds of selection at the district, provincial, and national levels to determine the 200-member Senate. The results led to public scrutiny particularly due to the disproportionately high number of successful candidates from provinces where the Bhumjaithai Party enjoyed strong electoral support. A separate investigation conducted jointly by the Election Commission (EC) and the Department of Special Investigation (DSI) was concluded in July 2025. The investigation found sufficient evidence to prosecute 229 individuals, including 138 senators and 91 political figures associated with the Bhumjaithai Party, in connection with fraudulent practices during the June 2024 Senate election, in violation of the 2018 Organic Act on the Acquisition of Senators. However, in March 2026, an EC subcommittee voted to overturn the earlier finding. The conflicting recommendations were subsequently submitted to the EC for a final decision, which is expected in late August 2026. The Observatory denounces the criminal lawsuits against Yingcheep, which appear to be in retaliation against the peaceful exercise of his right to freedom of expression, as enshrined in international human rights law, in particular in Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Thailand is a state party. The Observatory calls upon the Thai authorities to ensure that all complaints are dropped and urges them to take concrete steps towards the decriminalisation of defamation under Articles 326 and 328 of the Criminal Code, which are used to intimidate, silence, and harass human rights defenders in Thailand.]]> Geneva, Paris, 4 August 2026. On 22 July 2026, Prime Minister Anutin Charnvirakul announced that he would file a criminal defamation complaint against Yingcheep Atchanont, the director of the Thai non-governmental organisation Internet Law Reform Dialogue (iLaw), an FIDH member organisation, over allegations linking the Prime Minister to irregularities in the election of the 200-member Senate, which was held between 9 and 26 June 2024. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a partnership between the World Organisation Against Torture (OMCT) and the International Federation for Human Rights (FIDH), urge Thailand’s Prime Minister Anutin Charnvirakul to refrain from filing a criminal defamation complaint against Thai human rights defender Yingcheep Atchanont, in connection with his legitimate work of monitoring public affairs and promoting democratic accountability. The legal action stemmed from Yingcheep Atchanont’s submission of a petition to the opposition coalition in the House of Representatives on 21 July 2026, seeking a parliamentary examination of allegations that nine politicians from the Bhumjaithai Party, including Prime Minister Anutin, five cabinet ministers, and three senior figures, were involved in vote manipulation during the June 2024 Senate election. According to iLaw's investigation, evidence and witness statements suggested irregularities including candidate arrangements, the distribution of voting instructions, and the provision of financial incentives to candidates by networks linked to the Bhumjaithai Party, across different stages of the election process, which raised serious concerns over the integrity and transparency of the polls. Later that day, the Bhumjaithai Party held a press conference at its headquarters in Bangkok during which the party’s legal representative, Supachai Jaisamut, denied the allegations and announced that the individuals named in the petition would pursue criminal defamation proceedings against Yingcheep for damaging their reputations. On 24 July 2026, Suksomruay Wantanayakul, Minister Attached to the Prime Minister’s Office and Member of Parliament from the Bhumjaithai Party for Amnat Charoen Province, who was among the individuals named in the petition, filed a criminal defamation complaint against Yingcheep at Muang Amnat Charoen Police Station. On 30 July 2026, Somphan Palasak and Daeng Kongma, two senators from Amnat Charoen Province filed separate criminal defamation complaints against Yingcheep at Muang Amnat Charoen Police Station over a Facebook post on 27 July 2026 in which Yingcheep alleged that they lacked the qualifications to contest the 2024 Senate election. The filing of these complaints in a location distant from Bangkok, where Yingcheep is based, places an additional burden on him by requiring him to travel to defend himself in legal proceedings, which is a practice characteristic of strategic lawsuits against public participation (SLAPPs). Articles 326 and 328 of the Criminal Code, which criminalise defamation, have been frequently used by state and non-state actors to pursue SLAPPs aimed at intimidating, silencing, and harassing human rights defenders. The Observatory recalls that since its founding in 2009, iLaw has played a prominent role in advancing democratic participation, freedom of expression, and a fair justice system in Thailand. The organisation has documented the impact of repressive laws and decrees adopted following the 2006 and 2014 military coups d’état and campaigned for their reform through public engagement and online advocacy. It has also worked to support citizen participation in legislative and constitutional reform processes, particularly through campaigns to collect signatures for proposed legislation and initiatives to amend Thailand’s military-backed 2017 Constitution. In addition, iLaw has contributed to strengthening electoral transparency by systematically documenting voting irregularities and mobilising citizens to participate in election observation. The June 2024 Senate election gave rise to allegations of systemic fraud and vote-buying. Under the new selection system, more than 40,000 candidates voted among themselves through multiple rounds of selection at the district, provincial, and national levels to determine the 200-member Senate. The results led to public scrutiny particularly due to the disproportionately high number of successful candidates from provinces where the Bhumjaithai Party enjoyed strong electoral support. A separate investigation conducted jointly by the Election Commission (EC) and the Department of Special Investigation (DSI) was concluded in July 2025. The investigation found sufficient evidence to prosecute 229 individuals, including 138 senators and 91 political figures associated with the Bhumjaithai Party, in connection with fraudulent practices during the June 2024 Senate election, in violation of the 2018 Organic Act on the Acquisition of Senators. However, in March 2026, an EC subcommittee voted to overturn the earlier finding. The conflicting recommendations were subsequently submitted to the EC for a final decision, which is expected in late August 2026. The Observatory denounces the criminal lawsuits against Yingcheep, which appear to be in retaliation against the peaceful exercise of his right to freedom of expression, as enshrined in international human rights law, in particular in Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Thailand is a state party. The Observatory calls upon the Thai authorities to ensure that all complaints are dropped and urges them to take concrete steps towards the decriminalisation of defamation under Articles 326 and 328 of the Criminal Code, which are used to intimidate, silence, and harass human rights defenders in Thailand.]]> Thailand: Lèse-majesté conviction and prison sentence of Arnon Nampa upheld by the Court of Appeals https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/thailand-lese-majeste-conviction-and-prison-sentence-of-arnon-nampa-upheld-by-the-court-of-appeals/ Tue, 04 Aug 2026 08:25:54 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25039 THA 002 / 0923 / OBS 038.9 Sentencing / Arbitrary detention / Judicial harassment/ Restriction to freedom of expression/ Restriction to peaceful assembly Thailand 4 August 2026 The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a partnership of the World Organisation Against Torture (OMCT) and the International Federation for Human Rights (FIDH), has received new information and requests your urgent intervention in the following situation in Thailand. New information: The Observatory has been informed about the lèse-majesté conviction and prison sentence imposed on Mr Arnon Nampa, a prominent pro-democracy activist, human rights lawyer, and recipient of the 2025 Front Line Defenders Award for Human Rights Defenders at Risk, who has been arbitrarily imprisoned since 26 September 2023 at the Bangkok Remand Prison. On 16 July 2026, the Court of Appeals Region 5 in Chiang Mai Province upheld the Chiang Mai Provincial Court’s conviction of Arnon Nampa and his two-year prison sentence under Article 112 (“lèse-majesté”) of the Criminal Code. The Court of Appeals concurred with the Chiang Mai Provincial Court’s reasoning that Mr Arnon’s speech constituted defamation of King Rama X. The charges stemmed from a speech he delivered during a protest organised by pro-democracy students in front of the Chiang Mai University Art Center on 23 November 2020. In his speech, which called for democratic reforms of the Thai monarchy, Arnon Nampa criticised the transfer of public property into the private ownership of King Rama X. On 27 March 2025, the Chiang Mai Provincial Court sentenced him to three years’ imprisonment, reducing it to two years because he had provided "valuable testimony" during the trial. This is the first ruling in a lèse-majesté case issued by a Court of Appeals in one of Arnon Nampa's 14 lèse-majesté cases, which add up to a cumulative prison sentence to 31 years, 9 months, and 20 days. The Observatory recalls that Arnon Nampa has been arbitrarily detained at the Bangkok Remand Prison since his first lèse-majesté conviction on 26 September 2023. Since then, Arnon Nampa has been convicted in 11 separate cases under Article 112 and sentenced repeatedly in connection with social media posts and speeches delivered during peaceful pro-democracy demonstrations between 2020 and 2021. The Observatory recently condemned his eleventh conviction and prison sentence, imposed by the Bangkok Criminal Court on 20 February 2026, under which he received a four-year prison sentence that was reduced to two years and eight months. All of his bail applications and appeals against bail denial orders have been rejected. Throughout the proceedings, Arnon Nampa has consistently denied the charges, maintaining that his speech and remarks constituted legitimate and constructive criticism protected under his right to freedom of expression. In addition to the lèse-majesté prosecutions, Arnon Nampa was sentenced in March 2025 by the Thanyaburi Provincial Court in Pathumthani Province to nine months in prison for violation of Article 116 of the Criminal Code (sedition) in connection with a speech delivered during a protest at Thammasat University (Rangsit Campus), Pathumthani Province. In the same month, he was also convicted of contempt of court by the Bangkok Criminal Court after removing his shirt in the courtroom to protest the court’s unprecedented decision to hold his sixth lèse-majesté trial in secret. The Observatory recalls that Arnon Nampa is currently facing legal proceedings in three additional lèse-majesté cases. On 30 August 2024, the United Nations Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) found Arnon Nampa’s detention to be “arbitrary” and urged the Thai government to release him “immediately” and “accord him an enforceable right to compensation and other reparations”. This opinion was issued in response to a petition filed jointly by the Observatory and Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) on 5 March 2024. The Observatory also notes that, on 8 July 2026, Thailand’s House of Representatives passed an amnesty covering victims of political prosecution between 2005 and 2025. The bill will be submitted to the Prime Minister before being presented to the King for royal assent. However, it explicitly excludes individuals charged or prosecuted for lèse-majesté, such as Arnon Nampa and 281 others, including many human rights defenders and 20 minors. The Observatory strongly condemns the upholding of Arnon Nampa’s conviction and prison sentence, his continued arbitrary detention, and the persistent judicial harassment against him. These actions appear to be solely intended to punish him for his legitimate human rights work and for the peaceful exercise of his rights to freedom of expression and peaceful assembly. The Observatory calls on the Thai authorities to immediately and unconditionally release Arnon Nampa and all other arbitrarily detained human rights defenders in Thailand, and to put an end to all forms of judicial harassment against them.]]> THA 002 / 0923 / OBS 038.9 Sentencing / Arbitrary detention / Judicial harassment/ Restriction to freedom of expression/ Restriction to peaceful assembly Thailand 4 August 2026 The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a partnership of the World Organisation Against Torture (OMCT) and the International Federation for Human Rights (FIDH), has received new information and requests your urgent intervention in the following situation in Thailand. New information: The Observatory has been informed about the lèse-majesté conviction and prison sentence imposed on Mr Arnon Nampa, a prominent pro-democracy activist, human rights lawyer, and recipient of the 2025 Front Line Defenders Award for Human Rights Defenders at Risk, who has been arbitrarily imprisoned since 26 September 2023 at the Bangkok Remand Prison. On 16 July 2026, the Court of Appeals Region 5 in Chiang Mai Province upheld the Chiang Mai Provincial Court’s conviction of Arnon Nampa and his two-year prison sentence under Article 112 (“lèse-majesté”) of the Criminal Code. The Court of Appeals concurred with the Chiang Mai Provincial Court’s reasoning that Mr Arnon’s speech constituted defamation of King Rama X. The charges stemmed from a speech he delivered during a protest organised by pro-democracy students in front of the Chiang Mai University Art Center on 23 November 2020. In his speech, which called for democratic reforms of the Thai monarchy, Arnon Nampa criticised the transfer of public property into the private ownership of King Rama X. On 27 March 2025, the Chiang Mai Provincial Court sentenced him to three years’ imprisonment, reducing it to two years because he had provided "valuable testimony" during the trial. This is the first ruling in a lèse-majesté case issued by a Court of Appeals in one of Arnon Nampa's 14 lèse-majesté cases, which add up to a cumulative prison sentence to 31 years, 9 months, and 20 days. The Observatory recalls that Arnon Nampa has been arbitrarily detained at the Bangkok Remand Prison since his first lèse-majesté conviction on 26 September 2023. Since then, Arnon Nampa has been convicted in 11 separate cases under Article 112 and sentenced repeatedly in connection with social media posts and speeches delivered during peaceful pro-democracy demonstrations between 2020 and 2021. The Observatory recently condemned his eleventh conviction and prison sentence, imposed by the Bangkok Criminal Court on 20 February 2026, under which he received a four-year prison sentence that was reduced to two years and eight months. All of his bail applications and appeals against bail denial orders have been rejected. Throughout the proceedings, Arnon Nampa has consistently denied the charges, maintaining that his speech and remarks constituted legitimate and constructive criticism protected under his right to freedom of expression. In addition to the lèse-majesté prosecutions, Arnon Nampa was sentenced in March 2025 by the Thanyaburi Provincial Court in Pathumthani Province to nine months in prison for violation of Article 116 of the Criminal Code (sedition) in connection with a speech delivered during a protest at Thammasat University (Rangsit Campus), Pathumthani Province. In the same month, he was also convicted of contempt of court by the Bangkok Criminal Court after removing his shirt in the courtroom to protest the court’s unprecedented decision to hold his sixth lèse-majesté trial in secret. The Observatory recalls that Arnon Nampa is currently facing legal proceedings in three additional lèse-majesté cases. On 30 August 2024, the United Nations Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) found Arnon Nampa’s detention to be “arbitrary” and urged the Thai government to release him “immediately” and “accord him an enforceable right to compensation and other reparations”. This opinion was issued in response to a petition filed jointly by the Observatory and Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) on 5 March 2024. The Observatory also notes that, on 8 July 2026, Thailand’s House of Representatives passed an amnesty covering victims of political prosecution between 2005 and 2025. The bill will be submitted to the Prime Minister before being presented to the King for royal assent. However, it explicitly excludes individuals charged or prosecuted for lèse-majesté, such as Arnon Nampa and 281 others, including many human rights defenders and 20 minors. The Observatory strongly condemns the upholding of Arnon Nampa’s conviction and prison sentence, his continued arbitrary detention, and the persistent judicial harassment against him. These actions appear to be solely intended to punish him for his legitimate human rights work and for the peaceful exercise of his rights to freedom of expression and peaceful assembly. The Observatory calls on the Thai authorities to immediately and unconditionally release Arnon Nampa and all other arbitrarily detained human rights defenders in Thailand, and to put an end to all forms of judicial harassment against them.]]> Tunisia: Appeal to stop imprisoning journalists and human rights defenders https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/tunisia-appeal-to-stop-imprisoning-journalists-and-human-rights-defenders/ Thu, 30 Jul 2026 10:30:06 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25213 Paris-Geneva, 30 July 2026 – The International Federation for Human RIghts (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, along with the undersigned members of IFEX and civil society partners, appeal to the Tunisian authorities to stop imprisoning journalists and human rights defenders in violation of international law. There is a pattern of sentencing to prison those who criticise government policies, human rights violations or corruption, during trials that lack the minimum international standards. Among those recently sentenced are well-known journalists Zied El-Heni, Sonia Dahmani and Haythem El-Mekki, and prominent human rights defenders Saadia Mosbah and Sihem Bensedrine. Zied El-Heni, a founding member of the National Union of Tunisian Journalists (SNJT), was sentenced to one year in prison on 7 May 2026 for social media posts critical of the authorities. He was tried outside the framework of Tunisia’s Press Freedom Decree-Law No. 115, on defamation charges filed without any prior individual complaint – a clear violation of press freedom standards. On 26 June 2026, El-Heni’s sentence was upheld by a judge in the correctional chamber of the Tunis Court of Appeal. He was sentenced on charges of "harm to others" under Article 86 of the Telecommunications Code for social media posts in which he criticised the unjust sentencing of journalist Khalifa Guesmi, who spent three and a half years wrongfully imprisoned, and a National Guard officer who died after being detained. He was sentenced for calling those responsible "criminals". In a separate unrelated case, on 9-10 June 2026, El-Heni was targeted in the "Carthage municipal property" case along with four former municipal officials. On 30 June 2026, the criminal chamber of the Tunis Court of First Instance postponed the trial to an undetermined date, and rejected the release requests filed by El-Heni and his co-defendants. The legal basis of this case concerns a property exchange dating back to 1967 when El-Heni was three years old, leaving it highly suspect that El-Heni bears responsibility in this case. As an adult, he served on the Carthage municipal council with the cultural affairs portfolio, and had no authority over property matters. It should be noted that these cases are taking place in a time of extreme heat where the court rooms are very hot. Within the span of four days, El-Heni was transported to court twice, both times in a windowless prison van, in the middle of a severe heatwave, alongside other detainees, and left handcuffed for hours without water, leaving him in pain and incapacitated. Among other journalists prosecuted in Tunisia recently for public comments critical of the authorities, Sonia Dahmani was sentenced to another two years in prison on charges related to criticising inhumane prison conditions from her prior sentences, at a hearing on 22 May 2026 at the Tunis Court of First Instance. She is appealing the sentence, and remains conditionally free after spending time behind bars on various charges related to her comments about harsh treatment of migrants in Tunisia. She is also facing charges of criticising the wave of arrests in Tunisia. Previously, on 11 May 2024, Dahmani was violently arrested by masked men who stormed the Tunis Bar Association headquarters after she made a sarcastic comment on television about racism against migrants in the country. On 30 June 2025, a Tunis court sentenced her to two years in prison. She was convicted three times under Decree-Law 54, the so-called "fake news" law used to silence dissenting voices. She was sentenced to a total of four years and two months in prison, and was detained at the Manouba Women’s Prison, under harsh and humiliating conditions. On 27 November 2025, Dahmani was released after spending more than 18 months in prison, following a conditional release order issued by the Ministry of Justice. On 15 July 2026, Haythem El-Mekki, a columnist and satirical journalist with the independent media outlet Rachma and Radio Mosaïque FM, was sentenced to one year in prison by the Sfax Court of Appeal, which overturned a lower court’s dismissal of charges following a social media post about problems at the Habib Bourguiba University Hospital. Among human rights defenders sentenced harshly this year is Saadia Mosbah, the co-founder of Mnemty ("My Dream" in Arabic) Association for Combating Racial Discrimination in Tunisia, which advocates for racial equality and on behalf of victims of racial discrimination in Tunisia. Her work has focused on combatting prejudice against migrants and promoting migrant and refugee rights. Mosbah was arrested on 6 May 2024 on false accusations of financial crimes, as perceived retaliation for comments about human rights violations of migrants. On 19 March 2026, the Tunis Court of First Instance sentenced Mosbah to eight years in prison and a fine of over €36,000. The Court also handed down fines and prison sentences of one to three years against other colleagues from the Mnemty Association. The sentence was upheld on 26 June 2026, and Mosbah and her colleagues filed an appeal. Prominent human rights defender Sihem Bensedrine is awaiting appeal after being sentenced to a combined 25 years in prison in two cases related to her work as President of the Truth and Dignity Commission (TDC) from 2014 to 2018. Bensedrine was arrested on 1 August 2024 and held in Manouba prison, where she carried out a hunger strike to protest the charges against her, until her release on 19 February 2025. She was sentenced on 26 June 2026 by the Court of First Instance of Tunis to 10 years and 15 years on charges of "fraud," "use of forged documents," and "abuse of official capacity to harm the administration," as a result of the Commission’s final report, specifically the chapter concerning corruption in the banking sector. The TDC was established under Organic Law No. 53 of 2013 on Establishing and Organizing Transitional Justice, and Article 69 stipulates that TDC members and staff are not responsible for its contents. She remains free while awaiting appeal. These are just a few cases that form part of the backsliding of human rights in Tunisia, in which civil society is being targeted with retaliation. Recommendations : The undersigned NGOs call on the Tunisian authorities to:

Free those unjustly imprisoned on charges related to freedom of expression, and their work documenting human rights violations, and drop all charges against them;
End the abuse of laws such as the Telecommunications Code and Decree-Law 54 to persecute journalists for exercising their rights to free speech;
Stop imprisoning government critics on false charges related to so-called financial crimes, corruption or fraud; and
Ensure that those held in prison are treated humanely and fairly, including while attending trials.

Free those unjustly imprisoned on charges related to freedom of expression, and their work documenting human rights violations, and drop all charges against them;
End the abuse of laws such as the Telecommunications Code and Decree-Law 54 to persecute journalists for exercising their rights to free speech;
Stop imprisoning government critics on false charges related to so-called financial crimes, corruption or fraud; and
Ensure that those held in prison are treated humanely and fairly, including while attending trials.

Also, as the alarm has been sounded on Tunisia for a long time in recent years, we call on all the international mechanisms including the United Nations system to publicly condemn the Tunisian government’s repression and take actions to stop the massive human violations.]]> Maroc : détention arbitraire et harcèlement judiciaire du cinéaste et rappeur El Mahdi Lyoubi en lien avec son travail artistique et son soutien au mouvement GenZ 212 https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/maroc-detention-arbitraire-et-harcelement-judiciaire-du-cineaste-et-rappeur-el-mahdi-lyoubi-en-lien-avec-son-travail-artistique-et-son-soutien-au-mouvement-genz-212/ Thu, 30 Jul 2026 10:10:13 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25203 El Mahdi Lyoubi, connu sous le nom de scène “Mehdi Black Wind”, cinéaste, réalisateur documentariste, musicien et défenseur des droits humains marocain, actuellement placé en détention provisoire à la prison d’Oukacha à Casablanca. Le 10 juillet 2026, alors qu’il s’apprêtait à embarquer à l’aéroport de Rabat pour rentrer à Marseille à l’issue d’une visite familiale et de repérages pour son prochain film documentaire, El Mahdi Lyoubi a vu son passeport tamponné avant d’être intercepté par un policier qui lui a notifié une interdiction de quitter le territoire marocain, sans la moindre explication. Conduit au commissariat de Salé, il a reçu une convocation à se présenter le lundi 13 juillet à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) de Casablanca. Cette convocation ne précisait ni les motifs de l’enquête ni l’identité de l’officier en charge du dossier. Le 13 juillet 2026, El Mahdi Lyoubi a été interrogé tout au long de la journée à la BNPJ, puis placé en garde à vue le soir même. Sa famille n’a été informée de son arrestation que tardivement dans la soirée. Le 15 juillet 2026, El Mahdi Lyoubi a été présenté au procureur, qui l’a placé en détention provisoire et l’a déféré en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Casablanca. Sa famille et ses proches n’ont appris que dans l’après-midi qu’il comparaîtrait devant le tribunal le jour même. L’audience a constitué la première occasion pour sa famille et ses soutiens, présents en nombre, de le voir depuis son placement en garde à vue. El Mahdi Lyoubi a refusé de comparaître en l’absence de représentation juridique, en raison de la grève des avocat·es en cours au Maroc depuis plus d’un mois. Le tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire au 22 juillet 2026, afin qu’il puisse constituer sa défense. Dans l’attente de son procès, il a été transféré à la prison d’Oukacha à Casablanca. Selon les informations recueillies auprès du comité de sa défense, El Mahdi Lyoubi serait poursuivi pour « outrage à une institution constitutionnelle » en vertu de l’article 179 du Code pénal et sur la base des paroles de ses chansons. Cet article prévoit une peine pouvant aller jusqu’à quatre ans d’emprisonnement. Le 22 juillet 2026, El Mahdi Lyoubi a comparu devant le tribunal de première instance d’Aïn Sebaa. À sa demande, l’audience a été renvoyée au 31 juillet 2026, afin de lui permettre de préparer sa défense, la grève nationale des avocat·es ne lui ayant toujours pas permis de bénéficier d’une représentation juridique et, par conséquent, de jouir pleinement de ses droits de la défense. En fin d’audience, le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté provisoire présentée par sa famille. Au moment de la publication de cet appel urgent El Mahdi Lyoubi demeure en détention provisoire à la prison d’Oukacha. L’Observatoire rappelle que la détention d’El Mahdi Lyoubi ne constitue pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans le contexte d’une répression systématique de l’expression artistique et de la dissidence civique au Maroc, qui s’est intensifiée depuis l’émergence du mouvement GenZ 212 à l’automne 2025. Ce mouvement, coordonné par des jeunes sur les réseaux sociaux et via des groupes Discord, a rassemblé plus de 185 000 participant·es et a entraîné la mise en détention de plus de 1 000 personnes, certain·es ayant été condamné·es à des peines allant jusqu’à 15 ans d’emprisonnement pour « entrave à la circulation sur la voie publique au moyen de barricades ». L’Observatoire note que la détention d’El Mahdi Lyoubi constitue une privation arbitraire de liberté en violation des obligations constitutionnelles et internationales du Maroc. L’Observatoire condamne ainsi fermement la détention arbitraire d’El Mahdi Lyoubi et considère que les poursuites engagées à son encontre semblent uniquement viser à le sanctionner pour l’exercice légitime de ses activités artistiques et de défense des droits humains. L’Observatoire exhorte les autorités marocaines à libérer immédiatement El Mahdi Lyoubi et à abandonner l’ensemble des charges retenues contre lui et à mettre fin à toute forme de harcèlement judiciaire à son encontre.]]> El Mahdi Lyoubi, connu sous le nom de scène “Mehdi Black Wind”, cinéaste, réalisateur documentariste, musicien et défenseur des droits humains marocain, actuellement placé en détention provisoire à la prison d’Oukacha à Casablanca. Le 10 juillet 2026, alors qu’il s’apprêtait à embarquer à l’aéroport de Rabat pour rentrer à Marseille à l’issue d’une visite familiale et de repérages pour son prochain film documentaire, El Mahdi Lyoubi a vu son passeport tamponné avant d’être intercepté par un policier qui lui a notifié une interdiction de quitter le territoire marocain, sans la moindre explication. Conduit au commissariat de Salé, il a reçu une convocation à se présenter le lundi 13 juillet à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) de Casablanca. Cette convocation ne précisait ni les motifs de l’enquête ni l’identité de l’officier en charge du dossier. Le 13 juillet 2026, El Mahdi Lyoubi a été interrogé tout au long de la journée à la BNPJ, puis placé en garde à vue le soir même. Sa famille n’a été informée de son arrestation que tardivement dans la soirée. Le 15 juillet 2026, El Mahdi Lyoubi a été présenté au procureur, qui l’a placé en détention provisoire et l’a déféré en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Casablanca. Sa famille et ses proches n’ont appris que dans l’après-midi qu’il comparaîtrait devant le tribunal le jour même. L’audience a constitué la première occasion pour sa famille et ses soutiens, présents en nombre, de le voir depuis son placement en garde à vue. El Mahdi Lyoubi a refusé de comparaître en l’absence de représentation juridique, en raison de la grève des avocat·es en cours au Maroc depuis plus d’un mois. Le tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire au 22 juillet 2026, afin qu’il puisse constituer sa défense. Dans l’attente de son procès, il a été transféré à la prison d’Oukacha à Casablanca. Selon les informations recueillies auprès du comité de sa défense, El Mahdi Lyoubi serait poursuivi pour « outrage à une institution constitutionnelle » en vertu de l’article 179 du Code pénal et sur la base des paroles de ses chansons. Cet article prévoit une peine pouvant aller jusqu’à quatre ans d’emprisonnement. Le 22 juillet 2026, El Mahdi Lyoubi a comparu devant le tribunal de première instance d’Aïn Sebaa. À sa demande, l’audience a été renvoyée au 31 juillet 2026, afin de lui permettre de préparer sa défense, la grève nationale des avocat·es ne lui ayant toujours pas permis de bénéficier d’une représentation juridique et, par conséquent, de jouir pleinement de ses droits de la défense. En fin d’audience, le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté provisoire présentée par sa famille. Au moment de la publication de cet appel urgent El Mahdi Lyoubi demeure en détention provisoire à la prison d’Oukacha. L’Observatoire rappelle que la détention d’El Mahdi Lyoubi ne constitue pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans le contexte d’une répression systématique de l’expression artistique et de la dissidence civique au Maroc, qui s’est intensifiée depuis l’émergence du mouvement GenZ 212 à l’automne 2025. Ce mouvement, coordonné par des jeunes sur les réseaux sociaux et via des groupes Discord, a rassemblé plus de 185 000 participant·es et a entraîné la mise en détention de plus de 1 000 personnes, certain·es ayant été condamné·es à des peines allant jusqu’à 15 ans d’emprisonnement pour « entrave à la circulation sur la voie publique au moyen de barricades ». L’Observatoire note que la détention d’El Mahdi Lyoubi constitue une privation arbitraire de liberté en violation des obligations constitutionnelles et internationales du Maroc. L’Observatoire condamne ainsi fermement la détention arbitraire d’El Mahdi Lyoubi et considère que les poursuites engagées à son encontre semblent uniquement viser à le sanctionner pour l’exercice légitime de ses activités artistiques et de défense des droits humains. L’Observatoire exhorte les autorités marocaines à libérer immédiatement El Mahdi Lyoubi et à abandonner l’ensemble des charges retenues contre lui et à mettre fin à toute forme de harcèlement judiciaire à son encontre.]]> Maroc : pour la libération immédiate du cinéaste et rappeur marocain El Mahdi Lyoubi https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/maroc-pour-la-liberation-immediate-du-cineaste-et-rappeur-marocain-el-mahdi-lyoubi/ Tue, 28 Jul 2026 10:03:58 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25198 Paris-Genève, 28 juillet 2026 - Détenu depuis le 13 juillet 2026 à la suite d’une interdiction de quitter le territoire dont les motifs n’ont pas été rendus publics, le cinéaste et musicien marocain El Mahdi Lyoubi est au cœur d’une affaire qui soulève de sérieuses préoccupations pour la liberté d’expression et de création artistique au Maroc. La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), dans le cadre de l’Observatoire pour la protection des défenseur·es des droits humains, ainsi qu’un collectif d’institutions culturelles, d’associations professionnelles, de journalistes, de personnalités universitaires, littéraires et artistiques et de défenseur·es des droits humains, appelle les autorités marocaines à le libérer immédiatement. Né en 1992 à Salé et installé à Marseille depuis 2017, El Mahdi Lyoubi s’est formé à la Fémis et mène depuis plusieurs années une carrière de réalisateur reconnue à l’international. Son court métrage documentaire "Marseille, 14 juillet" a été sélectionné dans de nombreux festivals, parmi lesquels New Directors-New Films (MoMA, New York), le Sheffield DocFest, le festival de Kerala, les Escales documentaires, le Festival franco-arabe de Noisy-le-Sec, le Festival de cinéma africain de Tarifa et le Festival de Thessalonique. Il travaille actuellement à son premier long métrage documentaire, un projet sélectionné en 2025 par le Fonds arabe pour les arts et la culture (Afac). Connu également sur la scène musicale marocaine sous le nom de Mehdi Black Wind, il développe depuis les années 2010 une œuvre portant sur des questions de justice sociale et de liberté d’expression. En septembre 2025, il s’est produit au festival L’Boulevard à Casablanca devant plus de 50 000 personnes. Le 10 juillet 2026, alors qu’il s’apprêtait à regagner Marseille après un séjour familial et des repérages pour son prochain documentaire, El Mahdi Lyoubi a été informé en salle d’embarquement de l’aéroport de Rabat-Salé d’une interdiction de quitter le territoire le visant, sans lui communiquer les motifs de cette décision. Empêché d’embarquer vers la France, il a été renvoyé vers le commissariat de Salé, où les agents présents n’ont pas plus été en mesure de lui expliquer cette décision, et lui ont remis une convocation à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) de Casablanca pour le lundi 13 juillet 2026. Auditionné toute la journée, il a été placé en garde à vue le soir même. Ses proches n’ont été informé·es que tardivement, et de manière informelle, que son arrestation serait liée à des publications sur les réseaux sociaux, sans autre précision, et qu’il passerait devant le procureur mercredi 15 juillet. Déféré devant le procureur puis présenté à un juge, El Mahdi Lyoubi a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d’Oukacha dans l’attente de son audience d'abord fixée au 22 juillet puis reportée au 31 juillet. Cette procédure se déroule dans le contexte de la grève généralisée des avocats au Maroc qui empêchent ces derniers de l’assister. A ce jour, ses avocates n’ont donc toujours pas pu s’entretenir avec lui ni avoir accès au dossier judiciaire. Sa famille n’a pas non plus eu le droit de lui rendre visite en détention. Une dérive préoccupante visant l’expression artistique L’arrestation d’El Mahdi Lyoubi ne constitue pas un cas isolé. Depuis l’automne 2025, plusieurs artistes ont été poursuivis ou condamnés au Maroc pour le contenu de leurs œuvres ou de leurs publications. Le rappeur Jawad Asradi, connu sous le nom de Pause Flow, a été arrêté en novembre 2025 et placé en détention provisoire en raison des paroles de plusieurs de ses chansons, avant d’être condamné à trois mois de prison avec sursis pour outrage à un corps constitué, peine confirmée en appel en juin 2026. Le rappeur Hamza Raid a été interpellé à Casablanca et condamnée à six mois de prison avec sursis. En mars 2026, le rappeur Souhaib Qabli, âgé de 20 ans, a été condamné à huit mois de prison ferme pour outrage à une institution constitutionnelle et diffusion de fausses nouvelles. En février 2026, la distributrice de cinéma Zineb Kharroubi a été condamnée à six mois de prison avec sursis pour incitation à commettre des crimes ou délits par voie électronique. Ces affaires, distinctes dans leurs modalités, dessinent pourtant une même tendance : la criminalisation croissante de l’expression artistique. Or, l’article 25 de la Constitution du royaume du Maroc garantit les libertés de pensée, d’opinion et d’expression sous toutes leurs formes. C’est au nom de ce texte fondamental, autant que des engagements internationaux du Royaume, que nous exprimons notre préoccupation. Elles s’inscrivent dans un contexte marqué, depuis l’automne 2025, par le mouvement de contestation GenZ 212. Ce mouvement, coordonné en grande partie sur les réseaux sociaux, portait des revendications relatives à l’accès à la santé et à l’éducation, à la lutte contre la corruption et à la liberté d’expression. Convaincu·es que la liberté de création et d’expression est une condition essentielle à la vitalité culturelle et démocratique de toute société, les signataires de cette lettre, demandent aux autorités marocaines de :

Garantir à El Mahdi Lyoubi l’ensemble des droits et garanties procédurales reconnus par la Constitution marocaine, la législation nationale et les engagements internationaux du royaume du Maroc, notamment le plein exercice des droits de la défense ;
Réexaminer sans délai toute mesure restrictive de liberté ou de circulation prise à son encontre afin de s’assurer qu’elle repose sur une base légale claire, qu’elle réponde à un objectif légitime et qu’elle respecte les principes de nécessité et de proportionnalité ;
Veiller à ce que le traitement de cette affaire soit pleinement conforme aux garanties du procès équitable ainsi qu’aux obligations constitutionnelles et internationales du Maroc en matière de protection des droits humains et des libertés fondamentales ;
Renforcer les conditions permettant aux artistes, créateurs et acteurs culturels d’exercer librement leurs activités et de participer au débat public dans un climat respectueux des libertés, du pluralisme et de la diversité des expressions artistiques et culturelles ;
Libérer immédiatement et sans condition El Mahdi Lyoubi.

Nous restons attentif·ves à l’évolution de ce dossier et disponibles pour tout dialogue constructif avec les autorités compétentes.]]> Paris-Genève, 28 juillet 2026 - Détenu depuis le 13 juillet 2026 à la suite d’une interdiction de quitter le territoire dont les motifs n’ont pas été rendus publics, le cinéaste et musicien marocain El Mahdi Lyoubi est au cœur d’une affaire qui soulève de sérieuses préoccupations pour la liberté d’expression et de création artistique au Maroc. La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), dans le cadre de l’Observatoire pour la protection des défenseur·es des droits humains, ainsi qu’un collectif d’institutions culturelles, d’associations professionnelles, de journalistes, de personnalités universitaires, littéraires et artistiques et de défenseur·es des droits humains, appelle les autorités marocaines à le libérer immédiatement. Né en 1992 à Salé et installé à Marseille depuis 2017, El Mahdi Lyoubi s’est formé à la Fémis et mène depuis plusieurs années une carrière de réalisateur reconnue à l’international. Son court métrage documentaire "Marseille, 14 juillet" a été sélectionné dans de nombreux festivals, parmi lesquels New Directors-New Films (MoMA, New York), le Sheffield DocFest, le festival de Kerala, les Escales documentaires, le Festival franco-arabe de Noisy-le-Sec, le Festival de cinéma africain de Tarifa et le Festival de Thessalonique. Il travaille actuellement à son premier long métrage documentaire, un projet sélectionné en 2025 par le Fonds arabe pour les arts et la culture (Afac). Connu également sur la scène musicale marocaine sous le nom de Mehdi Black Wind, il développe depuis les années 2010 une œuvre portant sur des questions de justice sociale et de liberté d’expression. En septembre 2025, il s’est produit au festival L’Boulevard à Casablanca devant plus de 50 000 personnes. Le 10 juillet 2026, alors qu’il s’apprêtait à regagner Marseille après un séjour familial et des repérages pour son prochain documentaire, El Mahdi Lyoubi a été informé en salle d’embarquement de l’aéroport de Rabat-Salé d’une interdiction de quitter le territoire le visant, sans lui communiquer les motifs de cette décision. Empêché d’embarquer vers la France, il a été renvoyé vers le commissariat de Salé, où les agents présents n’ont pas plus été en mesure de lui expliquer cette décision, et lui ont remis une convocation à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) de Casablanca pour le lundi 13 juillet 2026. Auditionné toute la journée, il a été placé en garde à vue le soir même. Ses proches n’ont été informé·es que tardivement, et de manière informelle, que son arrestation serait liée à des publications sur les réseaux sociaux, sans autre précision, et qu’il passerait devant le procureur mercredi 15 juillet. Déféré devant le procureur puis présenté à un juge, El Mahdi Lyoubi a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d’Oukacha dans l’attente de son audience d'abord fixée au 22 juillet puis reportée au 31 juillet. Cette procédure se déroule dans le contexte de la grève généralisée des avocats au Maroc qui empêchent ces derniers de l’assister. A ce jour, ses avocates n’ont donc toujours pas pu s’entretenir avec lui ni avoir accès au dossier judiciaire. Sa famille n’a pas non plus eu le droit de lui rendre visite en détention. Une dérive préoccupante visant l’expression artistique L’arrestation d’El Mahdi Lyoubi ne constitue pas un cas isolé. Depuis l’automne 2025, plusieurs artistes ont été poursuivis ou condamnés au Maroc pour le contenu de leurs œuvres ou de leurs publications. Le rappeur Jawad Asradi, connu sous le nom de Pause Flow, a été arrêté en novembre 2025 et placé en détention provisoire en raison des paroles de plusieurs de ses chansons, avant d’être condamné à trois mois de prison avec sursis pour outrage à un corps constitué, peine confirmée en appel en juin 2026. Le rappeur Hamza Raid a été interpellé à Casablanca et condamnée à six mois de prison avec sursis. En mars 2026, le rappeur Souhaib Qabli, âgé de 20 ans, a été condamné à huit mois de prison ferme pour outrage à une institution constitutionnelle et diffusion de fausses nouvelles. En février 2026, la distributrice de cinéma Zineb Kharroubi a été condamnée à six mois de prison avec sursis pour incitation à commettre des crimes ou délits par voie électronique. Ces affaires, distinctes dans leurs modalités, dessinent pourtant une même tendance : la criminalisation croissante de l’expression artistique. Or, l’article 25 de la Constitution du royaume du Maroc garantit les libertés de pensée, d’opinion et d’expression sous toutes leurs formes. C’est au nom de ce texte fondamental, autant que des engagements internationaux du Royaume, que nous exprimons notre préoccupation. Elles s’inscrivent dans un contexte marqué, depuis l’automne 2025, par le mouvement de contestation GenZ 212. Ce mouvement, coordonné en grande partie sur les réseaux sociaux, portait des revendications relatives à l’accès à la santé et à l’éducation, à la lutte contre la corruption et à la liberté d’expression. Convaincu·es que la liberté de création et d’expression est une condition essentielle à la vitalité culturelle et démocratique de toute société, les signataires de cette lettre, demandent aux autorités marocaines de :

Garantir à El Mahdi Lyoubi l’ensemble des droits et garanties procédurales reconnus par la Constitution marocaine, la législation nationale et les engagements internationaux du royaume du Maroc, notamment le plein exercice des droits de la défense ;
Réexaminer sans délai toute mesure restrictive de liberté ou de circulation prise à son encontre afin de s’assurer qu’elle repose sur une base légale claire, qu’elle réponde à un objectif légitime et qu’elle respecte les principes de nécessité et de proportionnalité ;
Veiller à ce que le traitement de cette affaire soit pleinement conforme aux garanties du procès équitable ainsi qu’aux obligations constitutionnelles et internationales du Maroc en matière de protection des droits humains et des libertés fondamentales ;
Renforcer les conditions permettant aux artistes, créateurs et acteurs culturels d’exercer librement leurs activités et de participer au débat public dans un climat respectueux des libertés, du pluralisme et de la diversité des expressions artistiques et culturelles ;
Libérer immédiatement et sans condition El Mahdi Lyoubi.

Nous restons attentif·ves à l’évolution de ce dossier et disponibles pour tout dialogue constructif avec les autorités compétentes.]]> Togo : Trois mois de détention provisoire du poète Affectio pour avoir photographié un chantier public https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/togo-trois-mois-de-detention-provisoire-du-poete-affectio-pour-avoir-photographie-un-chantier-public/ Fri, 24 Jul 2026 19:24:07 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25125 Lomé – Genève – Paris, 23 juillet 2026. L’Observatoire pour la protection des défenseur·es des droits humains, un partenariat de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), le Centre de Documentation et de Formation sur les Droits (CDFDH), l’Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA), Service International pour les Droits de l’Homme (sigle en anglais ISHR), la Coalition Togolaise des Défenseurs des Droits de l'Homme (CTDDH) et le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits de l'Homme (ROADDH), condamnent les trois mois de détention arbitraire de M. Honoré Sitsopé Sokpor dit « Affectio » au Togo, et réclament sa libération immédiate et inconditionnelle. M. Honoré Sitsopé Sokpor, plus connu sous le pseudonyme « Affectio », est un poète et cyberactiviste togolais engagé contre les injustices sociales qui fait l’objet d’un harcèlement judiciaire depuis plus d’un an et demi. Il est aujourd’hui détenu depuis trois mois à la prison civile de Lomé en raison de l’exercice légitime de son droit à la liberté d’expression, de diffusion et d’accès à l’information. Arrêté arbitrairement une première fois le 12 janvier 2025 à Lomé à la suite d’une publication sur les réseaux sociaux d’un poème critique du pouvoir intitulé « Fais ta part », Affectio a été inculpé par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé pour « atteinte à la sûreté de l’État » le 14 janvier 2025. Un fondement juridique défini de manière trop vague dans le Code pénal, comme l’ont rappelé plusieurs experts des Nations unies dans une lettre adressée aux autorités togolaises en date du 30 avril 2026. Affectio a finalement été remis en liberté provisoire le 31 décembre 2025. L’Observatoire et le CDFDH avaient alors salué cette mesure de clémence concernant Affectio ainsi que plusieurs dizaines d’autres défenseur·es des droits humains tout en rappelant que le maintien des poursuites pénales à leur encontre en raison de leurs activités légitimes alimentait un climat d’insécurité juridique, de pression judiciaire et d’autocensure incompatible avec un État de droit respectueux des libertés publiques. Cette mesure de clémence n’a en effet pas empêché la poursuite de la criminalisation de certain·es défenseur·es des droits humains au cours des mois suivants. Le 24 avril 2026, alors qu’il photographiait un chantier public, Affectio a été arrêté une seconde fois par l’unité Anti-gang de Didjolé qui l’a menotté et a fouillé son téléphone. Affectio a rapporté à cet égard que les menottes à ses poignets étaient « trop serrées » et qu’il a reçu plusieurs coups portés par les agents, notamment au niveau de la tête. Il a ensuite été emmené et maintenu à la gendarmerie d’Agoè-Nyivé durant six jours. Présenté à un juge d’instruction le 1er mai 2026, le chef d’accusation retenu contre Affectio est resté le même que lors de sa première arrestation. Il a ensuite été conduit au Service Central de Recherches et d'Investigations Criminelles (SCRIC) durant trois jours, avant d’être déféré à la prison civile de Lomé le 4 mai 2026. Les organisations signataires relèvent que l’article 52 et suivants du Code de procédure pénale limitent la durée légale d’une garde à vue à 48 heures, renouvelable une seule fois pour une durée équivalente sur autorisation du procureur de la République. Or, lors de cette seconde arrestation, Affectio est resté en garde à vue au moins dix jours sans cette autorisation préalable. Malgré la dénonciation de sa seconde arrestation arbitraire par l’Observatoire et d’autres organisations de la société civile, qui s’inscrit dans le prolongement de sa première arrestation qui avait déjà soulevé les préoccupations de la Rapporteure Spéciale des Nations unies sur les défenseur·es des droits humains, Affectio entame à ce jour son quatrième mois de détention arbitraire. Les organisations signataires condamnent donc fermement la poursuite de sa détention, sa garde à vue prolongée, et les allégations de torture et de mauvais traitements à son encontre, en ce que ces actes ne semblent viser qu’à le punir pour l’exercice légitime de sa liberté d’expression, de diffusion et d’accès à l’information. Ces libertés sont pourtant consacrées en droit international des droits humains à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi qu’en droit national à l’article 5 de la Déclaration solennelle des droits et devoirs fondamentaux des personnes et des citoyens qui a valeur constitutionnelle et sont garanties par le Code de la presse de 2020 qui dispose en son article 6 : « Toute personne a la liberté d’exprimer et de diffuser par parole, écrit ou tous autres moyens, ses opinions ou les informations qu’elle détient, dans le respect des limites définies par la loi ». Toutes les organisations signataires appellent donc une nouvelle fois l’État togolais à libérer immédiatement et sans conditions Affectio, et à cesser le harcèlement judiciaire à son encontre ainsi qu’à l’encontre de tou·tes défenseur·es des droits humains dans le pays. Les charges qui pèsent contre Affectio, de même qu’à l’encontre des autres défenseur·es libéré·es provisoirement en décembre 2025, doivent être abandonnées. Les organisations signataires exhortent également le procureur de la République à diligenter des enquêtes indépendantes sur les allégations de torture et de mauvais traitements lors de la seconde arrestation d’Affectio du 24 avril 2026, conformément à l’article 12 de la Convention contre la torture des Nations unies, ainsi que sur les circonstances des deux privations arbitraires de liberté d’Affectio, et à identifier les responsables et à les sanctionner, conformément aux Observations finales du Comité contre la torture des Nations unies en 2019. Plus largement, l’exercice du droit de défendre les droits humains au Togo expose la société civile à un risque considérable de subir des actes de torture et de mauvais traitements selon l’Indice mondial contre la torture de l’Organisation mondiale contre la torture. Dans ce contexte, il est urgent que la loi sur la reconnaissance et la protection des défenseur·es des droits humains soit présentée devant l’Assemblée nationale sans délai après consultation de la société civile, conformément aux recommandations du Comité des droits de l’Homme de 2021 de l’Examen périodique universel (EPU) du Togo en 2022 et à l’engagement du gouvernement qui avait promis de le faire en 2024. Ce cadre législatif constitue une étape essentielle pour garantir un environnement de travail sûr, favorable et propice aux activités de la société civile.]]> Lomé – Genève – Paris, 23 juillet 2026. L’Observatoire pour la protection des défenseur·es des droits humains, un partenariat de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), le Centre de Documentation et de Formation sur les Droits (CDFDH), l’Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA), Service International pour les Droits de l’Homme (sigle en anglais ISHR), la Coalition Togolaise des Défenseurs des Droits de l'Homme (CTDDH) et le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits de l'Homme (ROADDH), condamnent les trois mois de détention arbitraire de M. Honoré Sitsopé Sokpor dit « Affectio » au Togo, et réclament sa libération immédiate et inconditionnelle. M. Honoré Sitsopé Sokpor, plus connu sous le pseudonyme « Affectio », est un poète et cyberactiviste togolais engagé contre les injustices sociales qui fait l’objet d’un harcèlement judiciaire depuis plus d’un an et demi. Il est aujourd’hui détenu depuis trois mois à la prison civile de Lomé en raison de l’exercice légitime de son droit à la liberté d’expression, de diffusion et d’accès à l’information. Arrêté arbitrairement une première fois le 12 janvier 2025 à Lomé à la suite d’une publication sur les réseaux sociaux d’un poème critique du pouvoir intitulé « Fais ta part », Affectio a été inculpé par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé pour « atteinte à la sûreté de l’État » le 14 janvier 2025. Un fondement juridique défini de manière trop vague dans le Code pénal, comme l’ont rappelé plusieurs experts des Nations unies dans une lettre adressée aux autorités togolaises en date du 30 avril 2026. Affectio a finalement été remis en liberté provisoire le 31 décembre 2025. L’Observatoire et le CDFDH avaient alors salué cette mesure de clémence concernant Affectio ainsi que plusieurs dizaines d’autres défenseur·es des droits humains tout en rappelant que le maintien des poursuites pénales à leur encontre en raison de leurs activités légitimes alimentait un climat d’insécurité juridique, de pression judiciaire et d’autocensure incompatible avec un État de droit respectueux des libertés publiques. Cette mesure de clémence n’a en effet pas empêché la poursuite de la criminalisation de certain·es défenseur·es des droits humains au cours des mois suivants. Le 24 avril 2026, alors qu’il photographiait un chantier public, Affectio a été arrêté une seconde fois par l’unité Anti-gang de Didjolé qui l’a menotté et a fouillé son téléphone. Affectio a rapporté à cet égard que les menottes à ses poignets étaient « trop serrées » et qu’il a reçu plusieurs coups portés par les agents, notamment au niveau de la tête. Il a ensuite été emmené et maintenu à la gendarmerie d’Agoè-Nyivé durant six jours. Présenté à un juge d’instruction le 1er mai 2026, le chef d’accusation retenu contre Affectio est resté le même que lors de sa première arrestation. Il a ensuite été conduit au Service Central de Recherches et d'Investigations Criminelles (SCRIC) durant trois jours, avant d’être déféré à la prison civile de Lomé le 4 mai 2026. Les organisations signataires relèvent que l’article 52 et suivants du Code de procédure pénale limitent la durée légale d’une garde à vue à 48 heures, renouvelable une seule fois pour une durée équivalente sur autorisation du procureur de la République. Or, lors de cette seconde arrestation, Affectio est resté en garde à vue au moins dix jours sans cette autorisation préalable. Malgré la dénonciation de sa seconde arrestation arbitraire par l’Observatoire et d’autres organisations de la société civile, qui s’inscrit dans le prolongement de sa première arrestation qui avait déjà soulevé les préoccupations de la Rapporteure Spéciale des Nations unies sur les défenseur·es des droits humains, Affectio entame à ce jour son quatrième mois de détention arbitraire. Les organisations signataires condamnent donc fermement la poursuite de sa détention, sa garde à vue prolongée, et les allégations de torture et de mauvais traitements à son encontre, en ce que ces actes ne semblent viser qu’à le punir pour l’exercice légitime de sa liberté d’expression, de diffusion et d’accès à l’information. Ces libertés sont pourtant consacrées en droit international des droits humains à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi qu’en droit national à l’article 5 de la Déclaration solennelle des droits et devoirs fondamentaux des personnes et des citoyens qui a valeur constitutionnelle et sont garanties par le Code de la presse de 2020 qui dispose en son article 6 : « Toute personne a la liberté d’exprimer et de diffuser par parole, écrit ou tous autres moyens, ses opinions ou les informations qu’elle détient, dans le respect des limites définies par la loi ». Toutes les organisations signataires appellent donc une nouvelle fois l’État togolais à libérer immédiatement et sans conditions Affectio, et à cesser le harcèlement judiciaire à son encontre ainsi qu’à l’encontre de tou·tes défenseur·es des droits humains dans le pays. Les charges qui pèsent contre Affectio, de même qu’à l’encontre des autres défenseur·es libéré·es provisoirement en décembre 2025, doivent être abandonnées. Les organisations signataires exhortent également le procureur de la République à diligenter des enquêtes indépendantes sur les allégations de torture et de mauvais traitements lors de la seconde arrestation d’Affectio du 24 avril 2026, conformément à l’article 12 de la Convention contre la torture des Nations unies, ainsi que sur les circonstances des deux privations arbitraires de liberté d’Affectio, et à identifier les responsables et à les sanctionner, conformément aux Observations finales du Comité contre la torture des Nations unies en 2019. Plus largement, l’exercice du droit de défendre les droits humains au Togo expose la société civile à un risque considérable de subir des actes de torture et de mauvais traitements selon l’Indice mondial contre la torture de l’Organisation mondiale contre la torture. Dans ce contexte, il est urgent que la loi sur la reconnaissance et la protection des défenseur·es des droits humains soit présentée devant l’Assemblée nationale sans délai après consultation de la société civile, conformément aux recommandations du Comité des droits de l’Homme de 2021 de l’Examen périodique universel (EPU) du Togo en 2022 et à l’engagement du gouvernement qui avait promis de le faire en 2024. Ce cadre législatif constitue une étape essentielle pour garantir un environnement de travail sûr, favorable et propice aux activités de la société civile.]]> India: Khurram Parvez and Irfan Mehraj released on bail https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/india-khurram-parvez-and-irfan-mehraj-released-on-bail/ Wed, 22 Jul 2026 09:15:36 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25154 Paris-Geneva, 22 July 2026 - On 18 July 2026, a District and Sessions Judge in New Delhi granted bail to Kashmiri human rights defenders Khurram Parvez and Irfan Mehraj in a case for which they were arrested in March 2023. Khurram and Irfan were released on bail, subject to stringent bail conditions, on 22 July 2026. While this decision offers some relief after 1,703 days of arbitrary detention without trial for Khurram and 1,219 days for Irfan, harassment through legal means against them continues. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders - a partnership between the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT) - welcomes their release on bail and demands that Indian authorities immediately drop all charges against them and terminate ongoing legal proceedings. The case in which Khurram Parvez, a prominent Kashmiri human rights defender, and Irfan Mehraj, a Kashmiri journalist and human rights defender – both associated with the Jammu Kashmir Coalition of Civil Society (JKCCS) – have been granted bail involves trumped-up charges of “funding terror activities” and “propagation of secessionist agenda” in retaliation for their widely respected and recognised human rights documentation and accountability work through JKCCS. On 18 July 2026, a New Delhi District Court held the bail hearing in this case. This decision follows a 10 June 2026 ruling by the Delhi High Court, which granted bail to Khurram in another case against him, subject to 13 conditions including a bond of 600,000 INR (approximately €5,564), mandatory residence in the National Capital Territory of Delhi - 5,000 km from his home - passport surrender, and a ban on public statements. Since then, his legal team and family have worked urgently to meet these requirements to secure his release. Khurram Parvez, Coordinator of the JKCCS and Deputy Secretary-General of the International Federation for Human Rights (FIDH), has documented for years human rights violations in Indian-administered Kashmir, including enforced disappearances and extrajudicial killings. He was a long-time collaborator with UN human rights mechanisms and received the 2023 Martin Ennals Award for his tireless work pursuing justice and accountability. Arrested on 22 November 2021 by the National Investigation Agency (NIA) on politically motivated charges under India’s Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) - an anti-terror law frequently misused to target human rights defenders and dissenting voices - Khurram has been detained in Rohini Jail, New Delhi, since then and repeatedly denied bail. The Observatory recalls that in June 2023, the UN Working Group on Arbitrary Detention (UNWGAD), in its Opinion No. 8/2023, determined that Khurram Parvez’s detention was arbitrary and called on the Indian authorities to immediately and unconditionally release him. Although the conditional release of the two defenders comes as a relief, after a prolonged period of arbitrary pre-trial detention, the harassment through legal means against them continues, in a context of longstanding and ongoing grave violations of human rights and fundamental freedoms in Jammu and Kashmir. The Observatory calls on the Indian authorities to drop all charges against Khurram and Irfan, as they are part of politically motivated proceedings aimed at discrediting their legitimate work and the JKCCS. The Observatory calls on the Indian authorities to uphold their international human rights obligations, cease the criminalisation of human rights work, and guarantee protection from all acts of reprisals.]]> Paris-Geneva, 22 July 2026 - On 18 July 2026, a District and Sessions Judge in New Delhi granted bail to Kashmiri human rights defenders Khurram Parvez and Irfan Mehraj in a case for which they were arrested in March 2023. Khurram and Irfan were released on bail, subject to stringent bail conditions, on 22 July 2026. While this decision offers some relief after 1,703 days of arbitrary detention without trial for Khurram and 1,219 days for Irfan, harassment through legal means against them continues. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders - a partnership between the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT) - welcomes their release on bail and demands that Indian authorities immediately drop all charges against them and terminate ongoing legal proceedings. The case in which Khurram Parvez, a prominent Kashmiri human rights defender, and Irfan Mehraj, a Kashmiri journalist and human rights defender – both associated with the Jammu Kashmir Coalition of Civil Society (JKCCS) – have been granted bail involves trumped-up charges of “funding terror activities” and “propagation of secessionist agenda” in retaliation for their widely respected and recognised human rights documentation and accountability work through JKCCS. On 18 July 2026, a New Delhi District Court held the bail hearing in this case. This decision follows a 10 June 2026 ruling by the Delhi High Court, which granted bail to Khurram in another case against him, subject to 13 conditions including a bond of 600,000 INR (approximately €5,564), mandatory residence in the National Capital Territory of Delhi - 5,000 km from his home - passport surrender, and a ban on public statements. Since then, his legal team and family have worked urgently to meet these requirements to secure his release. Khurram Parvez, Coordinator of the JKCCS and Deputy Secretary-General of the International Federation for Human Rights (FIDH), has documented for years human rights violations in Indian-administered Kashmir, including enforced disappearances and extrajudicial killings. He was a long-time collaborator with UN human rights mechanisms and received the 2023 Martin Ennals Award for his tireless work pursuing justice and accountability. Arrested on 22 November 2021 by the National Investigation Agency (NIA) on politically motivated charges under India’s Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) - an anti-terror law frequently misused to target human rights defenders and dissenting voices - Khurram has been detained in Rohini Jail, New Delhi, since then and repeatedly denied bail. The Observatory recalls that in June 2023, the UN Working Group on Arbitrary Detention (UNWGAD), in its Opinion No. 8/2023, determined that Khurram Parvez’s detention was arbitrary and called on the Indian authorities to immediately and unconditionally release him. Although the conditional release of the two defenders comes as a relief, after a prolonged period of arbitrary pre-trial detention, the harassment through legal means against them continues, in a context of longstanding and ongoing grave violations of human rights and fundamental freedoms in Jammu and Kashmir. The Observatory calls on the Indian authorities to drop all charges against Khurram and Irfan, as they are part of politically motivated proceedings aimed at discrediting their legitimate work and the JKCCS. The Observatory calls on the Indian authorities to uphold their international human rights obligations, cease the criminalisation of human rights work, and guarantee protection from all acts of reprisals.]]>