Ginebra-París-Lima, 4 de junio de 2020 - El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) y la CNDDHH alertan sobre el deterioro del estado de salud del Sr. Walter Aduviri Calisaya y la denegación sistemática del acceso a un tratamiento médico adecuado en plena crisis de la COVID-19 como forma de hostigamiento por sus actividades en defensa de los derechos humanos.
El 30 de mayo de 2020, la Sala Penal de Apelaciones de Puno rechazó la solicitud presentada por el Sr. Walter Aduviri Calisaya para poder salir del centro penitenciario para acudir a una cita médica en el EsSalud, el Seguro Social de Salud del Perú. Anteriormente, la solicitud presentada por vía administrativa al Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), había sido igualmente denegada. El Sr. Aduviri. líder indígena aymara y defensor de la tierra y territorio se encuentra detenido arbitrariamente desde agosto de 2019 en el penal de Yanamayo, Puno.
El Observatorio y la CNDDHH recuerdan los llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [1] y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [2] a tomar de manera urgente medidas alternativas a la pena privativa de libertad para aquellas personas detenidas sin motivos jurídicos suficientes y para los presos enfermos, con el fin de proteger su salud, la salud pública y evitar brotes de Covid-19 en las cárceles. A este respecto, el Sr. Aduviri cumple con todos los requisitos para ser excarcelado de manera inmediata, y es precisamente por este motivo que ha sido incluido en la campaña global de la OMCT para la liberación de personas defensoras detenidas arbitrariamente alrededor del mundo, lanzada el 8 de mayo de 2020. Los Estados tienen la obligación de proveer atención médica a las personas privadas de la libertad.
El 28 de mayo de 2020, la Sala Penal de Apelaciones de Puno, alegando motivos técnicos, suspendió la audiencia en la que se tenía que revisar en segunda instancia el pedido de habeas corpus presentado a favor del Sr. Aduviri, declarado improcedente el 8 de mayo por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Emergencia de Puno. En él, se solicitaba la excarcelación del Sr. Aduviri para que éste pasara en su comunidad el período de aislamiento social establecido como medida de prevención en el actual contexto de Covid-19, dada la falta de garantías sanitarias en el penal de Yanamayo.
El Sr. Aduviri padece de hipertensión arterial y de obesidad tipo I, unas dolencias que se han agudizado de forma grave en las últimas semanas debido a la falta de una dieta y un tratamiento médico adecuados en el penal de Yanamayo. Preocupan especialmente, además, las condiciones de hacinamiento que presenta el centro, ya que no sólo limitan la capacidad de atención médica a los reclusos por parte del único médico general que trabaja en el penal, sino que imposibilitan la toma de medidas preventivas adecuadas para prevenir el contagio de la Covid-19. En su situación, contagiarse de la Covid-19 pone en grave riesgo su vida.
El Sr. Aduviri se encuentra detenido arbitrariamente en el penal de Yanamayo desde agosto de 2019 tras haber sido condenado injustamente a seis años de cárcel por la Corte Superior de Justicia de Puno, al ser hallado “coautor no ejecutivo por el delito contra la tranquilidad pública” durante las protestas conocidas como “Aymarazo” [3]. En este sentido, el Observatorio y la CNDDHH rechazan el creciente uso indebido en el Perú de figuras penales con una definición excesivamente amplia, como en el caso de la “coautoría no ejecutiva”, que son utilizadas para criminalizar la organización y planificación de protestas pacíficas, así como para estigmatizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos.
Por todo lo anterior, el Observatorio y la CNDDHH rechazan contundentemente la denegación sistemática a un tratamiento médico adecuado a la que está siendo sometido el Sr. Walter Aduviri, así como su detención arbitraria y la criminalización de su trabajo en defensa de los derechos del pueblo indígena aymara. Nuestras organizaciones instan a las autoridades del Perú a liberar de forma urgente al Sr. Walter Aduviri por razones humanitarias en base a su situación médica y al contexto de crisis sanitaria, así como a poner fin a todo acto de hostigamiento en su contra, incluido a nivel judicial. Finalmente, hacemos un llamado por el cese del uso indebido del derecho penal contra las personas defensoras de derechos humanos en Perú.
Para más información, por favor, contacten con:
• OMCT: Iolanda Jaquemet: +41 79 539 41 06
• FIDH: José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650
• CNDDHH: Mar Pérez: +51 1 419 11 11
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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) es una coalición de 82 organismos de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción y educación de los derechos humanos en el Perú. Desde su establecimiento en 1985, la CNDDHH se constituye como la primera institución de referencia en América Latina que reúne a un colectivo de organismos de derechos humanos de un país. La CNDDHH es una organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT.
[1] Ver Par.45, en CIDH, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, Resolución 1/2020, disponible aquí.
[2] Ver llamado emitido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el 25 de marzo de 2020, disponible aquí.
[3] En mayo de 2011, la población indígena aymara inició una serie de protestas pacíficas en contra de las concesiones mineras otorgadas a la empresa canadiense Bear Creek, en vulneración al derecho a consulta previa de los pueblos indígenas afectados. Además, las actividades extractivas suponían un grave riesgo de contaminación para las aguas de la zona e implicaban la destrucción de la montaña sagrada Apu Kaphia. En junio de 2011, el gobierno del Perú derogó el decreto que concedía los derechos de explotación a la empresa.
