Las Américas/Europa
1 de Junio de 2021
Transcurrido un mes del juicio al militar de inteligencia en retiro y presidente de la empresa hidroeléctrica DESA, David Castillo, por el asesinato de la lideresa Lenca Berta Cáceres en Honduras, la Misión de Observación Calificada sigue preocupada por el derecho a la verdad y el esclarecimiento de los hechos que llevaron al asesinato de la defensora de derechos humanos el 2 de marzo de 2016. A través de las pruebas evacuadas por el Ministerio Público, han surgido indicios de complicidad criminal de otros actores en el hostigamiento de Berta Cáceres, COPINH y la comunidad de Rio Blanco, y en la planificación y logística del asesinato.
Estos indicios consisten principalmente en los chats y demás datos extraídos de los teléfonos del acusado y los ya condenados. Señalan acciones de dudosa legalidad por parte de funcionarios públicos, y la coordinación de la presunta estructura ejecutora del asesinato con los dueños de la empresa DESA. Tales revelaciones apuntan a la necesidad de seguir investigando posibles delitos relacionados con el asesinato, cometidos por personas que aún no han sido procesadas. Cabe notar que esta información ha estado en manos del Ministerio Público durante varios años y fue expuesta a través de la participación activa de las víctimas y sus acusaciones particulares en el juicio.
La Causa Berta Cáceres es un caso emblemático para Honduras y, de hecho, para toda la región. La impunidad estructural ha contribuido de manera significativa al aumento de los índices de violencia contra las mujeres y las personas defensoras de la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente, y hace que los casos de asesinatos contra las y los defensores de las tierras indígenas no sean investigados ni procesados adecuadamente. En este caso, gracias a la perseverancia de la familia de Berta Cáceres y el COPINH en su demanda de justicia, se han dado pasos sin precedentes hacia la verdad y la justicia.
La Misión de Observación Calificada hace un llamado a las autoridades hondureñas a tomar las medidas necesarias de manera inmediata para esclarecer los hechos denunciados en la Causa Berta Cáceres, y así enviar una fuerte señal que los crímenes contra quienes defienden los derechos humanos no serán tolerados. Las personas defensoras de los derechos humanos, tanto en el país como en el mundo entero, están siguiendo este caso, el cual marca un precedente para las generaciones venideras.
El juicio ha sido retransmitido en directo a través de los canales de redes sociales del poder judicial, pero sin el monitoreo presencial de observadores nacionales o internacionales de derechos humanos, hecho que limita la función de una observación técnica del proceso penal. Mientras el Ministerio Público ha concluido la evacuación de sus pruebas, las acusaciones privadas han comenzado a evacuar las suyas, incluyendo a los peritos sociopolíticos, herramienta esencial para comprender plenamente los factores y el contexto que conducen a la comisión de crímenes contra las personas defensoras de derechos humanos.
Mientras el juicio concluye en las próximas semanas, las organizaciones firmantes permanecemos atentas al desarrollo del caso y vigilantes ante cualquier incidente y detalle de las audiencias en procura de que se respeten las garantías judiciales y la debida diligencia en el presente juicio.
