https://observatoryfordefenders.org/fr/ Mon, 09 Dec 2024 14:01:58 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://observatoryfordefenders.org/wp-content/uploads/2022/06/cropped-OB-eye-orange-32x32.png https://observatoryfordefenders.org/fr/ 32 32 https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/colombia-estigmatizacion-contra-danilo-rueda-y-la-comision-intereclesial-justicia-y-paz/ Fri, 29 Apr 2022 00:00:00 +0000 https://pods.local/alert/colombia-estigmatizacion-contra-danilo-rueda-y-la-comision-intereclesial-justicia-y-paz/ Danilo Rueda. J&P es organización de derechos humanos fundada en 1998 que acompaña procesos comunitarios y trabaja por la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el marco del conflicto armado interno. J&P representa a víctimas en tres casos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y con el fin de lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, promueve acciones que incluyen el diálogo con exparamilitares, exmilitares, agentes del Estado y personas privadas de libertad. El 8 de abril de 2022, Danilo Rueda visitó el Centro Penitenciario de La Picota, ubicado en Bogotá, para desarrollar estrategias y propuestas para las personas privadas de libertad sobre garantías de no repetición relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno que resultaron en crímenes de lesa humanidad, actividad que se enmarca en el mandato de J&P. En el grupo que visitó el Centro Penitenciario de La Picota se encontraba, entre otras personas, el hermano del candidato presidencial para las elecciones del 29 de mayo de 2022 Gustavo Petro, lo que instigó que un partido de gobierno de Colombia acusase a Danilo Rueda, por redes sociales, de realizar un “pacto de impunidad y acordar rebaja de penas” a cambio de votos. Posteriormente, un medio de comunicación utilizó vídeos grabados irregularmente dentro del centro penitenciario para estigmatizar y descontextualizar el papel legal y legítimo de las labores del Sr. Rueda en su rol de defensor de derechos humanos. El Sr. Rueda se convirtió en objeto de ataques y difamación en algunos medios de comunicación, incluyendo declaraciones por parte de una Senadora del partido de gobierno y el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez. Estos señalamientos constituyen represalias contra Danilo Rueda y J&P por ejercer su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos. Además, contribuyen a crear un clima hostil en su contra que pone en riesgo la integridad física y psicológica de Danilo Rueda y del conjunto de miembros de J&P. El Observatorio recuerda que no es la primera vez que J&P y Danilo Rueda son objeto de hostigamiento y ataques, incluyendo el allanamiento y robo del domicilio del Sr. Rueda, y numerosos seguimientos, amenazas de muerte, amenazas, vigilancia ilegal e intimidaciones contra las y los miembros de la organización. El Observatorio expresa con preocupación el clima hostil y peligroso en Colombia para el ejercicio de la defensa de derechos humanos. Los ataques, asesinatos, y campañas de difamación y estigmatización persisten contra quienes defienden los derechos humanos de manera legítima. Así, de acuerdo con las cifras recopiladas por Indepaz, desde enero hasta el 25 de abril de 2022, al menos 60 personas defensoras y líderes comunitarios habrían sido asesinados en Colombia. El Observatorio condena los actos de estigmatización contra Danilo Rueda y J&P y urge a las autoridades a tomar las medidas necesarias para poner fin a esta campaña de difamación, así como a la estigmatización del conjunto de personas defensoras de derechos humanos en Colombia. El Observatorio insta a las autoridades colombianas a tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de todos los miembros de la J&P y, en particular, del Sr. Rueda.]]> Danilo Rueda. J&P es organización de derechos humanos fundada en 1998 que acompaña procesos comunitarios y trabaja por la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el marco del conflicto armado interno. J&P representa a víctimas en tres casos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y con el fin de lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, promueve acciones que incluyen el diálogo con exparamilitares, exmilitares, agentes del Estado y personas privadas de libertad. El 8 de abril de 2022, Danilo Rueda visitó el Centro Penitenciario de La Picota, ubicado en Bogotá, para desarrollar estrategias y propuestas para las personas privadas de libertad sobre garantías de no repetición relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno que resultaron en crímenes de lesa humanidad, actividad que se enmarca en el mandato de J&P. En el grupo que visitó el Centro Penitenciario de La Picota se encontraba, entre otras personas, el hermano del candidato presidencial para las elecciones del 29 de mayo de 2022 Gustavo Petro, lo que instigó que un partido de gobierno de Colombia acusase a Danilo Rueda, por redes sociales, de realizar un “pacto de impunidad y acordar rebaja de penas” a cambio de votos. Posteriormente, un medio de comunicación utilizó vídeos grabados irregularmente dentro del centro penitenciario para estigmatizar y descontextualizar el papel legal y legítimo de las labores del Sr. Rueda en su rol de defensor de derechos humanos. El Sr. Rueda se convirtió en objeto de ataques y difamación en algunos medios de comunicación, incluyendo declaraciones por parte de una Senadora del partido de gobierno y el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez. Estos señalamientos constituyen represalias contra Danilo Rueda y J&P por ejercer su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos. Además, contribuyen a crear un clima hostil en su contra que pone en riesgo la integridad física y psicológica de Danilo Rueda y del conjunto de miembros de J&P. El Observatorio recuerda que no es la primera vez que J&P y Danilo Rueda son objeto de hostigamiento y ataques, incluyendo el allanamiento y robo del domicilio del Sr. Rueda, y numerosos seguimientos, amenazas de muerte, amenazas, vigilancia ilegal e intimidaciones contra las y los miembros de la organización. El Observatorio expresa con preocupación el clima hostil y peligroso en Colombia para el ejercicio de la defensa de derechos humanos. Los ataques, asesinatos, y campañas de difamación y estigmatización persisten contra quienes defienden los derechos humanos de manera legítima. Así, de acuerdo con las cifras recopiladas por Indepaz, desde enero hasta el 25 de abril de 2022, al menos 60 personas defensoras y líderes comunitarios habrían sido asesinados en Colombia. El Observatorio condena los actos de estigmatización contra Danilo Rueda y J&P y urge a las autoridades a tomar las medidas necesarias para poner fin a esta campaña de difamación, así como a la estigmatización del conjunto de personas defensoras de derechos humanos en Colombia. El Observatorio insta a las autoridades colombianas a tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de todos los miembros de la J&P y, en particular, del Sr. Rueda.]]> https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/venezuela-alerta-por-hostigamiento-y-criminalizacion-a-ong-tras-el-informe-de-la-onu/ Tue, 29 Sep 2020 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=16515 Ginebra-París, 29 de septiembre de 2020 – Tras el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de determinación de los hechos sobre Venezuela, que denunció la comisión de crímenes contra la humanidad en el país, un medio para-estatal, Misión Verdad, inicia una campaña de hostigamiento y señalamiento de las organizaciones de la sociedad civil, lo que hace temer la comisión de represalias y actos de represión por parte del gobierno venezolano contra ellas. Desde el pasado 24 de septiembre, la cuenta en redes sociales denominada “Misión Verdad” ha iniciado una campaña para criminalizar, hostigar y estigmatizar a varias organizaciones no gubernamentales venezolanas, acusándolas de transmitir información falsa a la Misión de la ONU, que documentó centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, entre otras violaciones de derechos humanos. En la campaña se apunta directamente a organizaciones como el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) –miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT–, Espacio Público, Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Control Ciudadano, todas ellas organizaciones de reconocida trayectoria en la documentación y defensa de los derechos humanos en el país. En el caso de COFAVIC, el artículo señala a la organización como principal fuente de información del informe de la ONU e incluso se incluye una foto de su directora, la Sra. Liliana Ortega. “Misión Verdad” difunde desde hace varios años contenidos que buscan criminalizar el trabajo de organizaciones y personas que defienden derechos humanos. Dada la clara vinculación de esta plataforma con el Gobierno - de hecho el propio ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores re-tuiteó este contenido en su cuenta personal[1] , desde el Observatorio tememos que esta acción sea el preludio de una nueva campaña de represión estatal contra las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela. El Observatorio denuncia que esta nueva amenaza contra la sociedad civil se desarrolla en un contexto de amenazas y ataques sistemáticos contra las personas defensoras de derechos humanos y ONG que, en la práctica, ya han tenido un fuerte impacto en el cierre del espacio cívico democrático en Venezuela. Efectivamente, como ya venimos documentando ampliamente, la estigmatización de las personas defensoras se ha convertido en un mecanismo esencial en Venezuela para reducir el impacto de las personas y organizaciones que defienden derechos humanos y consolidar una peligrosa narrativa del “enemigo interno” [2]. El patrón identificado para la persecución siempre es el mismo: primero la estigmatización se recrudece en los medios de comunicación públicos de alcance nacional y redes sociales de alta penetración en Venezuela. Posteriormente, el hostigamiento a las personas defensoras inicia con acusaciones realizadas por funcionarios del Estado, generalmente de altos niveles del poder, donde se les acusa y desprestigia de forma sistemática. Finalmente se consolidan las agresiones y campañas de estigmatización y descrédito a las personas defensoras. "Estas campañas de estigmatización y descrédito se alimentan de un discurso de odio y desprestigio del trabajo de defensa de derechos humanos. Estos ataques se han convertido en una política de Estado en Venezuela", declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT. Este patrón de hostigamiento se dirige especialmente a personas defensoras que cooperan con organismos internacionales de protección y realizan labores de incidencia y denuncia a escala internacional y viene acompañado de una estigmatización al financiamiento internacional, como sucede en este caso. Son varios los intentos de restringir el acceso a fondos internacionales por parte de las organizaciones de la sociedad civil venezolana , denunciados por el Observatorio como parte de un intento de silenciar el trabajo de las mismas. A modo de ejemplo, el pasado 19 de febrero el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Sr. Diosdado Cabello, anunciaba un proyecto de reforma legislativa ante la ANC que buscaba restringir la financiación extranjera a las ONG [3]. Es preciso recordar también que el Informe Anual del Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres presentado al Consejo de Derechos Humanos según su Resolución 12/2 por acciones de agentes del Estado ocurridas entre junio de 2019 y abril de 2020, pone en evidencia como ciertas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, entre ellas, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA) han sido atacadas por el gobierno por colaborar con el Sistema de Naciones Unidas"Reiteramos que los estándares internacionales de derechos humanos de aplicación en Venezuela reconocen sin duda alguna que el derecho de las ONG a la financiación internacional es una parte integral del derecho a la libertad de asociación", declaró Alice Mogwe, Presidenta de la FIDH. Por todo ello, manifestamos nuestra preocupación y nuestro profundo rechazo a las campañas de desprestigio continuas hacia las ONG venezolanas y urgimos a las autoridades de Venezuela a poner fin a todo tipo de hostigamiento en contra de ellas. El Estado debe respetar y garantizar su trabajo, tal y como está establecido en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998. Asimismo, exhortamos a las autoridades a establecer plenas garantías para el ejercicio de la libertad de prensa, de información y de defensa de los derechos humanos en el país, incluida la financiación de éstas, como parte integrante del derecho a la libertad de asociación.]]> Ginebra-París, 29 de septiembre de 2020 – Tras el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de determinación de los hechos sobre Venezuela, que denunció la comisión de crímenes contra la humanidad en el país, un medio para-estatal, Misión Verdad, inicia una campaña de hostigamiento y señalamiento de las organizaciones de la sociedad civil, lo que hace temer la comisión de represalias y actos de represión por parte del gobierno venezolano contra ellas. Desde el pasado 24 de septiembre, la cuenta en redes sociales denominada “Misión Verdad” ha iniciado una campaña para criminalizar, hostigar y estigmatizar a varias organizaciones no gubernamentales venezolanas, acusándolas de transmitir información falsa a la Misión de la ONU, que documentó centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, entre otras violaciones de derechos humanos. En la campaña se apunta directamente a organizaciones como el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) –miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT–, Espacio Público, Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Control Ciudadano, todas ellas organizaciones de reconocida trayectoria en la documentación y defensa de los derechos humanos en el país. En el caso de COFAVIC, el artículo señala a la organización como principal fuente de información del informe de la ONU e incluso se incluye una foto de su directora, la Sra. Liliana Ortega. “Misión Verdad” difunde desde hace varios años contenidos que buscan criminalizar el trabajo de organizaciones y personas que defienden derechos humanos. Dada la clara vinculación de esta plataforma con el Gobierno - de hecho el propio ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores re-tuiteó este contenido en su cuenta personal[1] , desde el Observatorio tememos que esta acción sea el preludio de una nueva campaña de represión estatal contra las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela. El Observatorio denuncia que esta nueva amenaza contra la sociedad civil se desarrolla en un contexto de amenazas y ataques sistemáticos contra las personas defensoras de derechos humanos y ONG que, en la práctica, ya han tenido un fuerte impacto en el cierre del espacio cívico democrático en Venezuela. Efectivamente, como ya venimos documentando ampliamente, la estigmatización de las personas defensoras se ha convertido en un mecanismo esencial en Venezuela para reducir el impacto de las personas y organizaciones que defienden derechos humanos y consolidar una peligrosa narrativa del “enemigo interno” [2]. El patrón identificado para la persecución siempre es el mismo: primero la estigmatización se recrudece en los medios de comunicación públicos de alcance nacional y redes sociales de alta penetración en Venezuela. Posteriormente, el hostigamiento a las personas defensoras inicia con acusaciones realizadas por funcionarios del Estado, generalmente de altos niveles del poder, donde se les acusa y desprestigia de forma sistemática. Finalmente se consolidan las agresiones y campañas de estigmatización y descrédito a las personas defensoras. "Estas campañas de estigmatización y descrédito se alimentan de un discurso de odio y desprestigio del trabajo de defensa de derechos humanos. Estos ataques se han convertido en una política de Estado en Venezuela", declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT. Este patrón de hostigamiento se dirige especialmente a personas defensoras que cooperan con organismos internacionales de protección y realizan labores de incidencia y denuncia a escala internacional y viene acompañado de una estigmatización al financiamiento internacional, como sucede en este caso. Son varios los intentos de restringir el acceso a fondos internacionales por parte de las organizaciones de la sociedad civil venezolana , denunciados por el Observatorio como parte de un intento de silenciar el trabajo de las mismas. A modo de ejemplo, el pasado 19 de febrero el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Sr. Diosdado Cabello, anunciaba un proyecto de reforma legislativa ante la ANC que buscaba restringir la financiación extranjera a las ONG [3]. Es preciso recordar también que el Informe Anual del Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres presentado al Consejo de Derechos Humanos según su Resolución 12/2 por acciones de agentes del Estado ocurridas entre junio de 2019 y abril de 2020, pone en evidencia como ciertas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, entre ellas, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA) han sido atacadas por el gobierno por colaborar con el Sistema de Naciones Unidas"Reiteramos que los estándares internacionales de derechos humanos de aplicación en Venezuela reconocen sin duda alguna que el derecho de las ONG a la financiación internacional es una parte integral del derecho a la libertad de asociación", declaró Alice Mogwe, Presidenta de la FIDH. Por todo ello, manifestamos nuestra preocupación y nuestro profundo rechazo a las campañas de desprestigio continuas hacia las ONG venezolanas y urgimos a las autoridades de Venezuela a poner fin a todo tipo de hostigamiento en contra de ellas. El Estado debe respetar y garantizar su trabajo, tal y como está establecido en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998. Asimismo, exhortamos a las autoridades a establecer plenas garantías para el ejercicio de la libertad de prensa, de información y de defensa de los derechos humanos en el país, incluida la financiación de éstas, como parte integrante del derecho a la libertad de asociación.]]> https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/pakistan-online-threats-against-ms-marvi-sirmed-over-blasphemy-accusations/ Fri, 28 Aug 2020 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=16404 Marvi Sirmed, a journalist and political commentator, currently on a fellowship in the United States, who has been denouncing enforced disappearances in Pakistan for years. According to the information received, on August 22, 2020, Ms. Marvi Sirmed posted a satirical tweet from her personal account [1] referring to the many enforced disappearances of human rights defenders and government critics in Balochistan Province, Pakistan. Since then, social media users have launched a series of online attacks against her with threats to kill and rape, deploring the agnostic nature of her comment and demanding her arrest for “blasphemy” under Article 295(c) of the Pakistan Penal Code [2]. On August 23, 2020, several individuals lodged separate complaints for “blasphemy” against Ms. Marvi Sirmed in different parts of the country including Lahore (in police stations Ravi Road, Faisal Town, and Garden Town), Punjab Province; Karachi, Sindh Province; Jhang (Kotwali police station), Punjab Province, and Islamabad with the Federal Investigation Agency (FIA). The Observatory firmly condemns the threats, incitement to violence, and the judicial harassment of Ms. Marvi Sirmed, which seem to be only aimed at punishing her for the legitimate exercise of her right to freedom of opinion and expression and her right to freedom of religion or belief. The Observatory calls on the Pakistani authorities to immediately and unconditionally put an end to any acts of harassment, including at the judicial level, against Ms. Marvi Sirmed and all human rights defenders in the country, especially given the recent surge in blasphemy allegations in Punjab Province, and the global incitement to violence against those suspected or accused of blasphemy in Pakistan.]]> Marvi Sirmed, a journalist and political commentator, currently on a fellowship in the United States, who has been denouncing enforced disappearances in Pakistan for years. According to the information received, on August 22, 2020, Ms. Marvi Sirmed posted a satirical tweet from her personal account [1] referring to the many enforced disappearances of human rights defenders and government critics in Balochistan Province, Pakistan. Since then, social media users have launched a series of online attacks against her with threats to kill and rape, deploring the agnostic nature of her comment and demanding her arrest for “blasphemy” under Article 295(c) of the Pakistan Penal Code [2]. On August 23, 2020, several individuals lodged separate complaints for “blasphemy” against Ms. Marvi Sirmed in different parts of the country including Lahore (in police stations Ravi Road, Faisal Town, and Garden Town), Punjab Province; Karachi, Sindh Province; Jhang (Kotwali police station), Punjab Province, and Islamabad with the Federal Investigation Agency (FIA). The Observatory firmly condemns the threats, incitement to violence, and the judicial harassment of Ms. Marvi Sirmed, which seem to be only aimed at punishing her for the legitimate exercise of her right to freedom of opinion and expression and her right to freedom of religion or belief. The Observatory calls on the Pakistani authorities to immediately and unconditionally put an end to any acts of harassment, including at the judicial level, against Ms. Marvi Sirmed and all human rights defenders in the country, especially given the recent surge in blasphemy allegations in Punjab Province, and the global incitement to violence against those suspected or accused of blasphemy in Pakistan.]]> https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/turkey-harassment-of-several-hrds-as-a-reprisal-for-their-calls-for-peace-and-respect-of-human-rights-in-the-context-of-the-operation-peace-spring/ Fri, 25 Oct 2019 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=15380 https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/isr-001-0719-obs-064-shawan-jabarin/ Fri, 26 Jul 2019 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=15221 https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/bhr-001-0619-obs-048-hussein-al-satri/ Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=15109 https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/itl-001-0519-obs-041-kathrin/ Mon, 13 May 2019 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=15019 https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/dcl-egy-100519-mohamed-soltan/ Fri, 10 May 2019 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=15008