https://observatoryfordefenders.org/es/ Fri, 24 Apr 2026 12:56:02 +0000 es-ES hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://observatoryfordefenders.org/wp-content/uploads/2022/06/cropped-OB-eye-orange-32x32.png https://observatoryfordefenders.org/es/ 32 32 https://observatoryfordefenders.org/es/alert/seis-meses-de-impunidad-el-intento-de-asesinato-contra-yendri-velasquez-y-luis-peche-exige-una-respuesta-urgente/ Wed, 15 Apr 2026 11:14:31 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24646 Organizaciones internacionales de derechos humanos llaman a Colombia y a Venezuela a actuar contra la represión transnacional El 13 de octubre de 2025, dos hombres no identificados dispararon contra el defensor de derechos humanos venezolano Yendri Omar Velásquez Rodríguez y el analista político colombo-venezolano Luis Alejandro Peche Arteaga, cuando ambos salían de un edificio residencial en Bogotá. Hoy, seis meses después, las personas responsables no han sido identificadas ni detenidas. Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra grave preocupación ante este estado de impunidad y el riesgo persistente que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos venezolanas en el exterior. Yendri Velásquez, quien es fundador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ y miembro de Amnistía Internacional Venezuela, fue objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura en Venezuela el 3 de agosto de 2024, cuando se dirigía a Ginebra (Suiza) para participar en la 113ª sesión del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Las autoridades venezolanas anularon su pasaporte ese mismo día. Tras huir a Colombia y solicitar refugio en octubre de 2024, el 13 de octubre de 2025 fue víctima de un atentado. Al momento del ataque, Yendri aún esperaba el reconocimiento de su condición de refugiado, a pesar de que había transcurrido más de un año desde su solicitud y de la evidente necesidad de protección internacional en la que se encontraba. El 10 de diciembre de 2025, la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, la Relatora Especial sobre la libertad de opinión y de expresión y el Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género enviaron comunicaciones formales a los gobiernos de Colombia y Venezuela solicitando información sobre el caso y la adopción de medidas urgentes para la protección de Yendri Velásquez. A la fecha de publicación de este comunicado, no se han reportado avances en la investigación penal en Colombia. Las circunstancias del ataque apuntan a un posible caso de represión transnacional. Se necesita una respuesta efectiva por parte de la administración de justicia para identificar a las personas sospechosas de ser las responsables por el ataque. La impunidad ante estos ataques genera un efecto amedrentador en los defensores de derechos humanos venezolanos en el exterior y en la sociedad civil en su conjunto. Con base en esta información, las organizaciones firmantes hacemos los siguientes llamados a la acción: Al Gobierno de Colombia:

1. Avanzar de manera urgente, exhaustiva e imparcial en la investigación del ataque del 13 de octubre de 2025, incluyendo la hipótesis de una posible participación de actores estatales venezolanos, y garantizar la rendición de cuentas de los responsables.
2. Mantener y robustecer las medidas de protección para Yendri Velásquez y Luis Peche, así como adoptarlas para otros defensores de derechos humanos venezolanos en riesgo.
3. Dar cumplimiento a la sentencia SU-543/23 de la Corte Constitucional, que ordena implementar una política pública para descongestionar el trámite de las solicitudes de refugio.
4. Implementar protocolos específicos de protección para personas defensoras de derechos humanos solicitantes de asilo que enfrentan riesgos de represión transnacional.
5. Fortalecer las capacidades institucionales para prevenir posibles actos de represión transnacional.

A las autoridades en Venezuela:

1. Cooperar con las autoridades colombianas en la investigación del ataque, incluyendo la indagación sobre la posible participación de funcionarios venezolanos u otros actores asociados.
2. Responder formalmente a las comunicaciones enviadas el 10 de diciembre de 2025 por los Procedimientos Especiales de la ONU.

La represión transnacional debe ser reconocida como una amenaza para las personas defensoras de derechos humanos y se deben adoptar medidas que garanticen de forma efectiva su protección en los países de acogida. Las organizaciones firmantes continuaremos monitoreando la situación y demandando justicia para los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche. La impunidad en estos ataques constituye una señal de tolerancia, que pone en peligro la vida de todas las personas defensoras venezolanas en el exterior.]]> Organizaciones internacionales de derechos humanos llaman a Colombia y a Venezuela a actuar contra la represión transnacional El 13 de octubre de 2025, dos hombres no identificados dispararon contra el defensor de derechos humanos venezolano Yendri Omar Velásquez Rodríguez y el analista político colombo-venezolano Luis Alejandro Peche Arteaga, cuando ambos salían de un edificio residencial en Bogotá. Hoy, seis meses después, las personas responsables no han sido identificadas ni detenidas. Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra grave preocupación ante este estado de impunidad y el riesgo persistente que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos venezolanas en el exterior. Yendri Velásquez, quien es fundador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ y miembro de Amnistía Internacional Venezuela, fue objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura en Venezuela el 3 de agosto de 2024, cuando se dirigía a Ginebra (Suiza) para participar en la 113ª sesión del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Las autoridades venezolanas anularon su pasaporte ese mismo día. Tras huir a Colombia y solicitar refugio en octubre de 2024, el 13 de octubre de 2025 fue víctima de un atentado. Al momento del ataque, Yendri aún esperaba el reconocimiento de su condición de refugiado, a pesar de que había transcurrido más de un año desde su solicitud y de la evidente necesidad de protección internacional en la que se encontraba. El 10 de diciembre de 2025, la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, la Relatora Especial sobre la libertad de opinión y de expresión y el Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género enviaron comunicaciones formales a los gobiernos de Colombia y Venezuela solicitando información sobre el caso y la adopción de medidas urgentes para la protección de Yendri Velásquez. A la fecha de publicación de este comunicado, no se han reportado avances en la investigación penal en Colombia. Las circunstancias del ataque apuntan a un posible caso de represión transnacional. Se necesita una respuesta efectiva por parte de la administración de justicia para identificar a las personas sospechosas de ser las responsables por el ataque. La impunidad ante estos ataques genera un efecto amedrentador en los defensores de derechos humanos venezolanos en el exterior y en la sociedad civil en su conjunto. Con base en esta información, las organizaciones firmantes hacemos los siguientes llamados a la acción: Al Gobierno de Colombia:

1. Avanzar de manera urgente, exhaustiva e imparcial en la investigación del ataque del 13 de octubre de 2025, incluyendo la hipótesis de una posible participación de actores estatales venezolanos, y garantizar la rendición de cuentas de los responsables.
2. Mantener y robustecer las medidas de protección para Yendri Velásquez y Luis Peche, así como adoptarlas para otros defensores de derechos humanos venezolanos en riesgo.
3. Dar cumplimiento a la sentencia SU-543/23 de la Corte Constitucional, que ordena implementar una política pública para descongestionar el trámite de las solicitudes de refugio.
4. Implementar protocolos específicos de protección para personas defensoras de derechos humanos solicitantes de asilo que enfrentan riesgos de represión transnacional.
5. Fortalecer las capacidades institucionales para prevenir posibles actos de represión transnacional.

A las autoridades en Venezuela:

1. Cooperar con las autoridades colombianas en la investigación del ataque, incluyendo la indagación sobre la posible participación de funcionarios venezolanos u otros actores asociados.
2. Responder formalmente a las comunicaciones enviadas el 10 de diciembre de 2025 por los Procedimientos Especiales de la ONU.

La represión transnacional debe ser reconocida como una amenaza para las personas defensoras de derechos humanos y se deben adoptar medidas que garanticen de forma efectiva su protección en los países de acogida. Las organizaciones firmantes continuaremos monitoreando la situación y demandando justicia para los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche. La impunidad en estos ataques constituye una señal de tolerancia, que pone en peligro la vida de todas las personas defensoras venezolanas en el exterior.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/indonesia-hold-perpetrators-of-acid-attacks-against-human-rights-defender-andrie-yunus-accountable/ Wed, 08 Apr 2026 13:07:21 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24629 Andrie Yunus, human rights defender and Deputy Coordinator of the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS), in which he sustained serious injuries. On 12 March 2026 at 11:37 pm, two unidentified individuals attacked Andrie Yunus by throwing acid at him while he was riding his motorcycle on Jalan Salemba I–Talang Street in Jakarta, after he had left the office of the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI), where he had recorded a podcast on the topic of “Remilitarisation and Judicial Review in Indonesia.” The podcast was referring to the revised Military Law and broader concerns regarding militarisation and democratic oversight in Indonesia. The perpetrators fled on a motorbike immediately after the attack. This acid attack struck the right side of his body - particularly his eye, face, neck, and chest - and both hands. Despite his injuries Mr Yunus managed to leave the scene and was taken by his housemates to Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital (RSCM) in Jakarta, where he received emergency treatment. Medical examinations indicated that Mr Yunus sustained burns covering approximately 20% of his body, while confirming severe chemical trauma to the right eye, including 40% corneal damage due to acid penetration. Mr Yunus has undergone multiple medical procedures, including the removal of dead skin tissue and surgery on his eye. At the time of publication of this Urgent Appeal, Mr Yunus remained in intensive care at Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital (RSCM). In the days preceding the attack, between 9 and 11 March 2026, Mr Yunus received repeated calls from several unknown phone numbers, to which he did not respond. In addition, Mr Yunus had previously experienced acts of intimidation, particularly following the “Fairmont Protest Action” in Jakarta in March 2025, when he and other members of civil society protested against the closed-door deliberations on revisions to Indonesia’s Military Law. Early on 12 March, Mr Yunus attended a meeting at the office of the Center of Economic and Law Studies (CELIOS) to discuss the investigative report of the Fact-Finding Commission on the August 2025 protests, in which Mr Yunus had been actively involved. He then went to the YLBHI office, where he remained until approximately 11:00 pm. CCTV footage later showed that individuals suspected of being involved in the attack had already begun monitoring Mr Yunus while he was still at the YLBHI office, from approximately 8:40 pm. After the attack, police appeared at the RSCM to collect testimonies from Mr Yunus and his colleagues and then proceeded to the site of the incident. On 13 March 2026, a police report was filed and investigators from the Central Jakarta Metro Police formally upgraded the case from a preliminary inquiry to a criminal investigation and initiated the investigation, including the collection and analysis of CCTV footage and the questioning of witnesses. On 18 March 2026, military authorities announced they had arrested four members of the Strategic Intelligence Agency (BAIS) of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and placed them in military custody. However, at the time of publication of this urgent appeal, it remained unclear whether all those responsible, including additional suspects identified by the police and those potentially involved in planning, coordinating, or ordering the attack, had been charged with any offenses. On 18 March 2026, Indonesian law enforcement authorities publicly presented initial findings of the investigation, indicating that between two and four perpetrators were involved. On 25 March 2026, BAIS head Lt Gen Yudi Abrimantyo resigned, describing this as a form of institutional accountability. However, Mr. Yunus’ representatives stressed that such a resignation cannot substitute for an effective and independent investigation into the entire chain of responsibility. According to the findings of an independent investigation conducted by the Advocacy Team for Democracy (TAUD), a coalition of civil society organisations and human rights lawyers in Indonesia, which were released on 30 March 2026, this acid attack against Mr Yunus should not be understood as an isolated act of only two perpetrators, as it was initially thought by the authorities, but rather as a planned and organised operation that may have involved up to 16 individuals. They include the two assailants who carried out the acid attack, as well as surveillance operatives, trackers, site scouts, and a field coordinator. In light of these elements, TAUD formally requested that the attack be investigated as attempted premeditated murder under Article 459 in conjunction with Articles 17 and 20 of the Indonesian Criminal Code. The Observatory notes with serious concern that the acid attack against Mr Yunus may amount to an attempted premeditated murder carried out in reprisal for his legitimate work as a human rights defender. The Observatory is also deeply worried by the growing indications that the attack may have involved multiple actors and possible links to state security structures, as well as by the risk of impunity if the case is not thoroughly and independently investigated. The Observatory expresses its concerns regarding the fact that some of the identified suspects may be linked to the BAIS and calls for an immediate and full investigation to track all those responsible for the attack. The Observatory recalls that this attack is part of an ongoing pattern of intimidation and harassment against KontraS and its members, including surveillance of offices, repeated threatening phone calls, attempted break-ins, the presence of military vehicles around its premises and judicial harassment. The Observatory further recalls that Indonesia currently holds the Presidency of the United Nations Human Rights Council and must therefore act in an exemplary manner in complying with its international human rights obligations, including under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which it is a state party. The Indonesian government must ensure the protection of human rights defenders, as enshrined in Articles 28C and 28G of the 1945 Indonesian Constitution, and Articles 100 and 101 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights. The Observatory condemns the assault on Andrie Yunus, which seems to be only aimed at silencing him for his legitimate work as a human rights defender, and urges the Indonesian authorities to carry out a prompt, thorough and independent investigation to bring all those responsible to justice.]]> Andrie Yunus, human rights defender and Deputy Coordinator of the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS), in which he sustained serious injuries. On 12 March 2026 at 11:37 pm, two unidentified individuals attacked Andrie Yunus by throwing acid at him while he was riding his motorcycle on Jalan Salemba I–Talang Street in Jakarta, after he had left the office of the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI), where he had recorded a podcast on the topic of “Remilitarisation and Judicial Review in Indonesia.” The podcast was referring to the revised Military Law and broader concerns regarding militarisation and democratic oversight in Indonesia. The perpetrators fled on a motorbike immediately after the attack. This acid attack struck the right side of his body - particularly his eye, face, neck, and chest - and both hands. Despite his injuries Mr Yunus managed to leave the scene and was taken by his housemates to Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital (RSCM) in Jakarta, where he received emergency treatment. Medical examinations indicated that Mr Yunus sustained burns covering approximately 20% of his body, while confirming severe chemical trauma to the right eye, including 40% corneal damage due to acid penetration. Mr Yunus has undergone multiple medical procedures, including the removal of dead skin tissue and surgery on his eye. At the time of publication of this Urgent Appeal, Mr Yunus remained in intensive care at Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital (RSCM). In the days preceding the attack, between 9 and 11 March 2026, Mr Yunus received repeated calls from several unknown phone numbers, to which he did not respond. In addition, Mr Yunus had previously experienced acts of intimidation, particularly following the “Fairmont Protest Action” in Jakarta in March 2025, when he and other members of civil society protested against the closed-door deliberations on revisions to Indonesia’s Military Law. Early on 12 March, Mr Yunus attended a meeting at the office of the Center of Economic and Law Studies (CELIOS) to discuss the investigative report of the Fact-Finding Commission on the August 2025 protests, in which Mr Yunus had been actively involved. He then went to the YLBHI office, where he remained until approximately 11:00 pm. CCTV footage later showed that individuals suspected of being involved in the attack had already begun monitoring Mr Yunus while he was still at the YLBHI office, from approximately 8:40 pm. After the attack, police appeared at the RSCM to collect testimonies from Mr Yunus and his colleagues and then proceeded to the site of the incident. On 13 March 2026, a police report was filed and investigators from the Central Jakarta Metro Police formally upgraded the case from a preliminary inquiry to a criminal investigation and initiated the investigation, including the collection and analysis of CCTV footage and the questioning of witnesses. On 18 March 2026, military authorities announced they had arrested four members of the Strategic Intelligence Agency (BAIS) of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and placed them in military custody. However, at the time of publication of this urgent appeal, it remained unclear whether all those responsible, including additional suspects identified by the police and those potentially involved in planning, coordinating, or ordering the attack, had been charged with any offenses. On 18 March 2026, Indonesian law enforcement authorities publicly presented initial findings of the investigation, indicating that between two and four perpetrators were involved. On 25 March 2026, BAIS head Lt Gen Yudi Abrimantyo resigned, describing this as a form of institutional accountability. However, Mr. Yunus’ representatives stressed that such a resignation cannot substitute for an effective and independent investigation into the entire chain of responsibility. According to the findings of an independent investigation conducted by the Advocacy Team for Democracy (TAUD), a coalition of civil society organisations and human rights lawyers in Indonesia, which were released on 30 March 2026, this acid attack against Mr Yunus should not be understood as an isolated act of only two perpetrators, as it was initially thought by the authorities, but rather as a planned and organised operation that may have involved up to 16 individuals. They include the two assailants who carried out the acid attack, as well as surveillance operatives, trackers, site scouts, and a field coordinator. In light of these elements, TAUD formally requested that the attack be investigated as attempted premeditated murder under Article 459 in conjunction with Articles 17 and 20 of the Indonesian Criminal Code. The Observatory notes with serious concern that the acid attack against Mr Yunus may amount to an attempted premeditated murder carried out in reprisal for his legitimate work as a human rights defender. The Observatory is also deeply worried by the growing indications that the attack may have involved multiple actors and possible links to state security structures, as well as by the risk of impunity if the case is not thoroughly and independently investigated. The Observatory expresses its concerns regarding the fact that some of the identified suspects may be linked to the BAIS and calls for an immediate and full investigation to track all those responsible for the attack. The Observatory recalls that this attack is part of an ongoing pattern of intimidation and harassment against KontraS and its members, including surveillance of offices, repeated threatening phone calls, attempted break-ins, the presence of military vehicles around its premises and judicial harassment. The Observatory further recalls that Indonesia currently holds the Presidency of the United Nations Human Rights Council and must therefore act in an exemplary manner in complying with its international human rights obligations, including under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which it is a state party. The Indonesian government must ensure the protection of human rights defenders, as enshrined in Articles 28C and 28G of the 1945 Indonesian Constitution, and Articles 100 and 101 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights. The Observatory condemns the assault on Andrie Yunus, which seems to be only aimed at silencing him for his legitimate work as a human rights defender, and urges the Indonesian authorities to carry out a prompt, thorough and independent investigation to bring all those responsible to justice.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/colombia-tentativa-de-homicidio-contra-yoan-esteban-mazo-posada-miembro-del-movimiento-rios-vivos/ Tue, 28 May 2024 17:28:34 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=22403 Yoan Esteban Mazo Posada, líder social y defensor de derechos humanos del Movimiento Ríos Vivos. El Movimiento Ríos Vivos agrupa a 15 organizaciones sociales de base de mujeres, jóvenes, barequeros, agricultores, pescadores, cocineras, entre otros medios de vida que se han visto afectados por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Este movimiento protesta contra los diferentes impactos generados por el mega proyecto hidroeléctrico, tales como los desalojos forzados, la ausencia de compensación justa, de reubicación y acceso a tierras, así como los impactos negativos en la salud y en el medioambiente. El 29 de abril de 2024, a las 3 de la tarde aproximadamente, alrededor de seis hombres desconocidos, armados con fusiles y armas cortas, al parecer pertenecientes al grupo armado ilegal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), dispararon contra Yoan Esteban Mazo Posada, cuando este se dirigía en su moto desde el municipio de Briceño, departamento de Antioquia hacia Medellín, ocurriendo el hecho a la altura del Alto de Chorrillos, entrada a Briceño. El disparo le causa a Yoan Esteban una grave lesión en su columna vertebral. Los y las habitantes del sector, temiendo represalias del grupo armado, se negaron a ayudarle, y el Sr. Mazo Posada no fue trasladado a un centro médico hasta tres horas después del ataque, gracias a que alguno de los transeúntes llamó al hermano de Esteban para informar sobre el hecho. Según las informaciones, mientras Esteban estaba herido en el suelo, el grupo armado ordenó a uno de los habitantes que pasó por el lugar, que informara que las AGC iban a hacer limpieza social acabando con todos los guerrilleros, colaboradores y líderes sociales que no trabajaran con o compartieran la ideología de las AGC. Tras este hecho, el diagnóstico médico de Esteban es fractura conminuta de elementos posteriores y apófisis transversales de L3 por herida de arma de fuego, Trauma raquimedular ASIA A con shock medular y trauma renal grado IV. El Sr. Mazo Posada ya había sido víctima de amenazas y desplazamiento forzado en el año 2022, después de las denuncias por vulneración de derechos humanos que el Movimiento Ríos Vivos presentó contra la empresa Hidroituango ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID Invest. Por esta razón, contaba con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde noviembre de 2022, las cuales le fueron retiradas en febrero de 2024. Actualmente, Yoan Esteban Mazo Posada y su familia están desplazados del municipio de Briceño, porque temen regresar a su territorio. Este hecho fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y se asignó el Número Único de Noticia Criminal – NUNC 050016099150202413759, así mismo, se informó a la UNP, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín, ciudad donde se encuentran desplazados Esteban y su núcleo familiar. El Observatorio recuerda que este ataque forma parte de un patrón continuado de hostigamiento e intimidación de las y los integrantes del Movimiento Ríos Vivos. El 22 de enero de 2024, hombres armados integrantes de las AGC se presentaron de manera simultánea en los domicilios de los tres miembros del Movimiento Ríos Vivos Richard Zapata, María Rojo Villa y Luz Ángela Agudelo, en el casco urbano del municipio de Sabanalarga, departamento de Antioquia, y los amenazaron. A raíz de estas amenazas y ataques, los líderes y sus familias tuvieron que ser evacuados de las veredas y el casco urbano del municipio para garantizar su seguridad. El Observatorio también recuerda que estos nuevos actos de intimidación y amenazas se suman a las numerosas agresiones sufridas desde el años 2008 por las personas defensoras del río Cauca y de los derechos de las comunidades afectadas por el megaproyecto Hidroituango, incluido el asesinato de lideres. Estos se producen en un contexto de fuerte presencia y disputas entre grupos armados en los territorios de incidencia de la obra, a la cual han mostrado su respaldo, y de ocurrencia de múltiples ataques perpetuados por hombres armados en diferentes municipios. El 18 de diciembre de 2023, un hombre que se identificó como integrante de las AGC llamó al teléfono personal de la Presidenta del Movimiento Ríos Vivos, la Sra. Milena Flórez, exigiéndole un encuentro y demostrándole con suficiente detalle que conocían la sede del Movimiento y las actividades que realiza la organización. El Observatorio expresa su profundo rechazo por la tentativa de homicidio en contra de Yoan Esteban Mazo Posada, que parece ser en represalia por su legitima labor en defensa de los derechos ambientales. El Observatorio urge a las autoridades colombianas a garantizar la protección y la integridad física y psicológica de Yoan Esteban Mazo Posada, y la de todas las personas integrantes del Movimiento Ríos Vivos, incluidos Richar Zapata, María Rojo Villa, Luz Ángela Agudelo y Milena Flórez, así como de sus familiares. Sin embargo, se hace necesario acotar que, si bien las medidas de protección implementadas por el Estado colombiano a través de la UNP son importantes para la garantía de seguridad de los líderes sociales amenazados y sus familias, se han presentado múltiples inconvenientes con esta entidad dado que se minimizan las situaciones de riesgo y, como consecuencia de ello, los estudios de nivel de riesgo de los líderes sociales, arrojan el resultado de “ordinario” lo cual implica la no asignación de medidas de protección o; como sucede actualmente con el caso de María Rojo, Ángela Agudelo y Richar Zapata, estos estudios exceden el término de 3 meses establecido para notificar el resultado a los líderes objeto del estudio, lo cual genera tiempos prolongados sin protección por parte de estos. El Observatorio también insta a las autoridades de Colombia a llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial sobre la tentativa de homicidio arriba mencionada, con el fin de identificar a todos los responsables materiales e intelectuales, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y aplicarles las sanciones penales y de otra naturaleza judicial previstas en la normativa interna.]]> Yoan Esteban Mazo Posada, líder social y defensor de derechos humanos del Movimiento Ríos Vivos. El Movimiento Ríos Vivos agrupa a 15 organizaciones sociales de base de mujeres, jóvenes, barequeros, agricultores, pescadores, cocineras, entre otros medios de vida que se han visto afectados por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Este movimiento protesta contra los diferentes impactos generados por el mega proyecto hidroeléctrico, tales como los desalojos forzados, la ausencia de compensación justa, de reubicación y acceso a tierras, así como los impactos negativos en la salud y en el medioambiente. El 29 de abril de 2024, a las 3 de la tarde aproximadamente, alrededor de seis hombres desconocidos, armados con fusiles y armas cortas, al parecer pertenecientes al grupo armado ilegal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), dispararon contra Yoan Esteban Mazo Posada, cuando este se dirigía en su moto desde el municipio de Briceño, departamento de Antioquia hacia Medellín, ocurriendo el hecho a la altura del Alto de Chorrillos, entrada a Briceño. El disparo le causa a Yoan Esteban una grave lesión en su columna vertebral. Los y las habitantes del sector, temiendo represalias del grupo armado, se negaron a ayudarle, y el Sr. Mazo Posada no fue trasladado a un centro médico hasta tres horas después del ataque, gracias a que alguno de los transeúntes llamó al hermano de Esteban para informar sobre el hecho. Según las informaciones, mientras Esteban estaba herido en el suelo, el grupo armado ordenó a uno de los habitantes que pasó por el lugar, que informara que las AGC iban a hacer limpieza social acabando con todos los guerrilleros, colaboradores y líderes sociales que no trabajaran con o compartieran la ideología de las AGC. Tras este hecho, el diagnóstico médico de Esteban es fractura conminuta de elementos posteriores y apófisis transversales de L3 por herida de arma de fuego, Trauma raquimedular ASIA A con shock medular y trauma renal grado IV. El Sr. Mazo Posada ya había sido víctima de amenazas y desplazamiento forzado en el año 2022, después de las denuncias por vulneración de derechos humanos que el Movimiento Ríos Vivos presentó contra la empresa Hidroituango ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID Invest. Por esta razón, contaba con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde noviembre de 2022, las cuales le fueron retiradas en febrero de 2024. Actualmente, Yoan Esteban Mazo Posada y su familia están desplazados del municipio de Briceño, porque temen regresar a su territorio. Este hecho fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y se asignó el Número Único de Noticia Criminal – NUNC 050016099150202413759, así mismo, se informó a la UNP, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín, ciudad donde se encuentran desplazados Esteban y su núcleo familiar. El Observatorio recuerda que este ataque forma parte de un patrón continuado de hostigamiento e intimidación de las y los integrantes del Movimiento Ríos Vivos. El 22 de enero de 2024, hombres armados integrantes de las AGC se presentaron de manera simultánea en los domicilios de los tres miembros del Movimiento Ríos Vivos Richard Zapata, María Rojo Villa y Luz Ángela Agudelo, en el casco urbano del municipio de Sabanalarga, departamento de Antioquia, y los amenazaron. A raíz de estas amenazas y ataques, los líderes y sus familias tuvieron que ser evacuados de las veredas y el casco urbano del municipio para garantizar su seguridad. El Observatorio también recuerda que estos nuevos actos de intimidación y amenazas se suman a las numerosas agresiones sufridas desde el años 2008 por las personas defensoras del río Cauca y de los derechos de las comunidades afectadas por el megaproyecto Hidroituango, incluido el asesinato de lideres. Estos se producen en un contexto de fuerte presencia y disputas entre grupos armados en los territorios de incidencia de la obra, a la cual han mostrado su respaldo, y de ocurrencia de múltiples ataques perpetuados por hombres armados en diferentes municipios. El 18 de diciembre de 2023, un hombre que se identificó como integrante de las AGC llamó al teléfono personal de la Presidenta del Movimiento Ríos Vivos, la Sra. Milena Flórez, exigiéndole un encuentro y demostrándole con suficiente detalle que conocían la sede del Movimiento y las actividades que realiza la organización. El Observatorio expresa su profundo rechazo por la tentativa de homicidio en contra de Yoan Esteban Mazo Posada, que parece ser en represalia por su legitima labor en defensa de los derechos ambientales. El Observatorio urge a las autoridades colombianas a garantizar la protección y la integridad física y psicológica de Yoan Esteban Mazo Posada, y la de todas las personas integrantes del Movimiento Ríos Vivos, incluidos Richar Zapata, María Rojo Villa, Luz Ángela Agudelo y Milena Flórez, así como de sus familiares. Sin embargo, se hace necesario acotar que, si bien las medidas de protección implementadas por el Estado colombiano a través de la UNP son importantes para la garantía de seguridad de los líderes sociales amenazados y sus familias, se han presentado múltiples inconvenientes con esta entidad dado que se minimizan las situaciones de riesgo y, como consecuencia de ello, los estudios de nivel de riesgo de los líderes sociales, arrojan el resultado de “ordinario” lo cual implica la no asignación de medidas de protección o; como sucede actualmente con el caso de María Rojo, Ángela Agudelo y Richar Zapata, estos estudios exceden el término de 3 meses establecido para notificar el resultado a los líderes objeto del estudio, lo cual genera tiempos prolongados sin protección por parte de estos. El Observatorio también insta a las autoridades de Colombia a llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial sobre la tentativa de homicidio arriba mencionada, con el fin de identificar a todos los responsables materiales e intelectuales, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y aplicarles las sanciones penales y de otra naturaleza judicial previstas en la normativa interna.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/iraq-end-impunity-for-murders-release-all-kidnapped-and-detained-peaceful-activists/ Wed, 09 Dec 2020 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=16686 https://observatoryfordefenders.org/es/alert/iraq-killings-attempted-killings-threats-and-harassment-of-several-human-rights-defenders-in-basra/ Fri, 28 Aug 2020 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=16398 Riham Yaqoub, a doctor and prominent human rights defender who led women’s marches as part ofthe protest movement in Basra in 2018[1], was killed by two unidentified gunmen on a scooter while she was driving her car in the Basra city centre. At the time of the attack, three other passengers who were in the car were slightly injured from the shattered glass of the car windows. Ms. Yaqoub had been the target of a massive online hate campaign since 2018, and had received numerous threats prior to her killing. An investigation was opened by the police into this attack, but no information could be obtained as to whether perpetrators have been identified. Similarly, on August 17, 2020, unidentified gunmen opened fire on a car carrying Ms. Lodya Remon Albarti, a human rights defender who led the 2018 feminist demonstration along with Ms. Riham Yaqoub, and Messrs. Fahd Al-Zubaidi and Abbas Subhi, two civil society activists who have been actively participating in the protest movement in Basra since October 2019[2]. As a result of this attack, Ms. Albarti was injured in the leg and Mr. Subhi in the chest. Both were transferred to Basra Teaching Hospital to receive medical care and were subsequently discharged in good health. On August 14, 2020, Mr. Tahseen Oussamma, an activist who had also actively participated in the protest movement in Basra since October 2019, was killed by unknown attackers with a silenced weapon in Basra. An investigation was opened by the police into this attack, but no information could be obtained as to whether perpetrators have been identified. In addition, in the last few weeks, numerous Iraqi activists have been receiving daily threats to their life and safety, mostly through text messages or publicly using social media networks. The Observatory expresses its utmost concern over these attacks which are part of a series of targeted killings in recent weeks against leaders of the protest movement against corruption and in favour of basic rights and dignity for the Iraqi people. Although the Iraqi Prime Minister, Mr. Mustafa Al-Kadhimi, promised on several occasions to take action to bring those responsible to justice[3], the Observatory notes that, for the time being, this has not been reflected in concrete terms. In light of the generalised context of killings and acts of violence targeting human rights defenders, and the persisting climate of impunity over such violations, the Observatory calls on the Iraqi authorities to facilitate a transparent, impartial, immediate and thorough international investigation into these events, in order to identify all those responsible, bring them before an independent tribunal and sanction them as provided by international law.]]> Riham Yaqoub, a doctor and prominent human rights defender who led women’s marches as part ofthe protest movement in Basra in 2018[1], was killed by two unidentified gunmen on a scooter while she was driving her car in the Basra city centre. At the time of the attack, three other passengers who were in the car were slightly injured from the shattered glass of the car windows. Ms. Yaqoub had been the target of a massive online hate campaign since 2018, and had received numerous threats prior to her killing. An investigation was opened by the police into this attack, but no information could be obtained as to whether perpetrators have been identified. Similarly, on August 17, 2020, unidentified gunmen opened fire on a car carrying Ms. Lodya Remon Albarti, a human rights defender who led the 2018 feminist demonstration along with Ms. Riham Yaqoub, and Messrs. Fahd Al-Zubaidi and Abbas Subhi, two civil society activists who have been actively participating in the protest movement in Basra since October 2019[2]. As a result of this attack, Ms. Albarti was injured in the leg and Mr. Subhi in the chest. Both were transferred to Basra Teaching Hospital to receive medical care and were subsequently discharged in good health. On August 14, 2020, Mr. Tahseen Oussamma, an activist who had also actively participated in the protest movement in Basra since October 2019, was killed by unknown attackers with a silenced weapon in Basra. An investigation was opened by the police into this attack, but no information could be obtained as to whether perpetrators have been identified. In addition, in the last few weeks, numerous Iraqi activists have been receiving daily threats to their life and safety, mostly through text messages or publicly using social media networks. The Observatory expresses its utmost concern over these attacks which are part of a series of targeted killings in recent weeks against leaders of the protest movement against corruption and in favour of basic rights and dignity for the Iraqi people. Although the Iraqi Prime Minister, Mr. Mustafa Al-Kadhimi, promised on several occasions to take action to bring those responsible to justice[3], the Observatory notes that, for the time being, this has not been reflected in concrete terms. In light of the generalised context of killings and acts of violence targeting human rights defenders, and the persisting climate of impunity over such violations, the Observatory calls on the Iraqi authorities to facilitate a transparent, impartial, immediate and thorough international investigation into these events, in order to identify all those responsible, bring them before an independent tribunal and sanction them as provided by international law.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/ukraine-attacks-against-sema-ukraine-member-valentyna-buchok-must-stop/ Fri, 14 Aug 2020 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=16323 Valentyna Buchok, a women’s rights defender and an active member of the Ukrainian Survivor Network (SEMA Ukraine), was severely injured when a grenade exploded in her backyard in Ukrainian government-controlled Ivanopillia village, Kostiantynivsky District, Donetsk Region. Ms. Buchok was transferred to the hospital with shrapnel injuries to her head, left arm and both legs. Fortunately, no vital organs were hit. At the time of publication of this statement, Ms. Buchok has not fully recovered from the attack and still experiences a lot of pain as some shrapnel remains in her body. The Observatory is concerned that the attack could have been an act of reprisal for her public position and speeches[1]following her release from illegal detention in the self-proclaimed “Donetsk People´s Republic” (“DPR”). Ms. Valentyna Buchok was captured in February 2017, while at work as an electrician in DPR-controlled Donetsk. She was wrongfully sentenced to 17 years in prison for “espionage” (under Article 321 of the DPR Criminal Code) but released as part of a prisoner exchange in December 2017. Since that time, Ms. Valentyna Buchok has been speaking out about her time in captivity and the human rights abuses committed against herself and others. After the June 20 attack, Ms. Buchok’s friends called the police of the government controlled city of Kostiantynivka, after which Ms. Buchok was officially given victim’s status. The General Police Directorate of the Donetsk region is now investigating the case for "premeditated murder attempt". This was not the first time that Ms. Valentyna Buchok was targeted. Twice in the past there were attempts to kill her. For example, on October 15, 2019, she narrowly escaped a grenade attack, because her husband spotted the trip wire in time. In addition, many ominous threats have been made against Ms. Buchok, including by spilling blood in her backyard and the killing of her cats. The Observatory strongly condemns the latest attack against Ms. Valentyna Buchok and calls on the Ukrainian authorities to guarantee, under any circumstances, her physical integrity and psychological well-being, and to carry out a transparent, impartial, immediate and thorough investigation into the above-mentioned attacks in order to identify all those responsible, prosecute them before an independent tribunal and provide the victim with effective remedies. We also urge the Russian authorities, which wield control over the DPR, to ensure that human rights defenders and human rights organisations in Eastern Ukraine are able to carry out their legitimate activities, without any hindrance and fear of reprisals. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (the Observatory) was created in 1997 by FIDH and the World Organisation Against Torture (OMCT). The objective of this programme is to prevent or remedy situations of repression against human rights defenders. FIDH and OMCT are both members of ProtectDefenders.eu, the European Union Human Rights Defenders Mechanism implemented by international civil society. [1] See for example: https://www.youtube.com/watch?v=bRv_Ui_A4VQhttps://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii/30684894.html , https://nv.ua/radio/inverythatplace/donbass-plennye-zhenshchiny-stavshie-zhertvami-nasiliya-reportazh-novosti-ukrainy-50060988.html , http://totalaction.org.ua/news/84 , https://www.prostir.ua/?news=dosvid-balkan-dlya-ukrajiny-zhinky-yaki-perezhyly-nasylstvo-v-hodi-vijny-obhovoryly-shlyahy-vidnovlennya-spravedlyvosti]]> Valentyna Buchok, a women’s rights defender and an active member of the Ukrainian Survivor Network (SEMA Ukraine), was severely injured when a grenade exploded in her backyard in Ukrainian government-controlled Ivanopillia village, Kostiantynivsky District, Donetsk Region. Ms. Buchok was transferred to the hospital with shrapnel injuries to her head, left arm and both legs. Fortunately, no vital organs were hit. At the time of publication of this statement, Ms. Buchok has not fully recovered from the attack and still experiences a lot of pain as some shrapnel remains in her body. The Observatory is concerned that the attack could have been an act of reprisal for her public position and speeches[1]following her release from illegal detention in the self-proclaimed “Donetsk People´s Republic” (“DPR”). Ms. Valentyna Buchok was captured in February 2017, while at work as an electrician in DPR-controlled Donetsk. She was wrongfully sentenced to 17 years in prison for “espionage” (under Article 321 of the DPR Criminal Code) but released as part of a prisoner exchange in December 2017. Since that time, Ms. Valentyna Buchok has been speaking out about her time in captivity and the human rights abuses committed against herself and others. After the June 20 attack, Ms. Buchok’s friends called the police of the government controlled city of Kostiantynivka, after which Ms. Buchok was officially given victim’s status. The General Police Directorate of the Donetsk region is now investigating the case for "premeditated murder attempt". This was not the first time that Ms. Valentyna Buchok was targeted. Twice in the past there were attempts to kill her. For example, on October 15, 2019, she narrowly escaped a grenade attack, because her husband spotted the trip wire in time. In addition, many ominous threats have been made against Ms. Buchok, including by spilling blood in her backyard and the killing of her cats. The Observatory strongly condemns the latest attack against Ms. Valentyna Buchok and calls on the Ukrainian authorities to guarantee, under any circumstances, her physical integrity and psychological well-being, and to carry out a transparent, impartial, immediate and thorough investigation into the above-mentioned attacks in order to identify all those responsible, prosecute them before an independent tribunal and provide the victim with effective remedies. We also urge the Russian authorities, which wield control over the DPR, to ensure that human rights defenders and human rights organisations in Eastern Ukraine are able to carry out their legitimate activities, without any hindrance and fear of reprisals. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (the Observatory) was created in 1997 by FIDH and the World Organisation Against Torture (OMCT). The objective of this programme is to prevent or remedy situations of repression against human rights defenders. FIDH and OMCT are both members of ProtectDefenders.eu, the European Union Human Rights Defenders Mechanism implemented by international civil society. [1] See for example: https://www.youtube.com/watch?v=bRv_Ui_A4VQhttps://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii/30684894.html , https://nv.ua/radio/inverythatplace/donbass-plennye-zhenshchiny-stavshie-zhertvami-nasiliya-reportazh-novosti-ukrainy-50060988.html , http://totalaction.org.ua/news/84 , https://www.prostir.ua/?news=dosvid-balkan-dlya-ukrajiny-zhinky-yaki-perezhyly-nasylstvo-v-hodi-vijny-obhovoryly-shlyahy-vidnovlennya-spravedlyvosti]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/colombia-intento-de-asesinato-a-francisco-cortes-lider-indigena-del-pueblo-awa/ Fri, 14 Aug 2020 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=16330 https://observatoryfordefenders.org/es/alert/agresiones-y-amenazas-incluidas-amenazas-de-muerte-contra-los-defensores-indigenas-jose-enrique-ortiz-y-pablo-sibar/ Fri, 31 Jul 2020 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=16302 JoséEnrique Ortiz y Pablo Sibar, defensores de los derechos indígenas ymiembros de las comunidades Bribri y Bröran de los territorios indígenas deSalitre y de Térraba respectivamente, ambos situados en la provincia dePuntarenas. Según lainformación recibida, el 21 de julio de 2020, mientras el Sr. José EnriqueOrtiz, defensor indígena Bribri, se dirigía al centro de salud de Salitre, fueamenazado y agredido verbalmente por el Sr. Rodrigo Figueroa Uva, quienprofirió insultos contra él y su familia e hizo referencia a la denuncia presentadacontra su hermano, el Sr. Eliodoro Figueroa Uva. Los hermanosFigueroa Uva son miembros de una familia no indígena que habría llevado a cabomúltiples agresiones y amenazas contra la comunidad Bribri de Salitre y lacomunidad Brörán en los últimos años, incluidos intentos de asesinato,destrucción de viviendas e incendio intencionado de cultivos. En este sentido,el 9 de febrero de 2020, el Organismo de Investigación Judicial abrió una causapenal contra el Sr. Eliodoro Figueroa Uva, tras la denuncia interpuesta por elSr. Enrique Ortiz y su cuñado y líder indígena Bribri, el Sr. Minor Ortiz,quienes habrían sido atacados con arma de fuego por el Sr. Eliodoro FigueroaUva el mismo 9 de febrero. Asimismo, el juez impuso medidas cautelares al Sr.Eliodoro Figueroa Uva mientras se desarrollan las investigaciones, consistentesen no perturbar ni intimidar a la comunidad indígena Bribri de Salitre. Porotra parte, el Sr. Heleodoro Figueroa Díaz, padre de los hermanos Figueroa Uva,tiene múltiplos procesos abiertos en su contra en sede agraria relacionados conel conflicto con la comunidad Bribri de Salitre. De acuerdo con lamisma información, el 27 de julio de 2020, la finca de Crun Shurín, ubicada enel territorio indígena de Térraba y recuperada por el pueblo indígena Brörán,fue invadida por un grupo de personas desconocidas junto con la Sra. HildaGranados, quien regenta irregularmente un restaurante en dicho territorioindígena. Los agresores introdujeron maquinaria agrícola pesada, dañando el sueloy deforestando media hectárea del terreno. Un grupo de personas indígenasBrörán fue amenazado, tras apersonarse al lugar para proteger pacíficamente suterritorio. Asimismo, el Sr. Pablo Sibar, líder indígena Brörán, fue amenazadode muerte por un individuo desconocido, quien le dijo que tenía garantizada unarecompensa por su asesinato. Tras ser alertadapor las víctimas de las agresiones, la policía local acudió al lugar de loshechos para negociar con el grupo de agresores su salida del territorio indígena.Sin embargo, y a pesar de la gravedad de las agresiones, no se llevó a caboninguna detención y tampoco se ha permitido a las personas agredidas teneracceso al contenido del informe policial. El Observatoriosubraya que dichas amenazas y agresiones contra las personas defensoras de losderechos Bribri y Brörán se enmarcan en un patrón de ataques contra los pueblosindígenas de Salitre y Térraba cuyo origen radica en la falta deidentificación, delimitación y demarcación efectiva de sus territorios En este sentido, deacuerdo con lo establecido en Ley Indígena de Costa Rica, los territoriosindígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivospara las comunidades indígenas que las habitan. Asimismo, el Estado tiene la obligaciónde reubicar a las personas no indígenas que se encuentren en territoriosindígenas y, en caso de que se produzca una invasión de dichos territorios, laobligación de proceder al desalojo de los ocupantes ilegales[1].Sin embargo, la falta de implementación adecuada de dicha ley ha generado unconflicto por la tenencia de la tierra entre pueblos indígenas y personas noindígenas con graves consecuencias para la comunidad Bribri de Salitre y lacomunidad de Brörán y sus liderazgos, quienes han sido sometidos a amenazas,ataques contra su vida e integridad física y a ocupaciones ilegales de susterritorios desde 2012. En 2015, laComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de la Resolución16/15[2]otorgó medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas Bribri y Brörán. Sinembargo, las medidas de protección adoptadas por Costa Rica se han mostradoineficaces y los ataques contra ambas comunidades, así como la ocupación ilegalde sus tierras, han continuado con total impunidad, incluidos los asesinatos el18 de marzo de 2019 del líder indígena Bribri Sergio Rojas Ortiz, y dellíder indígena Brörán Jehry Rivera Rivera el 24 de febrero de 2020. Por todo loanterior, el Observatorio rechaza contundentemente las amenazas y agresiones contralas personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas Bribri yBrörán y urge a las autoridades costarricenses a tomar de manera urgente lasmedidas necesarias para garantizar su seguridad e integridad física, así comopara poner fin a las ocupaciones ilegales de sus territorios.]]> JoséEnrique Ortiz y Pablo Sibar, defensores de los derechos indígenas ymiembros de las comunidades Bribri y Bröran de los territorios indígenas deSalitre y de Térraba respectivamente, ambos situados en la provincia dePuntarenas. Según lainformación recibida, el 21 de julio de 2020, mientras el Sr. José EnriqueOrtiz, defensor indígena Bribri, se dirigía al centro de salud de Salitre, fueamenazado y agredido verbalmente por el Sr. Rodrigo Figueroa Uva, quienprofirió insultos contra él y su familia e hizo referencia a la denuncia presentadacontra su hermano, el Sr. Eliodoro Figueroa Uva. Los hermanosFigueroa Uva son miembros de una familia no indígena que habría llevado a cabomúltiples agresiones y amenazas contra la comunidad Bribri de Salitre y lacomunidad Brörán en los últimos años, incluidos intentos de asesinato,destrucción de viviendas e incendio intencionado de cultivos. En este sentido,el 9 de febrero de 2020, el Organismo de Investigación Judicial abrió una causapenal contra el Sr. Eliodoro Figueroa Uva, tras la denuncia interpuesta por elSr. Enrique Ortiz y su cuñado y líder indígena Bribri, el Sr. Minor Ortiz,quienes habrían sido atacados con arma de fuego por el Sr. Eliodoro FigueroaUva el mismo 9 de febrero. Asimismo, el juez impuso medidas cautelares al Sr.Eliodoro Figueroa Uva mientras se desarrollan las investigaciones, consistentesen no perturbar ni intimidar a la comunidad indígena Bribri de Salitre. Porotra parte, el Sr. Heleodoro Figueroa Díaz, padre de los hermanos Figueroa Uva,tiene múltiplos procesos abiertos en su contra en sede agraria relacionados conel conflicto con la comunidad Bribri de Salitre. De acuerdo con lamisma información, el 27 de julio de 2020, la finca de Crun Shurín, ubicada enel territorio indígena de Térraba y recuperada por el pueblo indígena Brörán,fue invadida por un grupo de personas desconocidas junto con la Sra. HildaGranados, quien regenta irregularmente un restaurante en dicho territorioindígena. Los agresores introdujeron maquinaria agrícola pesada, dañando el sueloy deforestando media hectárea del terreno. Un grupo de personas indígenasBrörán fue amenazado, tras apersonarse al lugar para proteger pacíficamente suterritorio. Asimismo, el Sr. Pablo Sibar, líder indígena Brörán, fue amenazadode muerte por un individuo desconocido, quien le dijo que tenía garantizada unarecompensa por su asesinato. Tras ser alertadapor las víctimas de las agresiones, la policía local acudió al lugar de loshechos para negociar con el grupo de agresores su salida del territorio indígena.Sin embargo, y a pesar de la gravedad de las agresiones, no se llevó a caboninguna detención y tampoco se ha permitido a las personas agredidas teneracceso al contenido del informe policial. El Observatoriosubraya que dichas amenazas y agresiones contra las personas defensoras de losderechos Bribri y Brörán se enmarcan en un patrón de ataques contra los pueblosindígenas de Salitre y Térraba cuyo origen radica en la falta deidentificación, delimitación y demarcación efectiva de sus territorios En este sentido, deacuerdo con lo establecido en Ley Indígena de Costa Rica, los territoriosindígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivospara las comunidades indígenas que las habitan. Asimismo, el Estado tiene la obligaciónde reubicar a las personas no indígenas que se encuentren en territoriosindígenas y, en caso de que se produzca una invasión de dichos territorios, laobligación de proceder al desalojo de los ocupantes ilegales[1].Sin embargo, la falta de implementación adecuada de dicha ley ha generado unconflicto por la tenencia de la tierra entre pueblos indígenas y personas noindígenas con graves consecuencias para la comunidad Bribri de Salitre y lacomunidad de Brörán y sus liderazgos, quienes han sido sometidos a amenazas,ataques contra su vida e integridad física y a ocupaciones ilegales de susterritorios desde 2012. En 2015, laComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de la Resolución16/15[2]otorgó medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas Bribri y Brörán. Sinembargo, las medidas de protección adoptadas por Costa Rica se han mostradoineficaces y los ataques contra ambas comunidades, así como la ocupación ilegalde sus tierras, han continuado con total impunidad, incluidos los asesinatos el18 de marzo de 2019 del líder indígena Bribri Sergio Rojas Ortiz, y dellíder indígena Brörán Jehry Rivera Rivera el 24 de febrero de 2020. Por todo loanterior, el Observatorio rechaza contundentemente las amenazas y agresiones contralas personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas Bribri yBrörán y urge a las autoridades costarricenses a tomar de manera urgente lasmedidas necesarias para garantizar su seguridad e integridad física, así comopara poner fin a las ocupaciones ilegales de sus territorios.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/colombia-asesinatos-desplazamiento-forzado-y-amenazas-a-defensores-de-ddhh-en-el-cauca/ Thu, 23 Apr 2020 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=15940