Droits environnementaux – The Observatory For Defenders https://observatoryfordefenders.org/fr/ Wed, 20 May 2026 10:54:18 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://observatoryfordefenders.org/wp-content/uploads/2022/06/cropped-OB-eye-orange-32x32.png Droits environnementaux – The Observatory For Defenders https://observatoryfordefenders.org/fr/ 32 32 Ecuador: la Corte Nacional de Justicia debe garantizar el debido proceso y poner fin a la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/ecuador-la-corte-nacional-de-justicia-debe-garantizar-el-debido-proceso-y-poner-fin-a-la-criminalizacion-de-las-personas-defensoras-del-medio-ambiente/ Fri, 15 May 2026 09:44:45 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24709 Las organizaciones firmantes, entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, alertan sobre la criminalización que enfrentan actualmente los defensores del agua, la naturaleza y la tierra en Ecuador, en particular los líderes comunitarios Guilberto Talahua, Fausto Arechua y Wilfrido Escobar, quienes podrían ser condenados a cuatro años de prisión por su oposición al proyecto minero Curipamba–El Domo. Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y de la naturaleza firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la criminalización de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza, Guilberto Talahua, Fausto Arechua y Wilfrido Escobar, líderes comunitarios activos en la lucha por las comunidades y las fuentes de agua impactadas por el proyecto minero canadiense Curipamba–El Domo, en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. Su caso genera especial preocupación porque, pese a que los defensores fueron absueltos en segunda instancia al comprobarse que no había pruebas suficientes para demostrar que cometieron los delitos de los que se les acusa, la parte acusadora y la Fiscalía General del Estado insisten en continuar con el proceso, buscando condenar a los defensores a penas de 4 años. La decisión se encuentra ahora en manos de la Corte Nacional de Justicia, que está tramitando el caso en un plazo inusualmente acelerado. La última audiencia fue el 11 de mayo, donde tras escuchar los argumentos, los jueces suspendieron la audiencia y anunciaron que convocarán una nueva audiencia para dar a conocer su decisión. Este caso forma parte de un patrón sistemático de criminalización contra personas defensoras del agua, la naturaleza y el territorio que han alzado su voz frente al avance del proyecto extractivo Curipamba–El Domo. Actualmente, 32 personas defensoras han sido criminalizadas por su participación en esta causa; 15 de ellas han recibido sentencias condenatorias pese a la falta de evidencia que demuestre que cometieron delitos. Recordamos que el ejercicio legítimo de la protesta pacífica está enmarcado en el derecho constitucional a la resistencia reconocido en la Constitución ecuatoriana en el artículo 95 y respaldado por estándares internacionales de derechos humanos. La protesta es una forma de reivindicación esencial para los pueblos y comunidades en el marco de conflictos socioambientales. En este sentido, exhortamos a que el proceso continúe libre de injerencias o presiones indebidas, especialmente en contextos de intereses económicos vinculados a proyectos extractivos, como el de Curipamba–El Domo a cargo de la empresa minera Curimining S.A. Por lo anterior, hacemos un llamado a los jueces de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador para que actúen con plena independencia, imparcialidad y transparencia; garanticen el debido proceso a los defensores de derechos humanos Guilberto Talahua, Fausto Arechua y Wilfrido Escobar; y adopten una decisión basada en los más altos estándares internacionales de derechos humanos, especialmente los relacionados con la protección de personas defensoras de derechos humanos. El código penal no puede convertirse en un mecanismo de castigo contra quienes ejercen su derecho legítimo a defender derechos. Esta decisión de la Corte se da en un momento decisivo para que la justicia ecuatoriana cumpla con su obligación reforzada de proteger a las personas defensoras, particularmente a quienes defienden el agua y la naturaleza.]]> Las organizaciones firmantes, entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, alertan sobre la criminalización que enfrentan actualmente los defensores del agua, la naturaleza y la tierra en Ecuador, en particular los líderes comunitarios Guilberto Talahua, Fausto Arechua y Wilfrido Escobar, quienes podrían ser condenados a cuatro años de prisión por su oposición al proyecto minero Curipamba–El Domo. Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y de la naturaleza firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la criminalización de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza, Guilberto Talahua, Fausto Arechua y Wilfrido Escobar, líderes comunitarios activos en la lucha por las comunidades y las fuentes de agua impactadas por el proyecto minero canadiense Curipamba–El Domo, en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. Su caso genera especial preocupación porque, pese a que los defensores fueron absueltos en segunda instancia al comprobarse que no había pruebas suficientes para demostrar que cometieron los delitos de los que se les acusa, la parte acusadora y la Fiscalía General del Estado insisten en continuar con el proceso, buscando condenar a los defensores a penas de 4 años. La decisión se encuentra ahora en manos de la Corte Nacional de Justicia, que está tramitando el caso en un plazo inusualmente acelerado. La última audiencia fue el 11 de mayo, donde tras escuchar los argumentos, los jueces suspendieron la audiencia y anunciaron que convocarán una nueva audiencia para dar a conocer su decisión. Este caso forma parte de un patrón sistemático de criminalización contra personas defensoras del agua, la naturaleza y el territorio que han alzado su voz frente al avance del proyecto extractivo Curipamba–El Domo. Actualmente, 32 personas defensoras han sido criminalizadas por su participación en esta causa; 15 de ellas han recibido sentencias condenatorias pese a la falta de evidencia que demuestre que cometieron delitos. Recordamos que el ejercicio legítimo de la protesta pacífica está enmarcado en el derecho constitucional a la resistencia reconocido en la Constitución ecuatoriana en el artículo 95 y respaldado por estándares internacionales de derechos humanos. La protesta es una forma de reivindicación esencial para los pueblos y comunidades en el marco de conflictos socioambientales. En este sentido, exhortamos a que el proceso continúe libre de injerencias o presiones indebidas, especialmente en contextos de intereses económicos vinculados a proyectos extractivos, como el de Curipamba–El Domo a cargo de la empresa minera Curimining S.A. Por lo anterior, hacemos un llamado a los jueces de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador para que actúen con plena independencia, imparcialidad y transparencia; garanticen el debido proceso a los defensores de derechos humanos Guilberto Talahua, Fausto Arechua y Wilfrido Escobar; y adopten una decisión basada en los más altos estándares internacionales de derechos humanos, especialmente los relacionados con la protección de personas defensoras de derechos humanos. El código penal no puede convertirse en un mecanismo de castigo contra quienes ejercen su derecho legítimo a defender derechos. Esta decisión de la Corte se da en un momento decisivo para que la justicia ecuatoriana cumpla con su obligación reforzada de proteger a las personas defensoras, particularmente a quienes defienden el agua y la naturaleza.]]> Turkey: Continued judicial harassment against Pınar Selek https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/turkey-continued-judicial-harassment-against-pinar-selek/ Thu, 16 Apr 2026 15:56:32 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24650 Paris-Geneva-Istanbul, 17 April 2026 – The trial of Turkish and French sociologist and human rights defender Pınar Selek was once again postponed on 2 April 2026, with the Istanbul  15th High Criminal Court requiring her physical presence at the hearings and reiterating its request for her immediate detention. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a partnership  between the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), and the French League of Human Rights (LDH) strongly condemn the ongoing judicial harassment targeting Pınar Selek and call on the Turkish authorities to drop all charges against her. On 2 April 2026, the seventh hearing of the fifth trial against Pinar Selek was held. Despite four prior acquittals and the absence of any substantive evidence against her, the Istanbul 15th High Criminal Court reiterated its request for her immediate imprisonment and her physical presence at the next hearing, scheduled on 18 September 2026. This decision forms part of an ongoing pattern of judicial harassment against Ms Selek for nearly three decades. The case dates back to 1998, when Ms Selek was arbitrarily arrested and accused, without any credible evidence, of involvement in an explosion at the Istanbul Spice Bazaar. The current proceedings stem from the same case, which has been repeatedly reopened despite four acquittals (2006, 2008, 2011 and 2014). In June 2022, the Turkish Court of Cassation overturned the last acquittal and called for a life sentence. Her fifth trial began on 31 March 2023, and has been repeatedly adjourned . Ms Selek is currently residing in France, where she has obtained citizenship, and is the subject of an international arrest warrant accompanied by a request for extradition. However, Interpol states that no Red Notice has been issued against her. The Observatory and the LDH recall that, under international law, particularly Articles 3 and 6 of the European Convention on Human Rights, no individual should be extradited to a country where they face a real risk of inhuman or degrading treatment, or an unfair trial. Given the lack of evidence, the repeated reopening of proceedings despite four acquittals, the acts of torture and ill-treatment suffered by Ms Selek during her detention in 1998, and the broader deterioration on judicial guarantees in Turkey, these risks are particulary serious. The Observatory and the LDH further recall that this persistent judicial harassment reflects a broader pattern of repression of critical voices in Turkey, particularly targeting human rights defenders, academics and those working on minority rights. Therefore, the Observatory and the LDH strongly condemn the repeated calls for Ms Selek’s immediate imprisonment, which appears to be solely aimed at silencing her academic work on the repression of the Kurds and human rights activities. The signatory organisations call on the Turkish authorities to put an end to this judicial harassment and to fully comply with their international obligations regarding fair trial guarantees and the protection of human rights defenders.]]> Paris-Geneva-Istanbul, 17 April 2026 – The trial of Turkish and French sociologist and human rights defender Pınar Selek was once again postponed on 2 April 2026, with the Istanbul  15th High Criminal Court requiring her physical presence at the hearings and reiterating its request for her immediate detention. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a partnership  between the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), and the French League of Human Rights (LDH) strongly condemn the ongoing judicial harassment targeting Pınar Selek and call on the Turkish authorities to drop all charges against her. On 2 April 2026, the seventh hearing of the fifth trial against Pinar Selek was held. Despite four prior acquittals and the absence of any substantive evidence against her, the Istanbul 15th High Criminal Court reiterated its request for her immediate imprisonment and her physical presence at the next hearing, scheduled on 18 September 2026. This decision forms part of an ongoing pattern of judicial harassment against Ms Selek for nearly three decades. The case dates back to 1998, when Ms Selek was arbitrarily arrested and accused, without any credible evidence, of involvement in an explosion at the Istanbul Spice Bazaar. The current proceedings stem from the same case, which has been repeatedly reopened despite four acquittals (2006, 2008, 2011 and 2014). In June 2022, the Turkish Court of Cassation overturned the last acquittal and called for a life sentence. Her fifth trial began on 31 March 2023, and has been repeatedly adjourned . Ms Selek is currently residing in France, where she has obtained citizenship, and is the subject of an international arrest warrant accompanied by a request for extradition. However, Interpol states that no Red Notice has been issued against her. The Observatory and the LDH recall that, under international law, particularly Articles 3 and 6 of the European Convention on Human Rights, no individual should be extradited to a country where they face a real risk of inhuman or degrading treatment, or an unfair trial. Given the lack of evidence, the repeated reopening of proceedings despite four acquittals, the acts of torture and ill-treatment suffered by Ms Selek during her detention in 1998, and the broader deterioration on judicial guarantees in Turkey, these risks are particulary serious. The Observatory and the LDH further recall that this persistent judicial harassment reflects a broader pattern of repression of critical voices in Turkey, particularly targeting human rights defenders, academics and those working on minority rights. Therefore, the Observatory and the LDH strongly condemn the repeated calls for Ms Selek’s immediate imprisonment, which appears to be solely aimed at silencing her academic work on the repression of the Kurds and human rights activities. The signatory organisations call on the Turkish authorities to put an end to this judicial harassment and to fully comply with their international obligations regarding fair trial guarantees and the protection of human rights defenders.]]> Uganda: Eight Stop EACOP youth activists convicted ahead oh their sentencing https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/uganda-eight-stop-eacop-youth-activists-convicted-ahead-oh-their-sentencing/ Thu, 16 Apr 2026 15:53:31 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24648 Dorothy Asio, Teopisita Nakyabande and Shammy Nalwadda, and Messrs Noah Katiti, Akram Katende, Ismail Zziwa, Shafik Kalyango, and Ali Keisha. The defenders are students from universities in Kampala and Wakiso Districts, and members of the Students Against EACOP Uganda movement, which opposes the construction of the East African Crude Oil Pipeline (EACOP), a major project by TotalEnergies that threatens the ecosystem, wildlife existence, and local communities’ rights. On 10 April 2026, the Grade One Magistrate at the Buganda Road Court in Kampala convicted the above-mentioned eight defenders for “nuisance on roads” under Section 65(e) of the Road Act Cap. 346, an offence carrying a maximum sentence of one year of imprisonment. The sentencing of the human rights defenders is scheduled for 17 April 2026. Following the conviction, the eight defenders were returned to Murchison Luzira, where they have been arbitrarily detained since their arrest on 1 August 2025, pending sentencing. Their lawyers have denounced the repeated delays in the proceedings and announced their intention to appeal the conviction. The Observatory recalls that the eight above-mentioned activists are part of a group of 12 human rights defenders who were arbitrarily arrested on 1 August 2025 while participating in a peaceful protest in front of Stanbic Bank Head Office in Kampala, holding placards and banners reading “Stop EACOP Uganda” to denounce the bank’s funding of the EACOP project. They were subsequently charged with “nuisance on roads” and remanded to Luzira Maximum Security Prison. Among the 12 defenders, Messrs Ivan Wamboga, Baker Tamale and Habibu Nalungu pleaded guilty and were thus released on 19 November 2025 and given community service at the court. Mr Mark Makoba also pleaded guilty and was released on 6 November 2025, without any additional penalty. On several occasions, the Buganda Road Chief Magistrate’s Court denied bail applications filed on behalf of the imprisoned human rights defenders, arguing that proceedings were at an “advanced stage” and promising an expeditious hearing. Most recently, on 6 January 2026, the Buganda Road Chief Magistrate’s Court once again rejected the bail application of the eight arbitrarily detained defenders on these grounds and adjourned the hearings to 14 and 16 January 2026. Following additional adjournments, including on 19 January 2026, when the defenders were not brought before the court, the case was adjourned to 12 February 2026. On that date, the defence hearing was further postponed after the magistrate stated that she required additional time to review the case file. On 27 February 2026, although the proceedings on the merits had already concluded and the matter was pending judgment, the magistrate indicated that she was unable to deliver judgment due to a backlog of pending decisions and adjourned the case to 16 March 2026. On that date, the judgment was further adjourned to 10 April 2026 after the trial magistrate was absent from court for personal reasons. As a result, eight of the defenders have now spent more than eight months in detention in relation to an offence carrying a maximum sentence of only one year of imprisonment. These incidents illustrate a persistent pattern of harassment targeting those opposing EACOP and defending environmental and human rights. Environmental rights defenders in Uganda have, in recent years, repeatedly faced arbitrary arrests, judicial harassment, and torture. For example, on 9 August 2024, 47 students were arrested in Kampala during a peaceful protest against the EACOP project. Between May and June 2024, environmental activists like Adriko Sostein, Julius Tumwiine, and Stephen Kwikiriza were arrested and arbitrarily detained, as well as Bob Barigye, Noah Katiiti, Newton Mwesigwa, Julius Byaruhanga, Desire Ndyamwesigwa, Raymond Binntukwanga, and Jealousy Mugisha Mulimbwa. Lawyer Eron Kiiza, known for his advocacy for environmental protection and rule of law, has also been targeted and detained. In April 2025, 11 environmental defenders, known as #KCB11 were arbitrarily arrested and detained following a peaceful protest denouncing the Kenyan Commercial Bank’s decision to fund EACOP. In October 2024, the United Nations Special Rapporteur on Human Rights Defenders sent a letter to the Ugandan government, raising concern about the increasing harassment of activists opposing the EACOP, particularly Students for Global Democracy. These arbitrary arrests and detentions, acts of judicial harassment, and criminal convictions form part of a persistent and intensive repressive trend targeting environmental and human rights defenders and affected communities in the context of oil development projects in Uganda. This reflects a broader pattern of silencing and undermining the fundamental freedoms of peaceful assembly and expression guaranteed under Article 29 of the Constitution of Uganda and Articles 19 and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Uganda is party. The Observatory strongly condemns the conviction of the above-mentioned eight human rights defenders and their continued arbitrary detention, which appear to be only aimed at sanctioning their legitimate human rights activities. The Observatory urges the Ugandan authorities to immediately overturn the conviction, release the arbitrarily detained human rights defenders, and put an end to any act of harassment against them and all human rights defenders in Uganda.]]> Dorothy Asio, Teopisita Nakyabande and Shammy Nalwadda, and Messrs Noah Katiti, Akram Katende, Ismail Zziwa, Shafik Kalyango, and Ali Keisha. The defenders are students from universities in Kampala and Wakiso Districts, and members of the Students Against EACOP Uganda movement, which opposes the construction of the East African Crude Oil Pipeline (EACOP), a major project by TotalEnergies that threatens the ecosystem, wildlife existence, and local communities’ rights. On 10 April 2026, the Grade One Magistrate at the Buganda Road Court in Kampala convicted the above-mentioned eight defenders for “nuisance on roads” under Section 65(e) of the Road Act Cap. 346, an offence carrying a maximum sentence of one year of imprisonment. The sentencing of the human rights defenders is scheduled for 17 April 2026. Following the conviction, the eight defenders were returned to Murchison Luzira, where they have been arbitrarily detained since their arrest on 1 August 2025, pending sentencing. Their lawyers have denounced the repeated delays in the proceedings and announced their intention to appeal the conviction. The Observatory recalls that the eight above-mentioned activists are part of a group of 12 human rights defenders who were arbitrarily arrested on 1 August 2025 while participating in a peaceful protest in front of Stanbic Bank Head Office in Kampala, holding placards and banners reading “Stop EACOP Uganda” to denounce the bank’s funding of the EACOP project. They were subsequently charged with “nuisance on roads” and remanded to Luzira Maximum Security Prison. Among the 12 defenders, Messrs Ivan Wamboga, Baker Tamale and Habibu Nalungu pleaded guilty and were thus released on 19 November 2025 and given community service at the court. Mr Mark Makoba also pleaded guilty and was released on 6 November 2025, without any additional penalty. On several occasions, the Buganda Road Chief Magistrate’s Court denied bail applications filed on behalf of the imprisoned human rights defenders, arguing that proceedings were at an “advanced stage” and promising an expeditious hearing. Most recently, on 6 January 2026, the Buganda Road Chief Magistrate’s Court once again rejected the bail application of the eight arbitrarily detained defenders on these grounds and adjourned the hearings to 14 and 16 January 2026. Following additional adjournments, including on 19 January 2026, when the defenders were not brought before the court, the case was adjourned to 12 February 2026. On that date, the defence hearing was further postponed after the magistrate stated that she required additional time to review the case file. On 27 February 2026, although the proceedings on the merits had already concluded and the matter was pending judgment, the magistrate indicated that she was unable to deliver judgment due to a backlog of pending decisions and adjourned the case to 16 March 2026. On that date, the judgment was further adjourned to 10 April 2026 after the trial magistrate was absent from court for personal reasons. As a result, eight of the defenders have now spent more than eight months in detention in relation to an offence carrying a maximum sentence of only one year of imprisonment. These incidents illustrate a persistent pattern of harassment targeting those opposing EACOP and defending environmental and human rights. Environmental rights defenders in Uganda have, in recent years, repeatedly faced arbitrary arrests, judicial harassment, and torture. For example, on 9 August 2024, 47 students were arrested in Kampala during a peaceful protest against the EACOP project. Between May and June 2024, environmental activists like Adriko Sostein, Julius Tumwiine, and Stephen Kwikiriza were arrested and arbitrarily detained, as well as Bob Barigye, Noah Katiiti, Newton Mwesigwa, Julius Byaruhanga, Desire Ndyamwesigwa, Raymond Binntukwanga, and Jealousy Mugisha Mulimbwa. Lawyer Eron Kiiza, known for his advocacy for environmental protection and rule of law, has also been targeted and detained. In April 2025, 11 environmental defenders, known as #KCB11 were arbitrarily arrested and detained following a peaceful protest denouncing the Kenyan Commercial Bank’s decision to fund EACOP. In October 2024, the United Nations Special Rapporteur on Human Rights Defenders sent a letter to the Ugandan government, raising concern about the increasing harassment of activists opposing the EACOP, particularly Students for Global Democracy. These arbitrary arrests and detentions, acts of judicial harassment, and criminal convictions form part of a persistent and intensive repressive trend targeting environmental and human rights defenders and affected communities in the context of oil development projects in Uganda. This reflects a broader pattern of silencing and undermining the fundamental freedoms of peaceful assembly and expression guaranteed under Article 29 of the Constitution of Uganda and Articles 19 and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Uganda is party. The Observatory strongly condemns the conviction of the above-mentioned eight human rights defenders and their continued arbitrary detention, which appear to be only aimed at sanctioning their legitimate human rights activities. The Observatory urges the Ugandan authorities to immediately overturn the conviction, release the arbitrarily detained human rights defenders, and put an end to any act of harassment against them and all human rights defenders in Uganda.]]> Ecuador: organizaciones internacionales alertan de una acelerada degradación de los derechos humanos https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/ecuador-organizaciones-internacionales-alertan-de-una-acelerada-degradacion-de-los-derechos-humanos/ Wed, 11 Mar 2026 13:42:55 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24535
  • As part of a human rights observation visit, the organisations visited several communities and interviewed human rights and environmental defenders, civil society organisations, public institutions and the international community.
  • The information gathered points to the closure of civic space, criminalisation and increased threats against human rights defenders, especially in contexts of extractivism or socio-environmental conflicts, threats to judicial independence and a security policy based on the militarisation of the state’s response to human rights issues.
    • Quito, 10 March 2026. International human rights organisations conducted an observation visit to Ecuador from 2 to 5 March 2026, due to growing concern about the deteriorating human rights situation in the country and the difficulties in exercising the defence of these rights, including access to public information. During the visit, our organisations held meetings with communities, human rights and environmental defenders, civil society representatives, authorities, international organisations and representatives of the international community in order to obtain a comprehensive and verified overview of the current situation. Based on the information obtained, our organisations unanimously express our grave concern about the situation of repression and human rights violations, particularly against human rights defenders as well as Indigenous Peoples and Nationalities, "campesino" and Afro-descendant communities, women and young people, and civil society organisations that make up the social fabric of Ecuador. Against this deeply worrying backdrop, we would like to draw attention to the following issues. The rapid deterioration of civic space, including the stigmatisation and criminalisation of human rights and environmental defenders, the use of SLAPPs (strategic lawsuits against public participation) and the violent repression of peaceful protests led by indigenous movements in the context of states of emergency, and the rapid implementation of a new regulatory framework and arbitrary practices against civil society organisations. The implementation of a securitised policy and the normalisation of states of emergency, surveillance and militarisation under the pretext of addressing a serious structural security crisis, as well as the erosion of judicial independence and the rule of law. The adoption of an extractivist approach without prior consultation in the context of the implementation of projects, nor respect for the will of the people expressed in other mechanisms of direct participation. This has had serious impacts on collective rights and the rights of nature, undermining fundamental democratic freedoms. The findings and recommendations will be consolidated in a joint report to be published in the coming months. The organisations participating in the visit will continue to accompany, monitor and raise awareness internationally about the situation of human rights and the rights of nature in Ecuador. Preliminarily, the organisations call for: the Ecuadorian State must guarantee the rights enshrined in the Constitution, comply with the recommendations issued by intergovernmental human rights organisations, and fulfil the obligations it has undertaken through the international treaties it has ratified; the international community must reinforce its monitoring of the situation of human rights and environmental defenders, provide assistance to strengthen the rights system, and offer direct support to civil society as a whole. Finally, our organisations express our solidarity and recognise the dignity and determination of those who continue to legitimately defend their rights in an increasingly hostile environment.]]>
  • As part of a human rights observation visit, the organisations visited several communities and interviewed human rights and environmental defenders, civil society organisations, public institutions and the international community.
  • The information gathered points to the closure of civic space, criminalisation and increased threats against human rights defenders, especially in contexts of extractivism or socio-environmental conflicts, threats to judicial independence and a security policy based on the militarisation of the state’s response to human rights issues.
    • Quito, 10 March 2026. International human rights organisations conducted an observation visit to Ecuador from 2 to 5 March 2026, due to growing concern about the deteriorating human rights situation in the country and the difficulties in exercising the defence of these rights, including access to public information. During the visit, our organisations held meetings with communities, human rights and environmental defenders, civil society representatives, authorities, international organisations and representatives of the international community in order to obtain a comprehensive and verified overview of the current situation. Based on the information obtained, our organisations unanimously express our grave concern about the situation of repression and human rights violations, particularly against human rights defenders as well as Indigenous Peoples and Nationalities, "campesino" and Afro-descendant communities, women and young people, and civil society organisations that make up the social fabric of Ecuador. Against this deeply worrying backdrop, we would like to draw attention to the following issues. The rapid deterioration of civic space, including the stigmatisation and criminalisation of human rights and environmental defenders, the use of SLAPPs (strategic lawsuits against public participation) and the violent repression of peaceful protests led by indigenous movements in the context of states of emergency, and the rapid implementation of a new regulatory framework and arbitrary practices against civil society organisations. The implementation of a securitised policy and the normalisation of states of emergency, surveillance and militarisation under the pretext of addressing a serious structural security crisis, as well as the erosion of judicial independence and the rule of law. The adoption of an extractivist approach without prior consultation in the context of the implementation of projects, nor respect for the will of the people expressed in other mechanisms of direct participation. This has had serious impacts on collective rights and the rights of nature, undermining fundamental democratic freedoms. The findings and recommendations will be consolidated in a joint report to be published in the coming months. The organisations participating in the visit will continue to accompany, monitor and raise awareness internationally about the situation of human rights and the rights of nature in Ecuador. Preliminarily, the organisations call for: the Ecuadorian State must guarantee the rights enshrined in the Constitution, comply with the recommendations issued by intergovernmental human rights organisations, and fulfil the obligations it has undertaken through the international treaties it has ratified; the international community must reinforce its monitoring of the situation of human rights and environmental defenders, provide assistance to strengthen the rights system, and offer direct support to civil society as a whole. Finally, our organisations express our solidarity and recognise the dignity and determination of those who continue to legitimately defend their rights in an increasingly hostile environment.]]>         Acompañamiento en la búsqueda de justicia por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres (2016 – 2026) https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/acompanamiento-en-la-busqueda-de-justicia-por-el-asesinato-de-la-defensora-de-derechos-humanos-berta-caceres-2016-2026/ Wed, 11 Mar 2026 08:53:05 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24488 2016–2017: Denuncia y visibilización internacional. Berta Isabel Cáceres Flores, miembro de la población Lenca, cofundadora y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en la noche del miércoles 2 de marzo en La Esperanza, departamento del Intibucá, su ciudad natal. Berta Cáceres luchaba por los derechos del pueblo indígena Lenca en la recuperación de sus tierras en Río Blanco, Intibucá, frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), en tierras lencas. En los años previos, Berta había sido objeto de amenazas reiteradas, campañas de estigmatización, procesos de criminalización y vigilancia debido a su oposición al proyecto. Como coordinadora del COPINH, denunció públicamente irregularidades en la concesión y la presencia de fuerzas de seguridad en la zona. A pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado no garantizó una protección efectiva. Días antes del asesinato, en febrero de 2016, el Observatorio había publicado un informe regional sobre la criminalización de personas defensoras de derechos humanos en el contexto de la extracción de recursos naturales y megaproyectos en América Latina. El informe documentaba patrones de persecución, estigmatización y uso indebido del sistema penal contra quienes defendían el territorio y los derechos de los pueblos indígenas. La situación de Berta Cáceres se inscribía en ese patrón regional ya advertido. La movilización nacional e internacional para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres comenzó ese mismo día, con manifestaciones públicas de condena de la FIDH y de sus miembros. Desde los primeros meses posteriores al asesinato, las organizaciones subrayaron de forma constante la existencia de elementos preocupantes: el historial de amenazas contra Berta Cáceres, la conflictividad en torno al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y la falta de protección efectiva por parte del Estado hondureño, pese a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Igualmente se evidenciaron las responsabilidades de los actores financieros vinculados al proyecto Agua Zarca, como la del Banco Holandés de Desarrollo (FMO) que lo financiaba. El 15 de marzo de 2016, varias organizaciones firmaron una carta abierta dirigida al Gobierno de los Países Bajos instando a que el FMO retirara su financiamiento del proyecto. En esa carta se subrayaba que las entidades financieras no podían alegar desconocimiento del contexto de amenazas y conflictividad, y que debían actuar conforme a sus obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos. Asimismo luego de una misión del Observatorio en Honduras del 11 al 15 de abril de 2016, se denunció el clima generalizado de violencia, intimidación y estigmatización que enfrentaban las personas defensoras del territorio y del medio ambiente en Honduras, señalando que el asesinato de Berta Cáceres se inscribía en un patrón más amplio de ataques contra quienes cuestionaban intereses económicos y extractivos. Lamentablemente, el asesinato de Berta fue solo uno de los casos de violencia que padecen personas defensoras de derechos humanos en Honduras. De mayo de 2015 a diciembre de 2016, el Observatorio había documentado 16 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, convirtiendo a Honduras en uno de los más peligrosos para la defensa de personas defensoras de derechos humanos, como lo señaló en su informe publicado en diciembre de 2016: “Honduras: Los defensores y defensoras de derechos humanos entre la espada y la pared.”. 2018 – 2021 Acompañamiento de la Misión de Observación Calificada El año 2018 daría inicio el primer juicio contra los autores materiales del asesinato. Frente a la fragilidad del sistema judicial hondureño, se conformó una Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, integrada por 19 organizaciones nacionales e internacionales expertas en derechos humanos, entre ellas la FIDH y la OMCT en el marco del Observatorio. Igualmente hicieron parte de la Misión sus organizaciones miembro como el CAJAR en Colombia, CALDH en Guatemala y CIPRODEH en Honduras. La misión logró participar en la observación directa de las audiencias; documentar irregularidades procesales, restricciones a la publicidad del juicio y limitaciones al acceso de las víctimas a la justicia; y emitir comunicados públicos dirigidos a las autoridades hondureñas, exigiendo respeto al debido proceso. El 29 de noviembre de 2018, el Tribunal de Sentencia declaró culpables a siete personas como autores materiales del asesinato de Berta Cáceres y del intento de asesinato de Gustavo Castro. Solamente, hasta el 2 de diciembre de 2019, casi un año después, se emitió la sentencia escrita que individualizó las penas, estableciendo condenas de entre 30 y 50 años de prisión. Si bien estas condenas representaron un avance importante en el proceso judicial, desde el inicio se señaló que no agotaban las responsabilidades derivadas del crimen, ya que la autoría intelectual y las posibles estructuras de planificación más amplias no habían sido plenamente esclarecidas, como lo es el rol de la fdamilia Atala Zablah. La emisión de la sentencia escrita sufrió una demora significativa tras el fallo oral, generando preocupación respecto al derecho de las víctimas a una justicia pronta y efectiva. Esta situación fue denunciada públicamente por la Misión de Observación Calificada, que alertó sobre los riesgos que tales dilaciones representaban para el acceso a la justicia. En febrero de 2020 se publicó el informe de la Misión de Observación Calificada titulado “La justicia hondureña en deuda”, que sistematizó las observaciones del juicio y documentó las debilidades estructurales del sistema judicial hondureño, incluyendo la falta de investigación integral de la autoría intelectual y los obstáculos enfrentados por las víctimas. El 5 de julio de 2021, el Tribunal de Sentencia dictó una decisión que constituyó un precedente histórico, declarando culpable a Roberto David Castillo Mejía, ex gerente de la empresa DESA, como co-autor del asesinato de Berta Cáceres. Posteriormente, el 20 de junio de 2022, se emitió la sentencia escrita que le impuso una pena de 22 años y 6 meses de prisión. La decisión judicial reconoció que el asesinato de Berta Cáceres estuvo vinculado a la oposición liderada por ella y el COPINH frente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y que Castillo actuó como articulador principal de una estructura más amplia de planificación y coordinación del crimen ejecutado como represalia a la oposición de Berta Cáceres y el COPINH contra el proyecto de Agua Zarca. En el marco del juicio contra David Castillo, la Misión de Observación Calificada dio seguimiento continuo a las audiencias, publicando análisis periódicos sobre su desarrollo y emitiendo pronunciamientos públicos exigiendo un fallo justo, independiente y apegado a la ley. Este seguimiento permitió documentar el respeto de las garantías procesales y mantener la atención internacional sobre el caso. 2021–2023: El Fraude sobre el Gualcarque El “Fraude sobre el Gualcarque” hace referencia al fraude realizado para que la empresa DESA fuera la beneficiaria de la concesión del Proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, en el territorio ancestral del pueblo lenca. El proceso penal iniciado en 2019 se dirigió contra ex funcionarios públicos acusados de haber otorgado licencias y permisos de manera fraudulenta, sin consulta previa, libre e informada a la comunidad afectada. En el marco de este proceso, los jueces negaron reconocer al COPINH como acusador privado y víctima directa, bajo el argumento de que en los delitos de corrupción la víctima es exclusivamente el Estado. Frente a esta interpretación restrictiva, la FIDH, junto con sus organizaciones miembro el CAJAR (Colombia), CALDH (Guatemala) y CIPRODEH (Honduras) presentaron un Amicus Curiae, en el cual se sostuvo que los hechos de corrupción pueden violar no solamente la administración pública sino también los derechos humanos de las personas individuales y colectivas. Las víctimas deben poder participar en los procesos penales que buscan establecer responsabilidades por los hechos de corrupción. En este caso, la corrupción administrativa no era abstracta, sino que había tenido consecuencias concretas sobre el pueblo lenca de Río Blanco, vulnerando derechos colectivos, incluyendo el derecho al territorio, al agua y a la consulta previa conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y la participación del pueblo lenca sería a través de su organización reconocida, el COPINH. El 31 de agosto de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció el derecho del pueblo lenca de Río Blanco, representado por el COPINH, a ser considerado víctima en el proceso, lo que constituyó un precedente importante al afirmar que los delitos de corrupción pueden afectar directamente los derechos colectivos de comunidades indígenas y habilitar su participación como víctimas en procesos penales. Posteriormente, el proceso enfrentó nuevas dilaciones y obstáculos judiciales. El 15 de noviembre de 2025 se hicieron públicas las sentencias contra tres personas vinculadas al fraude en la concesión del proyecto Agua Zarca: el exgerente de la empresa DESA, una exfuncionaria de la ENEE y el exalcalde de San Francisco de Ojuera. Las condenas incluyeron penas de prisión e inhabilitaciones por delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones. 2025: Conformación e Informe del GIEI En febrero de 2025 y con el acuerdo del Gobierno hondureño y de la CIDH se instaló el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos independientes (GIEI) Honduras, con el mandato de realizar un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, de delitos conexos y proponer un plan de reparación integral para las víctimas. En enero de 2026, el Informe Final del GIEI, confirmó que el asesinato fue el resultado de una operación criminal organizada, con responsabilidades empresariales, financieras y estatales. El Informe aporta además un elemento especialmente relevante: el esclarecimiento del entramado financiero vinculado al proyecto Agua Zarca. El GIEI documentó la participación de instituciones financieras internacionales en el financiamiento del proyecto y detalló mecanismos de desvío y utilización de recursos que habrían servido para sostener la estructura de vigilancia, intimidación y planificación del crimen. Estos hallazgos permiten comprender el asesinato no solo como un acto individual, sino como el resultado de un esquema organizado en el que confluyeron intereses empresariales, decisiones estatales y flujos financieros internacionales. Para el Observatorio, este informe del GIEI constituye un instrumento técnico-jurídico de alto valor probatorio para el esclarecimiento integral del crimen de Berta Caceres. Y se suma a la delclaración de la Misión de Observación Ccalificada para que el Estado hondureño implemente integralmente las recomendaciones del GIEI, como condición indispensable para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. El Observatorio, junto con organizaciones nacionales en las Américas, desde hace 10 años se solidariza y ha acompañado la mobilización global de exigencia de justicia, por los crímenes cometidos contra Berta Cáceres, y hace un llamado a las autoridades hondureñas a avanzar en el esclarecimiento de todas las responsabilidades, incluidas las empresariales, financieras y estatales. A casi una década del crimen, el Observatorio reafirma que la justicia para Berta Cáceres es inseparable de la justicia para los pueblos indígenas y para todas las personas defensoras de derechos humanos. En este sentido, reitera la necesidad de: 1. Reabrir y profundizar las investigaciones a la luz del Informe del GIEI, avanzando hacia la identificación y procesamiento de todos los autores intelectuales y financieros, incluidas responsabilidades empresariales y estatales 2. Implementar plenamente las recomendaciones del GIEI 3. Garantizar una reparación integral al pueblo lenca, incluida la restitución de sus derechos territoriales y medidas de reparación colectiva 4. Investigar el rol de los actores financieros y las fallas en los mecanismos de debida diligencia 5. Adoptar garantías estructurales de no repetición para proteger a las personas defensoras de derechos humanos en Honduras.]]> 2016–2017: Denuncia y visibilización internacional. Berta Isabel Cáceres Flores, miembro de la población Lenca, cofundadora y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en la noche del miércoles 2 de marzo en La Esperanza, departamento del Intibucá, su ciudad natal. Berta Cáceres luchaba por los derechos del pueblo indígena Lenca en la recuperación de sus tierras en Río Blanco, Intibucá, frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), en tierras lencas. En los años previos, Berta había sido objeto de amenazas reiteradas, campañas de estigmatización, procesos de criminalización y vigilancia debido a su oposición al proyecto. Como coordinadora del COPINH, denunció públicamente irregularidades en la concesión y la presencia de fuerzas de seguridad en la zona. A pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado no garantizó una protección efectiva. Días antes del asesinato, en febrero de 2016, el Observatorio había publicado un informe regional sobre la criminalización de personas defensoras de derechos humanos en el contexto de la extracción de recursos naturales y megaproyectos en América Latina. El informe documentaba patrones de persecución, estigmatización y uso indebido del sistema penal contra quienes defendían el territorio y los derechos de los pueblos indígenas. La situación de Berta Cáceres se inscribía en ese patrón regional ya advertido. La movilización nacional e internacional para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres comenzó ese mismo día, con manifestaciones públicas de condena de la FIDH y de sus miembros. Desde los primeros meses posteriores al asesinato, las organizaciones subrayaron de forma constante la existencia de elementos preocupantes: el historial de amenazas contra Berta Cáceres, la conflictividad en torno al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y la falta de protección efectiva por parte del Estado hondureño, pese a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Igualmente se evidenciaron las responsabilidades de los actores financieros vinculados al proyecto Agua Zarca, como la del Banco Holandés de Desarrollo (FMO) que lo financiaba. El 15 de marzo de 2016, varias organizaciones firmaron una carta abierta dirigida al Gobierno de los Países Bajos instando a que el FMO retirara su financiamiento del proyecto. En esa carta se subrayaba que las entidades financieras no podían alegar desconocimiento del contexto de amenazas y conflictividad, y que debían actuar conforme a sus obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos. Asimismo luego de una misión del Observatorio en Honduras del 11 al 15 de abril de 2016, se denunció el clima generalizado de violencia, intimidación y estigmatización que enfrentaban las personas defensoras del territorio y del medio ambiente en Honduras, señalando que el asesinato de Berta Cáceres se inscribía en un patrón más amplio de ataques contra quienes cuestionaban intereses económicos y extractivos. Lamentablemente, el asesinato de Berta fue solo uno de los casos de violencia que padecen personas defensoras de derechos humanos en Honduras. De mayo de 2015 a diciembre de 2016, el Observatorio había documentado 16 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, convirtiendo a Honduras en uno de los más peligrosos para la defensa de personas defensoras de derechos humanos, como lo señaló en su informe publicado en diciembre de 2016: “Honduras: Los defensores y defensoras de derechos humanos entre la espada y la pared.”. 2018 – 2021 Acompañamiento de la Misión de Observación Calificada El año 2018 daría inicio el primer juicio contra los autores materiales del asesinato. Frente a la fragilidad del sistema judicial hondureño, se conformó una Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, integrada por 19 organizaciones nacionales e internacionales expertas en derechos humanos, entre ellas la FIDH y la OMCT en el marco del Observatorio. Igualmente hicieron parte de la Misión sus organizaciones miembro como el CAJAR en Colombia, CALDH en Guatemala y CIPRODEH en Honduras. La misión logró participar en la observación directa de las audiencias; documentar irregularidades procesales, restricciones a la publicidad del juicio y limitaciones al acceso de las víctimas a la justicia; y emitir comunicados públicos dirigidos a las autoridades hondureñas, exigiendo respeto al debido proceso. El 29 de noviembre de 2018, el Tribunal de Sentencia declaró culpables a siete personas como autores materiales del asesinato de Berta Cáceres y del intento de asesinato de Gustavo Castro. Solamente, hasta el 2 de diciembre de 2019, casi un año después, se emitió la sentencia escrita que individualizó las penas, estableciendo condenas de entre 30 y 50 años de prisión. Si bien estas condenas representaron un avance importante en el proceso judicial, desde el inicio se señaló que no agotaban las responsabilidades derivadas del crimen, ya que la autoría intelectual y las posibles estructuras de planificación más amplias no habían sido plenamente esclarecidas, como lo es el rol de la fdamilia Atala Zablah. La emisión de la sentencia escrita sufrió una demora significativa tras el fallo oral, generando preocupación respecto al derecho de las víctimas a una justicia pronta y efectiva. Esta situación fue denunciada públicamente por la Misión de Observación Calificada, que alertó sobre los riesgos que tales dilaciones representaban para el acceso a la justicia. En febrero de 2020 se publicó el informe de la Misión de Observación Calificada titulado “La justicia hondureña en deuda”, que sistematizó las observaciones del juicio y documentó las debilidades estructurales del sistema judicial hondureño, incluyendo la falta de investigación integral de la autoría intelectual y los obstáculos enfrentados por las víctimas. El 5 de julio de 2021, el Tribunal de Sentencia dictó una decisión que constituyó un precedente histórico, declarando culpable a Roberto David Castillo Mejía, ex gerente de la empresa DESA, como co-autor del asesinato de Berta Cáceres. Posteriormente, el 20 de junio de 2022, se emitió la sentencia escrita que le impuso una pena de 22 años y 6 meses de prisión. La decisión judicial reconoció que el asesinato de Berta Cáceres estuvo vinculado a la oposición liderada por ella y el COPINH frente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y que Castillo actuó como articulador principal de una estructura más amplia de planificación y coordinación del crimen ejecutado como represalia a la oposición de Berta Cáceres y el COPINH contra el proyecto de Agua Zarca. En el marco del juicio contra David Castillo, la Misión de Observación Calificada dio seguimiento continuo a las audiencias, publicando análisis periódicos sobre su desarrollo y emitiendo pronunciamientos públicos exigiendo un fallo justo, independiente y apegado a la ley. Este seguimiento permitió documentar el respeto de las garantías procesales y mantener la atención internacional sobre el caso. 2021–2023: El Fraude sobre el Gualcarque El “Fraude sobre el Gualcarque” hace referencia al fraude realizado para que la empresa DESA fuera la beneficiaria de la concesión del Proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, en el territorio ancestral del pueblo lenca. El proceso penal iniciado en 2019 se dirigió contra ex funcionarios públicos acusados de haber otorgado licencias y permisos de manera fraudulenta, sin consulta previa, libre e informada a la comunidad afectada. En el marco de este proceso, los jueces negaron reconocer al COPINH como acusador privado y víctima directa, bajo el argumento de que en los delitos de corrupción la víctima es exclusivamente el Estado. Frente a esta interpretación restrictiva, la FIDH, junto con sus organizaciones miembro el CAJAR (Colombia), CALDH (Guatemala) y CIPRODEH (Honduras) presentaron un Amicus Curiae, en el cual se sostuvo que los hechos de corrupción pueden violar no solamente la administración pública sino también los derechos humanos de las personas individuales y colectivas. Las víctimas deben poder participar en los procesos penales que buscan establecer responsabilidades por los hechos de corrupción. En este caso, la corrupción administrativa no era abstracta, sino que había tenido consecuencias concretas sobre el pueblo lenca de Río Blanco, vulnerando derechos colectivos, incluyendo el derecho al territorio, al agua y a la consulta previa conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y la participación del pueblo lenca sería a través de su organización reconocida, el COPINH. El 31 de agosto de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció el derecho del pueblo lenca de Río Blanco, representado por el COPINH, a ser considerado víctima en el proceso, lo que constituyó un precedente importante al afirmar que los delitos de corrupción pueden afectar directamente los derechos colectivos de comunidades indígenas y habilitar su participación como víctimas en procesos penales. Posteriormente, el proceso enfrentó nuevas dilaciones y obstáculos judiciales. El 15 de noviembre de 2025 se hicieron públicas las sentencias contra tres personas vinculadas al fraude en la concesión del proyecto Agua Zarca: el exgerente de la empresa DESA, una exfuncionaria de la ENEE y el exalcalde de San Francisco de Ojuera. Las condenas incluyeron penas de prisión e inhabilitaciones por delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones. 2025: Conformación e Informe del GIEI En febrero de 2025 y con el acuerdo del Gobierno hondureño y de la CIDH se instaló el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos independientes (GIEI) Honduras, con el mandato de realizar un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, de delitos conexos y proponer un plan de reparación integral para las víctimas. En enero de 2026, el Informe Final del GIEI, confirmó que el asesinato fue el resultado de una operación criminal organizada, con responsabilidades empresariales, financieras y estatales. El Informe aporta además un elemento especialmente relevante: el esclarecimiento del entramado financiero vinculado al proyecto Agua Zarca. El GIEI documentó la participación de instituciones financieras internacionales en el financiamiento del proyecto y detalló mecanismos de desvío y utilización de recursos que habrían servido para sostener la estructura de vigilancia, intimidación y planificación del crimen. Estos hallazgos permiten comprender el asesinato no solo como un acto individual, sino como el resultado de un esquema organizado en el que confluyeron intereses empresariales, decisiones estatales y flujos financieros internacionales. Para el Observatorio, este informe del GIEI constituye un instrumento técnico-jurídico de alto valor probatorio para el esclarecimiento integral del crimen de Berta Caceres. Y se suma a la delclaración de la Misión de Observación Ccalificada para que el Estado hondureño implemente integralmente las recomendaciones del GIEI, como condición indispensable para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. El Observatorio, junto con organizaciones nacionales en las Américas, desde hace 10 años se solidariza y ha acompañado la mobilización global de exigencia de justicia, por los crímenes cometidos contra Berta Cáceres, y hace un llamado a las autoridades hondureñas a avanzar en el esclarecimiento de todas las responsabilidades, incluidas las empresariales, financieras y estatales. A casi una década del crimen, el Observatorio reafirma que la justicia para Berta Cáceres es inseparable de la justicia para los pueblos indígenas y para todas las personas defensoras de derechos humanos. En este sentido, reitera la necesidad de: 1. Reabrir y profundizar las investigaciones a la luz del Informe del GIEI, avanzando hacia la identificación y procesamiento de todos los autores intelectuales y financieros, incluidas responsabilidades empresariales y estatales 2. Implementar plenamente las recomendaciones del GIEI 3. Garantizar una reparación integral al pueblo lenca, incluida la restitución de sus derechos territoriales y medidas de reparación colectiva 4. Investigar el rol de los actores financieros y las fallas en los mecanismos de debida diligencia 5. Adoptar garantías estructurales de no repetición para proteger a las personas defensoras de derechos humanos en Honduras.]]> Russia: Continued arbitrary detention and judicial harassment of Ms Daria Egereva, indigenous peoples’ rights defender https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/russia-continued-arbitrary-detention-and-judicial-harassment-of-ms-daria-egereva-indigenous-peoples-rights-defender/ Tue, 17 Feb 2026 15:44:06 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24438 New information: The Observatory has been informed about the latest judicial developments regarding the arbitrary arrest and detention of Ms Daria Egereva, a human rights activist defending the rights of indigenous peoples in Russia. Daria Egereva is a representative of the Selkup, one of the smallest indigenous peoples in Russia with a total population of 3500 people, and has, over a sustained period, undertaken professional responsibilities addressing the participation of indigenous peoples in multilateral processes. Her work has focused on global climate cooperation and on facilitating structured dialogue between indigenous peoples and States within official United Nations frameworks, including those in which the Russian Federation participates. On 11 February 2026, the Moscow City Court dismissed Ms Daria Egereva’s appeal against the pre-trial detention decision taken against her in December 2025, and upheld her detention measure without any changes. The hearing was reportedly held behind closed doors. Therefore, at the time of publication of this Urgent Appeal, Ms Egereva remains in custody at Moscow Pre-Trial Detention Center No. 6 until her trial. The Observatory recalls that on 18 December 2025, despite the peaceful nature of her activities, Russian authorities initiated a criminal case against Daria Egereva under Article 205.5 (part 2) of the Criminal Code of the Russian Federation (“participation in the activities of terrorist organisation”) for her alleged involvement with the Aborigen Forum, an informal association of experts and activists representing indigenous peoples from 14 regions of the North, Siberia, and the Far East. If convicted, she is facing up to 20 years of imprisonment. On 17 December 2025, police arrested and detained at least 17 representatives of indigenous peoples from the Altai and Sakha Republics, Tomsk, Murmansk, Kemerovo Oblasts, and Krasnoyarsk Krai. Most were released the same day but, Daria Egereva was kept detained at Moscow Pre-Trial Detention Center No. 6. The Observatory also recalls that on 25 July 2024, the Ministry of Justice of Russia labeled 55 organisations, including those working to protect the rights of indigenous peoples and national minorities, as extremist. Aborigen Forum was one of them. After this, Aborigen Forum terminated all its activities. In November 2024, the Supreme Court of Russia declared the “Free Nations of PostRussia Forum” and its 172 “structural divisions”, including Aborigen Forum, as “terrorist organisations”. The authorities provided no justification for the alleged involvement of these 172 organisations with the Forum. Investigators argued that Ms Egereva joined the Aborigen Forum no later than April 2024 and has since been “involved in recruiting participants, coordinating their activities, creating and administering closed channels where she posted information about events and organised the gathering of participants for such events”. Daria Egereva denied her involvement in terrorist or any other non-peaceful activities. Russian authorities have provided no evidence to the contrary. The decision to conduct the appeal hearing behind closed doors raises serious concerns regarding transparency, due process guarantees, and the right to a fair trial. The Observatory believes that the criminal prosecution of Daria Egereva is a part of the widespread practice of persecution of indigenous peoples and the general crackdown on human rights in Russia, which has clearly intensified after the start of the full-scale invasion of Ukraine. Moreover, Russian authorities regularly abuse anti-extremist and anti-terrorist laws, driven by the vagueness of legislation and total impunity, to silence peaceful dissenting voices and human rights defenders. The Observatory condemns the continued arbitrary detention and judicial harassment of Daria Egereva, which appears to be solely aimed at silencing human rights activist defending the rights of indigenous peoples in Russia and calls on the Russian authorities to immediately and unconditionally release her, and to stop all acts of harassment, against her and all human rights defenders in Russia.]]> New information: The Observatory has been informed about the latest judicial developments regarding the arbitrary arrest and detention of Ms Daria Egereva, a human rights activist defending the rights of indigenous peoples in Russia. Daria Egereva is a representative of the Selkup, one of the smallest indigenous peoples in Russia with a total population of 3500 people, and has, over a sustained period, undertaken professional responsibilities addressing the participation of indigenous peoples in multilateral processes. Her work has focused on global climate cooperation and on facilitating structured dialogue between indigenous peoples and States within official United Nations frameworks, including those in which the Russian Federation participates. On 11 February 2026, the Moscow City Court dismissed Ms Daria Egereva’s appeal against the pre-trial detention decision taken against her in December 2025, and upheld her detention measure without any changes. The hearing was reportedly held behind closed doors. Therefore, at the time of publication of this Urgent Appeal, Ms Egereva remains in custody at Moscow Pre-Trial Detention Center No. 6 until her trial. The Observatory recalls that on 18 December 2025, despite the peaceful nature of her activities, Russian authorities initiated a criminal case against Daria Egereva under Article 205.5 (part 2) of the Criminal Code of the Russian Federation (“participation in the activities of terrorist organisation”) for her alleged involvement with the Aborigen Forum, an informal association of experts and activists representing indigenous peoples from 14 regions of the North, Siberia, and the Far East. If convicted, she is facing up to 20 years of imprisonment. On 17 December 2025, police arrested and detained at least 17 representatives of indigenous peoples from the Altai and Sakha Republics, Tomsk, Murmansk, Kemerovo Oblasts, and Krasnoyarsk Krai. Most were released the same day but, Daria Egereva was kept detained at Moscow Pre-Trial Detention Center No. 6. The Observatory also recalls that on 25 July 2024, the Ministry of Justice of Russia labeled 55 organisations, including those working to protect the rights of indigenous peoples and national minorities, as extremist. Aborigen Forum was one of them. After this, Aborigen Forum terminated all its activities. In November 2024, the Supreme Court of Russia declared the “Free Nations of PostRussia Forum” and its 172 “structural divisions”, including Aborigen Forum, as “terrorist organisations”. The authorities provided no justification for the alleged involvement of these 172 organisations with the Forum. Investigators argued that Ms Egereva joined the Aborigen Forum no later than April 2024 and has since been “involved in recruiting participants, coordinating their activities, creating and administering closed channels where she posted information about events and organised the gathering of participants for such events”. Daria Egereva denied her involvement in terrorist or any other non-peaceful activities. Russian authorities have provided no evidence to the contrary. The decision to conduct the appeal hearing behind closed doors raises serious concerns regarding transparency, due process guarantees, and the right to a fair trial. The Observatory believes that the criminal prosecution of Daria Egereva is a part of the widespread practice of persecution of indigenous peoples and the general crackdown on human rights in Russia, which has clearly intensified after the start of the full-scale invasion of Ukraine. Moreover, Russian authorities regularly abuse anti-extremist and anti-terrorist laws, driven by the vagueness of legislation and total impunity, to silence peaceful dissenting voices and human rights defenders. The Observatory condemns the continued arbitrary detention and judicial harassment of Daria Egereva, which appears to be solely aimed at silencing human rights activist defending the rights of indigenous peoples in Russia and calls on the Russian authorities to immediately and unconditionally release her, and to stop all acts of harassment, against her and all human rights defenders in Russia.]]> Russia: Alarming arbitrary arrest, detention and judicial harassment of Ms Daria Egereva, indigenous peoples’ rights defender https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/russia-alarming-arbitrary-arrest-detention-and-judicial-harassment-of-ms-daria-egereva-indigenous-peoples-rights-defender/ Mon, 09 Feb 2026 11:29:58 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24399 Description of the situation: The Observatory has been informed about the arbitrary arrest and detention of Ms Daria Egereva, a human rights activist defending the rights of indigenous peoples in Russia. Daria Egereva is a representative of the Selkup, one of the smallest indigenous peoples in Russia with a total population of 3500 people, and has, over a sustained period, undertaken professional responsibilities addressing the participation of indigenous peoples in multilateral processes. Her work has focused on global climate cooperation and on facilitating structured dialogue between indigenous peoples and States within official United Nations frameworks, including those in which the Russian Federation participates. On 18 December 2025, despite the peaceful nature of her activities, Russian authorities initiated a criminal case against Daria Egereva under Article 205.5 (part 2) of the Criminal Code of the Russian Federation (“participation in the activities of terrorist organisation”) for her alleged involvement with the Aborigen Forum, an informal association of experts and activists representing indigenous peoples from 14 regions of the North, Siberia, and the Far East. If convicted, she is facing up to 20 years of imprisonment. On 17 December 2025, police arrested and detained at least 17 representatives of indigenous peoples from the Altai and Sakha Republics, Tomsk, Murmansk, Kemerovo Oblasts, and Krasnoyarsk Krai. Most were released the same day but, at the time of publication of this urgent appeal, Daria Egereva is still in detention at Moscow Pre-Trial Detention Center No. 6. The Observatory recalls that on 25 July 2024, the Ministry of Justice of Russia labeled 55 organisations, including those working to protect the rights of indigenous peoples and national minorities, as extremist. Aborigen Forum was one of them. After this, Aborigen Forum terminated all its activities. In November 2024, the Supreme Court of Russia declared the “Free Nations of PostRussia Forum” and its 172 “structural divisions”, including Aborigen Forum, as “terrorist organisations”. The authorities provided no justification for the alleged involvement of these 172 organisations with the Forum. Investigators argued that Ms Egereva joined the Aborigen Forum no later than April 2024 and has since been “involved in recruiting participants, coordinating their activities, creating and administering closed channels where she posted information about events and organised the gathering of participants for such events”. Daria Egereva denied her involvement in terrorist or any other non-peaceful activities. Russian authorities have provided no evidence to the contrary. The Observatory believes that the criminal prosecution of Daria Egereva is a part of the widespread practice of persecution of indigenous peoples and the general crackdown on human rights in Russia, which has clearly intensified after the start of the full-scale invasion of Ukraine. Moreover, Russian authorities regularly abuse anti-extremist and anti-terrorist laws, driven by the vagueness of legislation and total impunity, to silence peaceful dissenting voices and human rights defenders. The Observatory condemns the arbitrary detention and judicial harassment of Daria Egereva, which appears to be solely aimed at silencing human rights activist defending the rights of indigenous peoples in Russia and calls on the Russian authorities to immediately and unconditionally release her, and to stop all acts of harassment, against her and all human rights defenders in Russia.]]> Description of the situation: The Observatory has been informed about the arbitrary arrest and detention of Ms Daria Egereva, a human rights activist defending the rights of indigenous peoples in Russia. Daria Egereva is a representative of the Selkup, one of the smallest indigenous peoples in Russia with a total population of 3500 people, and has, over a sustained period, undertaken professional responsibilities addressing the participation of indigenous peoples in multilateral processes. Her work has focused on global climate cooperation and on facilitating structured dialogue between indigenous peoples and States within official United Nations frameworks, including those in which the Russian Federation participates. On 18 December 2025, despite the peaceful nature of her activities, Russian authorities initiated a criminal case against Daria Egereva under Article 205.5 (part 2) of the Criminal Code of the Russian Federation (“participation in the activities of terrorist organisation”) for her alleged involvement with the Aborigen Forum, an informal association of experts and activists representing indigenous peoples from 14 regions of the North, Siberia, and the Far East. If convicted, she is facing up to 20 years of imprisonment. On 17 December 2025, police arrested and detained at least 17 representatives of indigenous peoples from the Altai and Sakha Republics, Tomsk, Murmansk, Kemerovo Oblasts, and Krasnoyarsk Krai. Most were released the same day but, at the time of publication of this urgent appeal, Daria Egereva is still in detention at Moscow Pre-Trial Detention Center No. 6. The Observatory recalls that on 25 July 2024, the Ministry of Justice of Russia labeled 55 organisations, including those working to protect the rights of indigenous peoples and national minorities, as extremist. Aborigen Forum was one of them. After this, Aborigen Forum terminated all its activities. In November 2024, the Supreme Court of Russia declared the “Free Nations of PostRussia Forum” and its 172 “structural divisions”, including Aborigen Forum, as “terrorist organisations”. The authorities provided no justification for the alleged involvement of these 172 organisations with the Forum. Investigators argued that Ms Egereva joined the Aborigen Forum no later than April 2024 and has since been “involved in recruiting participants, coordinating their activities, creating and administering closed channels where she posted information about events and organised the gathering of participants for such events”. Daria Egereva denied her involvement in terrorist or any other non-peaceful activities. Russian authorities have provided no evidence to the contrary. The Observatory believes that the criminal prosecution of Daria Egereva is a part of the widespread practice of persecution of indigenous peoples and the general crackdown on human rights in Russia, which has clearly intensified after the start of the full-scale invasion of Ukraine. Moreover, Russian authorities regularly abuse anti-extremist and anti-terrorist laws, driven by the vagueness of legislation and total impunity, to silence peaceful dissenting voices and human rights defenders. The Observatory condemns the arbitrary detention and judicial harassment of Daria Egereva, which appears to be solely aimed at silencing human rights activist defending the rights of indigenous peoples in Russia and calls on the Russian authorities to immediately and unconditionally release her, and to stop all acts of harassment, against her and all human rights defenders in Russia.]]> Honduras: organizaciones internacionales respaldan el llamado del GIEI respecto de la impunidad persistente en el asesinato de Berta Cáceres https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/honduras-organizaciones-internacionales-respaldan-el-llamado-del-giei-respecto-de-la-impunidad-persistente-en-el-asesinato-de-berta-caceres/ Wed, 04 Feb 2026 11:37:59 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24392 4 de febrero de 2026. La Misión de Observación Calificada fue creada en el marco de los procesos judiciales celebrados en 2018 y 2021 contra los autores materiales e intermedios del crimen, con el objetivo de observar el desarrollo de los juicios conforme a estándares internacionales de independencia judicial, debido proceso y acceso a la justicia. Desde entonces, las organizaciones que conformen la Misión ha dado seguimiento al caso, en atención a su carácter emblemático a nivel nacional, regional y mundial, particularmente en lo que respecta al acceso a la justicia para mujeres indígenas defensoras de derechos humanos y del territorio, quienes enfrentan formas agravadas y diferenciadas de violencia. Del análisis de las conclusiones del GIEI se desprende que el asesinato de Berta Cáceres constituye una grave violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de asociación, al derecho a defender derechos humanos y a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, ambos ratificados por el Estado de Honduras. El crimen debe ser calificado jurídicamente como el resultado de un patrón de violencia estructural, persecución sistemática y criminalización, y no como un hecho aislado atribuible exclusivamente a autores materiales. El informe del GIEI acredita la existencia de una estructura criminal organizada, con división de funciones y control jerárquico, integrada por autores materiales, intermediarios, actores empresariales, financieros y agentes estatales, orientada a neutralizar la oposición social al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. En este marco, el informe aporta elementos suficientes para sustentar la responsabilidad penal por autoría intelectual respecto de quienes ordenaron, financiaron y facilitaron la comisión del crimen mediante el uso de estructuras empresariales y financieras. Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, el GIEI establece la responsabilidad internacional del Estado hondureño por incumplimiento del deber de prevención, protección e investigación, en tanto agentes estatales —incluidos órganos de inteligencia militar— tuvieron conocimiento previo, real y suficiente del riesgo extraordinario que enfrentaba Berta Cáceres y del plan para asesinarla, sin adoptar medidas adecuadas, oportunas y efectivas para salvaguardar su vida. Esta omisión configura una violación al estándar de debida diligencia reforzada exigible en casos que involucran a personas defensoras de derechos humanos, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El informe documenta asimismo la desviación y el uso ilícito de recursos financieros provenientes de préstamos otorgados por instituciones financieras internacionales de desarrollo, en particular el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los cuales fueron utilizados para financiar actividades ilegales, incluyendo vigilancia, inteligencia, intimidación armada y el pago del asesinato de Berta Cáceres. Estos hechos comprometen la responsabilidad de actores financieros por incumplimiento de obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos, prevención del lavado de activos y control del financiamiento ilícito, conforme a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. La Misión de Observación Calificada recuerda que, como resultado de su observación directa de los juicios, realizó reiterados llamados al Estado hondureño para que profundizara las investigaciones penales y avanzara hacia la identificación, imputación y juzgamiento de los autores intelectuales y financieros del crimen. Estas recomendaciones se formularon conforme a los estándares interamericanos que exigen investigaciones exhaustivas, imparciales y orientadas al esclarecimiento integral de la verdad en casos de graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido, la Misión valora que la publicación del informe del GIEI haya generado un renovado escrutinio público e institucional sobre el caso, y reitera el llamado al Estado de Honduras a cumplir de manera integral y de buena fe con la obligación de implementar las conclusiones y recomendaciones del Grupo, como parte de su deber de garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. A casi diez años del asesinato de Berta Cáceres, persiste el incumplimiento del deber de reparación integral, en tanto no se ha reconocido ni restituido el territorio indígena lenca de Río Blanco, se mantiene vigente la concesión del proyecto Agua Zarca, no se ha sancionado a la totalidad de los responsables y no se han adoptado garantías estructurales de no repetición que desmantelen los mecanismos de criminalización y violencia contra personas defensoras, en particular mujeres indígenas. Las organizaciones que formaron la Misión de Observación Calificada sostienen que el informe del GIEI constituye una base probatoria sólida y suficiente para la reapertura, ampliación y profundización de las investigaciones penales y para la activación de mecanismos de responsabilidad nacional e internacional. La falta de cumplimiento de estas obligaciones perpetúa la responsabilidad internacional del Estado hondureño y consolida un entorno de riesgo estructural para quienes defienden los derechos humanos, los territorios y los bienes comunes.]]> 4 de febrero de 2026. La Misión de Observación Calificada fue creada en el marco de los procesos judiciales celebrados en 2018 y 2021 contra los autores materiales e intermedios del crimen, con el objetivo de observar el desarrollo de los juicios conforme a estándares internacionales de independencia judicial, debido proceso y acceso a la justicia. Desde entonces, las organizaciones que conformen la Misión ha dado seguimiento al caso, en atención a su carácter emblemático a nivel nacional, regional y mundial, particularmente en lo que respecta al acceso a la justicia para mujeres indígenas defensoras de derechos humanos y del territorio, quienes enfrentan formas agravadas y diferenciadas de violencia. Del análisis de las conclusiones del GIEI se desprende que el asesinato de Berta Cáceres constituye una grave violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de asociación, al derecho a defender derechos humanos y a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, ambos ratificados por el Estado de Honduras. El crimen debe ser calificado jurídicamente como el resultado de un patrón de violencia estructural, persecución sistemática y criminalización, y no como un hecho aislado atribuible exclusivamente a autores materiales. El informe del GIEI acredita la existencia de una estructura criminal organizada, con división de funciones y control jerárquico, integrada por autores materiales, intermediarios, actores empresariales, financieros y agentes estatales, orientada a neutralizar la oposición social al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. En este marco, el informe aporta elementos suficientes para sustentar la responsabilidad penal por autoría intelectual respecto de quienes ordenaron, financiaron y facilitaron la comisión del crimen mediante el uso de estructuras empresariales y financieras. Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, el GIEI establece la responsabilidad internacional del Estado hondureño por incumplimiento del deber de prevención, protección e investigación, en tanto agentes estatales —incluidos órganos de inteligencia militar— tuvieron conocimiento previo, real y suficiente del riesgo extraordinario que enfrentaba Berta Cáceres y del plan para asesinarla, sin adoptar medidas adecuadas, oportunas y efectivas para salvaguardar su vida. Esta omisión configura una violación al estándar de debida diligencia reforzada exigible en casos que involucran a personas defensoras de derechos humanos, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El informe documenta asimismo la desviación y el uso ilícito de recursos financieros provenientes de préstamos otorgados por instituciones financieras internacionales de desarrollo, en particular el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los cuales fueron utilizados para financiar actividades ilegales, incluyendo vigilancia, inteligencia, intimidación armada y el pago del asesinato de Berta Cáceres. Estos hechos comprometen la responsabilidad de actores financieros por incumplimiento de obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos, prevención del lavado de activos y control del financiamiento ilícito, conforme a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. La Misión de Observación Calificada recuerda que, como resultado de su observación directa de los juicios, realizó reiterados llamados al Estado hondureño para que profundizara las investigaciones penales y avanzara hacia la identificación, imputación y juzgamiento de los autores intelectuales y financieros del crimen. Estas recomendaciones se formularon conforme a los estándares interamericanos que exigen investigaciones exhaustivas, imparciales y orientadas al esclarecimiento integral de la verdad en casos de graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido, la Misión valora que la publicación del informe del GIEI haya generado un renovado escrutinio público e institucional sobre el caso, y reitera el llamado al Estado de Honduras a cumplir de manera integral y de buena fe con la obligación de implementar las conclusiones y recomendaciones del Grupo, como parte de su deber de garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. A casi diez años del asesinato de Berta Cáceres, persiste el incumplimiento del deber de reparación integral, en tanto no se ha reconocido ni restituido el territorio indígena lenca de Río Blanco, se mantiene vigente la concesión del proyecto Agua Zarca, no se ha sancionado a la totalidad de los responsables y no se han adoptado garantías estructurales de no repetición que desmantelen los mecanismos de criminalización y violencia contra personas defensoras, en particular mujeres indígenas. Las organizaciones que formaron la Misión de Observación Calificada sostienen que el informe del GIEI constituye una base probatoria sólida y suficiente para la reapertura, ampliación y profundización de las investigaciones penales y para la activación de mecanismos de responsabilidad nacional e internacional. La falta de cumplimiento de estas obligaciones perpetúa la responsabilidad internacional del Estado hondureño y consolida un entorno de riesgo estructural para quienes defienden los derechos humanos, los territorios y los bienes comunes.]]> Uganda: Arbitrary arrest and pre-trial detention of eight environmental rights defenders https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/uganda-arbitrary-arrest-and-pre-trial-detention-of-eight-environmental-rights-defenders/ Mon, 26 Jan 2026 17:11:46 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24358 Dorothy Asio, Teopisita Nakyabande and Shammy Nalwadda, and Messrs Noah Katiti, Akram Katende, Ismail Zziwa, Shafik Kalyango, and Ali Keisha. These eight defenders are among a group of 12 environmental activists who were initially arrested on 1 August 2025. Of those defenders, four were released in November 2025 after pleading guilty but their charges remain. The defenders are students from universities in Kampala and Wakiso Districts, and members and part of the Students Against EACOP Uganda movement, which opposes the construction of the East African Crude Oil Pipeline (EACOP), a major project by TotalEnergies that threatens the ecosystem, wildlife existence, and local communities’ rights. On 6 January 2026, the bail application of the above-mentioned eight activists was heard by the Buganda Road Chief Magistrate’s Court. Once again, the magistrate ruled that the matter was at an “advanced stage” and could only ensure an expeditious hearing of the defense. The hearings were initially adjourned to 14 and 16 January 2026, the latter of which was declared a public holiday to accommodate the national general elections. On 14 January, the case was adjourned for a second time to 19 January. However, on 19 January, we were informed that the activists had not been brought to court. The newly assigned magistrate further adjourned the case again to 12 February 2026 at 11:00, citing this as the earliest available date. A warrant was also issued for the detainees. The activists will therefore be detained until this date. The Observatory further recalls that on 1 August 2025, the activists were arrested during a peaceful protest in front of Stanbic Bank Head Office, Kampala, holding placards and banners with the words “Stop EACOP Uganda”. They were charged under Section 65(e) of the Road Act Cap. 346 for “nuisance on roads” and remanded to Luzira Maximum Security Prison, where eight of them remain detained at the time of publication of this Urgent Appeal. The Observatory recalls that all previous bail applications were denied by the Buganda Road Chief Magistrate’s Court on 18 August, 5 September, 1 October, and 16 October 2025. The court justified the denials on the grounds that some of the activists were repeat protestors and that the proceedings were already at an « advanced stage ». These incidents illustrate a persistent pattern of harassment targeting those opposing EACOP and defending environmental and human rights. Environmental rights defenders in Uganda have, in recent years, repeatedly faced arbitrary arrests, judicial harassment, and torture. For example, on 9 August 2024, 47 students were arrested in Kampala during a peaceful protest against the EACOP project. Between May and June 2024, environmental activists like Adriko Sostein, Julius Tumwiine, and Stephen Kwikiriza were arrested and arbitrarily detained, as well as Bob Barigye, Noah Katiiti, Newton Mwesigwa, Julius Byaruhanga, Desire Ndyamwesigwa, Raymond Binntukwanga, and Jealousy Mugisha Mulimbwa. Lawyer Eron Kiiza, known for his advocacy for environmental protection and rule of law, has also been targeted and detained. In April 2025, 11 environmental defenders, known as #KCB11 were arbitrarily arrested and detained following a peaceful protest denouncing the Kenyan Commercial Bank’s decision to fund EACOP. In October 2024, the United Nations Special Rapporteur on Human Rights Defenders sent a letter to the Ugandan government, raising concern about the increasing harassment of activists opposing the EACOP, particularly Students for Global Democracy. These arbitrary arrests and detentions, and acts of judicial harassment, are part of a persistent and intensive repressive trend - especially ahead of the general elections held on 15 January 2026 - targeting environmental and human rights defenders and affected communities in the context of oil development projects in Uganda. This highlights a broader pattern of silencing and undermining the fundamental freedoms of peaceful assembly and expression guaranteed under Article 29 of the Constitution of Uganda and Articles 19 and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The Observatory strongly condemns the continued judicial harassment and the ongoing pre-trial arbitrary detention of the above-mentioned eight young climate rights defenders since 1 August 2025, which appears to be an act of reprisal for their legitimate human rights activities. The Observatory urges the Ugandan authorities to ensure their immediate and unconditional release, and put an end to any act of harassment, including at the judicial level, against them and all the human rights defenders in Uganda. The Observatory also urges the Ugandan authorities to respect the rights of the defense as recognised by international instruments and to guarantee to the 12 climate rights defenders an impartial and independent trial.]]> Dorothy Asio, Teopisita Nakyabande and Shammy Nalwadda, and Messrs Noah Katiti, Akram Katende, Ismail Zziwa, Shafik Kalyango, and Ali Keisha. These eight defenders are among a group of 12 environmental activists who were initially arrested on 1 August 2025. Of those defenders, four were released in November 2025 after pleading guilty but their charges remain. The defenders are students from universities in Kampala and Wakiso Districts, and members and part of the Students Against EACOP Uganda movement, which opposes the construction of the East African Crude Oil Pipeline (EACOP), a major project by TotalEnergies that threatens the ecosystem, wildlife existence, and local communities’ rights. On 6 January 2026, the bail application of the above-mentioned eight activists was heard by the Buganda Road Chief Magistrate’s Court. Once again, the magistrate ruled that the matter was at an “advanced stage” and could only ensure an expeditious hearing of the defense. The hearings were initially adjourned to 14 and 16 January 2026, the latter of which was declared a public holiday to accommodate the national general elections. On 14 January, the case was adjourned for a second time to 19 January. However, on 19 January, we were informed that the activists had not been brought to court. The newly assigned magistrate further adjourned the case again to 12 February 2026 at 11:00, citing this as the earliest available date. A warrant was also issued for the detainees. The activists will therefore be detained until this date. The Observatory further recalls that on 1 August 2025, the activists were arrested during a peaceful protest in front of Stanbic Bank Head Office, Kampala, holding placards and banners with the words “Stop EACOP Uganda”. They were charged under Section 65(e) of the Road Act Cap. 346 for “nuisance on roads” and remanded to Luzira Maximum Security Prison, where eight of them remain detained at the time of publication of this Urgent Appeal. The Observatory recalls that all previous bail applications were denied by the Buganda Road Chief Magistrate’s Court on 18 August, 5 September, 1 October, and 16 October 2025. The court justified the denials on the grounds that some of the activists were repeat protestors and that the proceedings were already at an « advanced stage ». These incidents illustrate a persistent pattern of harassment targeting those opposing EACOP and defending environmental and human rights. Environmental rights defenders in Uganda have, in recent years, repeatedly faced arbitrary arrests, judicial harassment, and torture. For example, on 9 August 2024, 47 students were arrested in Kampala during a peaceful protest against the EACOP project. Between May and June 2024, environmental activists like Adriko Sostein, Julius Tumwiine, and Stephen Kwikiriza were arrested and arbitrarily detained, as well as Bob Barigye, Noah Katiiti, Newton Mwesigwa, Julius Byaruhanga, Desire Ndyamwesigwa, Raymond Binntukwanga, and Jealousy Mugisha Mulimbwa. Lawyer Eron Kiiza, known for his advocacy for environmental protection and rule of law, has also been targeted and detained. In April 2025, 11 environmental defenders, known as #KCB11 were arbitrarily arrested and detained following a peaceful protest denouncing the Kenyan Commercial Bank’s decision to fund EACOP. In October 2024, the United Nations Special Rapporteur on Human Rights Defenders sent a letter to the Ugandan government, raising concern about the increasing harassment of activists opposing the EACOP, particularly Students for Global Democracy. These arbitrary arrests and detentions, and acts of judicial harassment, are part of a persistent and intensive repressive trend - especially ahead of the general elections held on 15 January 2026 - targeting environmental and human rights defenders and affected communities in the context of oil development projects in Uganda. This highlights a broader pattern of silencing and undermining the fundamental freedoms of peaceful assembly and expression guaranteed under Article 29 of the Constitution of Uganda and Articles 19 and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The Observatory strongly condemns the continued judicial harassment and the ongoing pre-trial arbitrary detention of the above-mentioned eight young climate rights defenders since 1 August 2025, which appears to be an act of reprisal for their legitimate human rights activities. The Observatory urges the Ugandan authorities to ensure their immediate and unconditional release, and put an end to any act of harassment, including at the judicial level, against them and all the human rights defenders in Uganda. The Observatory also urges the Ugandan authorities to respect the rights of the defense as recognised by international instruments and to guarantee to the 12 climate rights defenders an impartial and independent trial.]]>