https://observatoryfordefenders.org/fr/ Thu, 05 Nov 2026 11:10:41 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.4 https://observatoryfordefenders.org/wp-content/uploads/2022/06/cropped-OB-eye-orange-32x32.png https://observatoryfordefenders.org/fr/ 32 32 https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/mexcico-a-seis-anos-de-su-injusto-encarcelamiento-libertad-para-kenia-ya/ Fri, 23 Oct 2026 11:06:57 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25632 Ginebra-París, 23 de octubre de 2026. Kenia Inés Hernández es una defensora amuzga de la tierra, el territorio, de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres. Es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, el cual promueve diferentes formas de resistencia pacífica frente a la imposición de modelos de desarrollo capitalista. ¿El motivo de su privación de libertad? Ejercer su legítimo derecho a la protesta y defender derechos humanos. Seis años después, pese a que en abril del 2026 fue liberada de las ocho causas federales en su contra, y que organizaciones internacionales, instancias y mecanismos de derechos humanos, incluyendo a la CIDH, la ONU, así como parlamentarias mexicanas y europeas, hayan advertido sobre la injusticia de su caso, Kenia sigue detenida. Durante estos seis años, Kenia ha estado separada de sus hijos menores de edad, presa en distintas cárceles, incluyendo un penal de máxima seguridad – el CEFERESO 16 – en el Estado de Morelos; y, ha enfrentado continuas vulneraciones a sus derechos, lo que le ha llevado a declararse en huelga de hambre en varias ocasiones. Fue especialmente doloroso para ella, cuando el año pasado, al fallecer su madre, se le negó el derecho a acudir al funeral y abrazar a sus hijos, quienes acababan de perder a la persona que desde la detención arbitraria de su madre cuidaba de ellos. No obstante, en todo este tiempo, Kenia nunca ha dejado de defender sus derechos y los de las otras mujeres presas, ni de escribir poesía para hacer trascender su voz más allá de los muros de la cárcel. Incluso ha creado un taller dentro de la prisión: “Tejedoras de libertad “, donde además de compartir con otras mujeres los saberes ancestrales de tejido y bordado en chaquira, también es un espacio autosostenible y de terapia ocupacional para más de 30 mujeres privadas de libertad, logrando que muchas de ellas encuentren nuevas motivaciones y se acerquen a sus hijos e hijas. En abril de 2026, la defensora quedó liberada de las ocho causas federales en su contra, quedando pendientes tan sólo dos de ámbito estatal, en el Estado de México. Lamentablemente en julio de 2026, cuando su libertad parecía estar más cerca que nunca, se reabrió una de las causas federales de las que había sido absuelta a raíz de un amparo presentado por la parte acusadora: Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), una agencia federal del gobierno de México. Este amparo recurre la decisión del juez de no vincular esta causa a proceso porque de hacerlo supondría criminalizar la defensa de derechos humanos. En palabras del juez: “(...) la fiscalía acusa a Kenia de haber ‘dirigido a un grupo de personas para la comisión de un delito’, pero de lo único que trajo pruebas es que Kenia es dirigente, y después de escucharla no me cabe duda que Kenia es lideresa por naturaleza, pero vincularla solo por ser líder de su comunidad sería criminalizar el activismo en México como muchas veces sucede, y eso debe empezar a cambiar en México. Debemos empezar a juzgar con perspectiva de derechos humanos” Para Kenia ya son seis años de injusticia sostenida y prolongada, de separación de sus hijos, de no poder llevar a cabo en libertad su incansable labor y compromiso con la defensa de los derechos humanos; también han sido seis años de recibir el apoyo, la solidaridad y el reconocimiento de muchas personas, organizaciones y colectivos de México, de Latinoamérica y del planeta entero. Por ello, ahora más que nunca, es necesario seguir expresando y haciéndole llegar a ella y su familia esa solidaridad y, a las autoridades e instancias responsables, la demanda de ponerla en libertad de manera inmediata y cerrar los casos en su contra.]]> Ginebra-París, 23 de octubre de 2026. Kenia Inés Hernández es una defensora amuzga de la tierra, el territorio, de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres. Es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, el cual promueve diferentes formas de resistencia pacífica frente a la imposición de modelos de desarrollo capitalista. ¿El motivo de su privación de libertad? Ejercer su legítimo derecho a la protesta y defender derechos humanos. Seis años después, pese a que en abril del 2026 fue liberada de las ocho causas federales en su contra, y que organizaciones internacionales, instancias y mecanismos de derechos humanos, incluyendo a la CIDH, la ONU, así como parlamentarias mexicanas y europeas, hayan advertido sobre la injusticia de su caso, Kenia sigue detenida. Durante estos seis años, Kenia ha estado separada de sus hijos menores de edad, presa en distintas cárceles, incluyendo un penal de máxima seguridad – el CEFERESO 16 – en el Estado de Morelos; y, ha enfrentado continuas vulneraciones a sus derechos, lo que le ha llevado a declararse en huelga de hambre en varias ocasiones. Fue especialmente doloroso para ella, cuando el año pasado, al fallecer su madre, se le negó el derecho a acudir al funeral y abrazar a sus hijos, quienes acababan de perder a la persona que desde la detención arbitraria de su madre cuidaba de ellos. No obstante, en todo este tiempo, Kenia nunca ha dejado de defender sus derechos y los de las otras mujeres presas, ni de escribir poesía para hacer trascender su voz más allá de los muros de la cárcel. Incluso ha creado un taller dentro de la prisión: “Tejedoras de libertad “, donde además de compartir con otras mujeres los saberes ancestrales de tejido y bordado en chaquira, también es un espacio autosostenible y de terapia ocupacional para más de 30 mujeres privadas de libertad, logrando que muchas de ellas encuentren nuevas motivaciones y se acerquen a sus hijos e hijas. En abril de 2026, la defensora quedó liberada de las ocho causas federales en su contra, quedando pendientes tan sólo dos de ámbito estatal, en el Estado de México. Lamentablemente en julio de 2026, cuando su libertad parecía estar más cerca que nunca, se reabrió una de las causas federales de las que había sido absuelta a raíz de un amparo presentado por la parte acusadora: Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), una agencia federal del gobierno de México. Este amparo recurre la decisión del juez de no vincular esta causa a proceso porque de hacerlo supondría criminalizar la defensa de derechos humanos. En palabras del juez: “(...) la fiscalía acusa a Kenia de haber ‘dirigido a un grupo de personas para la comisión de un delito’, pero de lo único que trajo pruebas es que Kenia es dirigente, y después de escucharla no me cabe duda que Kenia es lideresa por naturaleza, pero vincularla solo por ser líder de su comunidad sería criminalizar el activismo en México como muchas veces sucede, y eso debe empezar a cambiar en México. Debemos empezar a juzgar con perspectiva de derechos humanos” Para Kenia ya son seis años de injusticia sostenida y prolongada, de separación de sus hijos, de no poder llevar a cabo en libertad su incansable labor y compromiso con la defensa de los derechos humanos; también han sido seis años de recibir el apoyo, la solidaridad y el reconocimiento de muchas personas, organizaciones y colectivos de México, de Latinoamérica y del planeta entero. Por ello, ahora más que nunca, es necesario seguir expresando y haciéndole llegar a ella y su familia esa solidaridad y, a las autoridades e instancias responsables, la demanda de ponerla en libertad de manera inmediata y cerrar los casos en su contra.]]> https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/western-sahara-morocco-the-necessity-of-implementing-the-decisions-and-opinions-of-un-mechanisms-regarding-the-gdeim-izik-group/ Mon, 12 Oct 2026 13:26:12 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25555 SOS-Defenders project, are following the developments of the open hunger strike undertaken by a number of Saharawi political prisoners from the Gdeim Izik group since September 23, 2026, in Moroccan prisons. This strike is in protest against their continued detention and the conditions of their imprisonment, and to demand the implementation of the opinions and recommendations of the United Nations human rights mechanisms, in particular those issued by the Special Rapporteurs, the Committee Against Torture, and the Working Group on Arbitrary Detention regarding their case. They also demand their transfer to prisons located in Western Sahara, to ensure proximity to their families. The following individuals continue their hunger strike: Naama Asfari, Ahmed Sbaai, Hassan Dah, El Houssein Ezzaoui, Mohamed Bani, Mohamed Lamine Haddi, Mohamed El Bachir Boutenguiza, and Abdallah Abbahah. In a new development, El Bachir Khadda was transferred to the local prison in the city of El Aaiún / Western Sahara, where he suspended his hunger strike. Furthermore, Naama Asfari was transferred to Loudaya prison in Marrakech / Morocco, and Hassan Dah to Ben Guerir prison / Morocco, while they both continue their open hunger strike alongside their comrades. This strike comes after more than sixteen years since the arrest of the Gdeim Izik group, and in light of their ongoing suffering within Moroccan prisons and the suffering of their families. The undersigned organisations follow with great concern the health condition of the prisoners on hunger strike, renewing their demand for the immediate release of all Saharawi political prisoners.]]> SOS-Defenders project, are following the developments of the open hunger strike undertaken by a number of Saharawi political prisoners from the Gdeim Izik group since September 23, 2026, in Moroccan prisons. This strike is in protest against their continued detention and the conditions of their imprisonment, and to demand the implementation of the opinions and recommendations of the United Nations human rights mechanisms, in particular those issued by the Special Rapporteurs, the Committee Against Torture, and the Working Group on Arbitrary Detention regarding their case. They also demand their transfer to prisons located in Western Sahara, to ensure proximity to their families. The following individuals continue their hunger strike: Naama Asfari, Ahmed Sbaai, Hassan Dah, El Houssein Ezzaoui, Mohamed Bani, Mohamed Lamine Haddi, Mohamed El Bachir Boutenguiza, and Abdallah Abbahah. In a new development, El Bachir Khadda was transferred to the local prison in the city of El Aaiún / Western Sahara, where he suspended his hunger strike. Furthermore, Naama Asfari was transferred to Loudaya prison in Marrakech / Morocco, and Hassan Dah to Ben Guerir prison / Morocco, while they both continue their open hunger strike alongside their comrades. This strike comes after more than sixteen years since the arrest of the Gdeim Izik group, and in light of their ongoing suffering within Moroccan prisons and the suffering of their families. The undersigned organisations follow with great concern the health condition of the prisoners on hunger strike, renewing their demand for the immediate release of all Saharawi political prisoners.]]> https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/armenia-renewed-judicial-harassment-against-women-environmental-human-rights-defenders-nazeli-vardanyan-and-tehmine-yenoqyan/ Fri, 09 Oct 2026 13:38:07 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25560 Paris-Geneva-Yerevan, 9 October 2026 – The International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, together with the Civil Society Institute (CSI) express serious concern over renewed judicial proceedings initiated by Lydian Armenia, a mining company, against women environmental human rights defenders Nazeli Vardanyan and Tehmine Yenoqyan. The undersigned organisations are concerned that the proceedings, viewed in the context of previous litigation against the same defenders, bear characteristics of Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) and may have a chilling effect on environmental advocacy and public-interest debate in Armenia. The Observatory and CSI call for an end to the use of judicial proceedings that may intimidate, silence or discourage environmental human rights defenders (HRDs) and other public watchdogs from speaking out on matters of significant public interest. Nazeli Vardanyan is a lawyer and long-standing environmental HRD, as well as the head of Armenian Forests NGO. She has been actively engaged for many years in legal and public advocacy concerning the Amulsar gold mine and its environmental, social and human rights implications. Tehmine Yenoqyan is an environmental HRD, journalist and President of Green Armenia NGO, who has for many years raised concerns about the effects of the Amulsar project on local communities and the environment. New proceedings against Nazeli Vardanyan In February 2026, Lydian Armenia initiated new legal proceedings against Nazeli Vardanyan in connection with statements made by her during an interview published on 20 January 2026 concerning the Amulsar project and Lydian Armenia. For context, the Amulsar project is a gold mining project in southern Armenia that has been the subject of longstanding environmental and human rights concerns raised by local communities and civil society organisations. In its public statement announcing the lawsuit, Lydian Armenia alleged that Ms Vardanyan’s statements did not reflect reality and damaged the company’s business reputation and the reputation of the Amulsar project. According to the claim, Lydian Armenia is asking the court to require Nazeli Vardanyan to publicly retract the disputed statements and state publicly that the information she disseminated was false. The company is also seeking AMD 6 million in compensation (approximately EUR 13,000) from the HRD. Ms Vardanyan maintains that the issues she raised concern matters of substantial public interest related to the Amulsar mining project and reflect concerns and positions that she has expressed publicly for many years. The Observatory and CSI are particularly concerned by the combination of a substantial financial demand and a request compelling the HRD to make a public declaration that the information she disseminated was false. Such remedies may have consequences extending far beyond the individual defendant by discouraging others from scrutinising the environmental and human rights impacts of major economic projects. New proceedings against Tehmine Yenoqyan At the same time, Tehmine Yenoqyan is facing a new lawsuit brought by Lydian Armenia concerning a Facebook publication in which she raised concerns regarding incidents of water pollution and fires allegedly connected with construction activities at Amulsar. According to a report submitted in February 2026 by complainants in the framework of the Bern Convention case concerning the Amulsar gold mine, the proceedings relate to a Facebook post accompanied by a photograph of polluted water in which Ms Yenoqyan stated that construction activities at Amulsar had on several occasions resulted in water pollution and fires. The report states that Lydian Armenia is demanding that Tehmine Yenoqyan publicly retract the disputed statement through the media and pay AMD 6 million. The complainants expressly characterise the proceedings as a new SLAPP case. The fact that Lydian Armenia is simultaneously pursuing proceedings against two women environmental HRDs, in both cases seeking a public retraction and AMD 6 million, heightens concerns regarding the proportionality of the measures sought and their potential chilling effect on environmental advocacy and public participation. A recurrent pattern of judicial harassment The current proceedings should not be viewed in isolation from a longer history of litigation and other forms of pressure targeting environmental defenders who have publicly scrutinised or criticised the Amulsar project. Already in May 2019, the Observatory, acting on information provided by Civil Society Institute, had previously expressed deep concern over judicial harassment and defamation campaigns against Nazeli Vardanyan, Tehmine Yenoqyan and other environmental defenders, journalists and lawyers in connection with their work concerning the Amulsar mine. The Observatory has documented civil defamation proceedings brought by Lydian Armenia against several environmental defenders, including Nazeli Vardanyan. It has also documented offensive and sexist smear campaigns against women environmental defenders, including Tehmine Yenoqyan, as well as efforts aimed at discrediting Nazeli Vardanyan’s professional reputation as a lawyer. In December 2018, Lydian Armenia had already brought a civil defamation claim against Nazeli Vardanyan over statements connected with her scrutiny of the Amulsar project. The proceedings resulted in judicial findings against her at first instance and on appeal, although the financial award was ultimately reduced and the requirement to publish a retraction was removed on appeal. Tehmine Yenoqyan has likewise faced sustained pressure linked to her environmental work. The Observatory had previously documented sexist attacks against her and proceedings she initiated after abusive materials and surveillance-related content concerning her were disseminated online. The fact that several years later the same two women environmental HRDs are once again facing civil claims related to their public-interest advocacy raises particular concerns about the real motives and cumulative effect of repeated litigation. Even where a defendant ultimately succeeds in court, lengthy proceedings and claims for damages may consume significant time and resources, generate substantial legal and financial costs, impose psychological pressure and deter other environmental defenders, journalists, lawyers, scientists and affected residents from participating in public debate. Environmental criticism is protected public-interest speech Questions concerning the environmental and health consequences of a major mining project, the protection of water resources and biodiversity, the adequacy of environmental impact assessments, the transparency and legality of decision-making processes, and the activities of companies implementing such projects are matters of evident public interest. The Observatory and CSI recognise that businesses have the right to protect their reputation and seek judicial remedies where legitimate grounds exist. However, this right must be balanced against the right to freedom of expression and the essential role played by HRDs, journalists, lawyers, environmental organisations, experts and affected communities in scrutinising projects that may have significant environmental and human rights impacts. The Council of Europe has recognised this risk in Recommendation CM/Rec(2024)2 on countering the use of Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs), which identifies disproportionate remedies and multiple or coordinated proceedings, among other factors, as indicators of potential SLAPPs. Armenia’s obligation to protect environmental defenders The protection of environmental defenders is also expressly recognised by the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters — the Aarhus Convention, to which Armenia is a Party. Article 3(8) of the Aarhus Convention requires each Party to ensure that persons exercising their rights under the Convention are not penalised, persecuted or harassed in any way for their involvement. The UNECE has clarified that environmental defenders include individuals, groups, local communities, environmental NGOs, lawyers and journalists seeking to protect the right to live in an environment adequate to their health and well-being. This places a positive responsibility on the Armenian authorities to ensure that legal proceedings initiated by private entities do not become a mechanism through which environmental defenders are subjected to retaliation or disproportionate pressure for exercising rights protected under the Convention. Particular concern regarding women human rights defenders The Observatory and CSI are particularly concerned that both defendants are women HRDs who have faced sustained pressure in connection with their environmental advocacy. The gendered smear campaigns previously documented by the Observatory demonstrate that the litigation against these defenders occurs within a broader environment in which women who publicly challenge powerful economic interests may face not only legal and financial pressure but also gender-based attacks on their dignity and reputation. Such circumstances require particular attention to the cumulative and gendered impact of reprisals against women HRDs. The Observatory and CSI call for action The Observatory and CSI call on Lydian Armenia to withdraw the proceedings against Nazeli Vardanyan and Tehmine Yenoqyan, and address criticism concerning the Amulsar project through transparency, access to information, scientific evidence and meaningful public dialogue rather than through proceedings capable of producing a chilling effect on public participation. They also call on the Armenian authorities to ensure that Nazeli Vardanyan and Tehmine Yenoqyan can exercise their rights to freedom of expression, environmental participation and human rights defence without intimidation, retaliation or harassment, including by ensuring that judicial procedures are not used to impose disproportionate burdens on human rights defenders; and to develop effective anti-SLAPP safeguards in line with Council of Europe Recommendation CM/Rec(2024)2; and fully implement Armenia’s obligations under Article 3(8) of the Aarhus Convention. The Observatory and CSI further call on international human rights and environmental mechanisms, including the Special Rapporteur on Environmental Defenders under the Aarhus Convention, to closely monitor the proceedings against Nazeli Vardanyan and Tehmine Yenoqyan and the broader situation of environmental human rights defenders in Armenia.]]> Paris-Geneva-Yerevan, 9 October 2026 – The International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, together with the Civil Society Institute (CSI) express serious concern over renewed judicial proceedings initiated by Lydian Armenia, a mining company, against women environmental human rights defenders Nazeli Vardanyan and Tehmine Yenoqyan. The undersigned organisations are concerned that the proceedings, viewed in the context of previous litigation against the same defenders, bear characteristics of Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) and may have a chilling effect on environmental advocacy and public-interest debate in Armenia. The Observatory and CSI call for an end to the use of judicial proceedings that may intimidate, silence or discourage environmental human rights defenders (HRDs) and other public watchdogs from speaking out on matters of significant public interest. Nazeli Vardanyan is a lawyer and long-standing environmental HRD, as well as the head of Armenian Forests NGO. She has been actively engaged for many years in legal and public advocacy concerning the Amulsar gold mine and its environmental, social and human rights implications. Tehmine Yenoqyan is an environmental HRD, journalist and President of Green Armenia NGO, who has for many years raised concerns about the effects of the Amulsar project on local communities and the environment. New proceedings against Nazeli Vardanyan In February 2026, Lydian Armenia initiated new legal proceedings against Nazeli Vardanyan in connection with statements made by her during an interview published on 20 January 2026 concerning the Amulsar project and Lydian Armenia. For context, the Amulsar project is a gold mining project in southern Armenia that has been the subject of longstanding environmental and human rights concerns raised by local communities and civil society organisations. In its public statement announcing the lawsuit, Lydian Armenia alleged that Ms Vardanyan’s statements did not reflect reality and damaged the company’s business reputation and the reputation of the Amulsar project. According to the claim, Lydian Armenia is asking the court to require Nazeli Vardanyan to publicly retract the disputed statements and state publicly that the information she disseminated was false. The company is also seeking AMD 6 million in compensation (approximately EUR 13,000) from the HRD. Ms Vardanyan maintains that the issues she raised concern matters of substantial public interest related to the Amulsar mining project and reflect concerns and positions that she has expressed publicly for many years. The Observatory and CSI are particularly concerned by the combination of a substantial financial demand and a request compelling the HRD to make a public declaration that the information she disseminated was false. Such remedies may have consequences extending far beyond the individual defendant by discouraging others from scrutinising the environmental and human rights impacts of major economic projects. New proceedings against Tehmine Yenoqyan At the same time, Tehmine Yenoqyan is facing a new lawsuit brought by Lydian Armenia concerning a Facebook publication in which she raised concerns regarding incidents of water pollution and fires allegedly connected with construction activities at Amulsar. According to a report submitted in February 2026 by complainants in the framework of the Bern Convention case concerning the Amulsar gold mine, the proceedings relate to a Facebook post accompanied by a photograph of polluted water in which Ms Yenoqyan stated that construction activities at Amulsar had on several occasions resulted in water pollution and fires. The report states that Lydian Armenia is demanding that Tehmine Yenoqyan publicly retract the disputed statement through the media and pay AMD 6 million. The complainants expressly characterise the proceedings as a new SLAPP case. The fact that Lydian Armenia is simultaneously pursuing proceedings against two women environmental HRDs, in both cases seeking a public retraction and AMD 6 million, heightens concerns regarding the proportionality of the measures sought and their potential chilling effect on environmental advocacy and public participation. A recurrent pattern of judicial harassment The current proceedings should not be viewed in isolation from a longer history of litigation and other forms of pressure targeting environmental defenders who have publicly scrutinised or criticised the Amulsar project. Already in May 2019, the Observatory, acting on information provided by Civil Society Institute, had previously expressed deep concern over judicial harassment and defamation campaigns against Nazeli Vardanyan, Tehmine Yenoqyan and other environmental defenders, journalists and lawyers in connection with their work concerning the Amulsar mine. The Observatory has documented civil defamation proceedings brought by Lydian Armenia against several environmental defenders, including Nazeli Vardanyan. It has also documented offensive and sexist smear campaigns against women environmental defenders, including Tehmine Yenoqyan, as well as efforts aimed at discrediting Nazeli Vardanyan’s professional reputation as a lawyer. In December 2018, Lydian Armenia had already brought a civil defamation claim against Nazeli Vardanyan over statements connected with her scrutiny of the Amulsar project. The proceedings resulted in judicial findings against her at first instance and on appeal, although the financial award was ultimately reduced and the requirement to publish a retraction was removed on appeal. Tehmine Yenoqyan has likewise faced sustained pressure linked to her environmental work. The Observatory had previously documented sexist attacks against her and proceedings she initiated after abusive materials and surveillance-related content concerning her were disseminated online. The fact that several years later the same two women environmental HRDs are once again facing civil claims related to their public-interest advocacy raises particular concerns about the real motives and cumulative effect of repeated litigation. Even where a defendant ultimately succeeds in court, lengthy proceedings and claims for damages may consume significant time and resources, generate substantial legal and financial costs, impose psychological pressure and deter other environmental defenders, journalists, lawyers, scientists and affected residents from participating in public debate. Environmental criticism is protected public-interest speech Questions concerning the environmental and health consequences of a major mining project, the protection of water resources and biodiversity, the adequacy of environmental impact assessments, the transparency and legality of decision-making processes, and the activities of companies implementing such projects are matters of evident public interest. The Observatory and CSI recognise that businesses have the right to protect their reputation and seek judicial remedies where legitimate grounds exist. However, this right must be balanced against the right to freedom of expression and the essential role played by HRDs, journalists, lawyers, environmental organisations, experts and affected communities in scrutinising projects that may have significant environmental and human rights impacts. The Council of Europe has recognised this risk in Recommendation CM/Rec(2024)2 on countering the use of Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs), which identifies disproportionate remedies and multiple or coordinated proceedings, among other factors, as indicators of potential SLAPPs. Armenia’s obligation to protect environmental defenders The protection of environmental defenders is also expressly recognised by the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters — the Aarhus Convention, to which Armenia is a Party. Article 3(8) of the Aarhus Convention requires each Party to ensure that persons exercising their rights under the Convention are not penalised, persecuted or harassed in any way for their involvement. The UNECE has clarified that environmental defenders include individuals, groups, local communities, environmental NGOs, lawyers and journalists seeking to protect the right to live in an environment adequate to their health and well-being. This places a positive responsibility on the Armenian authorities to ensure that legal proceedings initiated by private entities do not become a mechanism through which environmental defenders are subjected to retaliation or disproportionate pressure for exercising rights protected under the Convention. Particular concern regarding women human rights defenders The Observatory and CSI are particularly concerned that both defendants are women HRDs who have faced sustained pressure in connection with their environmental advocacy. The gendered smear campaigns previously documented by the Observatory demonstrate that the litigation against these defenders occurs within a broader environment in which women who publicly challenge powerful economic interests may face not only legal and financial pressure but also gender-based attacks on their dignity and reputation. Such circumstances require particular attention to the cumulative and gendered impact of reprisals against women HRDs. The Observatory and CSI call for action The Observatory and CSI call on Lydian Armenia to withdraw the proceedings against Nazeli Vardanyan and Tehmine Yenoqyan, and address criticism concerning the Amulsar project through transparency, access to information, scientific evidence and meaningful public dialogue rather than through proceedings capable of producing a chilling effect on public participation. They also call on the Armenian authorities to ensure that Nazeli Vardanyan and Tehmine Yenoqyan can exercise their rights to freedom of expression, environmental participation and human rights defence without intimidation, retaliation or harassment, including by ensuring that judicial procedures are not used to impose disproportionate burdens on human rights defenders; and to develop effective anti-SLAPP safeguards in line with Council of Europe Recommendation CM/Rec(2024)2; and fully implement Armenia’s obligations under Article 3(8) of the Aarhus Convention. The Observatory and CSI further call on international human rights and environmental mechanisms, including the Special Rapporteur on Environmental Defenders under the Aarhus Convention, to closely monitor the proceedings against Nazeli Vardanyan and Tehmine Yenoqyan and the broader situation of environmental human rights defenders in Armenia.]]> https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/honduras-amenaza-de-impunidad-para-juan-lopez-y-riesgo-para-las-personas-defensoras-en-tocoa/ Tue, 18 Aug 2026 10:55:30 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25231 Ginebra-París, 19 de agosto de 2026. El Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras (OMCT-FIDH) expresa su grave preocupación por una resolución judicial que sustituyó la prisión preventiva de Adán Fúnez, exalcalde de Tocoa, y de Juan Ángel Ramos Gallegos, dos de los presuntos autores intelectuales del asesinato del defensor ambiental Juan López, y urge a la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción Nacional de Honduras a revocar de inmediato dicha resolución. Juan López, defensor del agua y del territorio, fue asesinado el 14 de septiembre de 2024 al salir de una iglesia, pocos días después de exigir públicamente la renuncia de Adán Fúnez, entonces alcalde de Tocoa, a quien señalaba por presuntos actos de corrupción. El 12 de mayo de 2026, la Policía Nacional capturó a Adán Fúnez, Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, señalados por el Ministerio Público como presuntos autores intelectuales del crimen. El 16 de mayo de 2026, tras una audiencia inicial de más de quince horas, la jueza Rosario Díaz Cruz del juzgado de letras penal con competencia en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción de San Pedro Sula, dictó auto de formal procesamiento por los delitos de asesinato y asociación para delinquir, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva contra los tres. Adán Fúnez enfrenta, además, procesos por presuntos actos de abuso de poder durante su gestión como alcalde de Tocoa. El 31 de julio de 2026, la misma jueza Rosario Díaz Cruz sustituyó la prisión preventiva de Adán Fúnez por arresto domiciliario, invocando su edad y presuntas enfermedades de base, sin que, según consta en su propia resolución, los presupuestos legales que motivaron la medida original hubieran desaparecido. El 13 de agosto de 2026, la misma jueza amplió el beneficio de arresto domiciliario a Ramón Gallegos, aun reconociendo que tampoco en su caso han cambiado los presupuestos por los cuales se impuso la prisión preventiva; Gallegos actualmente cumple dicho arresto en la misma zona donde reside la familia de Juan López y donde el defensor fue asesinado. Las víctimas han interpuesto recursos de apelación contra ambas decisiones, actualmente pendientes de resolución por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción Nacional de Honduras. El Observatorio precisa que, si bien se trata de una sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario, tanto Adán Fúnez como Ramón Gallegos siguen vinculados a proceso. No obstante, esta decisión ha permitido su regreso a Tocoa, con el consiguiente riesgo para las víctimas y para las personas defensoras de la zona. Resulta especialmente alarmante que aun cuando el caso de Juan López ha recibido atención cercana por parte de organismos internacionales de derechos humanos, como la propiaComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el sistema de justicia hondureño parece reproducir los mismos patrones de impunidad que se han visto en otros casos de personas defensoras asesinadas en Honduras. Además, el Observatorio recuerda que la familia de Juan López y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, así como su equipo legal del Bufete Justicia para los Pueblos, son beneficiarios de las medidas cautelares MC 137-2023, otorgadas por la CIDH, y que el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar su seguridad integral, obligación que hasta la fecha no ha cumplido. Ante estas circunstancias, el Observatorio exige a las autoridades hondureñas la protección inmediata de las víctimas y de las personas defensoras del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y el Bufete Justicia para los Pueblos, así como una investigación inmediata sobre las decisiones de la jueza Rosario Díaz Cruz y del Poder Judicial. De igual manera, el Observatorio llama a la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción Nacional de Honduras a resolver con celeridad los recursos de apelación presentados por las víctimas, y al Ministerio Público de Honduras a seguir avanzando con las investigaciones sobre todos los presuntos autores intelectuales de este asesinato.]]> Ginebra-París, 19 de agosto de 2026. El Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras (OMCT-FIDH) expresa su grave preocupación por una resolución judicial que sustituyó la prisión preventiva de Adán Fúnez, exalcalde de Tocoa, y de Juan Ángel Ramos Gallegos, dos de los presuntos autores intelectuales del asesinato del defensor ambiental Juan López, y urge a la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción Nacional de Honduras a revocar de inmediato dicha resolución. Juan López, defensor del agua y del territorio, fue asesinado el 14 de septiembre de 2024 al salir de una iglesia, pocos días después de exigir públicamente la renuncia de Adán Fúnez, entonces alcalde de Tocoa, a quien señalaba por presuntos actos de corrupción. El 12 de mayo de 2026, la Policía Nacional capturó a Adán Fúnez, Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, señalados por el Ministerio Público como presuntos autores intelectuales del crimen. El 16 de mayo de 2026, tras una audiencia inicial de más de quince horas, la jueza Rosario Díaz Cruz del juzgado de letras penal con competencia en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción de San Pedro Sula, dictó auto de formal procesamiento por los delitos de asesinato y asociación para delinquir, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva contra los tres. Adán Fúnez enfrenta, además, procesos por presuntos actos de abuso de poder durante su gestión como alcalde de Tocoa. El 31 de julio de 2026, la misma jueza Rosario Díaz Cruz sustituyó la prisión preventiva de Adán Fúnez por arresto domiciliario, invocando su edad y presuntas enfermedades de base, sin que, según consta en su propia resolución, los presupuestos legales que motivaron la medida original hubieran desaparecido. El 13 de agosto de 2026, la misma jueza amplió el beneficio de arresto domiciliario a Ramón Gallegos, aun reconociendo que tampoco en su caso han cambiado los presupuestos por los cuales se impuso la prisión preventiva; Gallegos actualmente cumple dicho arresto en la misma zona donde reside la familia de Juan López y donde el defensor fue asesinado. Las víctimas han interpuesto recursos de apelación contra ambas decisiones, actualmente pendientes de resolución por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción Nacional de Honduras. El Observatorio precisa que, si bien se trata de una sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario, tanto Adán Fúnez como Ramón Gallegos siguen vinculados a proceso. No obstante, esta decisión ha permitido su regreso a Tocoa, con el consiguiente riesgo para las víctimas y para las personas defensoras de la zona. Resulta especialmente alarmante que aun cuando el caso de Juan López ha recibido atención cercana por parte de organismos internacionales de derechos humanos, como la propiaComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el sistema de justicia hondureño parece reproducir los mismos patrones de impunidad que se han visto en otros casos de personas defensoras asesinadas en Honduras. Además, el Observatorio recuerda que la familia de Juan López y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, así como su equipo legal del Bufete Justicia para los Pueblos, son beneficiarios de las medidas cautelares MC 137-2023, otorgadas por la CIDH, y que el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar su seguridad integral, obligación que hasta la fecha no ha cumplido. Ante estas circunstancias, el Observatorio exige a las autoridades hondureñas la protección inmediata de las víctimas y de las personas defensoras del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y el Bufete Justicia para los Pueblos, así como una investigación inmediata sobre las decisiones de la jueza Rosario Díaz Cruz y del Poder Judicial. De igual manera, el Observatorio llama a la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción Nacional de Honduras a resolver con celeridad los recursos de apelación presentados por las víctimas, y al Ministerio Público de Honduras a seguir avanzando con las investigaciones sobre todos los presuntos autores intelectuales de este asesinato.]]> https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/mexico-liberacion-del-defensor-del-bosque-pablo-lopez-alavez-tras-15-anos-7-meses-y-12-dias-de-su-detencion-arbitraria/ Tue, 18 Aug 2026 10:52:01 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25227 18 de agosto de 2026; Las Organizaciones internacionales, mexicanas y oaxaqueñas abajo firmantes celebramos la liberación del defensor de derechos humanos, indígena zapoteco, Pablo López Alavez. El 27 de marzo de 2026, Pablo López Alavez fue puesto en libertad tras una resolución de segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La decisión modificó la calificación jurídica de los hechos y estableció una pena de 15 años y 3 meses de prisión por el delito de homicidio simple. Al considerar el tiempo que el defensor había permanecido privado de libertad desde su detención arbitraria, ocurrida el 15 de agosto de 2010, la autoridad tuvo por cumplida la pena y ordenó su liberación inmediata. Si bien la sentencia continúa vigente, su liberación representa un avance importante tras más de 15 años de privación de libertad. Pablo ha sido liberado tras una lucha por justicia y libertad, de más de 15 años, impulsada por su esposa, la defensora Yolanda Pérez Cruz, y organizaciones del estado de Oaxaca, de la sociedad civil mexicana e internacional. Activistas, colectivos y organizaciones de derechos humanos celebramos la liberación de nuestro compañero Pablo López Alavez, defensor del bosque de origen zapoteco y originario de la comunidad de San Isidro Aloapam, Oaxaca. Este largo caminar no hubiera sido posible sin el acuerpamiento y solidaridad en diferentes latitudes. Agradecemos a todas las organizaciones, personas y colectividades que nunca abandonaron su acción y compromiso a favor de su liberación durante más de 15 años. Agradecemos a los organismos internacionales por su sensibilidad en poner sobre la mesa el uso político del sistema penal y penitenciario para criminalizar y castigar de manera prolongada la labor de defensa de derechos humanos en México. El 15 de agosto de 2010, el defensor de derechos humanos fue detenido de manera arbitraria y torturado por un grupo de personas armadas sin orden de aprehensión. Durante esos años que han pasado desde este hecho, Pablo fue privado de su libertad, y expuesto a más violaciones de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo. Su familia fue desplazada forzosamente de su comunidad por amenazas constantes y graves que han sufrido debido a su lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos, por lo que cuentan con medidas cautelares de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Destacamos que la detención de Pablo y el desplazamiento forzado de su familia han tenido impactos profundos en su bienestar, incluyendo enfermedades crónicas, desarraigo cultural y comunitario, además, de la necesidad de aprender español forzosamente y adaptarse a un entorno urbano y mestizo. La lucha por la justicia continúa. Las organizaciones firmantes exigimos al Poder Judicial Federal una revisión exhaustiva del caso, pues la resolución que lo sentenció carece de fundamentos sólidos. A fin de cesar la criminalización que el defensor ha enfrentado por más de 15 años, corresponde que se dicte una sentencia absolutoria a favor del defensor del bosque y adopten medidas integrales de reparación del daño causado. Esto implica garantizar la debida investigación, juzgamiento y sanción de las autoridades responsables de las graves violaciones cometidas en su contra, así como implementar todas las medidas necesarias para proteger su integridad física y bienestar psicológico, al igual que la de su familia y de las organizaciones que les han acompañado. Finalmente, nuestras organizaciones resaltamos la obligación de las autoridades mexicanas de establecer garantías de no repetición contundentes. La sentencia condenatoria se dictó sin considerar las graves inconsistencias y contradicciones en las pruebas presentadas por la parte acusadora. Tampoco valoró de forma debida las pruebas de descargo que demostraban que el defensor se encontraba en otro lugar cuando ocurrieron los hechos que se le imputaron. A nueve años de que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU emitiera la opinión 23/2017, que concluyó que la privación de libertad de Pablo es arbitraria y motivada por su legítima labor de defensa ambiental; y de que del mismo modo, en diciembre de 2020 un grupo de relatores especiales de las Naciones Unidas emitió la comunicación conjunta UA MEX 14/2020 mediante la cual demandaron su liberación y la adopción de medidas de reparación integral, ambas opiniones de expertos internacionales de las Naciones Unidas siguen sin cumplirse. Por ende, exigimos al Estado mexicano que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, cese las graves y sistemáticas violaciones a los derechos del defensor del bosque Pablo López Alavez, y llamamos a las autoridades a:

• Cumplir de inmediato con las recomendaciones derivadas de la opinión 23/2017 y la Acción Urgente UA MEX 14/2020 de la ONU, entre ellas la reparación integral y las garantías de no repetición;
• Revocar la sentencia condenatoria dictada el 27 de marzo de 2026 y dictar sentencia absolutoria a favor de Pablo López Alavez, ante la falta de debida valoración probatoria, la cual resultó en su detención arbitraria y le inhibió de continuar con la defensa del territorio;
• Garantizar medidas de protección integrales y efectivas para él y su familia, quienes siguen bajo constante hostigamiento y amenaza;
• Abstenerse de hacer uso indebido del derecho penal contra personas defensoras del territorio y de los pueblos indígenas así como garantizar que no se inicien o sostengan procesos penales infundados por el ejercicio legítimo de su labor de defensa de derechos humanos.

¡Justicia para el defensor zapoteco del bosque Pablo López Alavez! Ante la preocupación por la integridad de Pablo y su familia, así como por razones de seguridad, se hace pública esta información hasta este momento. #JusticiaParaPabloLópezAlavéz #DerechosHumanos #DefenderEsUnDerecho]]> 18 de agosto de 2026; Las Organizaciones internacionales, mexicanas y oaxaqueñas abajo firmantes celebramos la liberación del defensor de derechos humanos, indígena zapoteco, Pablo López Alavez. El 27 de marzo de 2026, Pablo López Alavez fue puesto en libertad tras una resolución de segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La decisión modificó la calificación jurídica de los hechos y estableció una pena de 15 años y 3 meses de prisión por el delito de homicidio simple. Al considerar el tiempo que el defensor había permanecido privado de libertad desde su detención arbitraria, ocurrida el 15 de agosto de 2010, la autoridad tuvo por cumplida la pena y ordenó su liberación inmediata. Si bien la sentencia continúa vigente, su liberación representa un avance importante tras más de 15 años de privación de libertad. Pablo ha sido liberado tras una lucha por justicia y libertad, de más de 15 años, impulsada por su esposa, la defensora Yolanda Pérez Cruz, y organizaciones del estado de Oaxaca, de la sociedad civil mexicana e internacional. Activistas, colectivos y organizaciones de derechos humanos celebramos la liberación de nuestro compañero Pablo López Alavez, defensor del bosque de origen zapoteco y originario de la comunidad de San Isidro Aloapam, Oaxaca. Este largo caminar no hubiera sido posible sin el acuerpamiento y solidaridad en diferentes latitudes. Agradecemos a todas las organizaciones, personas y colectividades que nunca abandonaron su acción y compromiso a favor de su liberación durante más de 15 años. Agradecemos a los organismos internacionales por su sensibilidad en poner sobre la mesa el uso político del sistema penal y penitenciario para criminalizar y castigar de manera prolongada la labor de defensa de derechos humanos en México. El 15 de agosto de 2010, el defensor de derechos humanos fue detenido de manera arbitraria y torturado por un grupo de personas armadas sin orden de aprehensión. Durante esos años que han pasado desde este hecho, Pablo fue privado de su libertad, y expuesto a más violaciones de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo. Su familia fue desplazada forzosamente de su comunidad por amenazas constantes y graves que han sufrido debido a su lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos, por lo que cuentan con medidas cautelares de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Destacamos que la detención de Pablo y el desplazamiento forzado de su familia han tenido impactos profundos en su bienestar, incluyendo enfermedades crónicas, desarraigo cultural y comunitario, además, de la necesidad de aprender español forzosamente y adaptarse a un entorno urbano y mestizo. La lucha por la justicia continúa. Las organizaciones firmantes exigimos al Poder Judicial Federal una revisión exhaustiva del caso, pues la resolución que lo sentenció carece de fundamentos sólidos. A fin de cesar la criminalización que el defensor ha enfrentado por más de 15 años, corresponde que se dicte una sentencia absolutoria a favor del defensor del bosque y adopten medidas integrales de reparación del daño causado. Esto implica garantizar la debida investigación, juzgamiento y sanción de las autoridades responsables de las graves violaciones cometidas en su contra, así como implementar todas las medidas necesarias para proteger su integridad física y bienestar psicológico, al igual que la de su familia y de las organizaciones que les han acompañado. Finalmente, nuestras organizaciones resaltamos la obligación de las autoridades mexicanas de establecer garantías de no repetición contundentes. La sentencia condenatoria se dictó sin considerar las graves inconsistencias y contradicciones en las pruebas presentadas por la parte acusadora. Tampoco valoró de forma debida las pruebas de descargo que demostraban que el defensor se encontraba en otro lugar cuando ocurrieron los hechos que se le imputaron. A nueve años de que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU emitiera la opinión 23/2017, que concluyó que la privación de libertad de Pablo es arbitraria y motivada por su legítima labor de defensa ambiental; y de que del mismo modo, en diciembre de 2020 un grupo de relatores especiales de las Naciones Unidas emitió la comunicación conjunta UA MEX 14/2020 mediante la cual demandaron su liberación y la adopción de medidas de reparación integral, ambas opiniones de expertos internacionales de las Naciones Unidas siguen sin cumplirse. Por ende, exigimos al Estado mexicano que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, cese las graves y sistemáticas violaciones a los derechos del defensor del bosque Pablo López Alavez, y llamamos a las autoridades a:

• Cumplir de inmediato con las recomendaciones derivadas de la opinión 23/2017 y la Acción Urgente UA MEX 14/2020 de la ONU, entre ellas la reparación integral y las garantías de no repetición;
• Revocar la sentencia condenatoria dictada el 27 de marzo de 2026 y dictar sentencia absolutoria a favor de Pablo López Alavez, ante la falta de debida valoración probatoria, la cual resultó en su detención arbitraria y le inhibió de continuar con la defensa del territorio;
• Garantizar medidas de protección integrales y efectivas para él y su familia, quienes siguen bajo constante hostigamiento y amenaza;
• Abstenerse de hacer uso indebido del derecho penal contra personas defensoras del territorio y de los pueblos indígenas así como garantizar que no se inicien o sostengan procesos penales infundados por el ejercicio legítimo de su labor de defensa de derechos humanos.

¡Justicia para el defensor zapoteco del bosque Pablo López Alavez! Ante la preocupación por la integridad de Pablo y su familia, así como por razones de seguridad, se hace pública esta información hasta este momento. #JusticiaParaPabloLópezAlavéz #DerechosHumanos #DefenderEsUnDerecho]]> https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/honduras-carta-al-magistrado-presidente-de-la-corte-suprema-de-justicia-y-del-poder-judicial-de-honduras/ Thu, 30 Jul 2026 10:15:23 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25204 Wagner Vallecillo Paredes Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de Honduras PRESENTE Distinguido Magistrado, Por medio de la presente, las organizaciones internacionales firmantes nos dirigimos a Usted luego de haber recibido información contrastada especialmente preocupante sobre violaciones a derechos humanos cometidas contra integrantes de la comunidad garífuna de San Juan, en particular, en relación con la persecución judicial ilegal que enfrentan cinco personas defensoras de derechos humanos de esta comunidad e integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH): Deinor Osmany Mejía Arzu, Irbin Rene López Cortes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta. El pasado 6 de julio, efectivos policiales acudieron a la comunidad garífuna de San Juan, Tela, para ejecutar un desalojo violento e ilegal. En este marco fueron detenidas arbitrariamente las cinco personas  antes mencionadas, posteriormente fueron liberadas, sin embargo continúan bajo proceso judicial acusadas de manera infundada de “usurpación agravada” de su propio territorio. El 15 de julio, cuando estaba prevista la audiencia inicial en el Juzgado de Letras Seccional de Tela, la jueza Norma Fuentes emitió una resolución mediante la cual se declaró incompetente para realizar la audiencia y remitió el proceso al Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada con sede en San Pedro Sula. La jueza fundamentó el traslado bajo el argumento de que la comunidad de San Juan sería una organización de crimen organizado. Además de la gravedad y carácter infundado de esta alegación de la jueza, la remisión del proceso a un juzgado alejado del lugar de origen de las personas defensoras incrementa la vulnerabilidad y riesgo en los que ya se encuentran en este proceso de criminalización. Es importante señalar que la persecución judicial ilegal no solo genera graves impactos para estas cinco personas defensoras, sino que amenaza también la legítima labor de defensa de derechos humanos que realizan como OFRANEH y comunidad organizada. Al respecto recordamos que las comunidades garífunas organizadas en la OFRANEH son reconocidas nacional e internacionalmente por su labor de cuidado del medio ambiente y por favorecer condiciones de vida digna para sus habitantes en un contexto de abandono de las instituciones, desigualdad, pobreza y racismo. Cabe señalar también que la criminalización de las cinco personas defensoras se da en un contexto de intensificación de la violencia contra las comunidades garífunas y está vinculada con la entrada en vigor de la “Ley para el Fortalecimiento del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas", publicada en el Diario Oficial la Gaceta el 26 de junio de 2026 mediante el decreto 107/2026. El contenido de esta ley supone una grave amenaza para la sobrevivencia de comunidades y pueblos, especialmente de aquellas que defienden la tierra y el territorio. Finalmente es fundamental recordar que las violaciones cometidas contra el pueblo garífuna de San Juan y sus derechos a la propiedad colectiva han sido reconocidos a nivel internacional mediante la Sentencia emitida en el 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En este sentido, la detención arbitraria y judicialización de las cinco personas integrantes de la OFRANEH constituyen violaciones flagrantes de las obligaciones internacionales del Estado de Honduras. Constituyen además un incumplimiento de la Circular DGPN-(S/D)-No.009-2026 de la propia Policía Nacional que exceptúa de la aplicación de la ley referida a las Tierras Indígenas y Tribales según el Convenio 169 de la OIT. Con base en lo anterior, Distinguido Magistrado, le solicitamos respetuosamente que tome todas las acciones necesarias para:

• Garantizar el cese inmediato de la persecución judicial ilegal contra las cinco personas defensoras integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH): Deinor Osmany Mejía Arzu, Irbin Rene López Cortes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta.
• Garantizar el debido y total cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte IDH a favor del pueblo garífuna de San Juan que reconocen el derecho a la propiedad colectiva y condenan al Estado por violar derechos territoriales y culturales del pueblo garífuna y que ordenan asegurar la protección de líderes y lideresas.
• Prevenir cualquier otra situación de criminalización y violación de los derechos internacionalmente reconocidos a favor de la población de San Juan y demás comunidades garífunas.

Desde nuestras organizaciones nos mantendremos especialmente vigilantes de esta situación. Quedamos atentas a la respuesta que brinde a la presente.]]> Wagner Vallecillo Paredes Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de Honduras PRESENTE Distinguido Magistrado, Por medio de la presente, las organizaciones internacionales firmantes nos dirigimos a Usted luego de haber recibido información contrastada especialmente preocupante sobre violaciones a derechos humanos cometidas contra integrantes de la comunidad garífuna de San Juan, en particular, en relación con la persecución judicial ilegal que enfrentan cinco personas defensoras de derechos humanos de esta comunidad e integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH): Deinor Osmany Mejía Arzu, Irbin Rene López Cortes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta. El pasado 6 de julio, efectivos policiales acudieron a la comunidad garífuna de San Juan, Tela, para ejecutar un desalojo violento e ilegal. En este marco fueron detenidas arbitrariamente las cinco personas  antes mencionadas, posteriormente fueron liberadas, sin embargo continúan bajo proceso judicial acusadas de manera infundada de “usurpación agravada” de su propio territorio. El 15 de julio, cuando estaba prevista la audiencia inicial en el Juzgado de Letras Seccional de Tela, la jueza Norma Fuentes emitió una resolución mediante la cual se declaró incompetente para realizar la audiencia y remitió el proceso al Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada con sede en San Pedro Sula. La jueza fundamentó el traslado bajo el argumento de que la comunidad de San Juan sería una organización de crimen organizado. Además de la gravedad y carácter infundado de esta alegación de la jueza, la remisión del proceso a un juzgado alejado del lugar de origen de las personas defensoras incrementa la vulnerabilidad y riesgo en los que ya se encuentran en este proceso de criminalización. Es importante señalar que la persecución judicial ilegal no solo genera graves impactos para estas cinco personas defensoras, sino que amenaza también la legítima labor de defensa de derechos humanos que realizan como OFRANEH y comunidad organizada. Al respecto recordamos que las comunidades garífunas organizadas en la OFRANEH son reconocidas nacional e internacionalmente por su labor de cuidado del medio ambiente y por favorecer condiciones de vida digna para sus habitantes en un contexto de abandono de las instituciones, desigualdad, pobreza y racismo. Cabe señalar también que la criminalización de las cinco personas defensoras se da en un contexto de intensificación de la violencia contra las comunidades garífunas y está vinculada con la entrada en vigor de la “Ley para el Fortalecimiento del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas", publicada en el Diario Oficial la Gaceta el 26 de junio de 2026 mediante el decreto 107/2026. El contenido de esta ley supone una grave amenaza para la sobrevivencia de comunidades y pueblos, especialmente de aquellas que defienden la tierra y el territorio. Finalmente es fundamental recordar que las violaciones cometidas contra el pueblo garífuna de San Juan y sus derechos a la propiedad colectiva han sido reconocidos a nivel internacional mediante la Sentencia emitida en el 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En este sentido, la detención arbitraria y judicialización de las cinco personas integrantes de la OFRANEH constituyen violaciones flagrantes de las obligaciones internacionales del Estado de Honduras. Constituyen además un incumplimiento de la Circular DGPN-(S/D)-No.009-2026 de la propia Policía Nacional que exceptúa de la aplicación de la ley referida a las Tierras Indígenas y Tribales según el Convenio 169 de la OIT. Con base en lo anterior, Distinguido Magistrado, le solicitamos respetuosamente que tome todas las acciones necesarias para:

• Garantizar el cese inmediato de la persecución judicial ilegal contra las cinco personas defensoras integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH): Deinor Osmany Mejía Arzu, Irbin Rene López Cortes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta.
• Garantizar el debido y total cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte IDH a favor del pueblo garífuna de San Juan que reconocen el derecho a la propiedad colectiva y condenan al Estado por violar derechos territoriales y culturales del pueblo garífuna y que ordenan asegurar la protección de líderes y lideresas.
• Prevenir cualquier otra situación de criminalización y violación de los derechos internacionalmente reconocidos a favor de la población de San Juan y demás comunidades garífunas.

Desde nuestras organizaciones nos mantendremos especialmente vigilantes de esta situación. Quedamos atentas a la respuesta que brinde a la presente.]]> https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/france-la-justice-confirme-les-condamnations-a-lencontre-de-quatre-defenseurs-de-lenvironnement-dans-le-cadre-des-manifestations-de-sainte-soline/ Thu, 16 Jul 2026 14:23:14 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24940 16 juillet 2026. Le 1er juillet 2026, la cour d’appel de Poitiers a confirmé les condamnations prononcées en première instance par le tribunal judiciaire de Niort, le 17 janvier 2024, à l’encontre de quatre défenseurs de l’eau et de l’environnement pour “organisation d’une manifestation interdite” (article 431-9 du Code pénal). Julien Le Guet, porte-parole de Bassines Non Merci, a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis ; Nicolas Garrigues (alias Benoît Feuillu), porte parole des Soulèvements de la Terre à trois mois avec sursis ; Nicolas Girod et Benoît Jaunet, responsables syndicaux de la Confédération paysanne, à 800 euros d’amende chacun. Une interdiction de port d’arme d’une durée de cinq ans a en outre été prononcée à leur encontre. Les quatre défenseurs étaient poursuivis pour avoir présumément organisé un rassemblement interdit ayant réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes le 25 mars 2023 à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), afin de protester contre la construction d’une réserve d’irrigation, dite “mégabassine”. Cette retenue d’eau a depuis été jugée illégale par la cour d’appel administrative de Bordeaux, à défaut de l’obtention préalable d’une dérogation “espèces protégées”. Lors de cette manifestation, les forces de l’ordre ont tiré plus de 5 000 grenades lacrymogènes et explosives, faisant plus de 200 blessé·es dans les rangs des manifestant·es, dont 40 grièvement, parmi lesquels deux personnes plongées dans le coma. En novembre 2025, Libération et Mediapart ont publié des dizaines d’heures d’enregistrements issus des caméras-piétons de gendarmes présents à Sainte-Soline le 25 mars 2023. Ces images révèlent des pratiques illégales de tirs tendus de grenades - une technique expressément interdite -, ainsi que des propos d’une violence extrême tenus par des membres des forces de l’ordre à l’égard des manifestant·es. En décembre 2025, le parquet de Rennes a classé sans suite les plaintes déposées par quatre manifestants grièvement blessés, reconnaissant pourtant l’existence de « tirs non conformes aux règles ». Le 8 juillet 2026, la Défenseure des droits, Claire Hédon, a publié une décision attendue sur cette opération de maintien de l’ordre, qui conclue que « les autorités ont adopté une logique de confrontation ayant conduit à un lourd bilan humain » et que l’enquête administrative menée au préalable par l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) a manqué d’objectivité et d’effectivité. Cette décision intervient par ailleurs au lendemain de l’adoption par l’Assemblée nationale, le 7 juillet 2026, d’une proposition de loi instaurant une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, qui prévoit que les policier·ères et gendarmes faisant usage de leur arme à feu sont présumé·es avoir agi dans le cadre légal. Alors que les violences commises à Sainte-Soline demeurent impunies, cette évolution législative soulève de vives inquiétudes quant à la capacité de la justice à établir les responsabilités des agent·es de l’État dans de futurs cas de violences. L’Observatoire et la LDH expriment leur profonde préoccupation face au contraste saisissant entre la célérité et la sévérité des poursuites engagées à l’encontre des organisateurs présumés de la manifestation, d’une part, et l’absence à ce jour de toute condamnation pénale des membres des forces de l’ordre d’autre part. Le déséquilibre dans le traitement des faits survenus le 25 mars 2023 est en effet de nature à produire un effet particulièrement dissuasif sur l’exercice des droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique. Le rapporteur spécial des Nations unies sur les défenseurs et défenseuses de l’environnement, Michel Forst, avait ainsi rappelé lors de l’audience en cour d’appel le 27 mai 2026 que la désobéissance civile environnementale est protégée par le droit international et que les militant·es écologistes sont protégé·es par les Nations unies, au titre de la Convention d’Arhus sur le droit à l’information, à la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement de 1998, ratifiée par 48 États dont la France. Il avait également alerté la cour sur l’effet dissuasif de peines disproportionnées, contraires au droit international. La France, en tant qu’État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), est tenue de garantir le droit à la liberté de réunion pacifique au titre des articles 21 du PIDCP et 11 de la CEDH. Toute restriction à ce droit doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être strictement nécessaire et proportionnée. L’Observatoire et la LDH rappellent à cet égard que la Cour européenne des droits de l’homme a constamment rappelé que le simple fait qu’une manifestation ait été déclarée illégale ne saurait, à lui seul, justifier des poursuites pénales. La Cour rappelle par ailleurs que le fait que des actes de violences aient pu être commis par des manifestant·es ne saurait priver l’ensemble des manifestant·es de leur liberté de réunion pacifique. La France est également tenue, au titre des articles 2 et 3 de la CEDH, de conduire des enquêtes effectives et indépendantes sur les allégations de violences commises par des agents de l’État. L’Observatoire et la LDH rappellent également les dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme, dont l’article 5 reconnaît à chacun le droit de se réunir et de se rassembler pacifiquement, et l’article 12 fait obligation aux États de protéger les défenseur·es contre toutes représailles du fait de leur engagement légitime. L’Observatoire et la LDH appellent les autorités françaises à mettre fin à la criminalisation des défenseur·es de l’environnement, et à garantir que les enquêtes sur les violences commises par des membres des forces de l’ordre lors de la manifestation du 25 mars 2023 à Sainte-Soline soient menées de manière effective, indépendante et impartiale, conformément aux obligations internationales de la France.]]> 16 juillet 2026. Le 1er juillet 2026, la cour d’appel de Poitiers a confirmé les condamnations prononcées en première instance par le tribunal judiciaire de Niort, le 17 janvier 2024, à l’encontre de quatre défenseurs de l’eau et de l’environnement pour “organisation d’une manifestation interdite” (article 431-9 du Code pénal). Julien Le Guet, porte-parole de Bassines Non Merci, a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis ; Nicolas Garrigues (alias Benoît Feuillu), porte parole des Soulèvements de la Terre à trois mois avec sursis ; Nicolas Girod et Benoît Jaunet, responsables syndicaux de la Confédération paysanne, à 800 euros d’amende chacun. Une interdiction de port d’arme d’une durée de cinq ans a en outre été prononcée à leur encontre. Les quatre défenseurs étaient poursuivis pour avoir présumément organisé un rassemblement interdit ayant réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes le 25 mars 2023 à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), afin de protester contre la construction d’une réserve d’irrigation, dite “mégabassine”. Cette retenue d’eau a depuis été jugée illégale par la cour d’appel administrative de Bordeaux, à défaut de l’obtention préalable d’une dérogation “espèces protégées”. Lors de cette manifestation, les forces de l’ordre ont tiré plus de 5 000 grenades lacrymogènes et explosives, faisant plus de 200 blessé·es dans les rangs des manifestant·es, dont 40 grièvement, parmi lesquels deux personnes plongées dans le coma. En novembre 2025, Libération et Mediapart ont publié des dizaines d’heures d’enregistrements issus des caméras-piétons de gendarmes présents à Sainte-Soline le 25 mars 2023. Ces images révèlent des pratiques illégales de tirs tendus de grenades - une technique expressément interdite -, ainsi que des propos d’une violence extrême tenus par des membres des forces de l’ordre à l’égard des manifestant·es. En décembre 2025, le parquet de Rennes a classé sans suite les plaintes déposées par quatre manifestants grièvement blessés, reconnaissant pourtant l’existence de « tirs non conformes aux règles ». Le 8 juillet 2026, la Défenseure des droits, Claire Hédon, a publié une décision attendue sur cette opération de maintien de l’ordre, qui conclue que « les autorités ont adopté une logique de confrontation ayant conduit à un lourd bilan humain » et que l’enquête administrative menée au préalable par l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) a manqué d’objectivité et d’effectivité. Cette décision intervient par ailleurs au lendemain de l’adoption par l’Assemblée nationale, le 7 juillet 2026, d’une proposition de loi instaurant une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, qui prévoit que les policier·ères et gendarmes faisant usage de leur arme à feu sont présumé·es avoir agi dans le cadre légal. Alors que les violences commises à Sainte-Soline demeurent impunies, cette évolution législative soulève de vives inquiétudes quant à la capacité de la justice à établir les responsabilités des agent·es de l’État dans de futurs cas de violences. L’Observatoire et la LDH expriment leur profonde préoccupation face au contraste saisissant entre la célérité et la sévérité des poursuites engagées à l’encontre des organisateurs présumés de la manifestation, d’une part, et l’absence à ce jour de toute condamnation pénale des membres des forces de l’ordre d’autre part. Le déséquilibre dans le traitement des faits survenus le 25 mars 2023 est en effet de nature à produire un effet particulièrement dissuasif sur l’exercice des droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique. Le rapporteur spécial des Nations unies sur les défenseurs et défenseuses de l’environnement, Michel Forst, avait ainsi rappelé lors de l’audience en cour d’appel le 27 mai 2026 que la désobéissance civile environnementale est protégée par le droit international et que les militant·es écologistes sont protégé·es par les Nations unies, au titre de la Convention d’Arhus sur le droit à l’information, à la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement de 1998, ratifiée par 48 États dont la France. Il avait également alerté la cour sur l’effet dissuasif de peines disproportionnées, contraires au droit international. La France, en tant qu’État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), est tenue de garantir le droit à la liberté de réunion pacifique au titre des articles 21 du PIDCP et 11 de la CEDH. Toute restriction à ce droit doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être strictement nécessaire et proportionnée. L’Observatoire et la LDH rappellent à cet égard que la Cour européenne des droits de l’homme a constamment rappelé que le simple fait qu’une manifestation ait été déclarée illégale ne saurait, à lui seul, justifier des poursuites pénales. La Cour rappelle par ailleurs que le fait que des actes de violences aient pu être commis par des manifestant·es ne saurait priver l’ensemble des manifestant·es de leur liberté de réunion pacifique. La France est également tenue, au titre des articles 2 et 3 de la CEDH, de conduire des enquêtes effectives et indépendantes sur les allégations de violences commises par des agents de l’État. L’Observatoire et la LDH rappellent également les dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme, dont l’article 5 reconnaît à chacun le droit de se réunir et de se rassembler pacifiquement, et l’article 12 fait obligation aux États de protéger les défenseur·es contre toutes représailles du fait de leur engagement légitime. L’Observatoire et la LDH appellent les autorités françaises à mettre fin à la criminalisation des défenseur·es de l’environnement, et à garantir que les enquêtes sur les violences commises par des membres des forces de l’ordre lors de la manifestation du 25 mars 2023 à Sainte-Soline soient menées de manière effective, indépendante et impartiale, conformément aux obligations internationales de la France.]]> https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/maroc-sahara-occidental-emprisonne-depuis-15-ans-le-defenseur-sahraoui-naama-asfari-en-greve-de-la-faim-depuis-12-jours/ Fri, 19 Jun 2026 16:14:17 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24929 M. Naâma Asfari, détenu arbitrairement à la prison de Kenitra au Maroc depuis quinze ans. Naâma Asfari est un défenseur des droits humains sahraoui qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental. Il est vice-président du Comité pour les libertés et le respect des droits de l’homme au Sahara occidental (CORELSO). Le 8 juin 2026, Naâma Asfari a entamé une grève de la faim illimitée pour réclamer l’application de l’avis 23/2023 rendu par le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Le 27 mars 2023, ce Groupe de travail a qualifié sa condamnation d’ « arbitraire » appelant le Royaume du Maroc à libérer immédiatement Naâma Asfari, à l’indemniser et à ouvrir une enquête approfondie et indépendante sur sa privation arbitraire de liberté. Au travers de sa grève de la faim, Naâma Asfari proteste plus largement contre les conditions de détention inhumaines et dégradantes, ainsi que contre la négligence médicale et les représailles systématiques des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines. Il demande aussi leur transfert au Sahara occidental afin de les rapprocher de leur famille. En mai 2026, Naâma Asfari a effectué trois grèves de la faim de 48h chacune afin de porter ces revendications, les 30 avril-1er mai, les 11-12 mai et les 20-21 mai 2026. Avant d’entamer sa grève du 8 juin 2026, son avocat a soumis un dossier à l’administration pénitentiaire contenant les demandes de Naâma Asfari qui n’ont pas été prises en compte. L’Observatoire rappelle que Naâma Asfari avait été condamné définitivement en 2017 par la Cour d’appel de Salé près de Rabat à une peine de 30 ans d’emprisonnement notamment pour « association de malfaiteurs » et « participation ou complicité de participation à des actes de violence entraînant la mort avec préméditation » à l’encontre d’agents des forces publiques, à l’issue d’un procès inéquitable prenant en compte des aveux faits sous la torture. Cette condamnation fait suite à sa participation, en 2010, à la formation d’un campement rassemblant environ 20 000 sahraouis protestant contre les inégalités sociales et économiques à leur encontre et visant à réaffirmer leur droit à l’autodétermination. La veille du démantèlement de ce camp situé au sud de la ville de Laâyoune, Naâma Asfari a été arrêté le 7 novembre 2010 avec 25 autres défenseur·es des droits humains connus sous l’appellation « Groupe de Gdeim Izik », dont certain·es ont été libéré·es et les 18 autres demeurent en prison. Le Comité des Nations Unies contre la torture, dans sa décision n° 606/2014 a confirmé en 2016 que les aveux de Naâma Asfari étaient irrecevables car obtenus sous la torture et a considéré que les conditions de détention constituaient des actes de torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants. L’Observatoire est fortement préoccupé par la dégradation de l’état de santé de Naâma Asfari depuis sa grève de la faim qu’il poursuit depuis 11 jours. Cet état de santé est d’autant plus préoccupant que le Comité contre la torture a déjà condamné le Maroc en 2022 pour ses restrictions dans l’accès aux soins des prisonniers. Son transfert en dehors du Sahara occidental rend également difficile les visites familiales. Sa femme de nationalité française, Claude Mangin, étant interdite d’entrée sur le territoire marocain pour “menace à l’ordre public“, n’a pas pu rendre visite à Naâma Asfari depuis 2019. L’Observatoire souligne que sa détention de longue durée s’inscrit dans un contexte plus large de criminalisation des défenseur·es des droits sahraouis. L’Observatoire avait exprimé son inquiétude lors des dix ans de détention de Naâma Asfari, mais aussi sur la détention arbitraire dans les prisons marocaines des journalistes Mohamed Lamin Haddi, et El Bachir Khadda, ainsi que du harcèlement et des intimidations du Collectif des Défenseurs Sahraouis des Droits Humains au Sahara occidental (CODESA), qui promeuvent le respect des droits humains dans le territoire occupé du Sahara occidental. Dans ce cadre, l’Observatoire rappelle que le Sahara occidental est le dernier territoire africain non autonome, contrôlé par le Maroc, et dont le droit à l’autodétermination a été réaffirmé par l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice de 1975. Ce droit est consacré par la Charte des Nations Unies ainsi que la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. L’Observatoire rappelle également que le Maroc, en tant qu’État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui garantit la liberté d’expression (article 19), le droit de réunion pacifique (article 21) et la liberté d’association (article 22), et le droit à un procès équitable (article 14) doit veiller à ce qu’aucune restriction ou entrave ne soit apportée à l’exercice de ces droits et libertés. L’Observatoire condamne fermement la détention arbitraire et les conditions de détention de Naâma Asfari et de tous les prisonniers du Groupe de Gdeim Izik qui semblent uniquement viser à les sanctionner pour l’exercice légitime de leurs activités de défense des droits humains. L’Observatoire exhorte les autorités marocaines à libérer immédiatement et sans condition Naâma Asfari, à mener une enquête immédiate, indépendante et impartiale sur les actes de torture et de mauvais traitement à son encontre ainsi que sur sa privation arbitraire de liberté, et à lui garantir une réparation adéquate, conformément aux observations finales du Comité contre la Torture et au Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies. Le Maroc doit également mettre fin à tout acte de harcèlement, y compris judiciaire, à son encontre et à l’encontre de tou·tes les défenseur·es des droits sahraouis dans le pays.]]> M. Naâma Asfari, détenu arbitrairement à la prison de Kenitra au Maroc depuis quinze ans. Naâma Asfari est un défenseur des droits humains sahraoui qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental. Il est vice-président du Comité pour les libertés et le respect des droits de l’homme au Sahara occidental (CORELSO). Le 8 juin 2026, Naâma Asfari a entamé une grève de la faim illimitée pour réclamer l’application de l’avis 23/2023 rendu par le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Le 27 mars 2023, ce Groupe de travail a qualifié sa condamnation d’ « arbitraire » appelant le Royaume du Maroc à libérer immédiatement Naâma Asfari, à l’indemniser et à ouvrir une enquête approfondie et indépendante sur sa privation arbitraire de liberté. Au travers de sa grève de la faim, Naâma Asfari proteste plus largement contre les conditions de détention inhumaines et dégradantes, ainsi que contre la négligence médicale et les représailles systématiques des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines. Il demande aussi leur transfert au Sahara occidental afin de les rapprocher de leur famille. En mai 2026, Naâma Asfari a effectué trois grèves de la faim de 48h chacune afin de porter ces revendications, les 30 avril-1er mai, les 11-12 mai et les 20-21 mai 2026. Avant d’entamer sa grève du 8 juin 2026, son avocat a soumis un dossier à l’administration pénitentiaire contenant les demandes de Naâma Asfari qui n’ont pas été prises en compte. L’Observatoire rappelle que Naâma Asfari avait été condamné définitivement en 2017 par la Cour d’appel de Salé près de Rabat à une peine de 30 ans d’emprisonnement notamment pour « association de malfaiteurs » et « participation ou complicité de participation à des actes de violence entraînant la mort avec préméditation » à l’encontre d’agents des forces publiques, à l’issue d’un procès inéquitable prenant en compte des aveux faits sous la torture. Cette condamnation fait suite à sa participation, en 2010, à la formation d’un campement rassemblant environ 20 000 sahraouis protestant contre les inégalités sociales et économiques à leur encontre et visant à réaffirmer leur droit à l’autodétermination. La veille du démantèlement de ce camp situé au sud de la ville de Laâyoune, Naâma Asfari a été arrêté le 7 novembre 2010 avec 25 autres défenseur·es des droits humains connus sous l’appellation « Groupe de Gdeim Izik », dont certain·es ont été libéré·es et les 18 autres demeurent en prison. Le Comité des Nations Unies contre la torture, dans sa décision n° 606/2014 a confirmé en 2016 que les aveux de Naâma Asfari étaient irrecevables car obtenus sous la torture et a considéré que les conditions de détention constituaient des actes de torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants. L’Observatoire est fortement préoccupé par la dégradation de l’état de santé de Naâma Asfari depuis sa grève de la faim qu’il poursuit depuis 11 jours. Cet état de santé est d’autant plus préoccupant que le Comité contre la torture a déjà condamné le Maroc en 2022 pour ses restrictions dans l’accès aux soins des prisonniers. Son transfert en dehors du Sahara occidental rend également difficile les visites familiales. Sa femme de nationalité française, Claude Mangin, étant interdite d’entrée sur le territoire marocain pour “menace à l’ordre public“, n’a pas pu rendre visite à Naâma Asfari depuis 2019. L’Observatoire souligne que sa détention de longue durée s’inscrit dans un contexte plus large de criminalisation des défenseur·es des droits sahraouis. L’Observatoire avait exprimé son inquiétude lors des dix ans de détention de Naâma Asfari, mais aussi sur la détention arbitraire dans les prisons marocaines des journalistes Mohamed Lamin Haddi, et El Bachir Khadda, ainsi que du harcèlement et des intimidations du Collectif des Défenseurs Sahraouis des Droits Humains au Sahara occidental (CODESA), qui promeuvent le respect des droits humains dans le territoire occupé du Sahara occidental. Dans ce cadre, l’Observatoire rappelle que le Sahara occidental est le dernier territoire africain non autonome, contrôlé par le Maroc, et dont le droit à l’autodétermination a été réaffirmé par l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice de 1975. Ce droit est consacré par la Charte des Nations Unies ainsi que la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. L’Observatoire rappelle également que le Maroc, en tant qu’État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui garantit la liberté d’expression (article 19), le droit de réunion pacifique (article 21) et la liberté d’association (article 22), et le droit à un procès équitable (article 14) doit veiller à ce qu’aucune restriction ou entrave ne soit apportée à l’exercice de ces droits et libertés. L’Observatoire condamne fermement la détention arbitraire et les conditions de détention de Naâma Asfari et de tous les prisonniers du Groupe de Gdeim Izik qui semblent uniquement viser à les sanctionner pour l’exercice légitime de leurs activités de défense des droits humains. L’Observatoire exhorte les autorités marocaines à libérer immédiatement et sans condition Naâma Asfari, à mener une enquête immédiate, indépendante et impartiale sur les actes de torture et de mauvais traitement à son encontre ainsi que sur sa privation arbitraire de liberté, et à lui garantir une réparation adéquate, conformément aux observations finales du Comité contre la Torture et au Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies. Le Maroc doit également mettre fin à tout acte de harcèlement, y compris judiciaire, à son encontre et à l’encontre de tou·tes les défenseur·es des droits sahraouis dans le pays.]]> https://observatoryfordefenders.org/fr/alert/chile-escalada-de-violencia-contra-integrantes-de-aylla-rewe-del-ngen-mapu-kintuantu-amenazas-contra-la-machi-millaray-huichalaf-y-otras-personas-defensoras/ Fri, 22 May 2026 08:41:44 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=25145 Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü, una alianza política, social y espiritual de las comunidades Mapuche Williche en el sur de Chile. Estos hechos se han dado en el marco de la ceremonia fúnebre del Sr. Jaime Javier Uribe Montiel; werken (vocero) del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü, defensor de derechos humanos y pareja de la machi Millaray Huichalaf, quien falleció en un accidente carretero el 11 de abril de 2026. En conformidad con las tradiciones del pueblo Mapuche Williche, su familia y comunidad organizaron su entierro en el cementerio ancestral de Maihue-Carimallin, en el territorio de Pilmaiquén. En los días previos al funeral, un grupo autodenominado “Comunidad indígena Mahiehua” (referido también como “comunidad indígena de Maihue” o “comunidades lepuneras”) anunció, mediante una comunicación escrita dirigida al Seremi de Seguridad Pública, que impediría el entierro del Sr. Jaime Uribe Montiel en el cementerio ancestral de Maihue. Dicho grupo estaría integrado por integrantes de comunidades que mantienen una estrecha colaboración con la empresa Statkraft y que respaldan la implementación del proyecto hidroeléctrico Los Lagos en el río Pilmaiquén, incluyendo comunidades que reciben financiamiento directo de la empresa. Las comunidades del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü y las organizaciones acompañantes alertaron sobre esta situación los días 13 y 14 de abril de 2026 tanto a autoridades estatales como a la propia empresa Statkraft a través de cartas y correos electrónicos, solicitando la adopción de medidas preventivas y de debida diligencia para evitar hechos de violencia. Sin embargo, no se adoptó acción efectiva alguna. El 15 de abril de 2026, durante la procesión funeraria en homenaje al Sr. Uribe Montiel, el cortejo integrado por aproximadamente 200 personas que incluía a autoridades espirituales, personas defensoras de derechos humanos, familiares, niñas, niños y personas mayores, se dirigía al cementerio de Maihue cuando fue interceptado en el camino de acceso por integrantes de comunidades “lepuneras” alegadamente vinculadas con la empresa Statkraft. Estas personas instalaron vehículos, pancartas y banderas para bloquear el paso. Aunque integrantes del cortejo intentaron entablar diálogo, los agresores comenzaron a atacar violentamente a la comitiva utilizando objetos contundentes, palos, armas blancas, e incluso una motosierra, tal como consta en registros audiovisuales disponibles. Como resultado, múltiples personas resultaron heridas, incluyendo personas defensoras de derechos humanos y familiares del Sr. Uribe. Finalmente, la comitiva pudo realizar la inumación del señor Jaime Uribe Montiel. En este contexto y durante estos ataques, se registraron amenazas dirigidas a exhumar y profanar el cuerpo del Sr. Uribe Montiel, incluyendo amenazas explícitas de arrojarlo al río Pilmaiquén. Asimismo, durante los actos funerarios, la machi Millaray Huichalaf, autoridad espiritual del Pueblo Mapuche Williche y una de las principales defensoras del territorio, junto con otras personas defensoras como Jorge Romero Huenuñanco, Lautaro Allende y Amanda Victoria Huichalaf Pradines, así como los abogados que acompañan a las comunidades, Francisco Aliaga Huentrutripay y Felipe Guerra Schleef, recibieron amenazas verbales de muerte por parte de las mismas personas agresoras. Los testimonios recabados indican que, pese a que existía conocimiento previo del riesgo y presencia de fuerzas de seguridad en la zona, no hubo una intervención oportuna por parte de Carabineros de Chile para prevenir las agresiones ni proteger a las personas asistentes. Diversos medios de comunicación también dieron cuenta de la ausencia de resguardo policial adecuado durante los hechos. No fue sino hasta que integrantes del propio cortejo solicitaron auxilio a los servicios de emergencia que personal policial acudió al lugar. Tras el ataque, varias de las personas agresoras fueron detenidas; sin embargo, fueron liberadas en menos de 24 horas mediante acuerdos reparatorios y bajo cargos menores relacionados con lesiones simples y graves, pese a la extrema violencia empleada durante los hechos. De manera paralela, se han intensificado los actos de estigmatización y señalamiento contra las personas defensoras del territorio y sus representantes legales. Entre ellos destacan campañas de desprestigio contra la machi Millaray Huichalaf y las comunidades del Aylla Rewe en medios de comunicación locales y redes sociales; el perfilamiento público del abogado Felipe Guerra Schleef como un supuesto “foco de incertidumbre” para las empresas; amenazas contra el abogado mapuche Francisco Aliaga Huentrutripay; e incluso intentos de detención arbitraria contra el propio Felipe Guerra por parte de Carabineros durante el desarrollo de los hechos. Estas acciones evidencian un patrón de hostigamiento y criminalización dirigido a neutralizar la defensa legal y comunitaria de las comunidades Mapuche Williche del territorio del río Pilmaiquén. Estos hechos se inscriben en un contexto de conflicto socioambiental prolongado desde hace más de una década cuando la empresa estatal noruega Statkraft adquirió el proyecto Central Hidroeléctrica Los Lagos y otros de empresas chilenas. Las comunidades han denunciado la falta de consulta libre, previa e informada, así como la afectación espiritual, territorial y cultural derivada del proyecto. En septiembre de 2023, las comunidades presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de Noruega, por vulneraciones a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Los denunciantes solicitaron al PNC de Noruega que adoptara medidas para hacer frente a lo que describen como actos de criminalización relacionados con su conflicto con Statkraft, alegando que Statkraft estaba utilizando el derecho penal chileno para acosarlos y tomar represalias contra ellos. En octubre de 2025, los PNC de Noruega y Chile publicaron una declaración conjunta en la que destacaban, en particular, que “las Directrices instan a las empresas a abstenerse de recurrir a represalias y a adoptar medidas para evitarlas”, y subrayaban “la importancia de proteger a las personas y las comunidades frente a las represalias”. Sin embargo, se ha intensificado el clima de presión contra las personas defensoras del territorio. En julio de 2025, el Observatorio emitió una alerta urgente sobre la criminalización y detenciones arbitrarias del Sr. Jaime Javier Uribe Montiel y del Sr. Felipe Trunci González a 12 de mayo de 2025 y 25 de abril de 2025, respectivamente. Este contexto afecta particularmente a la machi Millaray Huichalaf, quien ha sido objeto de un incremento sostenido de hostigamientos, incluyendo el allanamiento de su domicilio por fuerzas de seguridad y la intensificación de campañas de desprestigio y estigmatización en su contra en medios locales, nacionales y en redes sociales. El Observatorio expresa su más profunda preocupación por las amenazas a la vida e integridad de las comunidades, colectivos y personas defensoras afectadas, así como por el peligro de daño irreparable a los derechos culturales y espirituales de las comunidades del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü. El Observatorio condena en los términos más enérgicos el ataque violento perpetrado contra una ceremonia funeraria, así como las amenazas, actos de intimidación y discursos estigmatizantes dirigidos contra las personas defensoras del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü y exhorta a las autoridades chilenas a llevar una investigación independiente e imparcial sobre estos hechos, para identificar y sancionar a las personas responsables. El Observatorio considera que estos hechos constituyen una grave represalia contra el ejercicio legítimo del derecho a defender derechos humanos, así como una vulneración de los derechos culturales, espirituales y territoriales de las comunidades Mapuche Williche.]]> Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü, una alianza política, social y espiritual de las comunidades Mapuche Williche en el sur de Chile. Estos hechos se han dado en el marco de la ceremonia fúnebre del Sr. Jaime Javier Uribe Montiel; werken (vocero) del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü, defensor de derechos humanos y pareja de la machi Millaray Huichalaf, quien falleció en un accidente carretero el 11 de abril de 2026. En conformidad con las tradiciones del pueblo Mapuche Williche, su familia y comunidad organizaron su entierro en el cementerio ancestral de Maihue-Carimallin, en el territorio de Pilmaiquén. En los días previos al funeral, un grupo autodenominado “Comunidad indígena Mahiehua” (referido también como “comunidad indígena de Maihue” o “comunidades lepuneras”) anunció, mediante una comunicación escrita dirigida al Seremi de Seguridad Pública, que impediría el entierro del Sr. Jaime Uribe Montiel en el cementerio ancestral de Maihue. Dicho grupo estaría integrado por integrantes de comunidades que mantienen una estrecha colaboración con la empresa Statkraft y que respaldan la implementación del proyecto hidroeléctrico Los Lagos en el río Pilmaiquén, incluyendo comunidades que reciben financiamiento directo de la empresa. Las comunidades del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü y las organizaciones acompañantes alertaron sobre esta situación los días 13 y 14 de abril de 2026 tanto a autoridades estatales como a la propia empresa Statkraft a través de cartas y correos electrónicos, solicitando la adopción de medidas preventivas y de debida diligencia para evitar hechos de violencia. Sin embargo, no se adoptó acción efectiva alguna. El 15 de abril de 2026, durante la procesión funeraria en homenaje al Sr. Uribe Montiel, el cortejo integrado por aproximadamente 200 personas que incluía a autoridades espirituales, personas defensoras de derechos humanos, familiares, niñas, niños y personas mayores, se dirigía al cementerio de Maihue cuando fue interceptado en el camino de acceso por integrantes de comunidades “lepuneras” alegadamente vinculadas con la empresa Statkraft. Estas personas instalaron vehículos, pancartas y banderas para bloquear el paso. Aunque integrantes del cortejo intentaron entablar diálogo, los agresores comenzaron a atacar violentamente a la comitiva utilizando objetos contundentes, palos, armas blancas, e incluso una motosierra, tal como consta en registros audiovisuales disponibles. Como resultado, múltiples personas resultaron heridas, incluyendo personas defensoras de derechos humanos y familiares del Sr. Uribe. Finalmente, la comitiva pudo realizar la inumación del señor Jaime Uribe Montiel. En este contexto y durante estos ataques, se registraron amenazas dirigidas a exhumar y profanar el cuerpo del Sr. Uribe Montiel, incluyendo amenazas explícitas de arrojarlo al río Pilmaiquén. Asimismo, durante los actos funerarios, la machi Millaray Huichalaf, autoridad espiritual del Pueblo Mapuche Williche y una de las principales defensoras del territorio, junto con otras personas defensoras como Jorge Romero Huenuñanco, Lautaro Allende y Amanda Victoria Huichalaf Pradines, así como los abogados que acompañan a las comunidades, Francisco Aliaga Huentrutripay y Felipe Guerra Schleef, recibieron amenazas verbales de muerte por parte de las mismas personas agresoras. Los testimonios recabados indican que, pese a que existía conocimiento previo del riesgo y presencia de fuerzas de seguridad en la zona, no hubo una intervención oportuna por parte de Carabineros de Chile para prevenir las agresiones ni proteger a las personas asistentes. Diversos medios de comunicación también dieron cuenta de la ausencia de resguardo policial adecuado durante los hechos. No fue sino hasta que integrantes del propio cortejo solicitaron auxilio a los servicios de emergencia que personal policial acudió al lugar. Tras el ataque, varias de las personas agresoras fueron detenidas; sin embargo, fueron liberadas en menos de 24 horas mediante acuerdos reparatorios y bajo cargos menores relacionados con lesiones simples y graves, pese a la extrema violencia empleada durante los hechos. De manera paralela, se han intensificado los actos de estigmatización y señalamiento contra las personas defensoras del territorio y sus representantes legales. Entre ellos destacan campañas de desprestigio contra la machi Millaray Huichalaf y las comunidades del Aylla Rewe en medios de comunicación locales y redes sociales; el perfilamiento público del abogado Felipe Guerra Schleef como un supuesto “foco de incertidumbre” para las empresas; amenazas contra el abogado mapuche Francisco Aliaga Huentrutripay; e incluso intentos de detención arbitraria contra el propio Felipe Guerra por parte de Carabineros durante el desarrollo de los hechos. Estas acciones evidencian un patrón de hostigamiento y criminalización dirigido a neutralizar la defensa legal y comunitaria de las comunidades Mapuche Williche del territorio del río Pilmaiquén. Estos hechos se inscriben en un contexto de conflicto socioambiental prolongado desde hace más de una década cuando la empresa estatal noruega Statkraft adquirió el proyecto Central Hidroeléctrica Los Lagos y otros de empresas chilenas. Las comunidades han denunciado la falta de consulta libre, previa e informada, así como la afectación espiritual, territorial y cultural derivada del proyecto. En septiembre de 2023, las comunidades presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de Noruega, por vulneraciones a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Los denunciantes solicitaron al PNC de Noruega que adoptara medidas para hacer frente a lo que describen como actos de criminalización relacionados con su conflicto con Statkraft, alegando que Statkraft estaba utilizando el derecho penal chileno para acosarlos y tomar represalias contra ellos. En octubre de 2025, los PNC de Noruega y Chile publicaron una declaración conjunta en la que destacaban, en particular, que “las Directrices instan a las empresas a abstenerse de recurrir a represalias y a adoptar medidas para evitarlas”, y subrayaban “la importancia de proteger a las personas y las comunidades frente a las represalias”. Sin embargo, se ha intensificado el clima de presión contra las personas defensoras del territorio. En julio de 2025, el Observatorio emitió una alerta urgente sobre la criminalización y detenciones arbitrarias del Sr. Jaime Javier Uribe Montiel y del Sr. Felipe Trunci González a 12 de mayo de 2025 y 25 de abril de 2025, respectivamente. Este contexto afecta particularmente a la machi Millaray Huichalaf, quien ha sido objeto de un incremento sostenido de hostigamientos, incluyendo el allanamiento de su domicilio por fuerzas de seguridad y la intensificación de campañas de desprestigio y estigmatización en su contra en medios locales, nacionales y en redes sociales. El Observatorio expresa su más profunda preocupación por las amenazas a la vida e integridad de las comunidades, colectivos y personas defensoras afectadas, así como por el peligro de daño irreparable a los derechos culturales y espirituales de las comunidades del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü. El Observatorio condena en los términos más enérgicos el ataque violento perpetrado contra una ceremonia funeraria, así como las amenazas, actos de intimidación y discursos estigmatizantes dirigidos contra las personas defensoras del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü y exhorta a las autoridades chilenas a llevar una investigación independiente e imparcial sobre estos hechos, para identificar y sancionar a las personas responsables. El Observatorio considera que estos hechos constituyen una grave represalia contra el ejercicio legítimo del derecho a defender derechos humanos, así como una vulneración de los derechos culturales, espirituales y territoriales de las comunidades Mapuche Williche.]]>