Ginebra-París, 12 de julio de 2024 – Por décadas, la Comunidad Indígena Nahua de Santa María Ostula se ha enfrentado a una grave situación de violencia por defender su derecho a la libre determinación y autonomía. En los últimos 20 años se han registrado más de 42 asesinatos y la desaparición de cinco personas de la comunidad, y recientemente los niveles de violencia se han agudizado. A pesar de la gravedad de la situación, el Estado mexicano sigue sin garantizar sus derechos. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) exige un alto a la violencia contra la Comunidad de Ostula y solicita su protección inmediata.
El 1 de julio de 2024 la Comunidad Indígena Nahua de Santa María de Ostula denunció ataques armados en contra de los puntos de seguridad que la Guardia Comunal había establecido para vigilar y evitar el avance de los grupos criminales que amenazan la zona. La comunidad repelió estos ataques. Posteriormente, informaron que el 3 de julio de 2024 desde la mañana comenzaron a escuchar explosiones ocasionadas por drones, así como detonaciones de armas de grueso calibre en los cerros que rodean la encargatura de la Cofradía de Ostula. Alrededor de las 18:00 hrs. presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzaron un explosivo en contra de la cancha central de la encargatura, continuando con el ataque e intimidación de la población civil, entre los que se encontraban mujeres, niños y personas de la tercera edad.
La Comunidad de Ostula, ubicada en el municipio de Aquila, es un grupo indígena conformado por 24 comunidades de la región de la costa-sierra del estado de Michoacán, que desde hace décadas se ha dedicado a la defensa de su autonomía y la libre determinación de su pueblo. Desde 2004, se enfrentaron a una disputa con pequeños propietarios locales que, bajo el control de grupos criminales les había quitado un territorio de 1250 hectáreas. En 2009, la comunidad logró recuperar esta tierra, conocida actualmente como San Diego Xayakalan.
La defensa por su territorio llevó a la Comunidad de Ostula a enfrentarse desde hace décadas a un contexto generalizado de violencia promovido por grupos del poder político, económico y criminal que cooperan conjuntamente para despojarlos de sus recursos naturales, principalmente minerales como el hierro, oro y plata, entre otros. La comunidad se ha enfrentado a ataques, amenazas, desplazamiento forzado, secuestros, y el asesinato de 42 de sus integrantes, así como la desaparición de cinco personas de la comunidad, en los últimos 20 años.
Desde 2023 los niveles de violencia nuevamente se agudizaron, resultado en el asesinato de seis personas hasta la fecha, que tenían o habían tenido un cargo en la Comunidad de Ostula. El 12 de enero de 2023, fueron asesinados los guardias comunales Isau Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano; el 10 de agosto de 2023 el guardia comunal Lorenzo Froylán de la Cruz; el 14 de abril de 2023, Juan Medina, integrante de la comunidad, y el 17 de mayo de 2024, el líder comunero y defensor Antonio Regis Nicolás.
Ante la falta de atención y protección por parte de las autoridades del Estado; la Comunidad de Ostula sigue organizándose para reforzar las tareas de seguridad y protección de la población. Sin embargo, los constantes ataques y la agudización de la violencia en la región impiden la labor de defensa del territorio, colocando a los y las integrantes de la comunidad, y en particular a los miembros de la Asamblea Comunitaria en una situación de alto riesgo.
Por todo ello, el Observatorio hace un llamado al Gobierno Federal, al Gobierno del estado de Michoacán, y a las autoridades competentes, a garantizar de manera urgente la protección e integridad física y psicológica de las personas defensoras del territorio y de todas las personas que integran la Comunidad Indígena Nahua de Santa María de Ostula, en coordinación con las autoridades indígenas de la comunidad.
Igualmente, el Observatorio urge a las autoridades a reconocer la labor que realiza el Gobierno Comunal de Santa María de Ostula y respetar su jurisdicción en el cuidado y protección de su territorio, además de garantizar las condiciones para que las y los miembros de la Comunidad puedan ejercer sus derechos colectivos a la autonomía y libre determinación.
El Observatorio recuerda al Estado mexicano su obligación de proteger y garantizar la seguridad de las personas defensoras de la tierra y el territorio, así como a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas e implementar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
