https://observatoryfordefenders.org/es/ Wed, 16 Jul 2025 14:50:11 +0000 es-ES hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://observatoryfordefenders.org/wp-content/uploads/2022/06/cropped-OB-eye-orange-32x32.png https://observatoryfordefenders.org/es/ 32 32 https://observatoryfordefenders.org/es/alert/chile-detencion-arbitraria-de-juan-pichun-lider-indigena-mapuche-despues-de-pronunciamiento-ante-el-consejo-de-derechos-humanos-de-nn-uu/ Wed, 16 Jul 2025 14:50:11 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=23747 Juan Pichún, un líder espiritual Mapuche (lonko) de la comunidad indígena de Temulemu, en Araucanía, Chile, reconocido defensor del derecho a la tierra para su comunidad Mapuche. Juan Pichún es uno de los hijos del lonko Pascual Pichún, condenado injustamente bajo la ley antiterrorista y luego absuelto tras una histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 26 de junio de 2025, Juan Pichún regresaba a su hogar después de celebrar la ceremonia We tripantu – la celebración del año nuevo mapuche, que se realiza en el solsticio de invierno austral – en la comunidad de Pantano, cercana a su comunidad de Temulemu, cuando agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo detuvieron, en frente de su familia, incluyendo su hijo y sobrina, ambos menores de edad. Los policías actuaron en virtud de una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantía de Purén. Durante el acto de detención, policías intentaron romper el vidrio del vehículo con sus armas, lo cual causó estrés a la familia. Luego de su detención, Juan Pichún fue trasladado a una comisaría para la respectiva audiencia de detención e investigación formal en un caso en el que también está siendo investigado su hermano, Rafael Pichún, también líder espiritual (werken) de la comunidad de Temulemu. El 27 de junio de 2025, un día después de su detención, el Juzgado de Letras y Garantía de Purén ordenó prisión preventiva para Juan Pichún, acusándolo, sin pruebas suficientes, de ser el autor intelectual de dos atentados incendiarios que ocurrieron en el 2021 en diferentes localidades de la Araucanía. El Juzgado justificó la prisión preventiva de Juan Pichún sobre la base del artículo 140 del Código procesal penal chileno, pese a que su prisión preventiva no es indispensable para el éxito de las diligencias precisas ni existe peligro de que se dé a la fuga, como lo requiere el código, dado que no existió en ningún momento un indicio de que fuera a evadir la justicia y, como se detalla más abajo, él mismo interpuso un recurso de amparo para entender de qué se le estaba investigando, en diciembre de 2024. El 25 de junio de 2025, un día antes de su detención, Juan Pichún intervino en nombre de la FIDH en la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNTV, timestamp 01:52:10), en un diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, después de que ésta presentara un informe sobre su visita a Chile donde, entre otras cosas, expresó preocupación por el acceso a la justicia de pueblos indígenas e instó al Estado de Chile a que defienda los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas. Dada la proximidad entre su detención y su participación en el Consejo, el Observatorio teme que su detención se haya producido como represalia por su participación. Desde el 26 de noviembre de 2024, existe una orden de detención abierta contra Juan Pichún, de la que sólo tuvo conocimiento tras presentar un recurso de amparo, después de que se viera a policías preguntando por él en su comunidad indígena de Temulemu en diciembre de 2024. Esta orden de detención fue emitida confidencialmente por la Fiscalía, y el Sr. Pichún nunca fue notificado formalmente al respecto, ni llamado a comparecer ante un tribunal de justicia. Al tratarse de una orden de detención «secreta», y al no haber sido notificado, no pudo impugnarla directamente. El Observatorio recuerda que la detención de una autoridad ancestral, espiritual, como Juan Pichún, vulnera los estándares internacionales de derechos humanos que exigen a los estados garantizar el respeto de líderes indígenas y evitar medidas de privación de libertad cuando existan otras alternativas. En efecto, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ha sostenido en varios informes (A/HRC/39/17 (2018)) que “los estados deben evitar la detención arbitraria de autoridades tradicionales indígenas, especialmente cuando existen alternativas a la privación de libertad. Su detención puede constituir una forma de criminalización de sus funciones tradicionales,” un principio también ratificado por el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Norín Catrimán y otros vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014. En este caso, la justicia chilena podría perfectamente seguir su investigación sin tener a Juan Pichún y a su hermano en prisión hasta la fecha de un eventual juicio. El Observatorio condena enérgicamente la detención arbitraria del Sr. Juan Pichún, que podría ser una represalia por su labor de defensa de los derechos indígenas en Chile y por su colaboración con un órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas. El Observatorio exige a las autoridades chilenas liberar de manera inmediata e incondicional al Sr. Juan Pichún y a todas las personas defensoras de derechos humanos detenidas arbitrariamente en Chile, y respetar en todas circunstancias el derecho a la tierra de las comunidades indígenas así como la posibilidad de considerar medidas alternativas a la prisión preventiva para los líderes espirituales indígenas.]]> Juan Pichún, un líder espiritual Mapuche (lonko) de la comunidad indígena de Temulemu, en Araucanía, Chile, reconocido defensor del derecho a la tierra para su comunidad Mapuche. Juan Pichún es uno de los hijos del lonko Pascual Pichún, condenado injustamente bajo la ley antiterrorista y luego absuelto tras una histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 26 de junio de 2025, Juan Pichún regresaba a su hogar después de celebrar la ceremonia We tripantu – la celebración del año nuevo mapuche, que se realiza en el solsticio de invierno austral – en la comunidad de Pantano, cercana a su comunidad de Temulemu, cuando agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo detuvieron, en frente de su familia, incluyendo su hijo y sobrina, ambos menores de edad. Los policías actuaron en virtud de una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantía de Purén. Durante el acto de detención, policías intentaron romper el vidrio del vehículo con sus armas, lo cual causó estrés a la familia. Luego de su detención, Juan Pichún fue trasladado a una comisaría para la respectiva audiencia de detención e investigación formal en un caso en el que también está siendo investigado su hermano, Rafael Pichún, también líder espiritual (werken) de la comunidad de Temulemu. El 27 de junio de 2025, un día después de su detención, el Juzgado de Letras y Garantía de Purén ordenó prisión preventiva para Juan Pichún, acusándolo, sin pruebas suficientes, de ser el autor intelectual de dos atentados incendiarios que ocurrieron en el 2021 en diferentes localidades de la Araucanía. El Juzgado justificó la prisión preventiva de Juan Pichún sobre la base del artículo 140 del Código procesal penal chileno, pese a que su prisión preventiva no es indispensable para el éxito de las diligencias precisas ni existe peligro de que se dé a la fuga, como lo requiere el código, dado que no existió en ningún momento un indicio de que fuera a evadir la justicia y, como se detalla más abajo, él mismo interpuso un recurso de amparo para entender de qué se le estaba investigando, en diciembre de 2024. El 25 de junio de 2025, un día antes de su detención, Juan Pichún intervino en nombre de la FIDH en la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNTV, timestamp 01:52:10), en un diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, después de que ésta presentara un informe sobre su visita a Chile donde, entre otras cosas, expresó preocupación por el acceso a la justicia de pueblos indígenas e instó al Estado de Chile a que defienda los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas. Dada la proximidad entre su detención y su participación en el Consejo, el Observatorio teme que su detención se haya producido como represalia por su participación. Desde el 26 de noviembre de 2024, existe una orden de detención abierta contra Juan Pichún, de la que sólo tuvo conocimiento tras presentar un recurso de amparo, después de que se viera a policías preguntando por él en su comunidad indígena de Temulemu en diciembre de 2024. Esta orden de detención fue emitida confidencialmente por la Fiscalía, y el Sr. Pichún nunca fue notificado formalmente al respecto, ni llamado a comparecer ante un tribunal de justicia. Al tratarse de una orden de detención «secreta», y al no haber sido notificado, no pudo impugnarla directamente. El Observatorio recuerda que la detención de una autoridad ancestral, espiritual, como Juan Pichún, vulnera los estándares internacionales de derechos humanos que exigen a los estados garantizar el respeto de líderes indígenas y evitar medidas de privación de libertad cuando existan otras alternativas. En efecto, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ha sostenido en varios informes (A/HRC/39/17 (2018)) que “los estados deben evitar la detención arbitraria de autoridades tradicionales indígenas, especialmente cuando existen alternativas a la privación de libertad. Su detención puede constituir una forma de criminalización de sus funciones tradicionales,” un principio también ratificado por el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Norín Catrimán y otros vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014. En este caso, la justicia chilena podría perfectamente seguir su investigación sin tener a Juan Pichún y a su hermano en prisión hasta la fecha de un eventual juicio. El Observatorio condena enérgicamente la detención arbitraria del Sr. Juan Pichún, que podría ser una represalia por su labor de defensa de los derechos indígenas en Chile y por su colaboración con un órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas. El Observatorio exige a las autoridades chilenas liberar de manera inmediata e incondicional al Sr. Juan Pichún y a todas las personas defensoras de derechos humanos detenidas arbitrariamente en Chile, y respetar en todas circunstancias el derecho a la tierra de las comunidades indígenas así como la posibilidad de considerar medidas alternativas a la prisión preventiva para los líderes espirituales indígenas.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/pakistan-the-authorities-must-end-crackdown-on-baloch-human-rights-defenders/ Tue, 27 May 2025 15:10:56 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=23518 Bebarg Zehri and another HRD were arrested on 20 March. Bebarg Zehri, a person with disability, remains detained to date under the MPO—a law which has been used against most of the detained Baloch activists and restricts access to bail. On 21 March, Balochistan police opened fire on peaceful protesters who were calling for his release. Three people were killed and at least seven injured due to police violence against protesters. In the early hours of 22 March, woman human rights defenders (WHRDs), Mahrang Baloch and Beebow Baloch, were arrested from a peaceful sit-in in Quetta against police violence and calling for Bebarg’s release. The women are detained at the Hudda Jail, Quetta under the MPO. For several hours following their arrest, there was no information about their whereabouts, and the WHRDs were denied access to legal counsel of family members causing concern for their safety, a pattern which is repeated in many of the arrests of Baloch HRDs and family members. Family members have also repeatedly raised concerns regarding detention conditions and lack of access to adequate medical facilities. On 24 March, BYC leader Sammi Deen Baloch and several other HRDs were arrested during a peaceful demonstration in Karachi against the targeting of BYC members and HRDs. Despite being granted bail by a judicial magistrate in Karachi the following day (25 March), Sammi Deen Baloch was re-arrested under the MPO, a deliberate strategy to prevent release and prolong detention by several means. These harassment tactics reflect the intention of Pakistan authorities to intimidate and dismantle the BYC and the work of Baloch HRDs. On 1 April, Sammi Deen Baloch was released following a decision by the Sindh government to remove her name from the MPO detention order. On 18 April, the home of Israr Baloch – a lawyer in Quetta representing BYC HRDs – was raided and law enforcement officers threatened his family with consequences if Israr did not stop his human rights work. The authorities also moved WHRD Beebow Baloch from Hudda Jail to Pishin Prison on 23 April where her medical condition severely deteriorated. After being transferred to a hospital on 2 May she was sent back to Hudda Jail, despite her condition not having improved. Her family has reported that she was subject to physical torture while being moved. The Balochistan authorities continued the crackdown on the BYC leadership and members by arresting human rights defenders Shah Jee Sibghat Ullah on 30 March and Gulzadi Baloch on 7 April, and by detaining family members of other BYC leaders as part of a pattern of intimidation of activists to psychologically and socially pressure HRDs into silence. WHRD Sabiha Baloch, whose father was detained on 5 April and his whereabouts remain unknown, faces threat of imminent arrest on baseless charges. Participants of a peaceful protest organised by BYC on 25 April in Karachi were subject to arbitrary detention on charges of unlawful assembly, public nuisance, and sedition. Similarly on 20 May, 20 protesters in Quetta were detained by security forces and 5 remain under arrest after they gathered for a peaceful protest. This severe crackdown on Baloch activists violates Pakistan’s international human rights obligations and its own Constitutional safeguards. The Pakistani Constitution guarantees the right to assemble peacefully under Article 16 and the right to freedom of speech and expression under Article 19. Article 10 provides the right to life and liberty and Article 10A the right to fair trial and due process. Pakistan has ratified the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and in its treaty body review last year the Human Rights Committee expressed concerns about the frequent use of the Exit Control Lists, particularly in late 2024, and the Anti-Terrorism Act to arbitrarily restrict the freedom of movement of dissenting persons, including WHRDs such as Sammi Deen Baloch and Mahrang Baloch. The BYC and Baloch HRDs follow a non-violent, rights based approach, and the crackdown on their work including false criminalisation erodes space for meaningful engagement with human rights and the rights of the Baloch community. These developments come against a backdrop of harassment of journalists and a clampdown on freedom of expression. In March, journalist Waheed Murad was arrested simply for reporting on a statement by a Baloch politician. Last month, a case was filed under the Prevention of Electronic Crimes Act against advocate Jalila Haider for expressing online support for Mahrang Baloch. On 24 May, Baloch journalist Abdul Latif Baloch, who reported on enforced disappearances, was shot dead at his family home during an alleged attempted abduction. His son previously disappeared and was found dead a few months ago. Frequent internet shutdowns in Balochistan further compromise the free flow of information and has worsened the security situation for HRDs, their families and at-risk communities. Digital censorship, internet shutdowns, surveillance and other forms of restriction on freedom of expression are yet another core tactic of silencing dissent and further isolating and endangering Baloch voices. It is imperative that human rights are upheld and never sacrificed in the name of security. We call on the Pakistani authorities to: - Immediately and unconditionally release all Baloch HRDs and their family members arbitrarily detained solely for peacefully exercising their rights in line with the right to liberty and safety. - Drop all charges against HRDs based solely on the exercise of their rights. - Pending their release, ensure the safety of HRDs and family members, including by sharing accurate information about their whereabouts, providing effective access to family members, legal counsel and medical treatment. - Conduct a thorough, impartial, effective and transparent investigation into the allegations of torture and mistreatment by Pakistani authorities of Baloch HRDs under detention. - End the crackdown against HRDs, journalists, protesters and dissidents by ensuring their right to freedom of expression and peaceful assembly are fully protected. - Cease all forms of reprisals against family members of HRDs. - Conduct an effective, prompt, thorough and impartial investigation into the unlawful use of force against protesters on 21 March in Quetta and bring those suspected of responsibility to justice through fair trials.]]> Bebarg Zehri and another HRD were arrested on 20 March. Bebarg Zehri, a person with disability, remains detained to date under the MPO—a law which has been used against most of the detained Baloch activists and restricts access to bail. On 21 March, Balochistan police opened fire on peaceful protesters who were calling for his release. Three people were killed and at least seven injured due to police violence against protesters. In the early hours of 22 March, woman human rights defenders (WHRDs), Mahrang Baloch and Beebow Baloch, were arrested from a peaceful sit-in in Quetta against police violence and calling for Bebarg’s release. The women are detained at the Hudda Jail, Quetta under the MPO. For several hours following their arrest, there was no information about their whereabouts, and the WHRDs were denied access to legal counsel of family members causing concern for their safety, a pattern which is repeated in many of the arrests of Baloch HRDs and family members. Family members have also repeatedly raised concerns regarding detention conditions and lack of access to adequate medical facilities. On 24 March, BYC leader Sammi Deen Baloch and several other HRDs were arrested during a peaceful demonstration in Karachi against the targeting of BYC members and HRDs. Despite being granted bail by a judicial magistrate in Karachi the following day (25 March), Sammi Deen Baloch was re-arrested under the MPO, a deliberate strategy to prevent release and prolong detention by several means. These harassment tactics reflect the intention of Pakistan authorities to intimidate and dismantle the BYC and the work of Baloch HRDs. On 1 April, Sammi Deen Baloch was released following a decision by the Sindh government to remove her name from the MPO detention order. On 18 April, the home of Israr Baloch – a lawyer in Quetta representing BYC HRDs – was raided and law enforcement officers threatened his family with consequences if Israr did not stop his human rights work. The authorities also moved WHRD Beebow Baloch from Hudda Jail to Pishin Prison on 23 April where her medical condition severely deteriorated. After being transferred to a hospital on 2 May she was sent back to Hudda Jail, despite her condition not having improved. Her family has reported that she was subject to physical torture while being moved. The Balochistan authorities continued the crackdown on the BYC leadership and members by arresting human rights defenders Shah Jee Sibghat Ullah on 30 March and Gulzadi Baloch on 7 April, and by detaining family members of other BYC leaders as part of a pattern of intimidation of activists to psychologically and socially pressure HRDs into silence. WHRD Sabiha Baloch, whose father was detained on 5 April and his whereabouts remain unknown, faces threat of imminent arrest on baseless charges. Participants of a peaceful protest organised by BYC on 25 April in Karachi were subject to arbitrary detention on charges of unlawful assembly, public nuisance, and sedition. Similarly on 20 May, 20 protesters in Quetta were detained by security forces and 5 remain under arrest after they gathered for a peaceful protest. This severe crackdown on Baloch activists violates Pakistan’s international human rights obligations and its own Constitutional safeguards. The Pakistani Constitution guarantees the right to assemble peacefully under Article 16 and the right to freedom of speech and expression under Article 19. Article 10 provides the right to life and liberty and Article 10A the right to fair trial and due process. Pakistan has ratified the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and in its treaty body review last year the Human Rights Committee expressed concerns about the frequent use of the Exit Control Lists, particularly in late 2024, and the Anti-Terrorism Act to arbitrarily restrict the freedom of movement of dissenting persons, including WHRDs such as Sammi Deen Baloch and Mahrang Baloch. The BYC and Baloch HRDs follow a non-violent, rights based approach, and the crackdown on their work including false criminalisation erodes space for meaningful engagement with human rights and the rights of the Baloch community. These developments come against a backdrop of harassment of journalists and a clampdown on freedom of expression. In March, journalist Waheed Murad was arrested simply for reporting on a statement by a Baloch politician. Last month, a case was filed under the Prevention of Electronic Crimes Act against advocate Jalila Haider for expressing online support for Mahrang Baloch. On 24 May, Baloch journalist Abdul Latif Baloch, who reported on enforced disappearances, was shot dead at his family home during an alleged attempted abduction. His son previously disappeared and was found dead a few months ago. Frequent internet shutdowns in Balochistan further compromise the free flow of information and has worsened the security situation for HRDs, their families and at-risk communities. Digital censorship, internet shutdowns, surveillance and other forms of restriction on freedom of expression are yet another core tactic of silencing dissent and further isolating and endangering Baloch voices. It is imperative that human rights are upheld and never sacrificed in the name of security. We call on the Pakistani authorities to: - Immediately and unconditionally release all Baloch HRDs and their family members arbitrarily detained solely for peacefully exercising their rights in line with the right to liberty and safety. - Drop all charges against HRDs based solely on the exercise of their rights. - Pending their release, ensure the safety of HRDs and family members, including by sharing accurate information about their whereabouts, providing effective access to family members, legal counsel and medical treatment. - Conduct a thorough, impartial, effective and transparent investigation into the allegations of torture and mistreatment by Pakistani authorities of Baloch HRDs under detention. - End the crackdown against HRDs, journalists, protesters and dissidents by ensuring their right to freedom of expression and peaceful assembly are fully protected. - Cease all forms of reprisals against family members of HRDs. - Conduct an effective, prompt, thorough and impartial investigation into the unlawful use of force against protesters on 21 March in Quetta and bring those suspected of responsibility to justice through fair trials.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/mexico-detencion-arbitraria-del-defensor-maya-tsotsil-mario-gomez-lopez-en-chiapas/ Fri, 07 Feb 2025 17:23:30 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=22927 Mario Gómez López, defensor de los derechos humanos maya-tsotsil y beneficiario de medidas cautelares (MC-892-22) otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Según testigos, el 24 de enero de 2025 alrededor de las 8 a.m, Mario Gómez fue detenido de forma arbitraria, sin ser informado del motivo de su detención, por la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas, en la caseta de vigilancia ubicada en el Periférico Norte entrada de la colonia Santa Cruz del Ejido el Pinar en el municipio de San Cristóbal de las Casas. El 25 de enero de 2024, familiares y organizaciones representantes de Mario Gómez, confirmaron que se encontraba detenido en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERSS) 14 el Amate. Hasta el momento de publicación de este llamado urgente, el defensor ha estado incomunicado. Las autoridades del CERSS argumentan la existencia de un nuevo reglamento que impide que las personas recién recluidas puedan recibir visitas, incluso de sus familiares. Sus representantes denuncian que no existe claridad ni información pública al respecto de este nuevo reglamento en las páginas oficiales de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP). Posteriormente, a las 6 p.m. del mismo día, inició la audiencia inicial con solicitud de vinculación a proceso. La SSP permitió el acceso de su abogado y a otra persona, pero no a la esposa ni a otros defensores de derechos humanos, bajo el argumento de que no habría espacio. En dicha audiencia, se conoció que a Mario Gómez se le acusa del delito de “atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado” (causa penal 194/2023). El Ministerio Público lo señaló como el autor material e intelectual de un ataque violento en contra de tres personas cuyas casas habría quemado el 17 de abril de 2023. Esto, en una supuesta represalia al asesinato de Jerónimo Ruíz, líder de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH). En realidad, Mario Gómez fue una de las víctimas de esos ataques, ya que su casa también fue incendiada. Al finalizar la audiencia la Fiscalía solicitó vinculación a proceso y estableció la fecha de la próxima audiencia el 30 de enero de 2025. Organizaciones acompañantes y familiares de Mario Gómez denuncian que esta detención arbitraria podría corresponder a intereses políticos para negociar la liberación del Sr. Pablo Pérez Sántiz, Pablo “N”, líder de un grupo delincuencial que opera en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. El Sr. Sántiz se encuentra actualmente en prisión preventiva por el asesinato de Mateo Gómez López, hijo de Mario Gómez, ocurrido el 3 de febrero de 2021, por haber resistido a intentos de reclutamiento forzado de ese mismo grupo delincuencial. El abogado de las tres presuntas víctimas que le adjudican al defensor es el mismo abogado que el del Sr. Pérez Sántiz. Se debe mencionar también que el Sr. Gómez López, como persona con diabetes, no está recibiendo la atención médica adecuada, lo que ha resultado en un rápido deterioro de su estado de salud. El Observatorio manifiesta su más alta preocupación por la detención arbitraria de Mario Gómez López, que parecen ser represalia por su legítima labor en defensa de los derechos humanos y por la búsqueda de justicia por el asesinato de su hijo, y exige al Estado mexicano que procesa a su liberación inmediata e incondicional. Además, el Observatorio urge al Estado mexicano a garantizar su seguridad física y psicológica, dado que en el mismo lugar de detención se encuentran miembros del mismo grupo delincuencial que lidera Pablo “N”., por lo que se teme que Mario Gómez podría ser víctima de represalias al interior de la prisión. El Observatorio reitera su llamado al Estado mexicano para que garantice la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, particularmente en el Estado de Chiapas, que se enfrenta a un contexto de violencia aguda dada la colusión entre autoridades y grupos criminales.]]> Mario Gómez López, defensor de los derechos humanos maya-tsotsil y beneficiario de medidas cautelares (MC-892-22) otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Según testigos, el 24 de enero de 2025 alrededor de las 8 a.m, Mario Gómez fue detenido de forma arbitraria, sin ser informado del motivo de su detención, por la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas, en la caseta de vigilancia ubicada en el Periférico Norte entrada de la colonia Santa Cruz del Ejido el Pinar en el municipio de San Cristóbal de las Casas. El 25 de enero de 2024, familiares y organizaciones representantes de Mario Gómez, confirmaron que se encontraba detenido en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERSS) 14 el Amate. Hasta el momento de publicación de este llamado urgente, el defensor ha estado incomunicado. Las autoridades del CERSS argumentan la existencia de un nuevo reglamento que impide que las personas recién recluidas puedan recibir visitas, incluso de sus familiares. Sus representantes denuncian que no existe claridad ni información pública al respecto de este nuevo reglamento en las páginas oficiales de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP). Posteriormente, a las 6 p.m. del mismo día, inició la audiencia inicial con solicitud de vinculación a proceso. La SSP permitió el acceso de su abogado y a otra persona, pero no a la esposa ni a otros defensores de derechos humanos, bajo el argumento de que no habría espacio. En dicha audiencia, se conoció que a Mario Gómez se le acusa del delito de “atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado” (causa penal 194/2023). El Ministerio Público lo señaló como el autor material e intelectual de un ataque violento en contra de tres personas cuyas casas habría quemado el 17 de abril de 2023. Esto, en una supuesta represalia al asesinato de Jerónimo Ruíz, líder de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH). En realidad, Mario Gómez fue una de las víctimas de esos ataques, ya que su casa también fue incendiada. Al finalizar la audiencia la Fiscalía solicitó vinculación a proceso y estableció la fecha de la próxima audiencia el 30 de enero de 2025. Organizaciones acompañantes y familiares de Mario Gómez denuncian que esta detención arbitraria podría corresponder a intereses políticos para negociar la liberación del Sr. Pablo Pérez Sántiz, Pablo “N”, líder de un grupo delincuencial que opera en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. El Sr. Sántiz se encuentra actualmente en prisión preventiva por el asesinato de Mateo Gómez López, hijo de Mario Gómez, ocurrido el 3 de febrero de 2021, por haber resistido a intentos de reclutamiento forzado de ese mismo grupo delincuencial. El abogado de las tres presuntas víctimas que le adjudican al defensor es el mismo abogado que el del Sr. Pérez Sántiz. Se debe mencionar también que el Sr. Gómez López, como persona con diabetes, no está recibiendo la atención médica adecuada, lo que ha resultado en un rápido deterioro de su estado de salud. El Observatorio manifiesta su más alta preocupación por la detención arbitraria de Mario Gómez López, que parecen ser represalia por su legítima labor en defensa de los derechos humanos y por la búsqueda de justicia por el asesinato de su hijo, y exige al Estado mexicano que procesa a su liberación inmediata e incondicional. Además, el Observatorio urge al Estado mexicano a garantizar su seguridad física y psicológica, dado que en el mismo lugar de detención se encuentran miembros del mismo grupo delincuencial que lidera Pablo “N”., por lo que se teme que Mario Gómez podría ser víctima de represalias al interior de la prisión. El Observatorio reitera su llamado al Estado mexicano para que garantice la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, particularmente en el Estado de Chiapas, que se enfrenta a un contexto de violencia aguda dada la colusión entre autoridades y grupos criminales.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/ecuador-justicia-y-responsabilidad-corporativa-en-el-caso-de-esclavitud-moderna-contra-furukawa-c-a/ Tue, 09 Apr 2024 10:02:53 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=21955 9 de abril de 2024 - Las organizaciones internacionales de derechos humanos abajo firmantes, incluidas la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización mundial contra la tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, condenamos en los términos más enérgicos las condiciones inhumanas que se han impuesto a las comunidades afectadas por Furukawa Plantaciones S.A. y sus directivos durante generaciones, y expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los defensores de los derechos humanos trabajadores de Furukawa Plantaciones S.A. El grupo de organizaciones internacionales de derechos humanos que ha estado acompañando y pidiendo justicia en el caso de esclavitud moderna contra Furukawa Plantaciones S.A. en Ecuador celebra que la Corte Constitucional de Ecuador vaya a tratar el caso en los próximos días. La audiencia tendrá lugar el 9 de abril, dando impulso a un proceso que tiene el potencial de sentar un precedente histórico en la lucha contra la esclavitud contemporánea no sólo en Ecuador, sino en toda la región. Además, el 18 de abril empezará otro caso relacionado en el Tribunal Penal de Santo Domingo, en el que tres directivos de Furukawa S.A. y la propia empresa se enfrentan a cargos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Cientos de familias han trabajado para Furukawa Plantaciones S. A. en las zonas de Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo durante más de 60 años, viviendo en campamentos dentro de las plantaciones de la empresa durante generaciones, soportando condiciones irregulares de salario, explotación, falta de acceso a servicios básicos adecuados, educación, salud, saneamiento y otras violaciones de sus derechos. Miembros de la comunidad, incluidos niños, tienen problemas crónicos de salud, en parte debido al polvo que desprende la fibra de abacá al secarse, que penetra en sus vías respiratorias y pulmones. Durante años, no tuvieron electricidad ni agua potable. Las dos próximas audiencias son ante todo un reflejo de la valentía y resistencia de las comunidades de abacaleros de las zonas de Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo en su búsqueda de justicia con el apoyo del Comité de Solidaridad Furawaka Nunca Más conformado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Centro de Derechos Económicos y Sociales, Coordinadora Nacional Campesina, Afrocomunicaciones y Observatorio Social de Derechos. Durante años, las y los abacaleros han intentado reclamar sus derechos y denunciar sus condiciones de trabajo y de vida ante diferentes autoridades locales y nacionales sin un seguimiento adecuado y enfrentándose a represalias, intimidaciones e intentos de criminalización por parte de la empresa. En ese contexto, la lucha permanente de los defensores de derechos humanos da lugar a que el Estado ecuatoriano reconozca el importante rol de los defensores de derechos humanos en la búsqueda y garantía de los derechos humanos. El caso ahora ante la Corte Constitucional ha pasado por un largo proceso judicial, con varias incursiones de la empresa para intentar disuadirlo. El 15 de enero de 2021, el tribunal ecuatoriano de primera instancia reconoció por primera vez que las condiciones de los trabajadores de Furukawa Plantaciones S.A. constituían una violación del derecho a la igualdad, la no discriminación, la prohibición de la servidumbre de la gleba, el derecho a la salud, la vivienda, la educación y la identidad. El 15 de octubre 2021, la corte de apelación ratificó el fallo de primera instancia, y claras medidas de reparación fueron establecidas. En apelación presentada por la empresa, la Corte Provincial de Justicia de la región de Santo Domingo de los Tsáchilas confirmó la responsabilidad de la empresa, pero exoneró de responsabilidad al Estado ecuatoriano. La decisión no revocó las medidas de reparación a favor de los trabajadores. Desde entonces, las comunidades de abacaleros afectados esperan que se cumpla el fallo judicial y se haga justicia, en una situación de total precariedad económica que los dejó vulnerables a los intentos de acoso y criminalización llevados a cabo por Furukawa Plantaciones S.A. para silenciarlos. El 9 de abril, la Corte Constitucional de Ecuador determinará si confirma la responsabilidad de Furukawa Plantaciones S.A., la responsabilidad por omisión del Estado de Ecuador y se pronunciará en materia de reparaciones. Según el sistema judicial ecuatoriano, la sentencia de la Corte Provincial de Justicia en apelación es firme y debe ser ejecutada, por lo que Furukawa Plantaciones S.A. ya debería haber cumplido con su obligación legal de reparar a los trabajadores. La Corte Constitucional debe dejar claro que este retraso en cumplir el fallo judicial por parte de Furukawa Plantaciones S.A. va en contra del Estado de Derecho y no será tolerada por más tiempo. En la causa penal, el Juzgado Penal de Santo Domingo empezará a juzgar la responsabilidad de Furukawa Plantaciones S.A. y tres de sus directivos por trata de personas con fines de explotación laboral. Si se les declara culpables, los directivos podrían enfrentarse a penas de prisión y podrá ser determinada la disolución de Furukawa Plantaciones S.A en el país. Furukawa Plantaciones S.A. ha buscado dilatar ambos procesos judiciales durante años, con estrategias procesales que buscaron impedir que la justicia del Estado ecuatoriano siga su curso, además de presionar e intimidar directamente a los trabajadores y ex trabajadores para que abandonen el caso. Recientemente, el jueves 4 de abril, la gerencia de Furukawa Plantaciones S.A., flanqueada por personal de los Ministerios de Trabajo y Salud Pública y de las fuerzas de seguridad, visitó los campamentos donde vive parte de los abacaleros en un intento de intimidarlos y hacerlos desistir del caso. Esto en flagrante violación a las medidas de protección establecidas por el juez de garantías penales de Santo Domingo de los Tsáchilas. En las próximas semanas, Ecuador tendrá una oportunidad histórica para corregir los errores cometidos contra estas comunidades y dar un paso decisivo en la lucha contra la esclavitud moderna y la responsabilización de las empresas. El Estado ecuatoriano debe presentar garantías claras de que esta situación no se repetirá, poniendo en marcha políticas públicas de lucha contra la esclavitud y la trata de personas, y estableciendo una estricta supervisión estatal de las empresas. La decisión judicial también sienta un precedente optimista para los defensores de los derechos humanos que buscan justicia en el país. Las organizaciones internacionales de derechos humanos abajo firmantes condenamos en los términos más enérgicos las condiciones inhumanas que se han impuesto a las comunidades afectadas por Furukawa Plantaciones S.A. y sus directivos durante generaciones, y expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los defensores de los derechos humanos trabajadores de Furukawa Plantaciones S.A. Por esta razón, las organizaciones abajo firmantes: Llamamos a la Corte Constitucional de Ecuador :

• que haga justicia confirmando la responsabilidad de Furukawa Plantaciones S.A. y su obligación de cumplir con sus responsabilidades hacia las y los abacaleros implementando las reparaciones establecidas por los tribunales;
• que restablezca la responsabilidad del Estado ecuatoriano por omisión, tal y como se estableció en la sentencia original.

Llamamos a la Corte Penal de Santo Domingo :

• a que responsabilice a la dirección de Furukawa Plantaciones S.A. de los cargos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, y poner fin al ciclo de impunidad que ha durado generaciones.

Hacemos un llamado al Estado ecuatoriano :

• a desarrollar políticas públicas de protección para luchar contra la esclavitud contemporánea y la trata de personas con fines de explotación laboral en el país. Este proceso debe ser participativo y transparente, con la participación directa de los defensores de derechos humanos y la sociedad civil;
• para que desarrolle políticas públicas e iniciativas concretas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos que sufren diferentes tipos de violaciones, ataques, procesos de criminalización e intimidación en sus luchas por derechos en todo el país;
• desarrollar políticas públicas y legislación acordes con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, y establecer una estricta supervisión estatal de las prácticas empresariales para evitar situaciones similares en el futuro.

]]> 9 de abril de 2024 - Las organizaciones internacionales de derechos humanos abajo firmantes, incluidas la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización mundial contra la tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, condenamos en los términos más enérgicos las condiciones inhumanas que se han impuesto a las comunidades afectadas por Furukawa Plantaciones S.A. y sus directivos durante generaciones, y expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los defensores de los derechos humanos trabajadores de Furukawa Plantaciones S.A. El grupo de organizaciones internacionales de derechos humanos que ha estado acompañando y pidiendo justicia en el caso de esclavitud moderna contra Furukawa Plantaciones S.A. en Ecuador celebra que la Corte Constitucional de Ecuador vaya a tratar el caso en los próximos días. La audiencia tendrá lugar el 9 de abril, dando impulso a un proceso que tiene el potencial de sentar un precedente histórico en la lucha contra la esclavitud contemporánea no sólo en Ecuador, sino en toda la región. Además, el 18 de abril empezará otro caso relacionado en el Tribunal Penal de Santo Domingo, en el que tres directivos de Furukawa S.A. y la propia empresa se enfrentan a cargos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Cientos de familias han trabajado para Furukawa Plantaciones S. A. en las zonas de Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo durante más de 60 años, viviendo en campamentos dentro de las plantaciones de la empresa durante generaciones, soportando condiciones irregulares de salario, explotación, falta de acceso a servicios básicos adecuados, educación, salud, saneamiento y otras violaciones de sus derechos. Miembros de la comunidad, incluidos niños, tienen problemas crónicos de salud, en parte debido al polvo que desprende la fibra de abacá al secarse, que penetra en sus vías respiratorias y pulmones. Durante años, no tuvieron electricidad ni agua potable. Las dos próximas audiencias son ante todo un reflejo de la valentía y resistencia de las comunidades de abacaleros de las zonas de Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo en su búsqueda de justicia con el apoyo del Comité de Solidaridad Furawaka Nunca Más conformado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Centro de Derechos Económicos y Sociales, Coordinadora Nacional Campesina, Afrocomunicaciones y Observatorio Social de Derechos. Durante años, las y los abacaleros han intentado reclamar sus derechos y denunciar sus condiciones de trabajo y de vida ante diferentes autoridades locales y nacionales sin un seguimiento adecuado y enfrentándose a represalias, intimidaciones e intentos de criminalización por parte de la empresa. En ese contexto, la lucha permanente de los defensores de derechos humanos da lugar a que el Estado ecuatoriano reconozca el importante rol de los defensores de derechos humanos en la búsqueda y garantía de los derechos humanos. El caso ahora ante la Corte Constitucional ha pasado por un largo proceso judicial, con varias incursiones de la empresa para intentar disuadirlo. El 15 de enero de 2021, el tribunal ecuatoriano de primera instancia reconoció por primera vez que las condiciones de los trabajadores de Furukawa Plantaciones S.A. constituían una violación del derecho a la igualdad, la no discriminación, la prohibición de la servidumbre de la gleba, el derecho a la salud, la vivienda, la educación y la identidad. El 15 de octubre 2021, la corte de apelación ratificó el fallo de primera instancia, y claras medidas de reparación fueron establecidas. En apelación presentada por la empresa, la Corte Provincial de Justicia de la región de Santo Domingo de los Tsáchilas confirmó la responsabilidad de la empresa, pero exoneró de responsabilidad al Estado ecuatoriano. La decisión no revocó las medidas de reparación a favor de los trabajadores. Desde entonces, las comunidades de abacaleros afectados esperan que se cumpla el fallo judicial y se haga justicia, en una situación de total precariedad económica que los dejó vulnerables a los intentos de acoso y criminalización llevados a cabo por Furukawa Plantaciones S.A. para silenciarlos. El 9 de abril, la Corte Constitucional de Ecuador determinará si confirma la responsabilidad de Furukawa Plantaciones S.A., la responsabilidad por omisión del Estado de Ecuador y se pronunciará en materia de reparaciones. Según el sistema judicial ecuatoriano, la sentencia de la Corte Provincial de Justicia en apelación es firme y debe ser ejecutada, por lo que Furukawa Plantaciones S.A. ya debería haber cumplido con su obligación legal de reparar a los trabajadores. La Corte Constitucional debe dejar claro que este retraso en cumplir el fallo judicial por parte de Furukawa Plantaciones S.A. va en contra del Estado de Derecho y no será tolerada por más tiempo. En la causa penal, el Juzgado Penal de Santo Domingo empezará a juzgar la responsabilidad de Furukawa Plantaciones S.A. y tres de sus directivos por trata de personas con fines de explotación laboral. Si se les declara culpables, los directivos podrían enfrentarse a penas de prisión y podrá ser determinada la disolución de Furukawa Plantaciones S.A en el país. Furukawa Plantaciones S.A. ha buscado dilatar ambos procesos judiciales durante años, con estrategias procesales que buscaron impedir que la justicia del Estado ecuatoriano siga su curso, además de presionar e intimidar directamente a los trabajadores y ex trabajadores para que abandonen el caso. Recientemente, el jueves 4 de abril, la gerencia de Furukawa Plantaciones S.A., flanqueada por personal de los Ministerios de Trabajo y Salud Pública y de las fuerzas de seguridad, visitó los campamentos donde vive parte de los abacaleros en un intento de intimidarlos y hacerlos desistir del caso. Esto en flagrante violación a las medidas de protección establecidas por el juez de garantías penales de Santo Domingo de los Tsáchilas. En las próximas semanas, Ecuador tendrá una oportunidad histórica para corregir los errores cometidos contra estas comunidades y dar un paso decisivo en la lucha contra la esclavitud moderna y la responsabilización de las empresas. El Estado ecuatoriano debe presentar garantías claras de que esta situación no se repetirá, poniendo en marcha políticas públicas de lucha contra la esclavitud y la trata de personas, y estableciendo una estricta supervisión estatal de las empresas. La decisión judicial también sienta un precedente optimista para los defensores de los derechos humanos que buscan justicia en el país. Las organizaciones internacionales de derechos humanos abajo firmantes condenamos en los términos más enérgicos las condiciones inhumanas que se han impuesto a las comunidades afectadas por Furukawa Plantaciones S.A. y sus directivos durante generaciones, y expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los defensores de los derechos humanos trabajadores de Furukawa Plantaciones S.A. Por esta razón, las organizaciones abajo firmantes: Llamamos a la Corte Constitucional de Ecuador :

• que haga justicia confirmando la responsabilidad de Furukawa Plantaciones S.A. y su obligación de cumplir con sus responsabilidades hacia las y los abacaleros implementando las reparaciones establecidas por los tribunales;
• que restablezca la responsabilidad del Estado ecuatoriano por omisión, tal y como se estableció en la sentencia original.

Llamamos a la Corte Penal de Santo Domingo :

• a que responsabilice a la dirección de Furukawa Plantaciones S.A. de los cargos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, y poner fin al ciclo de impunidad que ha durado generaciones.

Hacemos un llamado al Estado ecuatoriano :

• a desarrollar políticas públicas de protección para luchar contra la esclavitud contemporánea y la trata de personas con fines de explotación laboral en el país. Este proceso debe ser participativo y transparente, con la participación directa de los defensores de derechos humanos y la sociedad civil;
• para que desarrolle políticas públicas e iniciativas concretas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos que sufren diferentes tipos de violaciones, ataques, procesos de criminalización e intimidación en sus luchas por derechos en todo el país;
• desarrollar políticas públicas y legislación acordes con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, y establecer una estricta supervisión estatal de las prácticas empresariales para evitar situaciones similares en el futuro.

]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/venezuela-intimidaciones-y-represalias-contra-integrantes-del-movimiento-vinotinto/ Wed, 28 Feb 2024 16:51:02 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=21658 Ginebra- París, 28 de febrero de 2024 – El Movimiento Vinotinto y sus integrantes sufren un aumento de actos de intimidación y represalias al cumplirse una década de su labor en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) denuncia estos actos y exige a las autoridades venezolanas a garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de las personas defensoras de derechos humanos que integran el Movimiento Vinotinto. El 7 de febrero de 2024, el Movimiento Vinotinto celebró una década del inicio de su labor por la defensa de los derechos humanos. En 2014, en el marco de las protestas y movilizaciones que tuvieron lugar en Venezuela, el abogado y defensor de derechos humanos el Sr. Manuel Virgüez constituyó esta Asociación Civil con el objetivo de apoyar las demandas sociales y solidarizarse con la sociedad venezolana. Desde su fundación, el Movimiento Vinotinto se ha caracterizado por promover la participación ciudadana, la formación y la incidencia en los asuntos públicos y el acompañamiento a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Actualmente, realiza trabajo en varios estados del país como Táchira, Yaracuy, Distrito Capital, Miranda, Lara, Bolívar y Trujillo, en donde se ha constituido como una de las principales voces en la denuncia de violaciones a derechos humanos, particularmente en materia de derechos laborales, acompañando a líderes sindicales. Debido a la labor que ha realizado el Movimiento Vinotinto en la última década, sus integrantes han sido víctimas de actos de intimidación y represalias por parte de las autoridades. Esta situación se ha agudizado durante los últimos meses y ha puesto en riesgo su labor de defensa. El 19 de agosto de 2023, integrantes del Movimiento Vinotinto, reportaron presuntos actos de vigilancia y hostigamiento en contra del coordinador del Movimiento Vinotinto en el estado de Táchira, el Sr. Edward Vergara. Posteriormente, el 14 de octubre de 2023 el Sr. Vergara reportó que hombres motorizados estaban preguntando por él en su vivienda. El 24 de octubre de 2023, el Sr. Emanuel Paradas, abogado del Movimiento Vinotinto, fue sujeto de intimidación y amenazas en medio del desarrollo de una audiencia, por parte de una juez de los juzgados de la Ciudad de Barquisimeto, estado de Lara. Después, la misma juez denunció el 1 de diciembre de 2023 al Sr. Paradas ante el Colegio de Abogados, solicitando la suspensión de su licencia como abogado por supuestamente haber faltado a la ética y las buenas costumbres de la profesión. En este mismo contexto, otros dos abogados del Movimiento Vinotinto, los Sres. Alexis Ramon y Henderson Maldonado también fueron amenazados de manera verbal por la misma juez, con solicitar la suspensión de sus licencias, al intentar adherirse a la causa que estaba promoviendo el Sr. Paradas. Por el momento, las licencias de los Sres. Ramon, Maldonado y Paradas no han sido suspendidas. El 24 de noviembre de 2023, en medio de un foro de derechos humanos de los trabajadores, actividad realizada en alianza con la organización PROVEA, en la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) intentaron ingresar a la sede de la casa sindical de la ciudad, preguntando por defensores de derechos humanos, entre los cuales mencionaron al Sr. Charles Newbury, coordinador general de proyectos a nivel nacional del Movimiento Vinotinto y coordinador de la organización en el estado Yaracuy; y al Sr. Eduardo Torres, quien fue investigador y abogado durante un proyecto implementado por la organización entre agosto de 2022 y enero de 2023. Cuando se cuestionó a los funcionarios por su presencia, mencionaron que ellos siempre daban seguimiento a este tipos de actividades. El Movimiento Vinotinto ha denunciado que estos hechos no son aislados, sino que se enmarcan en un patrón de intimidación y represalias, no sólo contra las personas integrantes de la organización, sino en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones en Venezuela. El Observatorio recuerda que el pasado 12 de enero de 2024, volvió a ponerse a discusión la aprobación del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, el cual representa una enorme amenaza para el trabajo que realizan las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Situación que ha sido denunciada por las relatorías especiales de la Organización de las Naciones Unidas. Además, el 15 de febrero de 2024, el gobierno venezolano anunció que suspendería las actividades de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, lo que supone una preocupante escalada de los intentos del gobierno venezolano de eludir el escrutinio internacional y que pone en una situación de mayor vulnerabilidad a las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos. El Observatorio expresa su profunda preocupación por los actos de intimidación y represalias en contra de las personas integrantes del Movimiento Vinotinto , y urge a las autoridades venezolanas a llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva, pronta e imparcial en torno a estos hechos para identificar y sancionar a todas las personas responsables materiales e intelectuales, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. De igual manera, el Observatorio se solidariza y reconoce la labor que el Movimiento Vinotinto ha llevado a cabo a lo largo de esta última década a favor de los derechos humanos en Venezuela, y urge a las autoridades venezolanas a garantizar la protección e integridad física y psicológica de las personas integrantes del Movimiento Vinotinto, y a poner fin a todo tipo de ataques, actos de intimidación y represalias en contra de sus integrantes y del conjunto de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela. El Observatorio hace igualmente un llamado a la comunidad internacional a solidarizarse con las personas integrantes del Movimiento Vinotinto, y con todas las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, denunciando las violaciones a derechos humanos a las que están siendo sujetas.]]> Ginebra- París, 28 de febrero de 2024 – El Movimiento Vinotinto y sus integrantes sufren un aumento de actos de intimidación y represalias al cumplirse una década de su labor en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) denuncia estos actos y exige a las autoridades venezolanas a garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de las personas defensoras de derechos humanos que integran el Movimiento Vinotinto. El 7 de febrero de 2024, el Movimiento Vinotinto celebró una década del inicio de su labor por la defensa de los derechos humanos. En 2014, en el marco de las protestas y movilizaciones que tuvieron lugar en Venezuela, el abogado y defensor de derechos humanos el Sr. Manuel Virgüez constituyó esta Asociación Civil con el objetivo de apoyar las demandas sociales y solidarizarse con la sociedad venezolana. Desde su fundación, el Movimiento Vinotinto se ha caracterizado por promover la participación ciudadana, la formación y la incidencia en los asuntos públicos y el acompañamiento a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Actualmente, realiza trabajo en varios estados del país como Táchira, Yaracuy, Distrito Capital, Miranda, Lara, Bolívar y Trujillo, en donde se ha constituido como una de las principales voces en la denuncia de violaciones a derechos humanos, particularmente en materia de derechos laborales, acompañando a líderes sindicales. Debido a la labor que ha realizado el Movimiento Vinotinto en la última década, sus integrantes han sido víctimas de actos de intimidación y represalias por parte de las autoridades. Esta situación se ha agudizado durante los últimos meses y ha puesto en riesgo su labor de defensa. El 19 de agosto de 2023, integrantes del Movimiento Vinotinto, reportaron presuntos actos de vigilancia y hostigamiento en contra del coordinador del Movimiento Vinotinto en el estado de Táchira, el Sr. Edward Vergara. Posteriormente, el 14 de octubre de 2023 el Sr. Vergara reportó que hombres motorizados estaban preguntando por él en su vivienda. El 24 de octubre de 2023, el Sr. Emanuel Paradas, abogado del Movimiento Vinotinto, fue sujeto de intimidación y amenazas en medio del desarrollo de una audiencia, por parte de una juez de los juzgados de la Ciudad de Barquisimeto, estado de Lara. Después, la misma juez denunció el 1 de diciembre de 2023 al Sr. Paradas ante el Colegio de Abogados, solicitando la suspensión de su licencia como abogado por supuestamente haber faltado a la ética y las buenas costumbres de la profesión. En este mismo contexto, otros dos abogados del Movimiento Vinotinto, los Sres. Alexis Ramon y Henderson Maldonado también fueron amenazados de manera verbal por la misma juez, con solicitar la suspensión de sus licencias, al intentar adherirse a la causa que estaba promoviendo el Sr. Paradas. Por el momento, las licencias de los Sres. Ramon, Maldonado y Paradas no han sido suspendidas. El 24 de noviembre de 2023, en medio de un foro de derechos humanos de los trabajadores, actividad realizada en alianza con la organización PROVEA, en la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) intentaron ingresar a la sede de la casa sindical de la ciudad, preguntando por defensores de derechos humanos, entre los cuales mencionaron al Sr. Charles Newbury, coordinador general de proyectos a nivel nacional del Movimiento Vinotinto y coordinador de la organización en el estado Yaracuy; y al Sr. Eduardo Torres, quien fue investigador y abogado durante un proyecto implementado por la organización entre agosto de 2022 y enero de 2023. Cuando se cuestionó a los funcionarios por su presencia, mencionaron que ellos siempre daban seguimiento a este tipos de actividades. El Movimiento Vinotinto ha denunciado que estos hechos no son aislados, sino que se enmarcan en un patrón de intimidación y represalias, no sólo contra las personas integrantes de la organización, sino en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones en Venezuela. El Observatorio recuerda que el pasado 12 de enero de 2024, volvió a ponerse a discusión la aprobación del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, el cual representa una enorme amenaza para el trabajo que realizan las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Situación que ha sido denunciada por las relatorías especiales de la Organización de las Naciones Unidas. Además, el 15 de febrero de 2024, el gobierno venezolano anunció que suspendería las actividades de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, lo que supone una preocupante escalada de los intentos del gobierno venezolano de eludir el escrutinio internacional y que pone en una situación de mayor vulnerabilidad a las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos. El Observatorio expresa su profunda preocupación por los actos de intimidación y represalias en contra de las personas integrantes del Movimiento Vinotinto , y urge a las autoridades venezolanas a llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva, pronta e imparcial en torno a estos hechos para identificar y sancionar a todas las personas responsables materiales e intelectuales, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. De igual manera, el Observatorio se solidariza y reconoce la labor que el Movimiento Vinotinto ha llevado a cabo a lo largo de esta última década a favor de los derechos humanos en Venezuela, y urge a las autoridades venezolanas a garantizar la protección e integridad física y psicológica de las personas integrantes del Movimiento Vinotinto, y a poner fin a todo tipo de ataques, actos de intimidación y represalias en contra de sus integrantes y del conjunto de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela. El Observatorio hace igualmente un llamado a la comunidad internacional a solidarizarse con las personas integrantes del Movimiento Vinotinto, y con todas las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, denunciando las violaciones a derechos humanos a las que están siendo sujetas.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/tunisie-harcelement-judiciaire-a-lencontre-de-lavocat-ayachi-hammami/ Tue, 19 Dec 2023 09:47:35 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=21232 Kamel Feki Ministre de l’Intérieur Ministère de l’Intérieur Avenue Habib Bourguiba, Tunis Madame Leila Jaffel Ministre de la Justice Ministère de la Justice Bab Bnat, Tunis     Genève/Paris, le 12 décembre 2023   Objet : Harcèlement judiciaire à l’encontre de Me Ayachi Hammami en représailles à son action en faveur des droits humains   Monsieur le ministre de l’Intérieur, Madame la ministre de la Justice, Nous, l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains, programme conjoint de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), vous écrivons pour partager notre profonde préoccupation quant au harcèlement judiciaire sans précédent qui vise l’avocat et défenseur des droits humains Me Ayachi Hammami. Ce dernier fait l'objet d'accusations «à caractère politique » en représailles à son action de défense de l’indépendance de la justice et des juges révoqué.e.s arbitrairement, pour lesquelles il encourt de très lourdes peines. Le 10 janvier 2023, Me Hammami a comparu devant le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis suite à la plainte déposée à son encontre par la ministre de la Justice, en vertu du décret-loi n° 54-2022. L’avocat défenseur des droits humains est accusé par la ministre de la Justice de «diffusion de fausses rumeurs dans le but de porter atteinte aux droits d'autrui et de porter préjudice à la sûreté publique » et « d'attribution de données infondées visant à diffamer les autres » sur le fondement de l'article 24 du décret-loi N°54-2022 (« décret 54 »). Il encourt une peine de 10 ans de prison. Ces accusations font suite à une déclaration faite par Me Ayachi Hammami sur Shems FM en sa qualité d'avocat de la défense et de coordinateur du Comité de défense des juges révoqué.e.s par une décision du Président de la République de Tunisie. Il a déclaré à la radio qu’il estimait que les juges révoqué.e.s étaient «lésé.es» par le ministre de la Justice, qui, selon lui, «a commis une infraction de non-exécution des décisions de justice adoptées par le tribunal administratif et ordonnant la réintégration de la plupart des juges révoqué.e.s », et de «fabriquer » des affaires criminelles à leur encontre. En exerçant son plein droit à la liberté d'expression pour défendre l'indépendance judiciaire, Me Hammami se trouve victime du décret 54 qui pèse comme une épée de Damoclès sur les voix discordantes. Laissé en liberté, Me Hammami est toujours dans l’attente de la décision du juge d’instruction. Le 10 octobre 2023, Me Hammami a comparu devant le juge d’instruction près le Pôle judiciaire antiterroriste, il a été auditionné et laissé en liberté dans le cadre d’une autre affaire dite de « complot contre la sûreté de l’État ». Cette affaire touche de nombreux.ses, politicien.ne.s, avocat.e.s et défenseur.e.s des droits humains qui font l’objet d’accusations extrêmement graves mais sans fondement, sur la base de la Loi relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, d’une part, et du Code pénal, avec des fausses accusations telles que le complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État, d’autre part. Certaines de ces accusations sont passibles d’une condamnation à mort. L’avocat de Me Hammami, Abdelaziz Essid, a été contacté par téléphone par le juge d’instruction une heure et demie après la clôture de l’interrogatoire pour lui annoncer que son client, Me Hammami, est désormais interdit de voyager et d’apparaître dans les lieux publics. L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains souligne que la notification aux accusés de telles mesures répressives à leur encontre après l'interrogatoire soulève de nombreuses questions quant à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Malgré le fait que ces mesures aient été communiquées à Me Essid par écrit le lendemain de l’interrogatoire pour se conformer aux procédures légales, il s’agit d’un acte d’intimidation à l’encontre de Me Hammami, qui a pour objectif de l’assiéger sur les plans professionnel, économique et social. Monsieur le ministre, Madame la ministre, C’est avec beaucoup d’inquiétude que nous suivons et observons des actes de représailles, d’intimidation et de harcèlement à l’encontre de Me Ayachi Hammami, connu pour ses activités de défense des droits humains depuis l’époque de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali où il a payé un lourd tribut à cause de son engagement pour une Tunisie meilleure et démocrate. Me Hammami est un avocat et défenseur des droits humains qui s’est engagé, après la révolution, dans la vie politique de manière effective, en mettant en avant les principes fondamentaux des droits humains et en assurant l’engagement de l’État tunisien en terme de redevabilité, par la publication du rapport de l’Instance de la Vérité et Dignité au Journal Officiel de la République Tunisienne. Entre autres, il a été membre du comité directeur de la Ligue Tunisienne des droits de l'homme et du bureau exécutif d'EuroMed Droits. Il est co-fondateur est président actuel de l’association Tunisienne Le Comité National de défense des libertés et de la démocratie. A cet égard, nous partageons également l’inquiétude de plusieurs titulaires de mandats des Procédures Spéciales des Nations unies face à certains cas de juges et avocat.e.s harcelé.e.s en raison de leur travail légitime de défense des droits humains en Tunisie. Monsieur le ministre de l’Intérieur, Madame la ministre de la justice, En tant qu'État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Tunisie est tenue de respecter le droit de réunion pacifique, le droit de s'associer librement avec d'autres, le droit de participer à la conduite des affaires publiques et le droit à la liberté d’expression, des droits que la Tunisie doit garantir aux défenseur.e.s des droits humains. La Tunisie est également tenue de respecter les normes établies dans la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'Homme, qui reconnaît le droit de toutes et tous à promouvoir et à aspirer à la protection et à la réalisation des droits humains.   Nous vous rappelons que les Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle de l’avocat et les Principes et directives de la Commission africaine des droits de l’homme relatifs au droit à un procès équitable en Afrique disposent que les gouvernements doivent veiller à ce que les avocats soient en mesure « d’exercer toutes leurs fonctions professionnelles sans intimidation, entrave, harcèlement ou ingérence indue » et « de voyager et de consulter librement leurs clients tant dans leur propre pays qu’à l’étranger ».   L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains (OMCT-FIDH) appelle par conséquent les plus hautes autorités tunisiennes à mettre un terme aux poursuites judiciaires contre Me Ayachi Hammami, lever les restrictions à son encontre et veiller à ce que les avocat.e.s défenseur.e.s des droits humains, y compris Me Hammami, puissent exercer leurs activités légitimes de défense des droits humains sans entraves ni crainte de représailles.   Convaincus que vous serez sensibles à l’urgence de cette demande, nous vous remercions par avance de l’attention particulière que vous y porterez.]]> Kamel Feki Ministre de l’Intérieur Ministère de l’Intérieur Avenue Habib Bourguiba, Tunis Madame Leila Jaffel Ministre de la Justice Ministère de la Justice Bab Bnat, Tunis     Genève/Paris, le 12 décembre 2023   Objet : Harcèlement judiciaire à l’encontre de Me Ayachi Hammami en représailles à son action en faveur des droits humains   Monsieur le ministre de l’Intérieur, Madame la ministre de la Justice, Nous, l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains, programme conjoint de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), vous écrivons pour partager notre profonde préoccupation quant au harcèlement judiciaire sans précédent qui vise l’avocat et défenseur des droits humains Me Ayachi Hammami. Ce dernier fait l'objet d'accusations «à caractère politique » en représailles à son action de défense de l’indépendance de la justice et des juges révoqué.e.s arbitrairement, pour lesquelles il encourt de très lourdes peines. Le 10 janvier 2023, Me Hammami a comparu devant le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis suite à la plainte déposée à son encontre par la ministre de la Justice, en vertu du décret-loi n° 54-2022. L’avocat défenseur des droits humains est accusé par la ministre de la Justice de «diffusion de fausses rumeurs dans le but de porter atteinte aux droits d'autrui et de porter préjudice à la sûreté publique » et « d'attribution de données infondées visant à diffamer les autres » sur le fondement de l'article 24 du décret-loi N°54-2022 (« décret 54 »). Il encourt une peine de 10 ans de prison. Ces accusations font suite à une déclaration faite par Me Ayachi Hammami sur Shems FM en sa qualité d'avocat de la défense et de coordinateur du Comité de défense des juges révoqué.e.s par une décision du Président de la République de Tunisie. Il a déclaré à la radio qu’il estimait que les juges révoqué.e.s étaient «lésé.es» par le ministre de la Justice, qui, selon lui, «a commis une infraction de non-exécution des décisions de justice adoptées par le tribunal administratif et ordonnant la réintégration de la plupart des juges révoqué.e.s », et de «fabriquer » des affaires criminelles à leur encontre. En exerçant son plein droit à la liberté d'expression pour défendre l'indépendance judiciaire, Me Hammami se trouve victime du décret 54 qui pèse comme une épée de Damoclès sur les voix discordantes. Laissé en liberté, Me Hammami est toujours dans l’attente de la décision du juge d’instruction. Le 10 octobre 2023, Me Hammami a comparu devant le juge d’instruction près le Pôle judiciaire antiterroriste, il a été auditionné et laissé en liberté dans le cadre d’une autre affaire dite de « complot contre la sûreté de l’État ». Cette affaire touche de nombreux.ses, politicien.ne.s, avocat.e.s et défenseur.e.s des droits humains qui font l’objet d’accusations extrêmement graves mais sans fondement, sur la base de la Loi relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, d’une part, et du Code pénal, avec des fausses accusations telles que le complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État, d’autre part. Certaines de ces accusations sont passibles d’une condamnation à mort. L’avocat de Me Hammami, Abdelaziz Essid, a été contacté par téléphone par le juge d’instruction une heure et demie après la clôture de l’interrogatoire pour lui annoncer que son client, Me Hammami, est désormais interdit de voyager et d’apparaître dans les lieux publics. L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains souligne que la notification aux accusés de telles mesures répressives à leur encontre après l'interrogatoire soulève de nombreuses questions quant à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Malgré le fait que ces mesures aient été communiquées à Me Essid par écrit le lendemain de l’interrogatoire pour se conformer aux procédures légales, il s’agit d’un acte d’intimidation à l’encontre de Me Hammami, qui a pour objectif de l’assiéger sur les plans professionnel, économique et social. Monsieur le ministre, Madame la ministre, C’est avec beaucoup d’inquiétude que nous suivons et observons des actes de représailles, d’intimidation et de harcèlement à l’encontre de Me Ayachi Hammami, connu pour ses activités de défense des droits humains depuis l’époque de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali où il a payé un lourd tribut à cause de son engagement pour une Tunisie meilleure et démocrate. Me Hammami est un avocat et défenseur des droits humains qui s’est engagé, après la révolution, dans la vie politique de manière effective, en mettant en avant les principes fondamentaux des droits humains et en assurant l’engagement de l’État tunisien en terme de redevabilité, par la publication du rapport de l’Instance de la Vérité et Dignité au Journal Officiel de la République Tunisienne. Entre autres, il a été membre du comité directeur de la Ligue Tunisienne des droits de l'homme et du bureau exécutif d'EuroMed Droits. Il est co-fondateur est président actuel de l’association Tunisienne Le Comité National de défense des libertés et de la démocratie. A cet égard, nous partageons également l’inquiétude de plusieurs titulaires de mandats des Procédures Spéciales des Nations unies face à certains cas de juges et avocat.e.s harcelé.e.s en raison de leur travail légitime de défense des droits humains en Tunisie. Monsieur le ministre de l’Intérieur, Madame la ministre de la justice, En tant qu'État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Tunisie est tenue de respecter le droit de réunion pacifique, le droit de s'associer librement avec d'autres, le droit de participer à la conduite des affaires publiques et le droit à la liberté d’expression, des droits que la Tunisie doit garantir aux défenseur.e.s des droits humains. La Tunisie est également tenue de respecter les normes établies dans la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'Homme, qui reconnaît le droit de toutes et tous à promouvoir et à aspirer à la protection et à la réalisation des droits humains.   Nous vous rappelons que les Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle de l’avocat et les Principes et directives de la Commission africaine des droits de l’homme relatifs au droit à un procès équitable en Afrique disposent que les gouvernements doivent veiller à ce que les avocats soient en mesure « d’exercer toutes leurs fonctions professionnelles sans intimidation, entrave, harcèlement ou ingérence indue » et « de voyager et de consulter librement leurs clients tant dans leur propre pays qu’à l’étranger ».   L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains (OMCT-FIDH) appelle par conséquent les plus hautes autorités tunisiennes à mettre un terme aux poursuites judiciaires contre Me Ayachi Hammami, lever les restrictions à son encontre et veiller à ce que les avocat.e.s défenseur.e.s des droits humains, y compris Me Hammami, puissent exercer leurs activités légitimes de défense des droits humains sans entraves ni crainte de représailles.   Convaincus que vous serez sensibles à l’urgence de cette demande, nous vous remercions par avance de l’attention particulière que vous y porterez.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/mexico-agresion-e-intimidacion-contra-la-defensora-y-madre-buscadora-araceli-rodriguez-nava/ Fri, 14 Apr 2023 15:29:15 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=20148 Araceli Rodríguez Nava, madre buscadora, representante del Colectivo Colibrí, integrante del Movimiento de Desaparecidos en México y defensora de derechos humanos. La Sra. Rodríguez trabaja para la consecución de la verdad, justicia y reparación por la desaparición forzada de su hijo, Luis Ángel León Rodríguez, policía federal desaparecido en cumplimiento de su deber junto con otros seis policías federales más y un civil el 16 de noviembre de 2009 en Zitácuaro, Michoacán. La Sra. Rodríguez Nava es beneficiaria de medidas de protección del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo de Protección) de México, y cuenta además con la protección de tres escoltas pertenecientes a la Fiscalía General de la República (FGR). Esto, por los distintos eventos de riesgo que ha sufrido como consecuencia de sus actividades de defensa y promoción de derechos humanos, incluyendo la búsqueda de su hijo. El 4 de marzo de 2023, un grupo armado no identificado interceptó a Araceli Rodríguez y a sus escoltas a su paso por una caseta de peaje en Chilpancingo, Guerrero, mientras viajaban por la autopista del Sol, en el tramo Acapulco-Cuernavaca. Los vehículos del grupo armado interceptaron el paso de la camioneta en la que viajaba Araceli Rodríguez y sus escoltas, a la cual se subieron individuos desconocidos fuertemente armados que tomaron el volante. Mientras seguían conduciendo por la autopista, los atacantes golpearon y amenazaron a la defensora de derechos humanos y a los escoltas durante aproximadamente media hora, indicando que “estaban siendo investigados”. Posteriormente, estacionaron el vehículo en el arcén de la autopista, bajaron primero a sus escoltas con palabras altisonantes, y posteriormente, uno de los atacantes dio la orden de que bajaran a la defensora de derechos humanos, sometiéndolos nuevamente a golpes e insultos. Los atacantes robaron el vehículo en el que viajaba la defensora de derechos humanos, proporcionado por el Mecanismo de Protección, y dejaron a la Sra. Rodríguez Nava en el arcén de la autopista junto con sus escoltas, todos ellos atados de manos y pies. Uno de los escoltas logró deshacerse de las ataduras y liberar a su compañero, después, liberaron a la defensora de derechos humanos logrando deshacer las ataduras en sus pies y ayudándola a levantarse, sin embargo, no pudieron liberar sus manos. Después de buscar ayuda durante más de media hora en la autopista, un hombre se solidarizó con ellos y los ayudó a trasladarse a la caseta de peaje más próxima (Paso-Morelos). Allí encontraron a miembros de la Guardia Nacional quienes les brindaron asistencia y la Sra. Rodríguez Nava pudo comunicarse con uno de sus familiares para que avisara al Mecanismo de Protección. Araceli Rodríguez Nava interpuso una denuncia ante la FGR el 5 de marzo de 2023. El Observatorio subraya que días antes de esta agresión, el 16 de febrero de 2023, Araceli Rodríguez, representada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización miembro de la FIDH en México, presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas relativa a la desaparición forzada de su hijo. En una conferencia de prensa, la Sra. Rodríguez denunció las negligencias y omisiones del Estado de México en su deber de investigar la desaparición forzada de su hijo, Luis Ángel, y localizarlo, así como de identificar a los responsables materiales e intelectuales y aclarar la verdad sobre los hechos. A raíz de esta demanda, el 1 de marzo de 2023, el Comité de Derechos Humanos emitió medidas provisionales a favor de Luis Ángel León Rodríguez, solicitando al Estado de México adoptar las medidas necesarias para determinar su paradero con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personales. En el momento de publicación de este Llamado Urgente, a más de un mes de la emisión de la medida, la Coordinación para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ente encargado de implementar dichas medidas, no se había puesto en contacto con la representación legal de Araceli Rodríguez, ni tampoco había tomado acción para implementar las medidas provisionales. El 22 de marzo de 2023, la CMDPDH informó al Comité sobre las represalias sufridas, así como sobre la inacción de la Secretaría de Gobernación, y solicitó la transmisión de una carta sobre represalias al Estado mexicano. El Observatorio expresa profunda preocupación por la agresión contra Araceli Rodríguez y sus escoltas, la cual parece ser un acto de represalias e intimidación para intentar disuadir a la defensora de derechos humanos de continuar con su trabajo para conseguir verdad, justicia y reparación por la desaparición forzada de su hijo. El Observatorio subraya que Araceli Rodríguez ha sido objeto de amenazas de muerte en el pasado, inclusive por parte de ex altos funcionarios del Estado, hechos que la llevaron a solicitar medidas al Mecanismo de Protección. El Observatorio condena el ataque y la intimidación contra Araceli Rodríguez, y señala que no se trata de un caso aislado. Ante la impunidad imperante por las desapariciones de personas en México, el estancamiento y la ineficacia de las investigaciones y la opacidad institucional, los familiares de víctimas de desapariciones forzadas e involuntarias que se movilizan y organizan para el establecimiento de la verdad y justicia son sometidas a hostigamiento, amenazas, agresiones y estigmatización por parte tanto de actores estatales como no estatales. Por todo ello, el Observatorio urge a las autoridades mexicanas a reforzar de manera inmediata las medidas de protección otorgadas a Araceli Rodríguez con el fin de garantizar su seguridad e integridad física y psicológica, así como la de su familia. El Observatorio exhorta a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación independiente e imparcial en torno a la agresión y los actos de intimidación en su contra, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales y esclarecer los posibles vínculos entre esta agresión y el trabajo en defensa de los derechos humanos y la verdad que lleva a cabo Araceli Rodríguez desde la desaparición forzada de su hijo.]]> Araceli Rodríguez Nava, madre buscadora, representante del Colectivo Colibrí, integrante del Movimiento de Desaparecidos en México y defensora de derechos humanos. La Sra. Rodríguez trabaja para la consecución de la verdad, justicia y reparación por la desaparición forzada de su hijo, Luis Ángel León Rodríguez, policía federal desaparecido en cumplimiento de su deber junto con otros seis policías federales más y un civil el 16 de noviembre de 2009 en Zitácuaro, Michoacán. La Sra. Rodríguez Nava es beneficiaria de medidas de protección del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo de Protección) de México, y cuenta además con la protección de tres escoltas pertenecientes a la Fiscalía General de la República (FGR). Esto, por los distintos eventos de riesgo que ha sufrido como consecuencia de sus actividades de defensa y promoción de derechos humanos, incluyendo la búsqueda de su hijo. El 4 de marzo de 2023, un grupo armado no identificado interceptó a Araceli Rodríguez y a sus escoltas a su paso por una caseta de peaje en Chilpancingo, Guerrero, mientras viajaban por la autopista del Sol, en el tramo Acapulco-Cuernavaca. Los vehículos del grupo armado interceptaron el paso de la camioneta en la que viajaba Araceli Rodríguez y sus escoltas, a la cual se subieron individuos desconocidos fuertemente armados que tomaron el volante. Mientras seguían conduciendo por la autopista, los atacantes golpearon y amenazaron a la defensora de derechos humanos y a los escoltas durante aproximadamente media hora, indicando que “estaban siendo investigados”. Posteriormente, estacionaron el vehículo en el arcén de la autopista, bajaron primero a sus escoltas con palabras altisonantes, y posteriormente, uno de los atacantes dio la orden de que bajaran a la defensora de derechos humanos, sometiéndolos nuevamente a golpes e insultos. Los atacantes robaron el vehículo en el que viajaba la defensora de derechos humanos, proporcionado por el Mecanismo de Protección, y dejaron a la Sra. Rodríguez Nava en el arcén de la autopista junto con sus escoltas, todos ellos atados de manos y pies. Uno de los escoltas logró deshacerse de las ataduras y liberar a su compañero, después, liberaron a la defensora de derechos humanos logrando deshacer las ataduras en sus pies y ayudándola a levantarse, sin embargo, no pudieron liberar sus manos. Después de buscar ayuda durante más de media hora en la autopista, un hombre se solidarizó con ellos y los ayudó a trasladarse a la caseta de peaje más próxima (Paso-Morelos). Allí encontraron a miembros de la Guardia Nacional quienes les brindaron asistencia y la Sra. Rodríguez Nava pudo comunicarse con uno de sus familiares para que avisara al Mecanismo de Protección. Araceli Rodríguez Nava interpuso una denuncia ante la FGR el 5 de marzo de 2023. El Observatorio subraya que días antes de esta agresión, el 16 de febrero de 2023, Araceli Rodríguez, representada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización miembro de la FIDH en México, presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas relativa a la desaparición forzada de su hijo. En una conferencia de prensa, la Sra. Rodríguez denunció las negligencias y omisiones del Estado de México en su deber de investigar la desaparición forzada de su hijo, Luis Ángel, y localizarlo, así como de identificar a los responsables materiales e intelectuales y aclarar la verdad sobre los hechos. A raíz de esta demanda, el 1 de marzo de 2023, el Comité de Derechos Humanos emitió medidas provisionales a favor de Luis Ángel León Rodríguez, solicitando al Estado de México adoptar las medidas necesarias para determinar su paradero con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personales. En el momento de publicación de este Llamado Urgente, a más de un mes de la emisión de la medida, la Coordinación para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ente encargado de implementar dichas medidas, no se había puesto en contacto con la representación legal de Araceli Rodríguez, ni tampoco había tomado acción para implementar las medidas provisionales. El 22 de marzo de 2023, la CMDPDH informó al Comité sobre las represalias sufridas, así como sobre la inacción de la Secretaría de Gobernación, y solicitó la transmisión de una carta sobre represalias al Estado mexicano. El Observatorio expresa profunda preocupación por la agresión contra Araceli Rodríguez y sus escoltas, la cual parece ser un acto de represalias e intimidación para intentar disuadir a la defensora de derechos humanos de continuar con su trabajo para conseguir verdad, justicia y reparación por la desaparición forzada de su hijo. El Observatorio subraya que Araceli Rodríguez ha sido objeto de amenazas de muerte en el pasado, inclusive por parte de ex altos funcionarios del Estado, hechos que la llevaron a solicitar medidas al Mecanismo de Protección. El Observatorio condena el ataque y la intimidación contra Araceli Rodríguez, y señala que no se trata de un caso aislado. Ante la impunidad imperante por las desapariciones de personas en México, el estancamiento y la ineficacia de las investigaciones y la opacidad institucional, los familiares de víctimas de desapariciones forzadas e involuntarias que se movilizan y organizan para el establecimiento de la verdad y justicia son sometidas a hostigamiento, amenazas, agresiones y estigmatización por parte tanto de actores estatales como no estatales. Por todo ello, el Observatorio urge a las autoridades mexicanas a reforzar de manera inmediata las medidas de protección otorgadas a Araceli Rodríguez con el fin de garantizar su seguridad e integridad física y psicológica, así como la de su familia. El Observatorio exhorta a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación independiente e imparcial en torno a la agresión y los actos de intimidación en su contra, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales y esclarecer los posibles vínculos entre esta agresión y el trabajo en defensa de los derechos humanos y la verdad que lleva a cabo Araceli Rodríguez desde la desaparición forzada de su hijo.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/vietnam-ongoing-arbitrary-detention-and-judicial-harassment-against-four-environmental-rights-defenders/ Wed, 17 Aug 2022 19:05:35 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=18657 Dang Dinh Bach, lawyer and director of the Law and Policy of Sustainability Development Research Center (LPSD), and the reduction of the prison sentences against Mr. Mai Phan Loi, founder and leader of the Center for Media in Educating Community (MEC), and Mr. Bach Hùng Duong former director of the MEC, as well as their ongoing arbitrary detention. On August 11, 2022, the Hanoi High-Level People’s Court’s upheld the five-year prison sentence against Dang Dinh Bach on charge of “tax evasion” (Article 200 of Vietnam’s 2015 Criminal Code), accusation he has consistently denied since his arrest in June 2021. Mr. Bach was sentenced to five years in prison in first instance on January 24, 2022. On the day of the appeal trial, security forces stationed outside the court barred Dang Dinh Bach’s wife, Tran Phuong Thao, from attending her husband’s trial, despite the fact that she had been permitted to attend the trial by the court. Ms. Thao reported that diplomatic representatives from the United States, Germany, and the European Union were also refused entry by the court, which claimed there were “not enough seats in the courtroom.” Ms. Thao believes her husband’s prison sentence was upheld because he refused to plead guilty to the charges against him and to pay the tax money demanded by the authorities. On the same day, at a separate appeal hearing, the Hanoi High-Level People’s Court reduced the prison sentences imposed in first instance on January 11, 2022, on Mai Phan Loi and Bach Hùng Duong from four years to three years and nine months and from two and half years to two years and three months, respectively, under the same charge of “tax evasion.” Mai Phan Loi and and Bach Hùng Duong have been arbitrarily detained since June 24, 2021 and July 2, 2021, respectively. The Observatory recalls that the three environmental rights defenders were accused of corporate tax evasion, although non-profit organisations are exempt from corporate tax in Vietnam. Tax laws regarding NGOs receiving funds from international donors are particularly vague and restrictive. The organisations of the three defenders, along with the human rights NGO Vietnam Committee on Human Rights (VCHR), believed that their arrests were prompted by their work to promote civil society engagement in monitoring the EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) which came into force in 2021. The Observatory further recalls that, on June 17, 2022, Ms. Nguy Thi Khanh, a prominent environmental activist, winner of the Goldman Environmental Prize in 2018 and a symbol of the campaign against Vietnam's reliance on coal power, was sentenced to two years of imprisonment for the same charge of “tax evasion”, after being prosecuted and convicted for failing to pay a 10% tax on her Goldman Prize money, which is equivalent to an amount of VND 456 million (around 18,252 Euros). Ms. Khanh’s appeal trial has not yet taken place and, at the time of publication of this Urgent Appeal, she remained detained at Police Detention Center No 1 in Hanoi where she has been arbitrarily detained since her arrest on January 11, 2022. The Observatory expresses its deepest concern about the Vietnamese authorities’ use of legal harassment, especially the use of tax-related charges against environmental activists, as a tool to criminalise them. The Observatory strongly condemns the unfair convictions, ongoing arbitrary detention and judicial harassment of Dang Dinh Bach, Mai Phan Loi, Bach Hung Duong and Nguy Thi Khanh, as it seems to be only aimed at punishing them for their legitimate environmental and human rights activities. The Observatory urges the Vietnamese authorities to put an end to all acts of harassment against the above-mentioned human rights defenders and immediately and unconditionally release them.]]> Dang Dinh Bach, lawyer and director of the Law and Policy of Sustainability Development Research Center (LPSD), and the reduction of the prison sentences against Mr. Mai Phan Loi, founder and leader of the Center for Media in Educating Community (MEC), and Mr. Bach Hùng Duong former director of the MEC, as well as their ongoing arbitrary detention. On August 11, 2022, the Hanoi High-Level People’s Court’s upheld the five-year prison sentence against Dang Dinh Bach on charge of “tax evasion” (Article 200 of Vietnam’s 2015 Criminal Code), accusation he has consistently denied since his arrest in June 2021. Mr. Bach was sentenced to five years in prison in first instance on January 24, 2022. On the day of the appeal trial, security forces stationed outside the court barred Dang Dinh Bach’s wife, Tran Phuong Thao, from attending her husband’s trial, despite the fact that she had been permitted to attend the trial by the court. Ms. Thao reported that diplomatic representatives from the United States, Germany, and the European Union were also refused entry by the court, which claimed there were “not enough seats in the courtroom.” Ms. Thao believes her husband’s prison sentence was upheld because he refused to plead guilty to the charges against him and to pay the tax money demanded by the authorities. On the same day, at a separate appeal hearing, the Hanoi High-Level People’s Court reduced the prison sentences imposed in first instance on January 11, 2022, on Mai Phan Loi and Bach Hùng Duong from four years to three years and nine months and from two and half years to two years and three months, respectively, under the same charge of “tax evasion.” Mai Phan Loi and and Bach Hùng Duong have been arbitrarily detained since June 24, 2021 and July 2, 2021, respectively. The Observatory recalls that the three environmental rights defenders were accused of corporate tax evasion, although non-profit organisations are exempt from corporate tax in Vietnam. Tax laws regarding NGOs receiving funds from international donors are particularly vague and restrictive. The organisations of the three defenders, along with the human rights NGO Vietnam Committee on Human Rights (VCHR), believed that their arrests were prompted by their work to promote civil society engagement in monitoring the EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) which came into force in 2021. The Observatory further recalls that, on June 17, 2022, Ms. Nguy Thi Khanh, a prominent environmental activist, winner of the Goldman Environmental Prize in 2018 and a symbol of the campaign against Vietnam's reliance on coal power, was sentenced to two years of imprisonment for the same charge of “tax evasion”, after being prosecuted and convicted for failing to pay a 10% tax on her Goldman Prize money, which is equivalent to an amount of VND 456 million (around 18,252 Euros). Ms. Khanh’s appeal trial has not yet taken place and, at the time of publication of this Urgent Appeal, she remained detained at Police Detention Center No 1 in Hanoi where she has been arbitrarily detained since her arrest on January 11, 2022. The Observatory expresses its deepest concern about the Vietnamese authorities’ use of legal harassment, especially the use of tax-related charges against environmental activists, as a tool to criminalise them. The Observatory strongly condemns the unfair convictions, ongoing arbitrary detention and judicial harassment of Dang Dinh Bach, Mai Phan Loi, Bach Hung Duong and Nguy Thi Khanh, as it seems to be only aimed at punishing them for their legitimate environmental and human rights activities. The Observatory urges the Vietnamese authorities to put an end to all acts of harassment against the above-mentioned human rights defenders and immediately and unconditionally release them.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/israel-opt-continued-administrative-detention-of-human-rights-lawyer-salah-hamouri/ Tue, 09 Aug 2022 18:03:52 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=18622 The undersigned organisations are gravely concerned about the continued administrative detention and the harassment through judicial proceedings of French-Palestinian lawyer and human rights defender, Salah Hammouri. As a lawyer, Salah Hammouri represents political prisoners in Israeli and Palestinian prisons. On the morning of 7 March 2022, Israeli security forces raided the house of Mr. Hammouri in Kufr Aqab, north of Jerusalem and arrested him. On 10 March 2022, the Military Commander of the Israeli Defence Forces issued the first administrative detention order against Mr. Hammouri for three months, extending his detention without charge or trial until 6 June 2022. On 6 June 2022, the morning of his expected release, Mr. Hammouri learned through media channels available in Ofer prison, where he was detained, that his administrative detention order was renewed for three more months and is to end on 5 September 2022. His lawyer was informed about this only hours before Mr. Hammouri’s then expected release date. However, the Israeli authorities had actually extended his detention through a renewal detention order on 2 June 2022. On 9 June 2022, the order was confirmed by the Ofer military court. Furthermore, on 26 July 2022, Mr. Hammouri was subjected to a punitive classification as a “high risk prisoner” and transferred to a high security isolation prison, “Hadarim prison”. This happened in the aftermath of Mr. Hammouri’s open letter from prison to the French President Emmanuel Macron, dated on 14 July 2022. Until today, Mr. Hammouri does not know what he is accused of, as his file is being kept secret. The undersigned organisations are gravely concerned that Mr. Hammouri’s administrative detention order will be extended again on or before 5 September 2022. In fact, administrative detention orders can be renewed indefinitely, meaning Palestinian administrative detainees, including Mr. Hammouri, cannot know when they will be released. Moreover, the fact that evidence is kept secret prevents Mr. Hammouri from effectively challenging his detention, in violation of international law and standards. The UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian Territory occupied since 1967 has previously called on Israel to end its practice of administrative detention of Palestinians, and stated that it is a “penal system that is ripe for abuse and maltreatment”. Aside from being subjected to continued administrative detention, Mr. Hammouri has recently faced various forms of harassment that have a direct negative impact on his professional life. On 8 November 2021, a Front Line Defenders investigation – conducted in collaboration with Citizen Lab and Amnesty International’s Security Lab – found that Mr. Hammouri had been one of six Palestinian human rights defenders hacked by Israeli NSO Group’s Pegasus spyware. Moreover, on 18 October 2021, Mr. Hammouri was notified of the Israeli Minister of Interior’s decision to revoke his permanent residency status in Jerusalem purportedly because of a “breach of allegiance to the State of Israel”, also based on a secret file. At the same time, Mr. Hammouri was banned from representing clients in Israeli military courts. On 26 December 2021, the Israeli High Court rejected Mr. Hammouri’s appeal to suspend procedures regarding the permanent residency revocation. According to the information received, during such procedures, Mr. Hammouri was questioned about his work as a lawyer at the Palestinian NGO Addameer. The undersigned organisations are deeply concerned that the continued administrative detention and the harassment through judicial proceedings of Mr. Hammouri is connected to, and serves to unlawfully restrict, his legitimate activities as an attorney and human rights defender. On 11 August 2021, the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders expressed concern over “arrests, harassment, criminalisation and threats against human rights defenders in the Occupied Palestinian Territory and Israel, and called on Israel to make sure all Palestinian human rights defenders are protected” and specifically highlighted the situation of Mr. Hammouri. She called on the Israeli authorities “to stop targeting these human rights defenders and allow them to carry out their legitimate and peaceful work free from any kind of restrictions”. Moreover, in March 2022, the UN Human Rights Committee expressed concern about “the widespread practice of arbitrary arrests and detention of Palestinians, including human rights defenders (…)”, and called on Israel to end such practices. The UN Human Rights Committee also specifically referred to Mr. Hammouri. Lawyers play a vital role in upholding the rule of law and the protection of human rights, including the rights to an effective remedy, due process of law, fair trial, and the right to freedom from torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. Their work is indispensable for the public to have confidence in the administration of justice and to ensure effective justice for all. The UN Basic Principles on the Role of Lawyers state in Basic Principle 16 that governments must ensure that lawyers “are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance or improper interference.” The Basic Principles further require that lawyers “shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards, and ethics.” In relation to the hacking of Mr. Hammouri’s phone, the Basic Principle 22 lays down that “Governments shall recognize and respect that all communications and consultations between lawyers and their clients within their professional relationship are confidential”. Moreover, Basic Principle 23 states that lawyers have the human rights to freedom of expression and to take part in public discussion of matters concerning the law, the administration of justice, and the promotion and protection of human rights. We urge the relevant Israeli authorities to immediately and unconditionally release Salah Hammouri, and to put an end to all forms of harassment, including at the judicial and administrative levels, against him, and guarantee that all lawyers in the Occupied Palestinian Territory and Israel are able to practice law without threat, intimidation, hindrance, harassment, improper interference or reprisals, in line with international law and standards on the role of]]> The undersigned organisations are gravely concerned about the continued administrative detention and the harassment through judicial proceedings of French-Palestinian lawyer and human rights defender, Salah Hammouri. As a lawyer, Salah Hammouri represents political prisoners in Israeli and Palestinian prisons. On the morning of 7 March 2022, Israeli security forces raided the house of Mr. Hammouri in Kufr Aqab, north of Jerusalem and arrested him. On 10 March 2022, the Military Commander of the Israeli Defence Forces issued the first administrative detention order against Mr. Hammouri for three months, extending his detention without charge or trial until 6 June 2022. On 6 June 2022, the morning of his expected release, Mr. Hammouri learned through media channels available in Ofer prison, where he was detained, that his administrative detention order was renewed for three more months and is to end on 5 September 2022. His lawyer was informed about this only hours before Mr. Hammouri’s then expected release date. However, the Israeli authorities had actually extended his detention through a renewal detention order on 2 June 2022. On 9 June 2022, the order was confirmed by the Ofer military court. Furthermore, on 26 July 2022, Mr. Hammouri was subjected to a punitive classification as a “high risk prisoner” and transferred to a high security isolation prison, “Hadarim prison”. This happened in the aftermath of Mr. Hammouri’s open letter from prison to the French President Emmanuel Macron, dated on 14 July 2022. Until today, Mr. Hammouri does not know what he is accused of, as his file is being kept secret. The undersigned organisations are gravely concerned that Mr. Hammouri’s administrative detention order will be extended again on or before 5 September 2022. In fact, administrative detention orders can be renewed indefinitely, meaning Palestinian administrative detainees, including Mr. Hammouri, cannot know when they will be released. Moreover, the fact that evidence is kept secret prevents Mr. Hammouri from effectively challenging his detention, in violation of international law and standards. The UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian Territory occupied since 1967 has previously called on Israel to end its practice of administrative detention of Palestinians, and stated that it is a “penal system that is ripe for abuse and maltreatment”. Aside from being subjected to continued administrative detention, Mr. Hammouri has recently faced various forms of harassment that have a direct negative impact on his professional life. On 8 November 2021, a Front Line Defenders investigation – conducted in collaboration with Citizen Lab and Amnesty International’s Security Lab – found that Mr. Hammouri had been one of six Palestinian human rights defenders hacked by Israeli NSO Group’s Pegasus spyware. Moreover, on 18 October 2021, Mr. Hammouri was notified of the Israeli Minister of Interior’s decision to revoke his permanent residency status in Jerusalem purportedly because of a “breach of allegiance to the State of Israel”, also based on a secret file. At the same time, Mr. Hammouri was banned from representing clients in Israeli military courts. On 26 December 2021, the Israeli High Court rejected Mr. Hammouri’s appeal to suspend procedures regarding the permanent residency revocation. According to the information received, during such procedures, Mr. Hammouri was questioned about his work as a lawyer at the Palestinian NGO Addameer. The undersigned organisations are deeply concerned that the continued administrative detention and the harassment through judicial proceedings of Mr. Hammouri is connected to, and serves to unlawfully restrict, his legitimate activities as an attorney and human rights defender. On 11 August 2021, the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders expressed concern over “arrests, harassment, criminalisation and threats against human rights defenders in the Occupied Palestinian Territory and Israel, and called on Israel to make sure all Palestinian human rights defenders are protected” and specifically highlighted the situation of Mr. Hammouri. She called on the Israeli authorities “to stop targeting these human rights defenders and allow them to carry out their legitimate and peaceful work free from any kind of restrictions”. Moreover, in March 2022, the UN Human Rights Committee expressed concern about “the widespread practice of arbitrary arrests and detention of Palestinians, including human rights defenders (…)”, and called on Israel to end such practices. The UN Human Rights Committee also specifically referred to Mr. Hammouri. Lawyers play a vital role in upholding the rule of law and the protection of human rights, including the rights to an effective remedy, due process of law, fair trial, and the right to freedom from torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. Their work is indispensable for the public to have confidence in the administration of justice and to ensure effective justice for all. The UN Basic Principles on the Role of Lawyers state in Basic Principle 16 that governments must ensure that lawyers “are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance or improper interference.” The Basic Principles further require that lawyers “shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards, and ethics.” In relation to the hacking of Mr. Hammouri’s phone, the Basic Principle 22 lays down that “Governments shall recognize and respect that all communications and consultations between lawyers and their clients within their professional relationship are confidential”. Moreover, Basic Principle 23 states that lawyers have the human rights to freedom of expression and to take part in public discussion of matters concerning the law, the administration of justice, and the promotion and protection of human rights. We urge the relevant Israeli authorities to immediately and unconditionally release Salah Hammouri, and to put an end to all forms of harassment, including at the judicial and administrative levels, against him, and guarantee that all lawyers in the Occupied Palestinian Territory and Israel are able to practice law without threat, intimidation, hindrance, harassment, improper interference or reprisals, in line with international law and standards on the role of]]>