Guatemala: Criminalización de cinco personas defensoras Maya Ch’orti’

El Observatorio ha recibido información de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA) sobre la criminalización de cinco personas defensoras del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas: Juan Agustín, Bernardino Pérez, María Santos Méndez de Ramos, los tres autoridades ancestrales Maya Ch’orti’, Rosa Margarita Pérez Canan y Gerónimo Ramos Santos Méndez . Todos ellos pertenecen a la Resistencia Pacífica de la Prensa, un campamento establecido por 11 comunidades indígenas Maya Ch’orti’ en enero de 2019 en el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula, para exigir el cese de las operaciones de la empresa minera Cantera Los Manantiales en Olopa, cuya licencia de explotación fue otorgada en vulneración al derecho a consulta previa de las comunidades afectadas.

El 30 de septiembre de 2021, en horas de la mañana, la Policía Nacional Civil (PNC) arrestó arbitrariamente a Juan Agustín, Bernardino Pérez, María Santos Méndez de Ramos, Rosa Margarita Pérez Canan y Gerónimo Ramos Santoz Méndez, cuando se presentaron por otro caso, en la Fiscalía de Distrito de Chiquimula del Ministerio Público, ciudad de Chiquimula, por el supuesto delito de “detenciones ilegales” contra Odilio de Jesús Guzmán Salazar y Rony Leonardo Guzmán, el dueño del terreno donde se encuentra ubicada la empresa minera Cantera Los Manantiales, y su hijo, respectivamente. Posteriormente, la PNC trasladó a los cinco defensores al Juzgado de Primera Instancia Penal de Chiquimula, donde se les ligó a proceso penal y se les decretó arresto domiciliario mientras se llevan a cabo las investigaciones. Este acto de criminalización sería en represalia de las actividades de resistencia pacífica de la comunidad a las actividades mineras, así como a una denuncia de actos de violencia por parte de los propietarios del terreno de la minera Cantera Los Manantiales contra quienes defienden el territorio en la zona interpuesta por el Consejo Indígena Maya Ch’orti’ de Olopa en julio de 2021 ante la PNC y la Procuraduría de Derechos Humanos.

El 29 de septiembre de 2021, los cinco defensores habían recibido una notificación judicial para que acudieran al día siguiente al Ministerio Público de Olopa a prestar declaraciones por la muerte de una persona en su comunidad. Al presentarse allí el 30 de septiembre, fueron informados de que la diligencia tendría lugar en la ciudad de Chiquimula, hacia donde se trasladaron. A su llegada al órgano judicial de Chiquimula, les informaron que no había diligencias por el caso anteriormente mencionado, sino una orden de captura en su contra emitida el 24 de agosto de 2021 por el juez de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de turno del departamento de Chiquimula.

En el momento del arresto, la defensora Rosa Margarita Pérez Canan se encontraba con sus dos hijas menores de edad, una de las cuales es lactante. La PNC separó a ambas niñas de su madre y las trasladó de la ciudad de Chiquimula a Olopa, un trayecto de 50 kilómetros, sin la presencia de ningún familiar. Una vez en la subestación de la PNC en Olopa, su familia y miembros del Consejo Indígena Maya Ch’orti pudieron ir a buscar y ocuparse de las dos niñas.

El Observatorio rechaza la criminalización de las cinco personas defensoras anteriormente mencionadas, así como la vulneración de los derechos de las hijas de Rosa Margarita Pérez Canan, particularmente su derecho a una protección específica y al respeto de su interés superior, lo cual debe ser una consideración primordial de las autoridades guatemaltecas en todas las acciones relativas a la infancia, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

El Observatorio destaca que estos actos de criminalización se enmarcan en un contexto de hostigamiento, amenazas y ataques contra las comunidades Maya Ch’orti’ del municipio de Olopa, Chiquimula, por parte de personas vinculadas a la empresa minera Cantera Los Manantiales, incluyendo el asesinato de Medardo Alonzo Lucero el 25 de junio de 2021. Desde el establecimiento de la minera en el municipio de Olopa en 2012, las comunidades indígenas del territorio han denunciado que la licencia de explotación a la empresa fue otorgada en vulneración al derecho a consulta previa de las comunidades afectadas y desde entonces han llevado a cabo numerosas manifestaciones pacíficas exigiendo su cierre.

En febrero de 2019 el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales remitió al Ministerio de Energía y Minas un informe que señalaba que la empresa Cantera Los Manantiales no cumplía con los requisitos ambientales mínimos. Ante ello, el Consejo de Autoridades Maya Ch’orti’ de Olopa presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) para cancelar las operaciones de la empresa y, desde entonces, propietarios de la empresa iniciaron una campaña de criminalización contra los líderes indígenas Ch’orti’ e interpusieron varias denuncias contra ellos. En noviembre de 2019, la CSJ otorgó amparo provisional al Consejo de Autoridades Maya Ch’orti’, suspendiendo así de manera temporal las actividades de la empresa minera. Sin embargo, la empresa reanudó sus actividades coincidiendo con el inicio de las medidas de contención adoptadas ante la crisis sanitaria de COVID-19 por el Gobierno de Guatemala, hecho que han denunciado las comunidades Ch’orti’ de Olopa.

El Observatorio urge a las autoridades de Guatemala a poner fin a todo tipo de hostigamiento, incluido a nivel judicial, contra Juan Agustín, Bernardino Pérez, María Santos Méndez de Ramos, Rosa Margarita Pérez Canan y Gerónimo Ramos Santoz Méndez, así como contra todas las personas que defienden la tierra y los derechos indígenas frente al modelo de desarrollo extractivista por el que ha optado el Estado de Guatemala, que dejó en el primer semestre de 2021 un total de 49 agresiones contra personas que defienden la tierra, el territorio y el medioambiente.

Asimismo, el Observatorio urge al Estado guatemalteco a brindar garantías para la defensa de los derechos humanos y a reconocer que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas defensoras de derechos humanos son fundamentales para el correcto funcionamiento de la democracia y del Estado de derecho.